Por Pere J. Beneyto
La protección social y la lucha por la igualdad han operado como señas de identidad del Gobierno progresista que, durante la anterior legislatura, ha desarrollado una sólida estrategia socialdemócrata para hacer frente a los mayores desafíos (pandemia, guerra de Ucrania, shock inflacionario) de entre los registrados en las últimas décadas, con un resultado globalmente positivo que ha permitido compatibilizar el crecimiento económico y la creación de empleo con la expansión en derechos laborales, de género y de ciudadanía, impugnando en la práctica la retórica neoliberal que inspiró la gestión de la anterior crisis (desregulación, recortes, desigualdad…).
Sin embargo, el mapa político resultante del último ciclo electoral (autonómico y nacional) parece estar desplazando el eje del debate público (y, en su caso, de las políticas que del mismo se deriven) del ámbito social al cultural y territorial.
«La protección social y la lucha por la igualdad han operado como señas de identidad del Gobierno progresista que, durante la anterior legislatura, ha desarrollado una sólida estrategia socialdemócrata para hacer frente a los mayores desafíos»
La coalición de extrema derecha nacional, instalada ya en varias autonomías y con pretensiones de replicar el modelo a nivel estatal, se afana en resucitar viejos fantasmas identitarios y sedicentemente “culturales” (tradiciones arcaizantes, familia patriarcal, rechazo de la diversidad lingüística…) al tiempo que deslegitima (y cuando puede, restringe) los avances legales (reforma laboral, feminismo, memoria histórica…) y las conquistas sociales (sanidad pública, prestaciones redistributivas, derechos sindicales…) alcanzadas en los últimos años.
Por su parte, la derecha nacionalista periférica, a quien la aritmética electoral ha conferido una capacidad de presión muy superior a su representatividad real, condiciona al alza su eventual apoyo para la reedición del Gobierno progresista a la aceptación por éste de sus reivindicaciones territoriales (mayor autogobierno, reforma de la financiación autonómica…) e, incluso, la exención de responsabilidades legales (amnistía).
«el mapa político resultante del último ciclo electoral (autonómico y nacional) parece estar desplazando el eje del debate público (y, en su caso, de las políticas que del mismo se deriven) del ámbito social al cultural y territorial»
Ambos polos se retroalimentan generando dinámicas mutuamente excluyentes que amenazan con marginar de la conversación pública la agenda social, invisibilizando sus logros y complicando su necesaria continuidad.
Una legislatura de progreso
Tras la década perdida (2008-2018) que siguió a la gran crisis financiera, el triunfo de la moción de censura promovida por el PSOE contra el gobierno corrupto y reaccionario presidido por Rajoy inauguró una nueva etapa de cambio y progreso que, pese a la gravedad de las circunstancias adversas que hubo de enfrentar, presenta un notable balance de resultados en materia económica, laboral y de derechos, derivado del permanente diálogo social y parlamentario.
«El escudo social desplegado inicialmente frente a la pandemia y la posterior reforma laboral se demostró eficaz para proteger la economía y el empleo»
La política económica desarrollada (responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales modernizadoras) ha permitido no sólo superar la(s) crisis sino retomar la senda de crecimiento (creación de 150.000 nuevas empresas) que consolida el liderazgo de nuestro país como cuarta economía del euro (recuperación del PIB, control de la inflación, superávit en la balanza de pagos…) y hacerlo en clave socialmente inclusiva y transformadora del modelo productivo.
El escudo social desplegado inicialmente frente a la pandemia y la posterior reforma laboral se demostró eficaz para proteger la economía y el empleo (los ERTEs salvaron medio millón de empresas y 3,6 millones de puestos de trabajo en la fase más dura de la COVID), mejorar salarios y pensiones, ampliar la cobertura de las viejas y nuevas prestaciones sociales (seguro de desempleo e Ingreso Mínimo Vital) e impulsar una fuerte recuperación de la actividad productiva (creación de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo hasta alcanzar máximos históricos, con especial concentración en sectores y ocupaciones de mayor valor añadido), con la consiguiente reducción del paro y la temporalidad contractual.
