Por RODRIGO ARAYA GÓMEZ
El ejercicio de observar los últimos acontecimientos en Chile se ha convertido en una tarea titánica, a raíz de la velocidad con que van cambiando los hechos y la complejidad de los mismos, donde se entrecruzan procesos con distintos niveles de profundidad. En este sentido, el hacer la historia del proceso constituyente reúne uno de los principales problemas de la historia del tiempo presente, el análisis de procesos inconclusos, pero también evidencia alguna de sus fortalezas, como la multiplicidad de fuentes a las cuales puede recurrir el investigador (Bedárida, 1998, 24).
Ahora bien, teniendo presente estas consideraciones, los acontecimientos que se han desarrollado a partir del 18 de octubre del 2019 han tenido un ritmo vertiginoso, que no obstante, se pueden dividir en varias fases y subfases, donde podemos distinguir una serie de hitos marcados por un extenso cronograma electoral hasta llegar a la actualidad, tiempo donde se inició la campaña presidencial para elegir al sucesor de Sebastián Piñera, mandatario que termina su mandato el 11 de marzo del año 2022.
“No son 30 pesos, son 30 años”. La revuelta popular de octubre de 2019
El estallido del 18 de octubre del año 20191, marca el punto de inicio de una fase que termina con la firma del acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del mismo año. En este tiempo, las movilizaciones iniciadas a partir de las acciones de rechazo al alza del pasaje de metro, protagonizadas por los estudiantes secundarios, evidenciaron un rechazo masivo al establishment político y en especial a la figura del presidente de la república, personaje que había decretado el estado de emergencia en la noche del mismo 18 de octubre a raíz de los desmanes y destrucciones en el mobiliario público, incluyendo el incendio de la mayoría de las estaciones del metro.
Las movilizaciones iniciadas a partir de las acciones de rechazo al alza del pasaje de metro, protagonizadas por los estudiantes secundarios, evidenciaron un rechazo masivo al establishment político
Bajo la consigna “No son 30 pesos, son 30 años”, las personas movilizadas a lo largo de las calles y plazas chilenas, mostraron un rechazo a los efectos más perniciosos del modelo neoliberal, impuesto por la dictadura cívico-militar y perfeccionado durante los años de los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Pero junto a ello se cuestionó un estilo de práctica política cupular, parlamentarizada y alejada de las demandas reales de la población (PNUD, 2019). En este sentido, el concepto de clase política obró con una connotación negativa, como símbolo de una conjunción de intereses materiales a cuyo servicio estarían el poder y las instituciones, de por sí, ya desprestigiadas, por una serie de escándalos de corrupción y malversación de fondos públicos (Monckeberg, 2015).
¿Pero cuáles eran las demandas de la población movilizada?, ¿existió algún tipo de coordinación entre las organizaciones sociales?, ¿emergieron nuevos liderazgos en esta coyuntura?. Para el primer caso, las respuestas serán variadas, por la multiplicidad de demandas que oscilarán entre un mejor acceso a la salud y educación y el fin del endeudamiento de los estudiantes universitarios, demandas que se pueden enmarcar en la exigencia de una nueva constitución que reemplazara a la Constitución de 1980, impuesta durante la dictadura del general Pinochet, y la cual, aunque objeto de numerosas reformas, seguía siendo cuestionada por su origen ilegítimo (Atria, 2017).
La multiplicidad de demandas, locales, sectoriales, nacionales, dan cuenta de la fragmentación de la sociedad chilena, pero también de la diversidad de organizaciones que han surgido en los últimos años y que se expresan también en una serie de movilizaciones sociales en base a temáticas específicas -ambientales, derechos sexuales y reproductivos, laborales, estudiantiles entre otras- dando cuenta de un creciente despertar de la sociedad civil chilena, especialmente después de la ola de huelgas del año 2007 y el ciclo de movilizaciones estudiantiles del año 2011, generando una serie de hechos que marcaron hitos por la masividad de las protestas, por ejemplo, la del 8M del año 2019.
