Flexibilidad y empleo degradado: vidas vulnerables en el capitalismo liberal

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Por RAMON ALÓS y PERE JÓDAR

Assemblea . Arxiu Históric CCOO Catalunya

Asamblea de trabajadores de SEAT, zona Franca, hacia 1979. Arxiu Históric CCOO Catalunya

El número 3 de Pasos a la izquierda incluía un texto sugerente de Luciano Gallino, La sociedad 7×24, sobre las implicaciones del trabajo flexible y la sociedad flexible: comprar, comer, viajar, trabajar, estudiar, recrearse, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Afirma el autor que este modelo flexible, hoy muy presente en los discursos que emanan de los centros de poder económico y político, comporta una fuerte polarización para el conjunto de los trabajadores al aumentar las desigualdades económicas y sociales en sus diversas dimensiones.

España no es ajena a estos procesos. Desde gobiernos de distinto signo (PSOE, PP) se han aprobado reformas del mercado laboral orientadas a flexibilizar la contratación y los tiempos de trabajo, a debilitar la capacidad negociadora de los trabajadores y de sus representantes, incluso a penalizar la actividad sindical y el derecho de huelga (mediante leyes y campañas destinadas a desprestigiarlos o a su criminalización). Con todo ello se busca, por una parte, dividir y hasta enfrentar a los trabajadores, también culpabilizarles de su situación laboral; y por otra parte, aumentar la capacidad de decisión unilateral del empresario sobre la disponibilidad del trabajador, al tiempo que reducen los costes del empleo. La descausalización del contrato temporal, la externalización de actividades en cadenas de subcontratación y en empresas auxiliares de servicios – en realidad un subterfugio para llevar a cabo una cesión de trabajadores –, la desprotección legal de muchos trabajadores al imposibilitarles la negociación colectiva, son algunos de los aspectos que se han ido introduciendo y que se han expandido rápidamente a lo largo y ancho del tejido empresarial del país, dejando su impronta en el mercado de trabajo. Como consecuencia puede decirse que el mercado laboral español está hoy muy altamente segmentado, marcado por unas enormes desigualdades entre unos y otros colectivos laborales; destacando de forma muy particular la ampliación y diversidad de los sectores laborales más precarios.


El mercado laboral español está hoy muy altamente segmentado, marcado por unas enormes desigualdades entre unos y otros colectivos laborales; destacando de forma muy particular la ampliación y diversidad de los sectores laborales más precarios


Una lectura de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) permite constatar algunos aspectos que caracterizan el modelo de empleo que se ha ido constituyendo. Así, la EPA de finales del año 2015 reconoce en España un total de 22 millones de trabajadores (incluidos los autónomos sin asalariados), de los cuales cerca de un 22% están en paro (4,8 millones). Del total de 22 millones de trabajadores, apenas el 47% (10,3 millones) superan los cinco años de antigüedad en su empleo actual. Estos son los trabajadores que cuentan con una mayor estabilidad ocupacional, y que, por aproximación – sin lugar a dudas generosa –, puede considerarse que constituyen el núcleo central del mercado laboral; en términos generales y comparativamente, disponen de mejores condiciones de empleo, lo que no debe interpretarse como vidas privilegiadas, como se quiere dar a entender desde determinados ámbitos empresariales. La estabilidad y mejores condiciones de estos trabajadores responden a la confluencia de las luchas históricas del movimiento obrero y, como afirman Gallino y autores segmentacionistas, a la necesidad por parte de las empresas de asegurar su cooperación en la buena marcha de los puestos de trabajo y de las funciones clave de la producción.

Forman parte de este núcleo central sobre todo trabajadores del sector público, de la educación, la sanidad, y de algunas actividades industriales o de servicios dinámicos y que exigen cualificación; algo más hombres que mujeres, con más estudios, y sobre todo mayores de 40 o 45 años. Pero conviene no olvidar que en cualquiera de los ámbitos indicados también se hallan trabajadores en situación de precariedad y extrema precariedad. Y por supuesto, los datos confirman que en el núcleo central se sitúa la gran mayoría de directivos de empresas y de las administraciones públicas, entre ellos los más proclives defensores de la flexibilidad, que por lo visto reclaman para “otros”.

