Por JORDI MIR GARCÍA
© Carme Masiá
Això va de democracia (Ésto va de democracia) es uno de los lemas que más se han utilizado durante los últimos meses por parte del movimiento independentista en Catalunya. El referéndum sobre la independencia de Cataluña convocado desde el Gobierno de Cataluña para el día 1 de octubre de 2017 se presentó como la manera de profundizar en la democracia y de poder ejercer el derecho a la autodeterminación. Pero también hay quien no lo ve de este modo. Críticas provenientes desde diferentes sectores políticos se han centrado en destacar el ataque contra la democracia que suponen estas acciones o en señalar déficits democráticos de las mismas.
El 27 de octubre una votación en el Parlament sirvió para declarar la independencia de Catalunya en forma de república, según sus impulsores. Hay quien lo podrá ver como el final del proceso. Ahora en Catalunya, supuestamente, ya rige una legalidad diferente de la española que permitirá su desarrollo como estado independiente. Hay quien lo vera como el paso definitivo del llamado desafío independentista que hay que frenar con los recursos que ofrece la legalidad española (artículo 155 de la constitución, fiscalía…). A mi entender nos encontramos ante una movilización independentista que ha vivido un gran desarrollo en los últimos años y ha tenido como una de sus consecuencias la profundización y agudización de una crisis de régimen de régimen en España. Esta crisis tiene afectaciones directas en la calidad de la democracia debido, principalmente, al comportamiento que ha tenido el gobierno catalán y español.
Este artículo no atiende en detalle a los debates jurídicos que se están generando, tampoco a la discusión entre gobiernos o a las diferentes partes en conflicto. En estas páginas se intentan plantear unas mínimas aportaciones para enfrentarse desde el análisis y la reflexión a algunas de las raíces del conflicto y a las maneras de abordarlo. Y lo intenta hacer desde la necesaria unión del pensar lo ético y lo político. Necesitamos pensar y repensar qué consideramos justo, legal y legítimo. Necesitamos pensar y repensar cual es nuestra concepción de la democracia. Necesitamos pensar y repensar las maneras que tenemos de enfrentarnos a conflictos sociales, la facilidad que tenemos para excluir y la dificultad para acordar.
Lucha por ganar la definición de democracia
Hay quien defiende que no existe el derecho de autodeterminación o que no existe para un territorio como Catalunya. Hay quien entiende que sí existe y que se debe poder ejercitar. Hay quien entiende que la soberanía popular que debe decidir es la de toda España. Hay quien entiende que es la nación catalana la que tiene esta soberanía, por su historia, por su cultura, por su voluntad de ser… Hay quien piensa que si Catalunya puede decidir qué quiere ser, también lo debe poder decidir un municipio, una provincia… Hay una tradición minoritaria, no necesariamente partidaria de la independencia, incluso contraria, que defiende desde hace décadas el derecho de autodeterminación para territorios como Catalunya. No sólo lo ha defendido, sino que consideró que sería la forma más adecuada de intentar resolver determinados conflictos existentes y de aumentar la calidad de la democracia.
Diferentes concepciones de la democracia están presentes en esta discusión y hay una lucha de naturaleza hegemónica para probar de conquistar la concepción dominante de lo que es, y no es, la democracia. La concepción defendida por el gobierno del Partido Popular se fundamenta en la idea de que sin ley no hay democracia. La concepción que se enfrenta a ésta plantea que sin democracia no hay legalidad, y opta por la legitimidad del decidir como principio democrático.
Diferentes concepciones de la democracia están presentes en esta discusión y hay una lucha de naturaleza hegemónica para probar de conquistar la concepción dominante de lo que es, y no es, la democracia
«Lo que no es legal no es democrático». El presidente Rajoy insiste una y otra vez en esta idea, lo volvía a hacer en su comparecencia en el Parlamento después de la supuesta declaración de independencia y suspensión por parte del presidente catalán el 10 de octubre en el Parlament. Esta concepción de la democracia es muy limitada, restringe en mucho lo democrático. Lo democrático va más allá de la legalidad. Tenemos múltiples ejemplos históricos de sociedades con ley sin democracia, sin ir más lejos la dictadura franquista,y de sociedades que se quieren democráticas y que tienen comportamientos que son considerados contrarios a la democracia.
