Por Chiao-In Chen
La reciente crisis en la cadena de suministros durante y posterior al periodo de pandemia COVID-19, reveló la dependencia europea de los semiconductores producidos eminentemente en Taiwán y Corea del Sur. La falta de semiconductores desembocó en un duro golpe cuando las autoridades europeas planificaban la revitalización de la industria y de los mercados. Como consecuencia, las autoridades europeas iniciaron una rápida estrategia para proteger las industrias nacionales con el objetivo de poder tener suministros estables y desarrollar tecnología destinada a la producción de semiconductores. Asimismo, los países europeos iniciaron una carrera para atraer socios y capital con el fin de invertir y fomentar la construcción de una industria europea centrada en la alta tecnología y, en especial, en los semiconductores. Sin embargo, existe una cuestión social y ambiental relacionada con la citada industria (para tener en cuenta por Europa) y los principales centros productores mundiales ubicados en la región de Asia Oriental (China, Taiwán y Corea del Sur), como es su repercusión sobre el medioambiente y los derechos de los trabajadores.
«La mentalidad antisindical de los empresarios es remarcable en los sectores informáticos y de tecnologías de la información (IT), llegando al extremo de ignorar el derecho de los trabajadores a sindicarse o a formar un sindicato, como podemos observar también en gran parte de Asia Oriental»
El gobierno de la República de China (en Taiwán) inició un plan de desarrollo estratégico para promocionar la industria de alta tecnología (y en ella los productos intensivos en tecnología como los semiconductores) en 1981. La autoridad seleccionó territorios en el nordeste de la isla y desarrolló el Parque Científico de Hsinchu, además de subvencionar 17 compañías dedicadas al desarrollo, la manufactura y la investigación de productos de alta tecnología. El contexto político en la isla en aquel momento fue crucial, ya que después de la muerte del dictador Chiang Kai-shek en 1975, el régimen mantuvo el control político gracias a la continuidad del marco jurídico-político dictatorial (como la Ley Marcial o las Disposiciones Transitoria contra la Rebelión Comunista) bajo el liderazgo de Chiang Ching-kuo (hijo de Chiang Kai-shek). Con la derogación el 15 de julio de 1987 de la Ley Marcial (proclamada el 20 de mayo de 1949), la muerte de Chiang Ching-kuo el 13 de enero de 1988 y la derogación el 1 de mayo de 1991 de la Disposiciones Transitorias contra la Rebelión Comunista (establecidas en mayo de 1948), se inicia un periodo histórico de transición política hacia la democracia en Taiwán que pondría fin de facto a la Guerra Civil china. La transición política cambió totalmente a la sociedad taiwanesa en las siguientes décadas, mientras que en el contexto económico la elite del Partido Nacionalista de China o Kuomintang -KMT- (en pinyin Guomindang, GMD) continuó ejerciendo una fuerte influencia sobre la isla con un crecimiento económico caracterizado por la estrecha relación entre las políticas estatales y las redes clientelares tejidas desde la época de la dictadura entre gobierno y los empresarios. El éxito económico (también conocido como “milagro taiwanés”) favoreció y legitimó al gobierno, y bajo el pretexto de la competitividad internacional, tomó medidas controvertidas como abaratar el coste de la mano de obra e ignorar la protección del medio del ambiente. Como consecuencia, el movimiento obrero y los movimientos ecologistas destinaron grandes esfuerzos en la lucha por los derechos de los trabajadores taiwaneses y en denunciar los casos de contaminación industrial desde los años ochenta del pasado siglo XX.
«La reciente crisis en la cadena de suministros durante y posterior al periodo de pandemia COVID-19, reveló la dependencia europea de los semiconductores producidos eminentemente en Taiwán y Corea del Sur»
Actualmente, existen unas 400 compañías que operan en el Parque Científico de Hsinchu, incluyendo grandes empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) o United Microelectronics Corporation (UMC). Según las últimas estadísticas del gobierno taiwanés, en el año 2020 trabajaban aproximadamente 156.000 personas en el citado parque científico. No hay constancia de sindicatos que protejan a estos trabajadores, que tienen como “alternativa” comités de bienestar dirigidos y controlados por las propias compañías. Una de las políticas de incentivos de estas compañías se basa en repartir acciones de la empresa entre los empleados a través de bonos con el objetivo de crear un ambiente armonioso en los espacios laborales. La contraprestación para poder trabajar en estas empresas de alta tecnología y obtener estos bonos es la obediencia a la empresa y las largas horas de trabajo en turnos rotativos.
