El trabajo sin cadenas

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Por MAURIZIO LANDINI

Manifestación de trabajadores de SEAT, hacia 1979. ANC.fonsPSUC

Manifestación de trabajadores de SEAT, hacia 1979. ANC.fonsPSUC

“Pero ¿de verdad existen todavía las cadenas de montaje?” La señora no se lo podía creer. Son los días del referéndum requerido por Marchionne para imponer su organización del trabajo a la planta de Fiat-Mirafiori; en la televisión vuelven a verse las verjas de las fábricas y por eso los encuentros en el tren están llenos de sorpresas. Para una señora culta y de clase acomodada, que ha vivido durante mucho tiempo en Suiza y que ha vuelto a Italia hace poco, es sorprendente descubrir que todavía se trabaja igual que cuando ella tenía veinte años. Y aprovecha un encuentro casual para manifestar su sorpresa: “No siempre estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones,” me dice, “pero lo que quisiera preguntarle es si es verdad lo que he oído estos días en la televisión…” Y llega la pregunta sobre la existencia de las “cadenas”. Naturalmente, se lo confirmo: “Existen, señora, existen”.

El episodio es significativo de cómo en el imaginario colectivo, en el pensamiento común de la gente, se ha asentado una idea mitológica de la innovación y de la tecnología, como si hubieran desaparecido el trabajo humano y la explotación, como si los objetos que usamos cada día se construyesen por sí solos o en mundos lejanos y por eso poco interesantes. El estupor de la señora que redescubre la cadena de montaje es un ejemplo del pensamiento que se ha consolidado a lo largo de estos años, formando una vulgata que incide sobre las relaciones sociales y políticas a través de una realidad artificial que oculta y elimina el trabajo: cadenas mentales que suplantan las de hierro y acero, quizás hasta más rígidas que las de las líneas de montaje de Mirafiori. Si en la cultura de un pueblo desaparece el hecho de que la riqueza de un país la construye el que trabaja, estamos ante un histórico cambio de valores, ante un dislocamiento de la realidad que sumerge la vida de miles de personas, hace abstracta su condición material, desvanece su peso económico, anula su papel político y social y permite que la especulación financiera destruya lo que el trabajo construye. Los trabajadores se convierten en invisibles, tan irrelevantes como para ser acusados de su propia condición residual, de la que casi deberían avergonzarse, y esto pone de manifiesto los límites de los viejos y nuevos sistemas de información, basados frecuentemente más en  la enunciación que en el análisis de la realidad.


Los trabajadores se convierten en invisibles, tan irrelevantes como para ser acusados de su propia condición residual, de la que casi deberían avergonzarse


Una revolución cultural desde arriba ha eliminado el trabajo y ha ocultado a millones de personas, precisamente mientras crecía de forma exponencial, aumentando como nunca, el número de mujeres y hombres que en el mundo deben trabajar para poder vivir, es decir, de “productores” que —para usar una definición clásica— “incrementan directamente la riqueza de sus patronos”, dejando aparte si el “patrón” es una persona de carne y hueso, un mánager que se enriquece con las stock options, un accionista lejano o un fondo de pensiones. En teoría, los trabajadores asalariados del actual mundo globalizado tienen enormes potencialidades, porque si tomasen conciencia de lo que serían si se coaligaran, del peso que pueden tener y de lo que pueden representar, tendrían la fuerza como para cambiar sus propias condiciones.

Por el contrario, lo que ha ocurrido es que mientras el trabajo se expandía cuantitativamente en el mundo, se eclipsaba  política y culturalmente —sobre todo en el corazón de Europa—, y hoy se habla de él solo para describir su fragmentación, conseguida gracias a las nuevas tecnologías y a la deslocalización, a su vez derivada de la competencia internacional que persigue rebajar el coste del mismo. Y todo esto ha sido “asumido” como prueba para decretar la desaparición definitiva del trabajo humano. Se  ha arrebatado a las personas que trabajan el fundamento cultural de su poder de asociación, hasta el punto de no tener ya la posibilidad de discutir o participar en las decisiones que se toman para reorganizar las empresas o la economía.