El presidente Puigdemont nos dice que, en democracia, lo primero que hay que atender y escuchar son los ciudadanos que la hacen posible. Sin ellos puede haber gobierno, legalidad, tribunales, pero no democracia y libertad. Una democracia en la que no importa qué quieren sus ciudadanos es incompleta. Él lo relaciona con el referéndum sobre la independencia. E insiste en que no sólo lo legal puede ser democrático. Puigdemont dice que hay que atender y escuchar a las personas. Pero conviene pensar cuántas personas no son atendidas y escuchadas en nuestra sociedad, ni por el Govern ni por el Gobierno. Pensemos, por ejemplo, en las condiciones de vida. ¿Son atendidas y escuchadas las personas que no tienen hogar ni suministros garantizados? ¿Son atendidas y escuchadas las personas que, a pesar de tener trabajo, son pobres (alrededor de un 12% en Catalunya)? ¿Son atendidas y escuchadas el 44,8% de las personas menores de 18 años que viven en riesgo de pobreza y exclusión en Catalunya? Podríamos seguir con las preguntas aprovechando los datos del Instituto de Estadística de Cataluña u otras fuentes, que nos permiten conocer las realidades de nuestras sociedades.
Y, pensando en la democracia a la que aspiramos, conviene pensar también si sólo hay que atender y escuchar las reivindicaciones en función de los apoyos que tienen ¿Sería menos legítima la reivindicación del derecho de autodeterminación si las movilizaciones solo fueran de centenares de personas? ¿El hecho de que no existan movilizaciones masivas para acabar con la pobreza en una sociedad en que hay recursos suficientes para que nadie sufra pobre justifica que no se resuelva esta situación?
Vivimos en tiempos de lucha hegemónica para definir la idea de democracia. No es algo nuevo que haya empezado con el proceso independentista impulsado desde 2010. Recordemos que las movilizaciones del 15M surgieron y se desarrollaron desde la reivindicación de “democracia real”. Pero tampoco empezó entonces, es una lucha constante en nuestra sociedad para delimitar el terreno de lo posible y aceptable.
Y, pensando en la democracia a la que aspiramos, conviene pensar también si sólo hay que atender y escuchar las reivindicaciones en función de los apoyos que tienen ¿Sería menos legítima la reivindicación del derecho de autodeterminación si las movilizaciones solo fueran de centenares de personas?
Hoy, hay quien dice que votar en un referéndum sobre la independencia es democracia. Hay quien dice que no permitir votar es garantizar la democracia… Una de las víctimas de esta lucha puede terminar siendo la propia calidad de la democracia. Hay muy poco espacio para el debate, para la argumentación, y para hacerlo con rigor. Se impone lo que interesa a mi bando. Convendría tener presente que la idea de democracia se ha construido a lo largo de la historia a partir de muchos otros anhelos, además del de votar. Sin igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, sin derechos garantizados, sin necesidades básicas satisfechas, sin administraciones que oprimen… Sin todo esto, y más, hay quien no entiende que se pueda hablar de democracia. Y por eso hay quien piensa que la democracia entendida como el gobierno del pueblo aún no la hemos conocido; o que la democracia existente tiene una calidad muy alejada de la que necesitamos para decir que vivimos justamente en sociedad
Una crisis de régimen y democrática que va a más
«La democracia española tiene un problema estructural que la va deteriorando, es una democracia que ha enfermado». Estas palabras del presidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont fueron dichas en el Parlamento y generaron revuelo. Lo hizo el 8 de febrero al pedir la palabra para hacer una declaración después del inicio del juicio a su antecesor en el cargo, Artur Mas, y las que fueron consejeras de su gobierno Joana Ortega e Irene Rigau. El motivo del juicio es la supuesta desobediencia y prevaricación que habría detrás de la organización y celebración de la consulta convertida en proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.
