Entrevista realizada por Marie Pouzadoux al historiador Stéphane Sirot
El Víver Argentona jardín
Fue una sorpresa cuando Emmanuel Macron anunció el lunes 12 de diciembre que la presentación del proyecto de reforma de las pensiones se había aplazado hasta el 10 de enero. El presidente dijo que quería dar tiempo a los sindicatos y a los nuevos líderes de los partidos, elegidos o nombrados en los últimos días, para «discutir» de nuevo el texto con el Ejecutivo. Pero muchos sindicatos consideran que «prolongar esta consulta dos semanas o un mes no cambia nada», a la vista del rumbo ya marcado por el ejecutivo para retrasar la edad de jubilación. Denunciando la ausencia de una verdadera negociación, ya están llamando a una «movilización unitaria» contra la reforma en enero.
¿Qué significan estas dos nociones opuestas? ¿Por qué en Francia se consulta más que se negocia? ¿Y qué dice esto sobre el estado del diálogo social?
Marie Pouzadoux ¿En qué consiste una negociación?
Stéphane Sirot: La negociación es una de las posibles vías de diálogo social que pueden establecerse entre el Estado y los interlocutores sociales, pero también en las empresas. Es su forma más exitosa, en la medida en que pretende conducir a la firma de un acuerdo común entre las distintas partes interesadas, cada una de las cuales defiende sus propios intereses, tras haber encontrado un compromiso a través de los debates.
En Francia, la negociación colectiva anual es obligatoria en las empresas desde 1982. La ley Larcher de 2007 obliga al Estado a entablar negociaciones antes de «cualquier proyecto de reforma» relacionada con el trabajo, el empleo y la formación profesional.
La negociación no es el método preferido de diálogo social en Francia debido a nuestra historia política y a la forma en que se construyó el Estado. Es habitual que el gobierno de turno considere que, puesto que tiene legitimidad democrática, le corresponde decidir sobre el fondo de la ley.
Sin embargo, el diálogo social abarca otras dos prácticas complementarias de la negociación: la consulta y la concertación. La primera permite escuchar las opiniones de las distintas partes interesadas por una posible medida, sin que ello se tenga necesariamente en cuenta en la decisión. La concertación va un paso más allá, en el sentido de que estos debates pueden conducir a que se tengan en cuenta algunos de los intereses expuestos, sin comprometer más a los responsables de la decisión.
En ambos casos, el gobierno escucha, pero decide solo. Esto es precisamente lo que ocurrió con el proyecto de reforma de las pensiones: el ejecutivo consultó y concertó con los sindicatos, al tiempo que reivindicaba a lo largo de estas discusiones conservar el control de la reforma.
En Francia, la consulta y la concertación parecen sustituir a la negociación en la práctica del diálogo social. ¿Cómo se explica esto?
La negociación no es el método preferido de diálogo social en Francia debido a nuestra historia política y a la forma en que se construyó el Estado. Es habitual que el gobierno de turno considere que, puesto que tiene legitimidad democrática, le corresponde decidir sobre el fondo de la ley.
Ya desde la Revolución, nuestro país institucionalizó un equilibrio de poder entre el Estado y los cuerpos intermedios, primero prohibiendo la formación de corporaciones y «coaliciones», es decir, huelgas y organizaciones, con la ley Le Chapelier (1791). El refuerzo de la centralización política ya en marcha fue entonces un medio de garantizar que no hubiera más «obstáculos» entre el Estado y los ciudadanos.
Sólo un periodo de nuestra historia contemporánea ha constituido una verdadera excepción: la posguerra. Las grandes reformas económicas y sociales llevadas a cabo por el Consejo Nacional de la Resistencia (CNR) fueron una síntesis de las aspiraciones y reivindicaciones de los distintos partidos y sindicatos, un compromiso nacido de la negociación.
Pero esto no duró, porque no se llegó hasta el final en la aplicación del programa del CNR en materia de diálogo social. La instauración de la V República reforzó entonces una práctica vertical del poder y del proceso de toma de decisiones.
¿Explica esta historia política, poco favorable a la negociación, que Francia sea una excepción en la escena europea?
Sin duda alguna. Esta concepción conflictiva sigue impregnando nuestro imaginario y nuestra práctica del diálogo social. Marca nuestra diferencia con respecto a otros países europeos en este ámbito, en el que está más institucionalizado y sosegado.
En particular, Francia se ha quedado atrás en el mundo empresarial. En 1946, por ejemplo, optamos por constitucionalizar el derecho de huelga sin establecer un verdadero contrapeso para los asalariados. Tuvimos que esperar a la movilización de mayo del 68 para que Francia concediera por fin el derecho a sindicarse más plenamente en las empresas, aunque éramos uno de los últimos países en no haberlo hecho. Antes, en 1945, se optó por dejar únicamente en manos de los comités de empresa la gestión de las «obras sociales», sin ningún derecho de control ni de intervención en las decisiones estratégicas.