La multiplicidad de demandas, locales, sectoriales, nacionales, dan cuenta de la fragmentación de la sociedad chilena, pero también de la diversidad de organizaciones que han surgido en los últimos años y que se expresan también en una serie de movilizaciones sociales en base a temáticas específicas
Teniendo presente esta diversidad de demandas, en agosto del 2019 surgió la Mesa de Unidad Social, instancia de coordinación nacional, que logró reunir a las más importantes organizaciones sociales, entre ellas, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros sindicatos de carácter nacional como la Unión Portuaria de Chile. Así, al momento de iniciarse el estallido la Mesa tuvo la suficiente legitimidad para convocar a jornadas de protestas y especialmente, en uno de los hechos que marcó un punto de quiebre en esa fase, la convocatoria a huelga general para el 12 de noviembre del 2019.
La huelga general, tuvo un gran éxito, y de acuerdo a estudios (CIPSTRA, 2019), (Osorio y Pérez, 2021), fue seguida por millones de personas, puesto que contó con el activo apoyo de la CUT, la ANEF, la Coordinadora No+AFP, la Coordinadora 8M, organizaciones estudiantiles, la Unión Portuaria y otros sindicatos, logrando una efectiva paralización de actividades en diversos sectores de la economía chilena, situación que no había acontecido desde los lejanos tiempos de las protestas de mediados de la década de los ’80 en contra de la dictadura pinochetista. No obstante el éxito de la huelga, las distintas organizaciones convocantes carecieron de un programa unificado o plan de acción que permitiera darle conducción política a la protesta social, que estaba experimentando el país en su conjunto.
Esta última problemática nos lleva a la última interrogante sobre la emergencia de nuevos liderazgos en la coyuntura. Como se ha indicado anteriormente, los partidos políticos se encontraban cuestionados en su conjunto, en especial los tradicionales y con mayor peso en el Congreso Nacional2, mientras que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) no lograron canalizar las demandas de los manifestantes, aunque algunos personajes de la izquierda en forma individual lograron tener una buena conexión con sectores manifestantes, en especial, los vinculados al mundo municipal y movimientos sociales.
Sin embargo, donde se evidenció con mayor dramatismo, la falta de respuestas ante la crisis global iniciada con el estallido del 18 de octubre fue en el propio presidente de la república, Sebastián Piñera, quien en cuanto político y empresario exitoso, concentró en su figura, todos los cuestionamientos formulados por una población movilizada. Piñera no tuvo capacidad para comprender las causas del estallido y con una conducta errática y poco coherente, no logró controlar la situación, quedando prisionero de sus palabras, cuando el día domingo 20 de octubre, declaró que estaba en lucha “contra un enemigo poderoso”, afirmación poco afortunada que le valió el rechazo de la gran mayoría de la población, al declarar en el fondo, la guerra a su propio pueblo, más aún, en un contexto de creciente represión y presencia de militares en las calles por la declaración del Estado de Sitio. Aunque un factor, que le permitió a Piñera resistir la crítica situación, fue la falta de unidad de la oposición; fragmentada y dividida respecto a qué posición tomar frente a un gobierno, deslegitimado por su política represiva, pero también dividida entre ella por el pasado reciente, debido a la aceptación del modelo neoliberal y la valoración de la política de tiempos de la transición, donde los sectores vinculados a la antigua concertación, compartían con los partidos de derecha, la valoración del modelo económico de libre mercado.
El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. ¿Una salida institucional del sistema?