La supresión del trabajo ha pasado y pasa todavía por el ataque a las conquistas que el movimiento obrero había obtenido —como el convenio nacional colectivo y los derechos contenidos en el estatuto de los trabajadores—, porque lo que hace la revolución liberal es decretar la libertad de despido y afirmar la idea de que ya no existen derechos universales garantizados para todas las personas, que el trabajo es ya ajeno a la ciudadanía, suprimiendo al ciudadano-trabajador para sustituirlo por la masa de ciudadanos-consumidores. Todos distintos y separados, aparentemente omnipotentes pero eternamente solos. Ha sido una operación política y, aún más, comunicativa, cultural, que ha creado una perspectiva muy radical, que ha estimulado, justificado y acompañado la desaparición de las instancias políticas que representaban el trabajo. Se ha teorizado que con la desaparición de la fábrica fordista clásica —muchos obreros concentrados en un único lugar— se extinguía también la posibilidad de una perspectiva autónoma del trabajo capaz de intervenir e incidir sobre las propias condiciones, y se ha puesto en discusión la existencia misma de unos intereses de los trabajadores claramente identificables, y, por tanto, la posibilidad de representarlos. El proceso de fragmentación y reorganización de la producción industrial se ha utilizado para afirmar el predominio absoluto de la empresa y de quien la gestiona, la dirección, que debía tener las manos libres para actuar más allá de las leyes, ya que organizaba sistemas complejos, delicados y—ellos sí— intérpretes de un nuevo interés general con el que identificarse. Y, por ello, esa dirección estaba mucho mejor remunerada, hasta el punto de incrementar su renta cuatrocientas veces más que la de uno de sus obreros. Todo para mostrar que el trabajo debe ser subalterno.

Decisivo para esta revolución desde arriba ha sido el cambio en la forma del poder capitalista y de su valoración, con el creciente peso adquirido por las finanzas respecto a la producción manufacturera. Uno de los elementos que ha roto el equilibrio entre el capitalismo y la democracia ha sido la libre circulación de capitales, que ha disminuido el papel de estados, partidos y organizaciones. Cuando una multinacional, de la noche a la mañana, puede decidir dónde colocar su dinero circulante por todo el mundo, llevándolo allí donde produce más beneficio y donde el trabajo cuesta menos, ocultándolo en paraísos fiscales —tal y como hacen las empresas más “modernas” como Google—, estamos ante un cambio de paradigma: mientras el capital es global, el trabajo no es ya ni siquiera local.


Una multinacional, de la noche a la mañana, puede decidir dónde colocar su dinero circulante por todo el mundo, llevándolo allí donde produce más beneficio y donde el trabajo cuesta menos


Si hay algo que he aprendido siendo sindicalista es que las condiciones de trabajo se pueden concertar mejor si la negociación tiene lugar allí donde se toman las decisiones. Cuando nos encontramos con que tenemos que abordar solo las consecuencias de decisiones ya tomadas en otras sedes —lejanas e inaccesibles— corremos el riesgo de vernos anulados y de que nuestra acción, en el mejor de los casos, sirva solo para reducir y limitar el daño.

Para negociar, para representar en todos sus términos al trabajo, hace falta tener la capacidad de interpretar los procesos que se han producido en los últimos treinta años. Nos hemos quedado enganchados a formas superadas, ilusionándonos con la idea de poder contener los daños de una fase de reestructuración como hubo tantas en el pasado, para después “volver a empezar”, sin comprender el carácter global y profundo de las transformaciones capitalistas, y permaneciendo terriblemente atrasados en el análisis de cómo se ha construido el proceso de trabajo, de cuál es la cadena productiva que se establece, de cuál es la composición del ciclo, de cómo cambian el trabajo y la empresa. Hemos llegado a la paradoja de considerar la proliferación de formas diversas de trabajo, esa precariedad que condiciona la existencia de toda una generación y que es uno de los elementos sobre los que se ha construido un nuevo modelo social y un nuevo modelo de  empresa, como si fuese un recurso natural que se puede gestionar sin demasiados problemas. Leyes específicas han institucionalizado después la precariedad, pero esta nace de la naturaleza del capitalismo, que muestra hoy su rostro más radical, al no encontrar obstáculos en la política o en el conflicto social, que es donde debe medirse con los intereses de los trabajadores. Los “nuevos trabajadores”, para crear “valor”, están obligados a poner a disposición de la empresa toda su existencia, sacrificando todo tipo de rigidez, hasta la más elemental y fisiológica: tienen horarios de diez, de doce horas, se “llevan a casa” el trabajo, se esfuerzan sin más límite que el de la tarea encomendada. Corren el riesgo de sentirse exprimidos ya a los cuarenta años, porque su “contribución” a la economía capitalista es verdaderamente total, implica el conjunto de su vida y de sus relaciones sociales. Y así, con esta precarización de masas —útil también para disciplinar y controlar al conjunto de las personas que trabajan—, ha aumentado enormemente el ejército de los que no tienen más alternativa que ser trabajadores por cuenta ajena: más allá de las fórmulas jurídicas que definen esta relación, lo sustancial es que quien no es libre de elegir ni de decidir cómo ganar el dinero para vivir está subordinado a otros.