Para Carles Puigdemont, y no sólo para él, el juicio no es por desobediencia y prevaricación, y sí por haber sido fieles al encargo que les hizo el Parlamento, que, a su vez, era fiel al encargo que habrían recibido de los ciudadanos en las elecciones anteriores. Puigdemont entiende que esta es una situación excepcional, inadmisible, y que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña está en contra de esta judicialización de la vida política, piense lo que piense sobre cuáldebe ser la relación entre Cataluña y España.
Los indicios de esta enfermedad de la que habla Puigdemont los encuentra en la deriva recentralizadora acelerada y agravada por la sentencia contra el Estatut de 2010 y la recogida de firmas anterior. Para Puigdemont, el 9N fue una jornada edificante y sana, que crea un profundo y noble sentido de ciudadanía. Plantea que la democracia española no hizo limpio durante la Transición y va perdiendo credibilidad a manos de unos «poderes» que ahora sabemos que siempre han estado allí. Para Puigdemont durante unos años pareció que se habían apartado o reconvertido, pero no sería así.
En su intervención expuso una larga lista de casos que evidenciarían la enfermedad de la democracia española (corrupción, guerra sucia…). Todos estos casos deberían hacernos pensar. Dijo, por ejemplo, que en España se puede subvencionar la Fundación Francisco Franco y homenajear la División Azul, y acusar de nazi al presidente Mas por haber puesto las urnas. O se puede acompañar a convictos de terrorismo de estado y no se tolera acompañar a los acusados del 9N hasta los juzgados. Estos casos deben hacer pensar en la calidad de la democracia, pero también en cómo aparece la crítica por parte del mundo de Convergència y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Resulta sorprendente que a pesar de tener presentes los episodios que son citados en su intervención para señalar malas prácticas democráticas, se sitúe la enfermedad en un momento reciente como la sentencia del Estatut y el 9N. ¿No estaba enferma la democracia en la que se vivió el terrorismo de estado de los GAL? ¿No estaba enferma la democracia que desde la salida de la dictadura fomenta la apología y la impunidad del franquismo con, o sin, el apoyo a la Fundación Francisco Franco? ¿No está enferma una democracia con los niveles de pobreza, exclusión social y desigualdad existentes en España? Y se podría seguir con preguntas muy dolorosas para cualquier persona que aspire a una democracia de calidad.
La salud de la democracia sólo se convierte en noticia de portada cuando afecta de un modo u otro a sectores pertenecientes a las élites de nuestra sociedad
Hay quien acusó de adanistas las movilizaciones del 15M por pensar que con ellas nacía todo. Podía haber adanismo en aquellos espacios en 2011, pero también personas que tenían largas trayectorias de lucha por la democracia, y otros que por edad no la podían tener, pero que recogían pasados de los que tenemos herencias. Algunas de las críticas surgidas a la democracia realmente existente en España llegan muy tarde, también hay quien las verá como adanistas. Los problemas, las enfermedades de nuestra sociedad, que se quiere democrática, vienen de lejos, vienen desde su nacimiento. Seguramente, uno de estos problemas es que la salud de la democracia sólo se convierte en noticia de portada cuando afecta de un modo u otro a sectores pertenecientes a las élites de nuestra sociedad. Es lo que ahora pasa con el mundo de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya y el actual Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT). Pero hay otros sectores de nuestra sociedad que siempre han sufrido los problemas de la democracia, o que han visto sus efectos sobre personas cercanas. Todos los partidos de gobierno, no sólo Convergència y el PDeCAT, han tendido a justificar la democracia existente, y eso nos debería hacer pensar. Hay opciones políticas que hoy, por ejemplo, han llegado a las instituciones con un discurso alto y claro de crítica a la democracia realmente existente y no tendría ningún sentido que no siguiera siendo así desde el gobierno hasta que puedan contribuir a cambiar la democracia. Hasta que no consigan profundizar en la democratización de la democracia.