El 53% restante de la población trabajadora (11,7 millones) está en situaciones variadas con relación al empleo. La EPA permite profundizar más en este amplio colectivo. Hasta 2,9 millones de trabajadores (el 13% del total) se halla en desempleo de larga duración, es decir, llevan más de un año parados. Son trabajadores expuestos a un elevado riesgo de cronificación en su situación actual, con las graves implicaciones que ello conlleva en términos de insuficiencia, cuando no de carencia absoluta de ingresos, de dificultades en su entorno familiar y de riesgo de exclusión y de pobreza.

Más allá de este colectivo, los datos de la EPA muestran que en el último trimestre del año 2015 hasta un total de 2,4 millones de trabajadores han cambiado, con respecto al trimestre precedente, de situación entre empleo, paro o cambio de empresa. Pueden considerarse trabajadores fluctuantes, con empleos extremadamente inestables y ocasionales, por lo que transitan en breves periodos de tiempo entre empleo y empleo, y entre empleo y paro. Este colectivo, totalmente precario, conforma actualmente el 11% del conjunto de los trabajadores. Si a este colectivo se le añade quienes llevan menos de un año en el paro y quienes no superan los dos años de antigüedad en su empleo actual, en su conjunto estamos hablando del 29% de la población trabajadora.

Los colectivos distinguidos en el párrafo precedente entran en situaciones de empleo caracterizadas por la precariedad y la vulnerabilidad laboral y vital, aunque en grados diversos. Para todos ellos los ingresos, cuando disponen de los mismos, suelen ser inciertos, también escasos, como es frágil su empleo, y escaso cuando se trabaja a tiempo parcial o por horas o a llamada. Y el empleo puede ser sin cobertura legal, total o parcial, empleos no remunerados tales como las prácticas profesionales y becas, minitrabajos, o empleos vinculados a empresas virtuales o ficticias, también falsos autónomos, entre otras muchas situaciones. Muchos de estos trabajadores se hallan atrapados en la precariedad, obligados a aceptar cualquier empleo para hacer frente a sus necesidades cotidianas, dados los elevados costes de los servicios básicos, o para obtener una situación regularizada en el caso de los inmigrantes.

Son todos ellos trabajadores y trabajadoras expuestos al riesgo de exclusión social y de pobreza. Cabe decir a este respecto que a finales del año 2015 hasta un 55% de los trabajadores en paro no disponía de ningún tipo de cobertura por desempleo; y del 45% restante, menos de un tercio (concretamente el 17% de quienes están en paro) percibe la prestación contributiva, mientras dos de cada tres recibe un subsidio u otro tipo de ingreso, con un importe medio de 463 euros al mes, esto es, el 71% del salario mínimo. Posiblemente muchos de estos trabajadores en paro se encuadran entre las 4 millones de personas o el 9% de hogares españoles que en el 2014, según la Asociación de Ciencias Ambientales, se hallaban en situación de pobreza energética.

Los trabajadores más perjudicados por las diversas situaciones de precariedad laboral son sobre todo jóvenes y muy jóvenes, con pocos estudios y nacidos fuera de España, más en particular los inmigrantes no europeos. Y por supuesto, mujeres, muchas de ellas en trabajos sumergidos o a tiempo parcial indeseado, y en actividades altamente feminizadas, como limpieza, trabajos de cuidados y servicio doméstico, que en algunos casos responde a una relación de servidumbre. Aunque obviamente, dada la gran extensión de la precariedad laboral en España, ésta afecta de un modo u otro a toda la población, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de todos los niveles de estudio.


Los trabajadores más perjudicados por las diversas situaciones de precariedad laboral son sobre todo jóvenes y muy jóvenes, con pocos estudios y nacidos fuera de España, más en particular los inmigrantes no europeos. Y por supuesto, mujeres, muchas de ellas en trabajos sumergidos o a tiempo parcial indeseado


Cabe decir también, que lejos de la denominada economía del conocimiento, tan alardeada desde determinados ámbitos gubernamentales de aquí y de la Unión Europea (UE), una mayoría de estos trabajadores precarios que dispone de empleo, ya sea en la industria o en los servicios, también servicios cualificados, desarrollan tareas con un elevado nivel de rutina y de monotonía; es decir, llevan a cabo funciones repetitivas, fragmentadas, ajustadas al trabajo taylorista; un tipo de trabajo que está lejos, pues, de ser una reliquia de la historia como pretenden los ideólogos neoliberales.