Manifestación de trabajadores de SEAT, hacia 1979. ANC.fonsPSUC

Manifestación de trabajadores de SEAT, hacia 1979. ANC.fonsPSUC

Hoy el trabajo es una mercancía, la más global de las mercancías. Se intercambia, se vende, se compra por todas partes con modalidades y precios variables, siguiendo la ley del mercado. Ya no es posible concebirlo o valorarlo en clave nacional. Las producciones cambian de domicilio —no necesariamente van al Este o a China o donde el trabajo cuesta menos; alguna vez, cuando interesa, vuelven a los países de la primera industrialización—, y también los trabajadores se desplazan. Una internacionalización de la que deriva una precariedad universal. El coste de la mercancía-trabajo es totalmente variable según el valor añadido de las mercancías producidas y de las condiciones permitidas por la legislación de los países involucrados. En este círculo infernal, se estimula continuamente la competitividad entre trabajadores, mientras la fragmentación del ciclo productivo gestionado con la informática —que hace posible el control de todo un ciclo que ya no está concentrado en unos pocos lugares— mina el poder contractual de los trabajadores individuales. Se entiende así mejor la aparición de uno de los fenómenos más preocupantes de esta fase: el trabajo pobre, es decir, el descenso de la renta per cápita frente a una gran disponibilidad de “fuerza de trabajo libre” o, lo que es lo mismo, de parados.

Al enfrentar a mil millones y medio de personas sin derechos —que con tal de trabajar están dispuestos a hacer cualquier cosa— con quinientos millones de personas que sí tienen derechos, el capital es libre de actuar sin controles, mientras que el trabajo está desgarrado  por una competitividad interna que obstaculiza cualquier intento de acción colectiva y unitaria. En este contexto, el convenio nacional, nacido para poner límites sociales al mercado y fruto de las luchas sociales que lo impusieron a las empresas como compromiso social y económico, está hoy puesto radicalmente en discusión. La desproporción en la correlación de fuerzas es evidente y la acción contractual en solitario no es capaz de afrontarla.

Necesitamos una nueva relación entre ley y negociación  colectiva. Los salarios mínimos definidos en el convenio nacional podrían llegar a ser la referencia para decretar un salario mínimo por hora. Necesitamos un derecho a la formación permanente. Necesitamos una ley sobre la representación y validez erga omnes de los convenios colectivos. Necesitamos una dimensión europea de la acción sindical. Necesitamos el derecho de conocer y discutir previamente las decisiones estratégicas de las empresas y los modelos organizativos del trabajo que se quieren adoptar. Y es aquí donde debe comparecer la política, que tiene que volver a representar los intereses de las personas que trabajan. Precisamente en estos años en que hemos asistido a una redistribución mundial de la riqueza en demérito del que trabaja, con una concentración jamás vista antes de la riqueza y del poder financiero en manos de unos pocos.


Necesitamos una nueva relación entre ley y negociación colectiva. Necesitamos un derecho a la formación permanente. Necesitamos una dimensión europea de la acción sindical


Desde los años ochenta hasta la última gran crisis económica, estos desequilibrios, estas enormes injusticias, se han ocultado o aceptado porque el trabajo crecía y su oferta no disminuía —aunque fuese en la forma degradada del precariado— y porque, sobre todo en Estados Unidos, y también en Europa, se consolidó la idea de que uno se podía endeudar mientras el dinero circulase. Hoy ese modelo ya no se sostiene, el trabajo escasea, y cuando lo hay se realiza en condiciones degradantes.