La expansión de derechos ha sido igualmente importante, tanto en el ámbito laboral (teletrabajo, riders, empleadas domésticas, negociación colectiva…) como civil (igualdad de género, Ley del sólo sí es sí, educación, sanidad, vivienda, memoria histórica…), pese a la oposición reaccionaria y las pretensiones derogatorias de la derecha.
«La política económica desarrollada (responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales modernizadoras) ha permitido no sólo superar la(s) crisis sino retomar la senda de crecimiento (creación de 150.000 nuevas empresas)»
La resultante agregada de dichos procesos ha permitido avanzar en todos los indicadores de bienestar social y reducir los niveles de pobreza y desigualdad (del 10,7 al 7,7 por cien de la población con carencia material y social severa), en un contexto especialmente complejo.
«La expansión de derechos ha sido igualmente importante, tanto en el ámbito laboral como civil «
Para seguir avanzando
Con todo, resulta necesario continuar por la senda de la recuperación económica y del empleo, la justicia social y la consolidación de los nuevos derechos, lo que pasa por la continuidad del gobierno progresista para, superando los bloqueos y maximalismos nacionalistas, seguir avanzando en el proceso de modernización productiva (Plan de Transformación y Resiliencia, programas Next Generation) y desarrollo de la agenda social con el objetivo de alcanzar, en la próxima legislatura, un incremento medio de 3 puntos del PIB y culminar el alineamiento europeo de nuestro mercado de trabajo, reduciendo la tasa de paro estructural por debajo del 8% y a la mitad los actuales niveles de pobreza y exclusión social, conforme a los objetivos establecidos por la Agenda 2030.
«renovación del marco regulador de las relaciones laborales mediante la elaboración, a través del diálogo social, de un Estatuto del trabajo del siglo XXI»
Dicha hoja de ruta requiere, asimismo, la renovación del marco regulador de las relaciones laborales mediante la elaboración, a través del diálogo social, de un Estatuto del trabajo del siglo XXI que actualice, amplíe y desarrolle los derechos de las personas trabajadoras (con especial referencia a la igualdad entre mujeres y hombres), incorporando las nuevas realidades productivas, tecnológicas y sociológicas acumuladas en las últimas décadas, fortaleciendo los procesos de interlocución sindical y avanzando hacia la democracia industrial.
«Se trata, en definitiva, de potenciar la centralidad del trabajo en el debate»
Se trata, en definitiva, de potenciar la centralidad del trabajo en el debate público, promoviendo los valores inclusivos de justicia social e igualdad de género como fuente de legitimidad democrática y orgullo colectivo, superando por elevación las tendencias insolidarias del nacionalismo excluyente.
Crisis, pobreza y desigualdad: estado de la cuestión
Por Pere J. Beneyto
Se trata de problemas profundos de carácter estructural y efectos multidimensionales que, en el caso español, registran niveles superiores a la media europea, si bien estarían reduciéndose en los últimos años, gracias al escudo social desplegado por el Gobierno progresista, que ha operado como factor diferencial clave en la gestión de la crisis. Mientras que durante la gran recesión (2008-2015) el PIB experimentó una caída del 3,7 % y la tasa de pobreza aumentó en un 9,7 %, durante la crisis provocada por la COVID (2020-2021) ambas magnitudes siguieron pautas diferentes: fuerte reducción del PIB (-10,7 %) pero, tras el dramático shock inicial, una rápida recuperación no sólo frenó el aumento de la tasa de pobreza, sino que logró rebajarla (-2,5 %). La principal razón explicativa de dicha disparidad deriva de las diferentes agendas políticas aplicadas en ambos períodos para enfrentar las respectivas crisis económicas.
«la respuesta del Estado a la crisis originada por la pandemia tuvo una clara orientación contracíclica, destinada a proteger a la población más vulnerable y a sostener el sistema económico mediante el incremento del gasto público destinado a la protección de empresas y personas a través de los ERTE»
En el primer caso se optó por una estrategia procíclica, basada tanto en los recortes de gastos y servicios públicos (para intentar reducir la deuda y cuadrar las cuentas del Estado) como de los salarios de los trabajadores (con el pretendido objetivo de ganar competitividad de cara al exterior), lo que produjo efectos muy negativos sobre la población, especialmente la de rentas medias y bajas, con el consecuente incremento de la pobreza y vulnerabilidad de amplios colectivos sociales.