En una situación menos definida se encuentran otros 2,4 millones de trabajadores (el 11% de la población trabajadora), sumidos en procesos inciertos de inserción laboral. Algunos de ellos posiblemente accedan en un futuro a una mayor estabilidad, otros posiblemente mantengan su estatus actual, y otros pasen a engrosar las filas de la precariedad. La EPA, dado su diseño, no permite ir más allá en el conocimiento de cómo evolucionan las perspectivas de empleo. No obstante, los cambios legislativos en el mercado laboral introducidos en la reforma de 2010 (gobierno PSOE) y especialmente en la de 2012 (gobierno PP) no permiten ser optimistas al respecto. Es más, los cambios legislativos referidos han incidido en un debilitamiento de la seguridad en el empleo para todos los trabajadores, también para los que aquí hemos distinguido como núcleo central.

En España es notoria la inexistencia de bases de datos que permitan conocer cuáles son las condiciones de empleo y cómo éstas evolucionan en el tiempo. Una encuesta de referencia que daba alguna información, aunque limitada, al respecto, era la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) del Ministerio de Trabajo, que dató su última edición en el año 2010, al ser víctima de las políticas de recortes. Pues bien, según esta fuente puede afirmarse, de manera aproximada, que hasta un 50% de los trabajadores en situaciones de precariedad en el empleo estaban obligados a trabajar los sábados y uno de cada tres los domingos, un 14% trabajaba por las noches, siendo muchos (siete de cada diez) los obligados a prolongar su jornada laboral. Esta descripción se refiere al año 2010, por lo que es posible que la crisis haya endurecido estas condiciones laborales. Son políticas empresariales de gestión del personal que contrastan con el discurso oficial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar.

Como concluye Gallino en el texto inicialmente referido, “el trabajo tiende a convertirse en un tiempo sin límites, y al mismo tiempo, en un no-lugar”. Pero más allá de estas aseveraciones, de las dificultades o imposibilidad de acceder a un empleo, de la degradación del empleo en contenidos y del aumento de las incertidumbres, de la disponibilidad total hacia la empresa que se exige a los trabajadores, los datos muestran que el empleo cada vez más deja de ser una garantía de ingresos suficientes para la subsistencia. El Observatorio de la Emancipación, del Consejo de la Juventud de España (CJE), señala que “una de cada cuatro personas ocupadas de menos de 30 años se encontraba por debajo del umbral de pobreza en 2014”; en otras palabras, disponer de un empleo no equivale a disponer de unos ingresos dignos. De ahí que el mismo informe destaque que en España en el segundo trimestre de 2015 hasta el 58% de los jóvenes de 25 a 29 años y hasta el 26% de los de 30 a 34 años no ha conseguido establecerse en un hogar independiente; esto es, está obligado a seguir viviendo en el domicilio familiar. Los motivos son fácilmente explicables: la carencia de empleo o, cuando se dispone de éste, de ingresos suficientes que permitan el acceso a una vivienda.

De ahí que, con datos del INE, el riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) afectara en el año 2014 al 29,2% de la población en España; mostrando un importante incremento desde el año 2008, cuando afectaba al 23,8% de la población. El riesgo de pobreza o exclusión social repercute muy especialmente entre los más jóvenes, incluidos los menores de 16 años. Y aunque las personas más expuestas al mismo son las que están en el desempleo y los inactivos no jubilados, disponer de un empleo no garantiza hoy unos ingresos suficientes. Así lo muestra que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social para la población con empleo alcanzara el 17,6% en el año 2014 (13,4% en el año 2008). Recuérdese que el indicador AROPE (por sus siglas en inglés), adoptado por la UE, considera que una persona está en riesgo de pobreza o exclusión social  cuando se encuentra en alguna de las tres situaciones siguientes: a) vivir con bajos ingresos, incluidas transferencias sociales (por debajo del 60% de la media de ingresos equivalentes); b) sufrir privación material severa; y c) vivir en un hogar con una intensidad de empleo muy bajo (por debajo del 20%).