La crisis democrática que hoy vivimos, que hay quien también entenderá como crisis de régimen, no acaba de empezar. Tiene una larga trayectoria. Entiendo que el vínculo con las movilizaciones del 15M y los 6 años de 15M que vivimos desde entonces es fuerte. Ambos conflictos tienen motivación democrática y son respuestas a unas limitaciones de nuestra democracia que se consideran inaceptables. Otra cosa son las diferentes realidades que se pueden encontrar en las dos movilizaciones. Solo apunto ahora, no es el objetivo principal del texto, dos características que las unen. Las une la capacidad que han tenido de dar centralidad a reivindicaciones que sin ser nuevas habían estado en los márgenes de nuestras sociedades. Eso vale para la reivindicación de democracia y para el independentismo. Las une también la capacidad que han tenido para despertar el interés de la representación política. Se ha podido pasar de la calle a las instituciones. En el caso del movimiento independentista esto ha supuesto tener un gobierno como el de la Generalitat, o medios de comunicación como la corporació catalana de mitjans audiovisuals a favor.
Otra cosa será ver la honestidad del compromiso gubernamental con el independentismo en los momentos más críticos, lo veremos con el tiempo. Del mismo modo que veremos con el paso del tiempo los resultados que dejará para el 15M el paso de la movilización a las instituciones con proyectos como Barcelona en comú, Ahora Madrid… y los proyectos de confluencia con partidos políticos ya existentes. En todo caso, la crisis de régimen y democracia se agudiza por la incorporación a los colectivos críticos y cuestionadores de sectores como la antigua Convergència, presentes en el movimiento independentista con mucha fuerza desde la Assemblea Nacional Catalana u Omnium. Sectores que hoy intentan hegemonizar la contestación, y eso conlleva choques relevantes, mientras que en otros momentos habían sido uno de los pilares del régimen. Sectores que fueron para muchas de las personas movilizadas parte del problema y ahora quieren ser parte de la solución. Sectores, por ejemplo, que hoy denuncian excesos policiales que ellos también han protagonizado… Sectores que aportan mucha capacidad de repercusión a la movilización pero también dudas sobre sus motivaciones para sumarse al movimiento y el compromiso con los objetivos del mismo.
© Carme Masiá
A la autodeterminación entre la astucia, la movilización y la desobediencia
El referéndum o movilización del 1 de octubre no se puede entender, en mi opinión, sin toda la gente que ha decidido y conseguido organizar unas votaciones a pesar de la prohibición estatal, que han mantenido los centros de votación abiertos, que han defendido las urnas y los votos, que han sufrido la violencia policial… No conviene pasarlo por alto. No conviene pasar por alto todo lo vivido los últimos días y especialmente la violencia policial que en muchos lugares de Cataluña se vivió el 1-O. Más de mil personas que querían votar necesitaron atención médica tras las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No conviene pasar por alto que más de dos millones de personas fueron a votar. No conviene pasar por alto las movilizaciones que han ido en aumento desde 2010.
Precisamente porque hay quien quiere que el proceso soberanista o independentista vaya de democracia, de profundización democrática, hay quien no lo acaba de tener claro que se pueda actuar sin tener en cuenta el conjunto de la sociedad
El Gobierno español es quien tiene las claves administrativas de acuerdo con la legalidad vigente para poder llevar a cabo un referéndum que permita la expresión de las diferentes voluntades. Hay quien no lo comparte. Entiende que si esta capacidad descansa en un gobierno fuera del catalán, esto ya no puede presentarse como autodeterminación, porque haría necesaria una intervención ajena. Para autodeterminarse no debería hacer falta ni bilateralidad ni otras relaciones, se podría hacer unilateralmente. Pero hay quien tampoco lo ve así, a pesar de estar a favor del referéndum y el autodeteminación, al considerar que sin algún tipo de acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas o del Gobierno español, el referéndum sólo será el instrumento de una parte. Sólo irá a votar, o lo harán mayoritariamente, las personas que están con la propuesta independentista. Lo que ha ocurrido.Y significa no atender determinados sectores de la población catalana que no querrán participar de acuerdo con la legalidad. Hay quien ha respondido diciendo que esta posición es la de la profecía autocumplida. Es decir, dices lo que pasará no tanto porque tenga que pasar, sino porque quieres hacer que pase. Pero antes de lo que sucedería el 1 de octubre ya teníamos que tener presentes los resultados del proceso participativo del 9N.