También en Europa, y en Italia, hay personas que trabajan a 2, 3, 4 euros la hora, en algunos casos de forma totalmente legal. El incumplimiento de los convenios nacionales de trabajo y la ausencia de una legislación que frene los abusos, hacen que proliferen las empresas que operan solo gracias a condiciones de trabajo intolerables.

Un caso ejemplar es el de la logística y el tráfico de mercancías. Hoy día las empresas no almacenan, porque lo consideran un coste improductivo. El componente debe llegar y ser entregado por la empresa suministradora en el momento justo, aumentando de esta forma el volumen de trabajo de la logística, sobre la que se cargan los costes de almacenamiento. Es una parte de trabajo industrial que antes estaba incorporado a la empresa, especialmente a la gran empresa. Hoy, a pesar de que estas externalizaciones, estos suministros,  están al servicio de una empresa “madre”, que de hecho controla y decide, los empleados no tienen ninguna relación directa, ni laboral ni jurídica, con quien decide los tiempos y el precio de su trabajo. Tiempos y precio cuyos costes se someten a sucesivas rebajas que empeoran la calidad del trabajo. Todo ocurre en la opacidad más absoluta, frecuentemente en la ilegalidad total. Ni dios sabe cómo se trabaja en la proliferación actual de falsas cooperativas que abren y cierran pasándose los mismos trabajadores, la mayor parte inmigrantes forzados a aceptarlo.

De esta manera el principio fundamental, contenido en la Constitución, por el que a igualdad de trabajo y tareas debe corresponder igualdad de derechos y retribución, ha desaparecido hoy, y está anulado por la actual organización del trabajo en la avanzada Europa. Esta se ha sustentado en la moneda única sin abordar nunca el problema de la unidad social, sin pensar que era necesario hacer de los derechos sociales uno de los criterios de selección para la adhesión a la Unión, reforzándolos  así en todos los estados adherentes. Estamos ante un descenso de los sistemas de  protección también en los países en los que estos habían sido conquistados. Con la ampliación hacia la Europa del Este —donde no hay ni sanidad ni seguridad social públicas, y la negociación prácticamente no existe— ha aumentado la presión para recortar los sistemas de protección y se pone en discusión la existencia del Estado social y de la negociación  colectiva. Un ejemplo de este dumpin de los derechos sociales son los llamados contratos de “deslocalización”, gracias a los cuales una empresa europea puede abrir una filial en el tercer mundo y a través de ella conseguir una contrata o adjudicarse un encargo en Europa, empleando personas no con las condiciones del país donde se desarrolla el trabajo sino con salarios y normas del país donde tiene la sede esa filial. De esta forma, en la obra de un edificio alemán o en un astillero italiano se paga a los obreros como si fuera una obra birmana o un obrero bengalí. Una buena ayuda para las empresas. Mucho menos para las personas que tienen necesidad de  trabajar para vivir.

Hay que poner freno a estas empresas, no pueden seguir considerando que la vida de las personas está a su disposición, empezando por el tiempo; así ocurre por ejemplo con la tendencia a aumentar el horario individual de trabajo, incluso cuando el tiempo global de trabajo requerido disminuye y, en consecuencia, crece el desempleo. Sin embargo, es precisamente en estas fases de crisis cuando el trabajo debería ser repartido, reafirmando el objetivo de la reducción del horario, debería ser cualificado y debería dejar de identificarse como un problema puramente cuantitativo, ligándolo a la calidad de vida de las personas. No se trata de una reducción igual para todas las formas de trabajo sino de una reducción que tenga en cuenta las diferencias, los trabajos más penosos desde el punto de vista físico, porque ponen en riesgo la integridad de las personas, o como los dedicados al cuidado de las personas, porque se ocupan de la salud de los demás. Para estos trabajadores, jubilarse tras cuarenta años de actividad no es un privilegio sino un derecho.