La mentalidad antisindical de los empresarios es remarcable en los sectores informáticos y de tecnologías de la información (IT), llegando al extremo de ignorar el derecho de los trabajadores a sindicarse o a formar un sindicato, como podemos observar también en gran parte de Asia Oriental. Uno de los casos más famosos es el de empresa taiwanesa Foxconn, que produce la mayoría de los componentes para iPod e iPhone en el marco de sus fábricas en China y que fue denunciada por la prensa internacional por las pésimas condiciones laborales existentes con casos extremos de suicidios de trabajadores en las instalaciones de Shenzhen en 2006. A pesar de las alarmas, no hubo mejoras ni protocolos ya que en el año 2010 continuaban saliendo noticias en la prensa internacional describiendo las duras condiciones disciplinarias -casi militares-, las largas horas de trabajo, los turnos rotativos inhumanos, las horas extras obligatoria o los casos de suicidios persistentes en las fábricas. Aunque Foxconn aceptó la formación de un sindicato en el verano de 2006, la actuación del Sindicato de Foxconn fue controlada por la empresa, obstaculizando (y silenciando) las demandas de los trabajadores. No es de extrañar que el propio CEO de Foxconn, Terry Guo Tai Ming1, se haya caracterizado por su actitud despectiva hacia la clase trabajadora en varios actos públicos con discursos inapropiados e irrespetuosos. Los sucesos de Foxconn no son un caso aislado, ya que podemos observar que los dirigentes de empresas de alta tecnología en Taiwán comparten la misma mentalidad. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el fundador de TSMC, Morris Chang, el cual expresó públicamente, sin pudor ninguno, su creencia de que el triunfo del dicho sector se debía a la inexistencia de sindicatos de clase. Siguiendo esta táctica, la propia TSMC fomenta y controla organizaciones para el bienestar de los trabajadores de la empresa. Asimismo, a modo y semejanza de Foxconn, proporciona bonos con acciones para sus trabajadores como forma de recompensar e incentivar el esfuerzo laboral.
«el movimiento obrero y los movimientos ecologistas destinaron grandes esfuerzos en la lucha por los derechos de los trabajadores taiwaneses y en denunciar los casos de contaminación industrial desde los años ochenta del pasado siglo XX»
La realidad de la manufacturación de productos electrónicos que hemos mencionado en el parque científico en Hsinchu de Taiwán no es una excepción, es más una situación global. Podemos observar condiciones similares en los complejos de empresas y fábricas de productos de alta tecnología en Europa, Asia y América. La desigualdad salarial y las condiciones laborales entre los trabajadores y los CEOs y altos cargos empresariales son disparatados. La gran mayoría de los trabajadores viven en residencias ofrecidas por las empresas en situaciones precarias y carecen de espacios privados. Muchos de ellos son trabajadores inmigrantes de otras partes del país o de otros países. En comparación con los altos cargos de la misma empresa, los trabajadores presentan mayor riesgo de tener accidentes laborales o problemas de salud debido a la toxicidad de los productos químicos utilizados y a la exposición continua a la contaminación derivada.
Uno de los episodios de lucha obrera más destacados en la historia taiwanesa reciente fue el caso de la empresa estadounidense Radio Corporation of American’s (RCA) y su planta instalada en la provincia de Taoyuan, en el norte de Taiwán. La empresa RCA contaminó la tierra y el agua de la localidad como consecuencia de los residuos contaminantes vertidos ilegalmente desde sus instalaciones en los años sesenta del pasado siglo XX. A lo largo de la historia de la citada empresa se contabilizaron 216 trabajadores fallecidos de cáncer debido al contacto diario con productos químicos. El caso de la RCA en Taiwán forma parte del comportamiento de las empresas extranjeras que externalizaron parte de su producción a países en vías de desarrollo como Taiwán, aprovechándose de la mano de obra barata y de la ventaja de la inexistencia de políticas gubernamentales destinadas a la protección del medio ambiente. Las empresas de manufacturación de aparatos electrónicos de consumo (televisiones o radios), traspasando los costes medioambientales y laborales de producción a los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Estas fábricas, como la RCA, invirtieron una gran cantidad de capital y ofrecieron miles de puestos de trabajo en diferentes regiones en el norte de la isla, jugando un papel muy importante en la economía taiwanesa y en el fomento global del “milagro económico” de Taiwán durante la década de 1980. Cabe destacar que la actitud del gobierno del KMT se caracterizó por fomentar la llegada de estas empresas, considerando el caso de la RCA como un modelo de industria a seguir.