Por el contrario, la respuesta del Estado a la crisis originada por la pandemia tuvo una clara orientación contracíclica, destinada a proteger a la población más vulnerable y a sostener el sistema económico mediante el incremento del gasto público destinado a la protección de empresas y personas a través de los ERTE (garantizaron la continuidad de medio millón de empresas y el salario de 3,5 millones de trabajadores, 346.000 de ellos en la Comunitat Valenciana), el Ingreso Mínimo Vital (1,9 millones de beneficiarios, de los que 206.500 residen en nuestra Comunitat), el incremento del Salario Mínimo (+47 %) y la Reforma Laboral que ha contribuido decisivamente a la expansión cuantitativa y mejora cualitativa del empleo (20,9 millones de afiliados a la Seguridad Social y reducción a la mitad de la tasa de temporalidad contractual).
El despliegue inicial de dicho escudo social evitó que en 2021 un millón y medio de personas cayera en situación de pobreza (XII Informe EAPN) y su posterior mantenimiento y refuerzo (medidas de protección social frente a la crisis energética y los efectos de la guerra de Ucrania) consiguió reducir en otras 840.000 personas el volumen total de población española en riesgo de pobreza. Sin embargo, a pesar de dicha mejora, alrededor de 9.676.000 personas (el 20,4 % de la población de nuestro país) vive con ingresos inferiores al 60 % de la media, es decir de 10.088 euros/año para una persona y de 21.185 para hogares integrados por dos adultos y dos menores, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. El núcleo duro de la pobreza (población con carencia material y social severa) se redujo también del 10,7 % de 2014 al 7,7 % el año pasado, tras la recuperación post-covid y pese a la inflación reciente, que afecta proporcionalmente más a las rentas más bajas. Aun así, los números absolutos siguen siendo terribles: 3,6 millones de personas declaran sufrir privaciones y límites en al menos siete necesidades de una lista de 13 (comer carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos de hasta 800 euros, retrasos en el pago de hipoteca o recibos, cambiar ropa y zapatos, disponer de automóvil, irse una semana de vacaciones…). Especialmente significativo resulta, en estas fechas, el último de dichos indicadores: el 33,5 % de los hogares españoles (37 % en nuestra Comunitat) no puede permitirse salir de vacaciones.
« el análisis de las diferentes situaciones de pobreza en nuestro país se completa con el coeficiente de Gini que mide la evolución de la desigualdad y habría registrado, desde 2019, la mayor disminución (del 34,1 al 32) de las dos últimas décadas»
La situación es aún más dramática en los 527.800 hogares (el 2,7 % del total nacional, según la última Encuesta de Población Activa) que no perciben ningún ingreso procedente del trabajo, subsidio o jubilación, pese a que su número descendió durante la pasada legislatura en 143.000.
Finalmente, el análisis de las diferentes situaciones de pobreza en nuestro país se completa con el coeficiente de Gini que mide la evolución de la desigualdad y habría registrado, desde 2019, la mayor disminución (del 34,1 al 32) de las dos últimas décadas, confirmando así los efectos positivos del paquete de políticas sociales y laborales puesto en marcha a lo largo de la legislatura que ahora se cierra, así como la necesidad de su continuación para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 que fijan, para el final de la presente década, la reducción a la mitad de los actuales niveles de pobreza y exclusión social.
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Pere J. Beneyto Calatayud. Profesor titular de Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia (UV-EG), actualmente es director regional del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Comunidad Valenciana. Ha publicado: Trabajo y empresa (Tirant lo blanch, 2017), Reivindicación del sindicalismo, Bomarzo 2012; El asociacionismo empresarial como factor de modernización. El caso valenciano (1977-1997), Publicacions de la Universitat de València 2000; Afiliación sindical en Europa. Modelos y estrategias (2 tomos), Germania 2004.
El artículo “Continuidad de la agenda social” se publicó en El diario.es, Comunitat Valenciana 28 de agosto de 2023 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/opinion/continuidad-agenda-social_129_10469259.html
El artículo “Crisis, pobreza y desigualdad: estado de la cuestión” se publicó en Levante 30 de agosto de 2023. https://www.levante-emv.com/opinion/2023/08/30/crisis-pobreza-desigualdad-cuestion-91475915.html
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