Plantearse el problema del modelo de desarrollo y producción, volviendo a abrir una discusión sobre qué significa en estos momentos el trabajo y la calidad del mismo, qué y cómo se produce, y con qué sostenibilidad ambiental


Cuando se conquistaron las 8 horas de trabajo, de manera muy eficaz se decía 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir, 8 horas para descansar. Hoy, en la sociedad del conocimiento, se podría decir 8 horas a la semana para la formación y el estudio, y para una mejor utilización de los recursos, a cambio de la reducción de los horarios individuales y de la redistribución del trabajo para eliminar la precariedad y el desempleo.

No hay soluciones simples y buenas para todos los casos, pero hay que plantearse la cuestión de la reducción del horario de trabajo, porque una sociedad democrática debe perseguir el pleno empleo como horizonte sobre el cual construir un modelo de cohesión social que pueda funcionar en un mundo global. No es aceptable someterse a la actual tendencia, que lleva a un aumento del horario individual, precisamente en una Europa que ha alcanzado ya veinticinco millones de parados.

Sobre estas cuestiones, sobre las condiciones en las que trabaja la gente y sobre la pérdida de libertad en la gestión del tiempo de la propia vida, los sindicatos van con retraso, igual que las fuerzas políticas que se dicen o que deberían ser alternativas al liberalismo. Un retraso que hay que recuperar o, de otro modo, palabras como izquierda, progresista, socialdemócrata o simplemente democrático perderán su significado.

Superar la pérdida de importancia del trabajo y volver a darle prioridad hoy no significa revitalizar viejas ideologías obreristas acerca de una transformación de la sociedad siempre aplazada hasta no se sabe qué lejano día, sino enfrentarse con el modelo liberal y construir una alternativa inmediata, al menos sobre dos puntos decisivos. Por un lado, que la redistribución de la riqueza invierta la tendencia de los últimos treinta años; por el otro, plantearse el problema del modelo de desarrollo y producción, volviendo a abrir una discusión sobre qué significa en estos momentos el trabajo y la calidad del mismo, qué y cómo se produce, y con qué sostenibilidad ambiental. Y, a través de estos dos puntos, luchar contra el mal social de nuestra época, la precariedad, a fin de permitir que las personas elijan un trabajo en el que les sea posible realizarse. Naturalmente hacen falta recursos, un sistema de normas, decisiones legislativas, pero los elementos esenciales son indiscutibles y representan una revolución cultural que nace de la exigencia de justicia y de cambio.

Cuando se sitúa el trabajo en el centro de la reflexión no se trata solo de dar alguna clase de protección a los precarios, algún subsidio social, o de restablecer algunos derechos usurpados. Hay que reafirmar la necesidad de un modelo social distinto, cambiando las relaciones de fuerza y defendiendo la justicia -y por consiguiente  la intervención del estado en la economía, leyes que limiten la circulación de los capitales y el peso de las finanzas-, o no habrá solución y solo quedarán las reacciones emotivas. La idea de que una persona sea pobre a pesar de trabajar nos genera rabia, nos cabrea, pero si no se encuentran soluciones, un horizonte por el que luchar, solo quedan la rabia y el cabreo. Lo que está ocurriendo hoy.

En realidad la cadena de montaje, sobre cuya existencia se interrogaba la señora con la que me encontré en el tren, no solo existe todavía sino que se ha hecho mucho más larga, se ha extendido fuera de la fábrica. El modelo de funcionamiento de las empresas no ha cambiado mucho en estos años de globalización y liberalismo. Hablar de superación del taylorismo es un disparate. Ni siquiera en las empresas de los países más avanzados y ricos se ha planteado el problema de superar la cadena de montaje como forma dominante del proceso productivo. Si acaso se ha puesto al día tecnológicamente, es más flexible y está integrada por sistemas totalizadores—sobre todo, el just in time de Toyota—, de tal modo que extiende a todo el ciclo el objetivo de máxima utilización de las capacidades y del trabajo humano, desde los suministros hasta los sistemas de medición más recientes, el wcm y el ergo-uas, que hacen más intenso el trabajo y aumentan ritmos y fatiga. Incluso en los call center encontramos una organización taylorista del trabajo: mientras que antes el control de tiempos solo afectaba al trabajo obrero, hoy día también el trabajo de empleados y técnicos se fracciona y gestiona con sistemas tayloristas. No es cierto que se hayan consolidado otros modelos de organización del trabajo; el sistema industrial de producción —no solo de bienes materiales sino también inmateriales— sigue siendo el clásico, que se ha extendido también a los servicios y ha aumentado la explotación del trabajo. Lo que se ha desmantelado es el modelo fordista, el papel “social” de la empresa, la necesidad que tiene esta de alcanzar un compromiso  con el trabajo. Por eso el trabajo cada vez se paga peor, ya no está garantizado y los trabajadores no tienen ya aseguradas las garantías que se derivaban del intercambio entre trabajo y cobertura social.