Precisamente porque hay quien quiere que el proceso soberanista o independentista vaya de democracia, de profundización democrática, hay quien no lo acaba de tener claro que se pueda actuar sin tener en cuenta el conjunto de la sociedad. Y seguramente porque mucha gente no ha tenido claras determinadas actitudes que se presentaban como democráticas, estamos en un escenario en el que desde hace años la movilización vinculada al 15M y al independentismo hacen una reivindicación de la democracia. De una democracia real, de más calidad…
Entre los partidos impulsores de la independencia de Cataluña ha habido diferentes opciones a la hora de avanzar en el proceso. Hubo una fase de fascinación desobediente en la que pareció darse una competencia para ver quién era más desobediente, Convergència o la CUP. No duró demasiado, este periodo; Convergència (ya antes de ser PDeCAT) optó por la astucia, con concesiones a la desobediencia en las palabras. No hay ocasión que no sea aprovechada para hablar de Rosa Parks, Martin Luther King, Gandhi… Pero la práctica, por ahora, es astuta y defensora de la propia legalidad, contraria a la desobediencia que se identifica con la CUP. Como si la desobediencia no pudiera ser democrática, olvidando toda la democracia que ha contribuido a crear.
La astucia ha tenido la virtud de ir evitando el conflicto y permitir avanzar trabajo de preparación de la llamada «desconexión», de leyes que se hacen desde el Parlamento, desarrollo del referéndum ilegalizado… Pero la astucia ha significado una vulneración de derechos y el forzar la legalidad hasta incumplirla. Lo han expresado de manera rigurosa y profesional los letrados del Parlament al señalar los problemas existentes en la manera de tramitar y aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica durante los días 6, 7 y 8 de setiembre. Tampoco han dejado de señalar las vulneraciones legales que puede suponer la aplicación del artículo 155 como propuso el Gobierno.
La astucia no parece que vaya a evitar el conflicto en los momentos decisivos. El anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum se hicieron desde la astucia de los hechos y la desobediencia de las palabras. Se anunció verbalmente, sin documentos que poder llevar a los tribunales. El 10 de octubre pareció que se declaró y suspendió provisionalmentela independencia de Catalunya, pero la confusión sobre lo hecho fue máxima. No todas las voces del Govern se pronunciaban de la misma manera sobre lo ocurrido. Hay que decir que el Gobierno español también juega con la astucia en sus respuestas. Buena parte de la población está desconcertada, por un motivo o por otro, y le cuesta saber a qué atenerse.
Llevamos viviendo una especie de Guerra Fría, una lógica bipolar en la que el conflicto queda claro que existe, pero ninguno de los dos bandos ha querido dar un paso que desencadenase la batalla definitiva. El Gobierno catalán, seguramente, desde la conciencia de tener poco margen de actuación dentro del reconocimiento que tiene y la legalidad existente. El Gobierno español, seguramente, porque por saber que una respuesta contundente haría crecer la legitimidad de la reivindicación soberanista-independentista. En las últimas semanas cuatro episodios, dos por bando, han ido variado el escenario. Por un lado, la posible declaración de independencia y la aprobación en el Parlament, forzando la legalidad, las leyes del Referéndum y la transición jurídica a la independencia. Por otro lado, la actuación del Gobierno español para impedir la votación con confiscaciones, detenciones, cargas policiales… y la voluntad de destituir en el gobierno catalán con un uso muy intervencionista, forzando la legalidad, del artículo 155 de la Constitución.