La degradación del empleo en España explica, pues, que, como recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la renta media por hogar haya descendido de 30.045 euros en el año 2009 a 26.154 euros en el 2014, una pérdida monetaria del 13% en cinco años. De ahí que hasta un 46% de las personas indiquen, según la misma encuesta, que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. La misma encuesta para el año 2014 indica que hasta el 19,5% de la población ocupada (3,4 millones) percibió unos ingresos inferiores al salario mínimo, y hasta el 40% no llegaba a mileurista (un concepto que describía hace menos de diez años una situación injusta y lamentable y que hoy refleja la aspiración de una buena parte de la población, como estamos observando por medio de entrevistas a trabajadores desempleados). Entre los trabajadores con ingresos inferiores se incluyen todas las personas obligadas a disponer de un empleo por horas o a tiempo parcial, básicamente mujeres.


En el modelo de empleo español los estudios brindan un limitado escudo hacia el desempleo, pero no para la precariedad y, aún menos, para la subocupación funcional, como tampoco garantizan un salario digno


Pero si disponer de estudios mejora por término medio las oportunidades en el mercado laboral, queda lejos de suponer un salvoconducto para una inserción laboral digna. Como muestra el antes citado informe del CJE, en España el 15,2% de los jóvenes de 30 a 34 años con estudios universitarios se halla en paro, y hasta un 25% no ha podido emanciparse del techo familiar; y aproximadamente para el 55% de los jóvenes de 30 a 34 años ocupados, las exigencias de conocimiento de su empleo son inferiores a la formación alcanzada.

Estos últimos son los subocupados funcionales, un grave problema estructural del modelo productivo español. Adviértase que se trata de subocupación funcional y no de sobreeducación, término hoy usual en determinados ámbitos políticos y empresariales y con el cual se quiere dar a entender que el problema recae en las personas que optaron por formarse o prepararse demasiado o equivocadamente. Se constata así que en el modelo de empleo español los estudios brindan un limitado escudo hacia el desempleo, pero no para la precariedad y, aun menos, para la subocupación funcional, como tampoco garantizan un salario digno.

De ahí que a lo largo del año 2014 tuvieran que emigrar de España hasta 400.430 personas, un flujo que prácticamente se mantiene estable en el año 2015. Aunque una parte destacada de quienes emigran son de nacionalidad no española (uno de cada cuatro o de cada cinco personas que emigran tienen la nacionalidad española), debe destacarse su juventud: en efecto, hasta 117.000 personas que a lo largo de 2014 optaron por emigrar a otro país tenían entre 25 y 34 años.

Manifestación SEAT

Manifestación de trabajadores de SEAT, hacia 1979. ANC.fonsPSUC

La sociedad 7×24, como la denomina Gallino, no es el resultado de una evolución natural ni del desarrollo tecnológico, mucho menos de la modernidad, como repetidamente se insinúa desde medios interesados. Es un resultado pretendido por el capitalismo neoliberal, desde la oligarquía económica y financiera, vinculada a los centros de poder (FMI, BM, UE, BCE,…), que ya desde los años 80 viene imponiendo su lógica al conjunto de la sociedad. “Hay que adoptar tal medida, si no los mercados…” o “no se puede hacer tal cosa, si no los mercados…” son frases reiteradas desde las instancias del poder económico y político. Se trata de una imposición o, más claramente, de la dictadura del mercado sobre las personas, sobre la sociedad. Y, como decía Polanyi en La gran transformación, éste es un proceso corrosivo, que con el tiempo acaba destruyendo a la sociedad, es decir, la vida humana, la convivencia y el sistema democrático. Y es destructivo porque el oportunismo se convierte en el hilo conductor que orienta muchos comportamientos, hasta deshacerse de cualquier ética o moral y del sentido de comunidad y de solidaridad. Por esto, de acuerdo con Polanyi, es imprescindible que la sociedad se defienda, que desde sus diversos componentes se reivindique la vida digna, el trabajo digno, el espacio y los bienes públicos, los derechos democráticos en sociedad y en los centros de trabajo.