Todo esto a causa de una competencia, que frecuentemente se centra más en el coste que en la calidad de las producciones, y a una fracasada oposición a este modelo, porque —según la habitual vulgata de las últimas décadas— el mercado debía autorregularse, sin límites que obstaculizasen su libre desarrollo, sin intervención política de los estados. El objetivo era anular el conflicto de modo y manera que el capital pudiera moverse libremente, con el resultado de incrementar la competitividad entre los trabajadores. Así, un metalúrgico alemán —que hoy es el mejor pagado de Europa— no está en absoluto dispuesto a defender al metalúrgico griego, el cual, a su vez, se siente amenazado por el que vive peor que él, y vende su propio trabajo a un precio más bajo: esta es la verdadera cadena sin fin. Si no se sale de esta competitividad sin límites no hay futuro para el que trabaja, y por eso el análisis no puede tener el horizonte de un determinado sector productivo, ni de una nación. La batalla debe ser global en sus planteamientos y al menos en el terreno de la acción debe tener nivel europeo, para acabar con este dumpin, para construir una Europa fundamentada en principios de justicia que hoy día no existen.


Europa expresa todavía -incluso con sus contradicciones- el modelo basado en la mediación entre capital y trabajo que permitió el nacimiento de un Estado social, es decir, la idea de que existen unos derechos universales


No hace falta un referéndum sobre el euro para saber que la gran cantidad de diferencias y disparidades presentes en el viejo continente amenazan con hacer saltar la Unión incluso antes de que esta exista de verdad. De ahí la necesidad de una batalla social, también de los sindicatos, para edificar una Europa basada en vínculos sociales y capaz de afrontar las dificultades del trabajo. Es un horizonte impuesto por la globalización, y la dimensión europea es el nivel mínimo para poder abordarlo. Porque Europa expresa todavía -incluso con sus contradicciones- el modelo basado en la mediación entre capital y trabajo que permitió el nacimiento de un Estado social, es decir, la idea de que existen unos derechos universales: la salud, la educación, una pensión digna. Se trata de comprender si queremos luchar por reafirmar esta idea europea nacida en el siglo XX y volver a los principios de su Carta constituyente —enunciados pero nunca realizados— o resignarnos a la hipótesis de que Europa represente en el mundo lo contrario de lo que ha sido.

Hoy forman parte de la Unión 28 estados, pero esta ampliación de la UE se ha producido sin una adecuada dirección y gestión del proceso de unificación. De tal modo que ha creado muchas incertidumbres y dificultades que hoy, ante la crisis económica, se manifiestan cada vez de manera más acentuada.

Por eso es necesario reducir los plazos de una nueva unión, para lograr una Europa de los pueblos que dé más poderes al Parlamento europeo, con el compromiso de que las decisiones que se adopten sean respetadas por todos los países miembros; hay que pasar de la Comisión europea a un verdadero gobierno, con su mayoría parlamentaria, capaz de dar vida a una política exterior, económica y financiera que represente los intereses de todos los pueblos de Europa, y que actúe en defensa de los derechos de los trabajadores y de todos los ciudadanos.