Llevamos viviendo una especie de Guerra Fría, una lógica bipolar en la que el conflicto queda claro que existe, pero ninguno de los dos bandos ha querido dar un paso que desencadenase la batalla definitiva
Y como en la Guerra Fría, el conflicto sirve para cohesionar tu bando, el territorio de tu influencia. Existe el riesgo de que a un lado y otro imponga la aceptación de todo medio que ayude a la finalidad buscada. Y esto no siempre va de democracia. En el contexto actual, se tiende a reducir el terreno de la información, el debate y la discusión. Se da la paradoja, por ejemplo, que hoy se puede defender el pacto y el referéndum, como hace el Govern de Junts pel Sí, cuando hace poco lo criticaban contundentemente y el cambio de posición se da sin dejar de criticar a aquellos posiciones a las que ahora te habrías sumado (las de los Comunes en este caso). La división en bandos se agudiza, la polarización va en aumento. No eres demócrata si estás a favor de la independencia o de poder votar, no eres demócrata si no estás a favor del referéndum del 1-0 y de poder decidir. En la reducción del escenario y en la simplificación suelen imponerse las posiciones que parecen ofrecer soluciones sencillas a realidades difíciles de resolver. ¿Qué hacer?
Desobediencia democrática para la convivencia
Hannah Arendt, la filósofa alemana, huyó del nazismo y consiguió llegar a los Estados Unidos de América. Allí vivió una década de gran movilización social, los sesenta. Conoció de cerca el movimiento por los derechos civiles, el movimiento universitario, la contestación a la guerra de Vietnam… Y tuvo conciencia de la importancia de la desobediencia civil no violenta, que formaba parte las formas de actuación de estas movilizaciones. La desobediencia civil había llegado para quedarse y le interesó pensar cómo se podía incorporar la desobediencia a la legalidad ante la crisis de la sociedad estadounidense.
Arendt no toma partido necesariamente por estas reivindicaciones, ni por sus formas de actuar. Pero sí toma consciencia de que la desobediencia se instala en la sociedad y que se le debe buscar un lugar. No hay que eliminar la desobediencia civil no violenta, una sociedad que se quiera democrática será mejor en términos de calidad democrática si incorpora la desobediencia que si la persigue y reprime. Incluso podemos pensar que Arendt defiende hacer legal la desobediencia porque está muy preocupada por la agudización de la crisis que se puede desarrollar, le preocupa la estabilidad social.
¿Por qué hay quien decide movilizarse desde la desobediencia civil? Arendt dirá: “La desobediencia civil surge cuando un significativo número de ciudadanos ha llegado a convencerse o bien de que ya no funcionan los canales normales de cambio y de que sus quejas no serán oídas o no darán lugar a acciones ulteriores, o bien, por el contrario, de que el Gobierno está a punto de cambiar y se ha embarcado y persiste en modos de acción cuya legalidad y constitucionalidad quedan abiertas a graves dudas”. No actúan desde la legalidad, lo hacen desde la legitimidad, ilegal, de aquello que consideran justo y quieren que sea tenido en consideración en su sociedad.
Lo que escribió pensando en los Estados Unidos de los años sesenta, sirve también para otras sociedades en otros momentos históricos. Sirve para la España actual. Y es por eso que en los últimos años hemos visto emerger grandes movilizaciones como el 15M, la impulsada por la PAH o el movimiento independentista en las que la desobediencia civil está muy presente. La crisis económica y política lo puede explicar. Arendt, en el cambio de década de los sesenta a los setenta, hace un análisis que nos sirve para examinar hoy la crisis institucional y de representación que vivimos: “El mismo Gobierno representativo se halla hoy en crisis, en parte porque ha perdido, en el curso del tiempo, todas las instituciones que permitían la participación efectiva de los ciudadanos y en parte por el hecho de verse afectado por la enfermedad que sufre el sistema de partidos: la burocratización y la tendencia de los dos partidos a representar únicamente su propia maquinaria”.
Hoy podemos recuperar la pregunta de Arendt por el espacio que tiene que tener en una democracia la desobediencia. Su preocupación continúa teniendo sentido hoy. Aunque el president Puigdemont, y antes Mas, repitan que ellos no desobedecen, sino que obedecen a su sociedad, estamos ante una movilización que se articula desde la desobediencia a unas leyes y unas autoridades que se consideran injustas al no permitir de ninguna manera la expresión de la ciudadanía sobre la independencia de Catalunya. La CUP ha sido el partido independentista que más clara y honestamente ha hablado al respecto. Asumir la desobediencia parece no ser algo deseable por parte del PDeCAT, incluso por ERC. Mas siempre ha defendido la astucia, criticando incluso a quien ha defendido la desobediencia.