Así, en un contexto complejo, de crisis global del sistema político de los últimos 30 años, se firmó el controvertido Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 20193. Antecedido por la exitosa y masiva huelga general del 12 de noviembre y una declaración de la gran mayoría de la oposición, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente como vía de solución de la crisis, primera iniciativa unitaria de la oposición; los rumores de palacio sobre una posible nueva declaratoria de Estado de Sitio se incrementaron, dando cuenta de un tenso momento, que según testimonios posteriores, por ejemplo, del expresidente de Renovación Nacional Mario Desbordes, habría estado en riesgo la estabilidad de la democracia4, llevaron a Piñera a una declaración pública el mismo 12 de noviembre en la noche a solicitar un acuerdo nacional, a las fuerzas políticas, en un plazo acotado, especie de ultimátum, que fue aceptado por la gran mayoría de los partidos políticos representados en el parlamento, que accedieron a la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
En un contexto complejo, de crisis global del sistema político de los últimos 30 años, se firmó el controvertido Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Antecedido por la exitosa y masiva huelga general del 12 de noviembre
La firma de este acuerdo marcó un punto de quiebre en la dinámica política desarrollada hasta ese momento, según sus partidarios, permitió una salida institucional a la crisis que tenía en el precipicio al gobierno y en general a todo el sistema político, mientras que para sus detractores entregó un balón de oxígeno a un gobierno acusado de violar reiteradamente los DD.HH. posibilitando su supervivencia hasta el fin de su mandato. Ahora bien, los juicios sobre estos acontecimientos tan críticos, deben ser iluminados por el análisis histórico de anteriores coyunturas constituyentes, como la ocurrida en un lejano 1924-1925, donde la posibilidad democratizadora de construcción de un nuevo orden constitucional, se vio truncada por la acción conjunta de la elite política y las FF.AA (Salazar, 2009). En el caso actual, la posibilidad de redactar una nueva constitución mediante un proceso democrático y participativo, es visto como una concesión arrancada a las clases dominantes, representadas por los partidos del viejo orden de los “30 años”, pero también matizada por el porcentaje de los 2/3 tercios como porcentaje de aprobación de las normas constitucionales, cifra convertida en un verdadero fetiche para contrarios y defensores, por su carga simbólica como representativa de los quórums establecidos en la Constitución de 1980 para impedir en la práctica cualquier cambio de la Carta Magna.
El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 fue respaldado por el gobierno, los partidos que lo apoyaban y la mayoría de la oposición, pero con el rechazo del PC y sectores del FA, que cuestionaron especialmente la norma de los 2/3 y la ausencia de la condena a las violaciones a los DD.HH. cometidas por el gobierno de Piñera. No obstante, el acuerdo fue eficaz en descomprimir en parte el espiral de violencia y de movilización social, en este último caso, objetivo deseado en forma implícita por parte de un sector de la oposición, temerosa del desborde social y de las consecuencias económicas de la crisis política5. Los opositores al acuerdo, exigieron la paridad de género en la conformación de la convención constitucional, la participación de los pueblos originarios mediante el mecanismo de los escaños reservados y garantías de acceso a la convención a los independientes. Todos estos temas fueron debatidos en la comisión técnica que discutió y aterrizó en proyectos de ley los contenidos del acuerdo, lográndose acuerdo en la mayoría de las materias, siendo aprobadas por el Congreso Nacional en forma express para que estuviesen vigentes en el llamado plebiscito de entrada fijado para abril del año 2020, donde la ciudadanía estaría convocada para apoyar una nueva constitución. Sin embargo, los tiempos políticos se verían modificados por un acontecimiento brutal e inesperado, la llegada de la pandemia del Covid-19 a territorio nacional.
El camino desde Apruebo al triunfo de octubre de 2020 y mayo de 2021
Los hechos políticos entrarían en modo “suspensión” a raíz del impacto de la pandemia en el país. Un gobierno debilitado, incapaz de controlar la agenda y una oposición dividida respecto a la firma del Acuerdo por la Paz y el apoyo a una serie de leyes represivas, que condenaron a manifestantes de la revuelta, debió adaptarse a las nuevas políticas que implicó la rápida expansión de la pandemia.
Junto a ello, el gobierno con acuerdo del Congreso, decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el día 18 de marzo del 2020, imponiendo el toque de queda en todo el territorio y un sistema de cuarentenas dinámicas, que implicó que la gran mayoría de la población quedase encerradas en sus casas, sin poder ir a trabajar y careciendo a la vez de un efectivo programa de ayudas sociales.