«La gran mayoría de los trabajadores viven en residencias ofrecidas por las empresas en situaciones precarias y carecen de espacios privados»
Las consecuencias de este modelo productivo, eminentemente en referencia a enfermedades y contaminación medioambiental, no fueron destapadas hasta los años noventa, cuando la empresa empezó a planificar la retirada de sus plantas de producción. Para entender mejor las relaciones clientelares y de impunidad entre gobierno del KMT y las empresas extranjeras cabe sacar a colación que se llevaron a cabo varias inspecciones laborales a la RCA dirigidas por el Consejo de Asuntos Laborales del gobierno entre junio de 1975 y mayo de 1991. Los informes del gobierno identificaron graves violaciones contra la salud de los trabajadores, como por ejemplo la existencia de conductos e instrumentos inadecuados para manejar y transportar los materiales tóxicos en la planta. Sin embargo, no hubo sanciones, multas ni acciones legales contra la empresa durante todo este tiempo.
En 1999 los trabajadores afectados formaron la Asociación de Víctimas de Accidentes Laborales de Taiwán (Taiwan Association for Victims of Occupational Injuries, TAVOI) e iniciaron una dura lucha, que duró treinta años, y litigios judiciales contra la empresa estadounidense. La lucha, sin precedentes en la historia del movimiento obrero en muchos aspectos, constituyó un hito para el propio movimiento. En primer lugar, desafió las leyes existentes que definían el concepto de accidente laboral. Las víctimas laborales de la RCA se podrían clasificar en tres grupos: grupo A, los trabajadores afectados por la contaminación y que habían fallecido como consecuencia de ésta; grupo B, los trabajadores afectados por la contaminación y que padecieron cáncer o enfermedades crónicas debido a la exposición de productos químicos; grupo C, los trabajadores que no habían desarrollado enfermedades a pesar de haber estado expuestos durante largos periodos a la contaminación. Después de largos procesos judiciales y de varios intentos de recurrir a la Corte Suprema de Taiwán, en agosto de 2018 el supremo dictó que la RCA tenía que indemnizar a las víctimas, a saber: grupo A y B (262 personas) con una cantidad de 740 millones de dólares taiwaneses (23 millones de euros aprox.). En diciembre de 2019 el TAVOI recurrió el juicio con el objetivo de indemnizar a los trabajadores excluidos (grupo C). Finalmente, el dictamen salió en marzo de 2020 con una victoria para los trabajadores de la RCA, ya que una parte de los trabajadores del grupo C (24 personas) pudieron recibir compensaciones económicas gracias a la medicina científica forense al demostrar los daños irreversibles acontecidos en los genes de los trabajadores a pesar de no haber desarrollado una enfermedad. La sentencia fue histórica ya que el gobierno taiwanés tuvo que modificar las leyes relacionadas con los accidentes laborales. Después de enfrentarse a los obstáculos burocráticos y administrativos, y con una victoria judicial sin precedentes en la historia taiwanesa, la TAVOI consiguió un total de 2.300 millones de dólares taiwaneses en concepto de indemnización (unos 67 millones de euros) para un total de 286 trabajadores afectados.
«Repasando el movimiento obrero en la historia de Taiwán, cabe destacar su desarrollo junto a otros movimientos sociales que buscaban la democratización de la isla»
El caso de la RCA supuso un punto de inflexión para el movimiento obrero de la isla. Aparte de la dificultad de un juicio con implicaciones internacionales, el resultado consiguió reconocer a un mayor número de trabajadores indemnizados. El juicio dio voz a la comunidad de trabajadores del sector de la manufactura de aparatos electrónicos, los cuales, durante estas dos décadas de largo camino de lucha, tuvieron una oportunidad de explicar públicamente sus casos y dar visibilidad a la situación de vulnerabilidad de los trabajadores que sufrían enfermedades como consecuencia de accidentes laborales. El resultado final proyectó un sentimiento colectivo en pro de la justicia y de reivindicación de los derechos laborales de la clase obrera en Taiwán. Aunque tardío, el mensaje que transmitía era que la unidad de un colectivo podía conseguir reconocimiento y reclamar los derechos que les pertenecían como trabajadores.