Antes, hacer sindicalismo significaba relacionarse con un horizonte y unos parámetros precisos. Entre inflación y salarios, la cuestión se centraba en cómo recuperar, y cuánto, el poder adquisitivo; era sobre todo un problema de voluntad política. Hoy vivimos con la prima de riesgo al cuello y, para muchos, ella se ha convertido en el único criterio para tomar decisiones. La retórica de la prima de riesgo pone en evidencia el predominio de las finanzas sobre la industria, sobre la economía real y sobre la cada vez más limitada soberanía de los estados. Esta última, sin embargo, no es resultado de una condición de naturaleza indiscutible, es producto de decisiones concretas, de un vacío de la política; porque, empezando por Estados Unidos, son las finanzas y sus lobbies  los que tienen la fuerza para imponer las decisiones a los gobiernos, condicionándolos a su favor, hasta el punto de modificar las leyes para permitir la máxima libertad a los capitales. Mientras no se les corten las alas a las finanzas, con una política que vuelva a tener una dimensión general en la que el principio de igualdad sea estratégico, que se plantee redistribuir la riqueza e impedir las especulaciones financieras, seguiremos siendo súbditos impotentes de la prima de riesgo y ni la empresa ni el sistema industrial podrán nunca recuperar función social alguna.

La batalla se juega en Europa, en un territorio mucho más amplio que aquel al que estábamos acostumbrados hasta hace poco; una batalla que pone en cuestión en su totalidad el modelo de desarrollo, y de la que hay que partir para alcanzar un objetivo de carácter general, que implique a toda la sociedad y a todos los organismos, políticos, sociales y económicos. Vivimos en un mundo dotado de gran capacidad productiva —quizás hasta mayor de la que precisamos—, tan grande como para necesitar un cambio de enfoque: debemos preguntarnos de qué productos tenemos verdadera necesidad. Para el movimiento obrero es una novedad plantearse el problema de crear productos que no pongan en riesgo el futuro del planeta. Es un aspecto más al que hacer frente: no hemos conseguido todavía redistribuir de manera más justa la riqueza —al contrario, hemos padecido y con frecuencia aceptado un retroceso—, y estamos ya  obligados a discutir la calidad y las formas con las que esta riqueza consume energía y transforma los recursos en productos.


Para medir la economía o el bienestar el único índice no puede ser ya el PIB, que riqueza y desarrollo se valoran también por la protección del territorio, por la calidad de la asistencia sanitaria y educativa, por la producción cultural


Es una revolución que no se agota con la introducción de alguna nueva tecnología limpia en la industria manufacturera tradicional. El cambio debe realizarse antes, constatando, por ejemplo, que para medir la economía o el bienestar el único índice no puede ser ya el PIB, que riqueza y desarrollo se valoran también por la protección del territorio, por la calidad de la asistencia sanitaria y educativa, por la producción cultural. La pésima política de estos años ha llevado a la reducción de los servicios para los ciudadanos y al empobrecimiento de la identidad cultural de Italia.

Son aspectos generales, que conciernen a todos los protagonistas de la actividad pública, también al sindicato, al menos porque las empresas, por sí solas, no tienen capacidad para afrontar tal cambio de paradigma. Tanto menos pueden hacerlo las finanzas, que no tienen ninguna necesidad de ello, ya que razonan con el filtro del beneficio inmediato, que se compagina mal con un cambio costoso y comprometido.

Esa necesidad y ese interés son nuestros, porque nosotros pagamos los costes del actual modelo de desarrollo. La simple lógica del beneficio no impulsa el cambio necesario; por eso hacen falta una nueva intervención pública en la economía y un diálogo nuevo y abierto entre capital y trabajo sobre el que construir un nuevo contrato social. Europa es el lugar donde afianzar todas estas cuestiones.  Los valores fundamentales de las fuerzas políticas dispuestas a marcar el nuevo rumbo no hace falta inventarlos ex novo. Existen, y es por la confrontación con ellos por lo que las palabras derecha e izquierda tienen todavía un significado claro, resolutivo, vuelven a identificar relaciones sociales y modelos distintos y diversos entre ellos. Pero para dejar claro y evidente todo esto, hace falta una verdadera sacudida, una praxis que dé credibilidad a la democracia, no solo a las palabras.

 

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Maurizio Landini es secretario general de la FIOM-CGIL italiana. El texto que presentamos corresponde al capítulo segundo de su libro Forza lavoro (Ed. Feltrinelli, 2013). A efectos de una mayor concisión, se han descartado del original algunos párrafos referidos exclusivamente a la situación de su país. La traducción es de Javier Aristu y Trinidad Durán.