La sociedad 7×24, como la denomina Gallino, no es el resultado de una evolución natural ni del desarrollo tecnológico, mucho menos de la modernidad, como repetidamente se insinúa desde medios interesados. Es un resultado pretendido por el capitalismo neoliberal, desde la oligarquía económica y financiera


Pese a que muchos discursos interesados equiparan ser empresario a ser emprendedor, desgraciadamente la realidad hoy muestra que muchos empresarios, lejos de ser emprendedores, son expertos en comportamientos oportunistas, en crear subterfugios, “ingenierías” de diversa índole les llaman, lo que conduce fácilmente al engaño, cuando no a infringir la legalidad y al fraude y corrupción. No es casual que varios máximos dirigentes de organizaciones patronales estén judicialmente encausados, alguno de ellos en prisión. Trabajo en negro, horas de trabajo no pagadas, fraude en la contratación o falsos contratos de cero o de pocas horas, cesión de trabajadores, despidos injustificados (en torno a 190.000 en el año 2014), como es el caso de trabajadores por reclamar un derecho fundamental; constitución de empresas fantasma, maquinación de cuentas e incumplimientos de normas, son hoy prácticas más que habituales. Baste recordar que la economía sumergida en España mueve en torno al 20-25% del producto interior bruto, según las estimaciones. Todo ello no es ajeno a que en el año 2015 murieran en España 500 trabajadores en accidentes en los centros de trabajo. Pero vistas las prioridades de los poderes económicos y políticos, muy estrechamente vinculados, éste parece ser un problema secundario. Así lo muestra que no sólo se haya debilitado la legislación que permite un cierto control por parte de los trabajadores de las condiciones de empleo; también se ha vuelto espurio el control que debería ejercer la propia administración sobre sus normas, en este caso la inspección de trabajo.


Se asiste a una nueva etapa de acumulación de capital en la que los sueños del mercado aplastan las realidades sociales: unos pocos se enriquecen cada vez más explotando y desposeyendo a la mayoría


La sociedad 7 días por 24 horas que critica Gallino plantea objetivos que en la letra podrían ser atractivos: flexibilidad, autonomía, independencia, igualdad. Pero en el contexto neoliberal de financiarización de la economía dichas expresiones no suponen derechos ciudadanos; por el contrario, se asiste a una nueva etapa de acumulación de capital en la que los sueños del mercado aplastan las realidades sociales: unos pocos se enriquecen cada vez más explotando y desposeyendo a la mayoría. Así, del mismo modo que Marx denunciaba la igualdad formal de su época, por esconder una profunda explotación y alienación, hoy vemos como crecen las rigideces y desigualdades sociales producto de la sumisión a decisiones autoritarias, de la disponibilidad total que se exige hacia la empresa, de la dependencia hacia un reloj implacable y sin fin y de la necesidad de llegar a final de mes. No es más que un recrudecimiento de aquella sociedad alienada (descrita por Marx), anómica (Durkheim) o encerrada en la jaula de hierro burocrática (Weber), en la que el empleo es el más grave y urgente problema social. Un empleo inexistente para cerca de 5 millones de españoles y que para el 5% de los ocupados habitualmente no llega a las 15 horas semanales, mientras para un 16% sobrepasa las 40 horas; un empleo que para muchos ocupados comporta graves riesgos psicosociales, como el estrés, el malestar físico y psíquico, cuando no la obsolescencia ocupacional. Ante este panorama, para el común de los ciudadanos la materialidad y la urgencia de conseguir un empleo y un empleo en condiciones es una acuciante necesidad moral y justa.

Existe una amplia coincidencia, también evidencia, que una sociedad en la que se acrecientan las desigualdades es una sociedad que tiende a limitar los mecanismos democráticos y a convertirse en autoritaria y policial. De hecho en España ya se han dado pasos en este sentido, con la reforma del código penal de 2015 y diversas ordenanzas cívicas, entre otros. El gran reto de hoy es revertir esta situación. Para ello es necesario que desde diversas instituciones, organizaciones, movimientos con ánimos emancipadores, desde el conocimiento de la complejidad del mundo actual, y en particular del mundo del trabajo, se generen solidaridades y se dé voz y protagonismo a las diversidades presentes en la sociedad.

 

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Ramon Alós. Sociólogo e investigador del “Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball” (QUIT) y del “Institut d’Estudis del Treball” (IET), ambos de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se ha especializado en sociología del trabajo, del empleo y de las relaciones laborales.

Pere Jódar. Sociólogo del Departamento de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra. Especializado en sociología económica, sindicalismo y ocupación.