Repasando el movimiento obrero en la historia de Taiwán, cabe destacar su desarrollo junto a otros movimientos sociales que buscaban la democratización de la isla. Durante la dictadura de los Chiang (Chiang Kai-shek y Chiang Ching-kuo) entre 1949 y 1987, el movimiento obrero, así como las actividades sindicales, fueron perseguidas y reprimidas duramente al ser consideradas portavoces del comunismo chino. Después del levantamiento de la Ley Marcial en 1987, los taiwaneses recuperaron ciertos derechos fundamentales, entre ellos el de asociación, formando partidos, sindicatos y asociaciones libres los cuales rápidamente se movilizaron reclamando la democratización del sistema y la plena consecución de los derechos civiles. El primer (y principal) partido de oposición al KMT fue el Partido Progresista Democrático (PPD) fundado en 1986, que aglutinaba en tanto que plataforma anti-KMT a una gran variedad de culturas políticas. Seguidamente apareció el primer partido político de izquierdas, el Partido Laboral (PL), fundado en 1987, siendo más tarde la facción más socialista la fundadora del Partido de los Trabajadores (PT) en 1989. Estos dos partidos persistieron y contribuyeron al movimiento democrático y laboral durante los años noventa. Sin embargo, el desarrollo del movimiento obrero y sindical presentó una trayectoria muy errática en la isla.
Las asociaciones o grupos que luchaban por los derechos laborales formaron durante los años ochenta dos grandes organizaciones, a saber: el Frente Laboral de Taiwán fundado en 1984 y la Asociación de Derecho Laboral fundada en 1988. Junto a los dos partidos mencionados, el PL y el PT, se organizaron las principales huelgas y luchas obreras en la isla durante la década de 1990 y finales de 1980. Los objetivos de estas formaciones, principalmente eran los de mejorar los derechos de los trabajadores, impulsar la democratización y derrocar el régimen dictatorial del KMT. Políticamente, durante esta fase de transición y consolidación democrática que se dilatará hasta el año 2000, ambos partidos no tuvieron representación política en los diferentes comicios libres de ámbito local, provincial, nacional o presidencial. En Taiwán no hubo un partido de clase que ostentara representación en ningún parlamento o consistorio taiwanés. Conscientes de ello, los grupos obreros empeñaron un gran esfuerzo para colaborar con los diputados del PPD y poder reformar las leyes existentes hacia posiciones netamente progresistas.
«el mensaje que transmitía era que la unidad de un colectivo podía conseguir reconocimiento y reclamar los derechos que les pertenecían como trabajadores»
La falta de influencia política dificultó muchas veces las negociaciones y la toma de decisiones políticas. Asimismo, cabe destacar que la industria taiwanesa también experimentó muchos cambios durante los años noventa, los cuales representaron desafíos inesperados para las organizaciones laborales. Por un lado, la industria taiwanesa experimentó cambios y transformaciones, como por ejemplo los sectores tradicionales industriales como la metalúrgica y el textil se trasladaron a China o a países del Sudeste Asiático como mecanismo paliativo a la crisis de sus sectores. Los sindicatos de estos sectores también experimentaron un descenso drástico de afiliación a finales del siglo XX. Además, existieron grandes dificultades para organizar o reclutar obreros para los sectores tecnológicos o de servicio. En el año 1990 el movimiento obrero y la afiliación sindical alcanzó una tasa de filiación del 31%, en contraposición a la del año 2011 que, con un 7%, mostraba un claro declive. Teniendo en cuenta la baja cifra de afiliación sindical desde 2011, la protección sindical solo benefició a una minoría de la clase trabajadora, la mayoría de ellos trabajadores en empresas públicas y en grandes empresas privadas, en contraposición a la gran mayoría de trabajadores, quienes no pudieron ser representados por los sindicatos; o bien por su inexistencia, o bien por la baja afiliación existente. Cabe destacar la presencia de la Confederación de Sindicatos de Taiwán (Taiwan Confederation of Trade Union, TCTU) fundada en el año 1997 principalmente por 32 sindicatos de empresas nacionales con el objetivo de velar por los intereses laborales de sus afiliados, hasta convertirse en la central sindical de la parte más privilegiada de los trabajadores de la isla.