Los hechos políticos entrarían en modo “suspensión” a raíz del impacto de la pandemia en el país
Las propias condiciones sanitarias obligaron a postergar la fecha del plebiscito, obligando a la vez a modificar las fechas del calendario electoral, de manera que el plebiscito de entrada quedó fijado para el 25 de octubre del 2020 mientras que las elecciones municipales y de gobernadores regionales se fijaron para el 15 y 16 de mayo del año 2021.
La campaña por el Apruebo o el Rechazo en el plebiscito de entrada, fue original en el sentido de su carácter en gran parte digital, por las condiciones de la pandemia mientras que el trabajo territorial estuvo supeditado a las condiciones de los partidos o movimientos que apoyaron una de las dos opciones. En el caso del Apruebo, no se conformó un comando unitario de la oposición, dividida desde antes de la pandemia, mientras que buena parte de las iniciativas emanaron de grupos y personalidades independientes, de este modo, no se conformó un relato único sobre el significado del Apruebo, aunque de acuerdo a las encuestas, la gran mayoría de la población apoyaba una nueva constitución.
Así, la sensación ambiente de un triunfo categórico del Apruebo, se vio ratificado al conocerse los resultados del plebiscito, que dieron un 78,3% a la opción por la nueva Constitución frente a un 21,7% de la opción rechazo; mientras que un 79% de la población votó por la Convención Constitucional (CC) y sólo un 20% por la Convención Mixta6. La participación electoral fue de un 50,8% alcanzando un total de 7,5 millones de sufragantes, la cifra absoluta de votantes más alta desde la elección parlamentaria del año 1993. Los resultados fueron concluyentes respecto a la voluntad mayoritaria de tener una convención sin participación de políticos tradicionales o alejada de los partidos políticos en general. Por otro lado, la votación del rechazo, concentrada en la capital en las comunas de más altos ingresos, reflejó la estrecha relación entre estrato socioeconómico y opciones políticas más conservadoras, en una suerte de atrincheramiento de la derecha en sus reductos de poder más tradicionales.
Los tiempos políticos transcurridos desde el plebiscito, se aceleraron y se vieron complejizados por la imbricación de cuatro tipos de elecciones, la de representantes a la CC; alcaldes y concejales de los municipios; la primera vuelta de gobernadores regionales y la elección presidencial, cuya fecha quedó fijada finalmente para el 21 de noviembre del 2021, aunque como hito previo para la elección presidencial, se encontraba programada la primaria legal presidencial, para la cual se vislumbraban como las cartas fuertes de acuerdo a las encuestas, por el lado de la derecha el exalcalde de Las Condes, el militante de la UDI Joaquín Lavín y por el lado de la oposición, el alcalde comunista Daniel Jadue.
La oposición se presentó dividida a todas las elecciones, destacando la lista unitaria del FA y el PC y sus aliados, llamada Apruebo Dignidad; pero también, gracias a una modificación excepcional a la ley electoral, se autorizó a candidatos independientes a presentar listas de candidatos por distritos electorales, permitiendo la presentación de candidaturas vinculadas a movimientos sociales de base territorial y la conformación de una plataforma nacional de candidatos independientes conocida como la Lista del Pueblo.
La múltiple elección del 15 y 16 de mayo del 2021, desarrollada en condiciones de pandemia, crisis económica y baja aprobación del gobierno de Piñera, trajo múltiples sorpresas, especialmente en la Convención Constitucional y en los municipios. El resultado de la Convención, implicó la derrota de la derecha, que con solo 37 escaños, no logró el tercio necesario para bloquear las transformaciones exigidas por la mayoría de la población, la antigua concertación agrupada en la Lista del Apruebo sólo obtuvo 25 escaños, siendo desplazada por Apruebo Dignidad (PC + FA) con 28 escaños y representando el resultado más sorpresivo de la jornada, el conjunto de independientes obtuvo un total de 48 escaños, desplazando a los partidos tradicionales como primera fuerza política. Dentro del conjunto de independientes destacaron La Lista del Pueblo con 27 escaños y la lista de Independientes No Neutrales con 12 escaños. Además se eligieron representantes de los pueblos originarios con un total de 17 escaños reservados dentro de los 155 escaños dispuestos para la convención.
