Por JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
![Migratory labor workers. Brawley, Imperial Valley, California-Dorothea Lange 1936 [Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection]](https://pasosalaizquierda.com/wp-content/uploads/2019/11/N17_04_A.jpg)
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia del conocido como “Procés” en el que hay condenas por delitos de sedición, malversación y desobediencia. Se trata de una decisión de indudable trascendencia histórica de la que sólo el tiempo permitirá establecer su alcance en la convivencia democrática y el funcionamiento institucional de nuestro país.
Queremos destacar, como asociación judicial, que el juicio se ha realizado en condiciones de máxima transparencia y garantizando los derechos de todas las partes. A este respecto se ha practicado un amplio abanico de pruebas que han sido sometidas a la contradicción de los intervinientes y han sido valoradas en la sentencia por un tribunal cuya independencia, imparcialidad y nivel técnico no son cuestionables. Hay que señalar que en nuestro sistema judicial existen suficientes instrumentos para encauzar la crítica jurídica a la sentencia y los afectados podrán presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancias que tendrán la última palabra.
No debe olvidarse que el derecho es la garantía de la paz y que un orden constitucional es esencialmente un sistema de límites y de garantía de los derechos fundamentales. Una voluntad política no sujeta al derecho atenta contra los principios de un sistema constitucional y sienta las bases del autoritarismo.
La crítica a las resoluciones judiciales es legítima y necesaria en una sociedad democrática. El contrapunto de esa libertad es que no se coarte la independencia judicial y se garantice que el tribunal que resuelve no se vea condicionado por injerencias externas.
Ni el Poder Judicial ni el procedimiento penal son el marco más adecuado para resolver un problema de esta transcendencia histórica. Por esta razón, hacemos un llamamiento a que, a partir de ese momento, se haga un esfuerzo político y social en la renovación del Pacto Constitucional vigente para lograr un marco de convivencia que incluya a personas que, tanto en Cataluña como en otras partes de España, mantengan divergencias sobre el modelo territorial del Estado.
EL SECRETARIADO