El año 2008 el KMT volvió a ganar las elecciones presidenciales y gobernó la isla como el partido más votado después de 8 años de mayoría del PDD. A partir de entonces, los movimientos sociales volvieron a tener presencia en la política taiwanesa, incluido el movimiento obrero. En ese contexto, el año 2014 tuvo lugar el famoso caso del “Movimiento Girasol” con la ocupación del parlamento taiwanés (Yuan Legislativo) por parte de jóvenes estudiantes. Este hecho tuvo un impacto sin precedentes en la sociedad taiwanesa, siendo un hito hasta hoy día del conjunto de movimientos sociales de la isla. La causa de la movilización fue la negociación oculta entre el gobierno del KMT y el gobierno de la República Popular de China en materia económica y que permitía, entre otros, más presencia de China en la isla, en especial en el sector servicios. El intento del KMT de aprobar estos acuerdos sin consultar a los representantes públicos en el parlamento representó la chispa que inició la movilización del “Movimiento Girasol”. Estos movimientos sociales no cesaron con el cambio de gobierno, desde 2016 a manos del PPD. Es más, empezaron a desarrollarse, con éxito, nuevas tendencias de lucha social en estos movimientos, como por ejemplo durante la huelga de asistentes de vuelo de la aerolínea China Airlines en junio de 2016 o la lucha de los trabajadores de peajes de autopistas. La diferencia la podemos observar en que la organización tradicional de los trabajadores (los sindicatos) ya no llevaban el liderazgo en estas luchas. En cambio, estas huelgas y actividades consiguieron ser mediáticas gracias al apoyo de otros grupos políticos o sociales, los cuales se solidarizaron con la causa obrera más allá de las estructuras sindicales tradicionales. Serían estas organizaciones de activistas más allá del sistema sindical las que utilizando nuevas formas de comunicación (como redes sociales) lograron movilizar a diferentes sectores de la sociedad ajenas a la cultura sindical (y obrera) y hacer también suyas las reivindicaciones de los huelguistas. No sabemos si es un cambio de tendencia o de paradigma, pero podemos asegurar que estamos visualizando el auge de un movimiento obrero en la isla externo a los canales tradicionales y convencionales.
Finalmente, y como muestra de ese cambio en el imaginario colectivo de la clase obrera en Taiwán, es de necesaria lectura la obra literaria del autor Lin Li-Ching, Workers, publicada en el año 2016 y que narra las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de la construcción en Taiwán. La obra fue readaptada para una serie televisiva en el 2017 y al cine en el 2023, obteniendo un gran impacto social, así como un gran impacto en las taquillas de Taiwán e incluso en las de otros países del Sudeste Asiático. Por una parte, la obra describe perfectamente el sentir de la clase trabajadora de este sector, así como los conflictos de intereses entre las compañías y los trabajadores. Asimismo, describe y repasa una situación muchas veces olvidada en el relato general como es el caso de las mujeres obreras de la construcción. Otro tema plasmado en la obra interroga el estereotipo social negativo que la sociedad taiwanesa reproduce de los trabajadores de la construcción, a la par que reflexiona sobre esta identidad desde dentro de la propia comunidad obrera. Otros puntos interesantes a los que interpela la obra se focalizan en la situación de los trabajadores extranjeros, así como el “conflicto” entre los “autóctonos” y los “extranjeros”, todo ello sin querer dejar de banda otros conflictos o problemas como el uso de drogas entre la clase obrera o la salud mental. La popularidad de este tipo de obras ha creado un espacio de debate y reflexión dentro la sociedad taiwanesa sobre cómo se interpreta y percibe a una parte de su propia comunidad, la englobada en la clase obrera.
Bibliografía
Shenglin Chang, Hua-mei Chiu, y Wen-ling Tu. “Breaking the Silicon Silence: Voicing Health and Environmental Impacts within Taiwan’s Hsinchu Science Park”, en Ted Smith, David A. Sonnenfeld, y David Neguib Pellow (eds.) Challenging the Chip. Labor rights and environmental justice in the global electronics industry. Philadelphia: Temple University Press, 2006, pp. 170-180.
Yu-Ling Ku. “Human Lives Valued Less than Dirt. Former RCA Workers contaminated by Pollution fighting worldwide for Justice (Taiwan)”, en Ted Smith, David A. Sonnenfeld, y David Neguib Pellow (eds.). Challenging the Chip. Labor rights and environmental justice in the global electronics industry. Philadelphia: Temple University Press, 2006, pp.181-190.
Ming-sho Ho. Working Class Formation in Taiwan. Fractured Solidarity in State-Owned Enterprises, 1945-2012. New York / Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
Li-Ching Lin. Zuogong de ren (Trabajadores), Taipéi: Aquarius Publishing, 2017.
***
Chiao-In Chen (UAB-CEDID, chiaoin.chen@uab.cat). Doctora en Historia Comparada, Política y Social por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); profesora asociada en el Departament d’Història Moderna i Contemporània de la UAB; miembro del grupo de investigación Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democracies (CEDID)/ UAB.
NOTAS:.
-
El empresario Terry Guo albergaba ambiciones políticas cuando intentó presentarse a las elecciones presidenciales de 2019 bajo la candidatura del KMT. El 28 de agosto de 2023 proclamó su candidatura independiente a las elecciones presidenciales taiwanesas de 2024.
Deja una respuesta