Desde 2017, los interlocutores sociales no han dejado de denunciar el método de toma de decisiones «brutal» de Emmanuel Macron, por considerar que escenifica el diálogo sin tener en cuenta sus opiniones….
Emmanuel Macron tiene una concepción vertical del poder: considera que es el Gobierno quien decide sobre lo esencial de la ley, y no la oposición parlamentaria ni los sindicatos. Para él, el marco legítimo de intervención sindical es la empresa. Por eso, sus sucesivos gobiernos han consultado más que negociado, salvo en temas consensuados o cuando se han visto obligados a hacerlo.
Esta manera de hacer las cosas explica que mantenga desde hace cinco años relaciones bastante conflictivas con los interlocutores sociales, que critican constantemente su método. En cada ronda de discusiones, repiten que no conduce a nada, como lo que hemos oído en torno a la nueva reforma de las pensiones.
Esta concepción del diálogo social se refleja también en el campo semántico: el gobierno se cuida mucho de no utilizar el término negociación, sabiendo que este proceso de discusión no lo habría implicado al mismo nivel. Al preferir la palabra concertación, deja claro que es el Gobierno el que tiene el control de las decisiones, por muchas veces que se haya reunido con los sindicatos.
Esta manera de hacer las cosas explica que mantenga desde hace cinco años relaciones bastante conflictivas con los interlocutores sociales, que critican constantemente su método. En cada ronda de discusiones, repiten que no conduce a nada, como lo que hemos oído en torno a la nueva reforma de las pensiones. Estas críticas son tanto más notables cuanto que proceden también de los sindicatos llamados reformistas y de los más proclives al diálogo, como la CFDT.
¿La falta de voluntad política para entablar negociaciones sobre la reforma de las pensiones basta para explicar el tenso clima social?
En primer lugar, hay que señalar que la cuestión de las pensiones es, por definición, un tema que complica la posibilidad de entablar un proceso de negociación, porque las reformas acumuladas desde hace treinta años en este ámbito ponen sucesivamente en entredicho la jubilación a los 60 años. Sin embargo, la izquierda y muchos sindicatos la consideran una conquista social, y ponerla en tela de juicio se percibe como una regresión. De hecho, modificar la edad de jubilación o la duración de la cotización casi siempre genera conflictos.
Pero está claro que el hecho de que el gobierno no busque un compromiso sobre el tema no contribuye a calmar el clima social. Ya ocurrió durante los debates sobre el anterior proyecto de ley de pensiones, que finalmente se abandonó. Emmanuel Macron y su Gobierno querían instaurar un sistema de pensiones por puntos y la CFDT, partidaria de una reforma sistémica, no se oponía. Podrían haber abandonado su voluntad de introducir una reforma paramétrica, a la que el sindicato no se adhería, para encontrar más fácilmente un acuerdo con él, pero no lo hicieron.
El otro problema, que explica la electrización del debate, es que no sabemos tomarnos nuestro tiempo para reformar. La cuestión del tiempo es inseparable de la de la negociación: no podemos llegar a un compromiso con prisas.
Cuando un contrapoder no puede utilizar eficazmente la negociación para hacer valer sus intereses, recurre a lo que le queda: la relación de fuerzas. Esto es precisamente lo que caracteriza la situación actual del diálogo social en Francia.
El ejemplo de la reforma de las pensiones de 2010 es prueba de ello: si bien la ley se adoptó rápidamente en un contexto de fuertes protestas sociales, al mismo tiempo los Países Bajos también estaban reformando su sistema de pensiones. Sin embargo, lo lograron de forma más pacífica, al final de un proceso de negociación de dos años (2009-2010). Cuando un contrapoder no puede utilizar eficazmente la negociación para hacer valer sus intereses, recurre a lo que le queda: la relación de fuerzas. Esto es precisamente lo que caracteriza la situación actual del diálogo social en Francia.
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Stéphane Sirot, Historiador especializado en la sociología de las huelgas, el sindicalismo y las relaciones sociales. Es profesor en la Université de Cergy-Pontoise y en l’Institut d’administration des entreprises de l’université de Nantes. Entre sus obres destacamos: La grève en France : une histoire sociale, xixe – xxe siècles, (Odile Jacob, 2002), Le syndicalisme, la politique et la grève : France et Europe : xixe – xxie siècles, (Arbre bleu, 2011), Électriciens et gaziers en France : une histoire sociale, xixe – xxie siècles (Arbre bleu, 2017). Entrevista publicada en Le Monde (12/12/2022. Traducción Pere Jódar. Agradecemos al autor que nos facilitara el artículo.
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