En el caso de las elecciones municipales, la derecha perdió ayuntamientos emblemáticos como Santiago donde el conservador Felipe Alessandri fue desplazado por la concejal comunista Irací Hassler. Este resultado, junto a triunfos de candidatos independientes, evidenciaron el desapego de amplios sectores de la población respecto a los partidos políticos y la búsqueda de renovación de los liderazgos a nivel local.
El análisis de los resultados en su globalidad, nos llevan a presentar un par de líneas de análisis. El triunfo de las alternativas políticas partidarias de transformaciones profundas del neoliberalismo; la llegada de nuevos actores a la política desde el mundo del activismo socio-ambiental; la irrelevancia de la derecha, derrotada en las cuatro elecciones y la pérdida de influencia de la antigua concertación, especialmente en la CC, pero aun con cierta inserción territorial, en comunas de carácter rural y en la zona centro sur del país.
Finalmente, los resultados de la CC, aceleraron las definiciones presidenciales, tanto por parte de la derecha, donde Joaquín Lavín intenta una nueva aventura presidencial, pero desafiado por el exministro de Piñera Sebastián Sichel como por el lado de la izquierda, donde impulsado por los resultados electorales, el comunista Daniel Jadue se presenta a la primaria legal, en competencia con el diputado del FA Gabriel Boric, mientras que en una señal más de descomposición de la vieja concertación, sus partidos son incapaces de acordar participar en la primaria legal, quedando fuera de juego, destacando como su carta más fuerte, la senadora demócrata cristiana Yasna Provoste.
El comienzo del trabajo de la Convención Constitucional. ¿Una nueva oportunidad para Chile?
La CC inició sus funciones el 4 de julio del presente año, siendo elegidos en un hecho inédito como presidenta, la académica mapuche Elisa Loncon y como vicepresidente el abogado del Frente Amplio Jaime Bassa. La elección de Loncon simboliza el esfuerzo de dar una expresión concreta al papel de los pueblos originarios en la elaboración del nuevo orden constitucional, de alguna manera, se busca reparar una injusticia histórica con el pueblo mapuche, sometido por la fuerza al control del Estado chileno en el siglo XIX.
La variedad de biografías y experiencias de los convencionales sería una muestra más representativa del Chile actual, en comparación a un parlamento, dominado por políticos hombres y vinculados por lazos de sangre, económicos o profesionales a la elite gobernante del país. Esta diversidad de integrantes, se expresa también, en que ningún grupo político tiene la mayoría de la Convención, obligándolos a llegar a acuerdos para formar las comisiones y establecer los primeros reglamentos. De este modo, el trabajo de la CC nos lleva a plantearnos una serie de interrogantes y desafíos.
El último gran desafío sería el cómo conciliar las expectativas de cambio de la mayoría de la sociedad con el temor de la minoría conservadora que apela a la gobernabilidad como mecanismo de defensa de sus intereses
Así, surge el problema de cómo coordinar el trabajo de la convención con la coyuntura presidencial, definida sorpresivamente después de la primaria legal del 18 de julio en favor de Gabriel Boric y Sebastián Sichel por la izquierda y la derecha respectivamente. De esta manera, surge el desafío de generar el diálogo entre los programas presidenciales y la discusión de fondo respecto a los contenidos de la nueva Constitución.
La otra problemática tiene relación con la superación de la desconfianza en las instituciones, cuestión que en el caso de la convención se ha visto perjudicada por la crisis y desplome de la Lista del Pueblo a partir de la fallida inscripción de la candidatura presidencial de Diego Ancalao y el reconocimiento de un falso diagnóstico de cáncer del convencional de la lista Rodrigo Rojas Vade.
Finalmente, el último gran desafío sería el cómo conciliar las expectativas de cambio de la mayoría de la sociedad con el temor de la minoría conservadora que apela a la gobernabilidad como mecanismo de defensa de sus intereses.