Asumir la existencia de la desobediencia y todo lo positivo que puede aportar a una sociedad si se practica civilmente y de manera no violenta, me parece imprescindible para enfrentarnos al conflicto actual y a tantos otros que se dan en nuestras sociedades. Arendt no encontró una solución definitiva, y seguramente tampoco pensó en que la desobediencia pudiera ejercerse desde un gobierno, pero abrió un camino que deberíamos seguir. Un gobierno ha de asumir la obligación de garantizar los derechos de la ciudadanía y eso implica no poder ejercer una desobediencia que vulnere derechos de una parte de ella. Hay que distinguir la desobediencia institucional de la desarrollada desde la movilización social.
Asumir la existencia de la desobediencia y todo lo positivo que puede aportar a una sociedad si se practica civilmente y de manera no violenta, me parece imprescindible para enfrentarnos al conflicto actual y a tantos otros que se dan en nuestras sociedades
Aceptar la desobediencia implica asumir la necesidad de pensar y repensar nuestra legalidad. Puede resultar agotador, pero la desobediencia civil no deja de ser un indicador de nuestra conflictividad social. Aceptar la desobediencia implica atender al malestar que existe en nuestra sociedad y buscar resolverlo, aunque eso no siempre pase por dar la razón a quien desobedece ni tampoco a quien no entra a dialogar porque la ley está de su parte. Aceptar la desobediencia nos lleva a asumir que la legalidad que se impone no siempre concuerda con lo que podemos considerar justo, legitimo. Hay que buscar soluciones.
Buscar soluciones: más democracia para más gente
Diría que si queremos intentar resolver este conflicto, el camino a seguir deber ser el de la democratización de una democracia limitada y de unos comportamientos poco democráticos. Debemos trabajar para saber qué democracia queremos y, en este marco, qué lugar debe tener la autodeterminación. En un momento en que todo el mundo invoca la democracia para justificar lo que hace, sea lo que sea, seguramente las soluciones llegarán de quien siempre tenga presente que la democracia es el objetivo y debe ser el camino. Un camino que no será fácil, pero que siempre deberíamos estar de acuerdo en que es democrático. Hablemos de qué consideramos democrático para una sociedad plural y diversa, intentemos encontrar acuerdos, creamos democracia, busquemos soluciones.
A mi entender, una de las encrucijadas a las que nos enfrentamos, no solo en España y Catalunya, es la de la democracia. Estamos en un tiempo en el que coinciden opciones políticas que buscan aumentar la democracia y su calidad, y otras que pretenden controlar y restringir la democracia. Más democracia y de mayor calidad para más gente o menos democracia y de menor calidad para menos gente. Sería demasiado fácil, y erróneo, decir que las opciones independentistas están a un lado y las no independentistas a otro. Los dos gobiernos, por ejemplo, han tenido y tienen comportamientos que no favorecen ni profundizan la democracia, la limitan y debilitan. Conviene tenerlo muy presente.
No habrá solución que pase por la imposición de una parte sobre otra, tenemos suficientes experiencias que nos lo muestran pero demasiadas evidencias de que es el camino que estamos transitando. Es necesario revisar las posiciones y pensar pausadamente que cuando nos ocupamos de las cuestiones de la polis, cuando hacemos política, la convivencia debe ser uno de los objetivos y principios fundamentales. Las diferencias no desaparecen al imponer una posición, tampoco los conflictos. Hay que pensar y debatir sobre las diferentes posibilidades e intentar asumir qué soluciones pueden resultar aceptables para el conjunto de nuestra sociedad, de otro modo no hay convivencia posible. Necesitamos pensar ética y políticamente sobre lo que podemos considerar justo y deseable para las diferentes posiciones existentes, no solo para la nuestra (sea la que sea).
_________________
Jordi Mir García. Profesor del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Director del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF. Miembro de l’Observatori del Sistema Universitari (OSU).