En este sentido, la política de acuerdos de la Convención Constitucional no debe asimilarse a la obsoleta lógica transicional y su democracia de los consensos, sino más bien, apuntar a un diálogo democrático, donde se respeten los derechos de las mayorías, sin vetos ni imposiciones, de manera de ir ‘corriendo los espacios de lo posible’ y volver a conformar un pacto social, que asegure el respeto al sistema democrático y permita construir un nuevo modelo de sociedad y Estado, más inclusivo y abierto a los requerimientos del siglo XXI, cumpliendo uno de los lemas de la revuelta de octubre del 2019, “Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
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Rodrigo Araya Gómez. Doctor en Historia Universidad Autónoma de Barcelona, Académico Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigador responsable proyecto Fondecyt 11180051. Ha publicado, entre otros: Organizaciones Sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 1983-1994 (Ediciones Universidad Finis Terrae, 2015); Movimiento sindical en dictadura: Fuentes para una historia del sindicalismo en Chile, 1973-1990 (Universidad Alberto Hurtado, 2015).
BIBLIOGRAFÍA
Atria, Fernando, (2017), Democracia y neutralización: origen, desarrollo y solución de la crisis constitucional, Santiago de Chile, LOM Ediciones.
Bedárida, Francois, (1998), “Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 20.
CIPSTRA, (2019), Balance de la Huelga General del 12N, Documento de Trabajo, Santiago de Chile, Centro de Investigación Político Social del Trabajo.
Monckeberg, María Olivia, (2015), La máquina para defraudar: los casos Penta y Soquimich, Santiago de Chile, Penguin Random House Mondadori Grupo Editorial.
Osorio, Sebastián y Pérez, Domingo, (2021), “Anti-neoliberal revolt and general strike in Chile 2019” in Azellini, D (ed), If not us, who? Workers against authoritarianism, fascim and dictatorship, Hamburg, VSA.
PNUD(2019), Diez años de auditoría a la Democracia, Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Salazar, Gabriel (2009), Del poder constituyente de asalariados e intelectuales: (Chile, siglos XX y XXI), Santiago de Chile, LOM Ediciones.
NOTAS
1.- Los análisis y reflexiones sobre el estallido han dado origen a una amplia bibliografía, entre ella, se puede destacar José Ponce, Revuelta Popular. Cuando la “nueva” clase trabajadora se tomó las calles, Chile 2019, (Valparaíso, 2020); Carlos Ruiz, Octubre Chileno. La irrupción de un nuevo pueblo, (Santiago, 2020) y Hassan Akram, El Estallido. ¿por qué? ¿hacia dónde?, (Santiago, 2020).. [^]
2.- Entenderemos por partidos tradicionales a los conservadores Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente y por la oposición de centro izquierda, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista. [^]
3.- El texto completo del acuerdo se puede consultar en la página web https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf. [^]
4.- Entrevista a Mario Desbordes en programa periodístico Estado Nacional del canal Televisión Nacional de Chile, 15 noviembre de 2020. Ver entrevista completa en https://www.24horas.cl/programas/ estadonacional/mario-desbordes-y-acuerdo-por-la-paz-la-democracia-si-estuvo-en-riesgo-cosa-que- muchos-hoy-niegan-4532272. [^]
5.- Un grupo de senadores de centro izquierda junto a los comités oficialistas firmaron una declaración denominada “Declaración por la paz, los derechos humanos y el orden público” de 28 de noviembre en que entre otros puntos, llamaban al gobierno a usar todas las herramientas constitucionales para restablecer el orden público. [^]
6.- De acuerdo con las dos preguntas llevadas a plebiscito, en la primera se preguntaba si se aprobaba o rechazaba una nueva constitución y en la segunda pregunta se optaba por la Convención Constitucional integrada exclusivamente por 155 representantes electos por la ciudadanía o la Convención Mixta, integrada en un 50% por representantes elegidos dentro del conjunto de parlamentarios y otro 50% elegido en votación por la ciudadanía. [^]
