Por Bruno Estrada
Entrada zapatista a la Ciudad de México (1914)
¿Por qué se está volviendo a poner en la agenda política la Democracia Económica?
Después de la crisis financiera de 2008, la peor del sistema capitalista desde 1929, una parte importante del espacio de la izquierda, principalmente en el mundo anglosajón -el Partido Laborista bajo el mandato de Jeremy Corbin en el Reino Unido y un porcentaje elevado del Partido Demócrata aglutinado en torno a Bernie Sanders en EEUU-, decidió que era hora de pasar a la ofensiva, después de estar décadas acorralados por la ofensiva de los latifundistas de capital para privatizar la política, cuya punta de lanza fue el persistente ataque neoliberal para jibarizar el Estado de Bienestar y demoler los sindicatos.
Desde los años ochenta las organizaciones sociales y los partidos progresistas han tenido una actitud política meramente defensiva. Su principal preocupación fue conservar lo alcanzado en luchas anteriores -los derechos conquistados en las batallas del siglo XX, negociación colectiva, derechos laborales, sanidad, pensiones-, oponerse al retroceso de las políticas redistributivas, pero fueron incapaces de establecer escenarios de nuevos derechos, de proponer nuevas utopías cercanas.
Desde los años ochenta las organizaciones sociales y los partidos progresistas han tenido una actitud política meramente defensiva. Su principal preocupación fue conservar lo alcanzado en luchas anteriores
En algunos casos esa posición de la izquierda vino determinada por una auto-rendición ideológica –como fue el experimento de la Tercera Vía-, en otros por incapacidad de conectar con nuevas generaciones de trabajadores al seguir proponiendo soluciones caducas, como la estatalización de la economía. El mayor éxito del poder económico es conseguir que no se hable de lo que no le interesa, pero considerar que las injusticias y la desigualdad son algo natural nos retrotrae a un esquema mental colectivo anterior a la Revolución Francesa.
Para hacer frente al persistente aumento de las desigualdades, a la precarización de una parte creciente de las clases medias y trabajadoras y a la normalización de ganancias exponenciales de los más ricos, la izquierda política y social comprometida con la transformación del mundo, la que quiere disputar la hegemonía cultural a la derecha, ha hecho una apuesta por repensar la economía desde la democracia.
La democracia económica es una propuesta plenamente coherente con los dos principales pilares del pensamiento y la acción política progresista, que están profundamente interrelacionados: uno colectivo que es buscar una sociedad con mayor equidad social, el otro individual que es incrementar la cantidad de libertad de cada trabajador, de cada ciudadano. Tal como expresó Rudolf Meidner, uno de los principales ideólogos de los Fondos de Inversión Colectiva de los Trabajadores que se implantaron en los años ochenta en Suecia: “el poder sobre las personas y sobre la producción pertenece a los propietarios de capital. Si no privamos a los capitalistas de su propiedad absoluta sobre el capital, nunca podremos cambiar los cimientos de la sociedad y avanzar hacia una verdadera democracia económica”.
No obstante, hay que partir de la consideración que democratizar la economía no es sinónimo de incrementar el porcentaje de capital público en ella. La democracia, que desde finales del siglo XIX ha sido el gran catalizador de la modernización de las sociedades occidentales, no debe circunscribirse al ámbito político, sino que debe ser inoculada a las células básicas de la economía, que son las empresas, para modernizarlas y lograr una distribución más equitativa de la riqueza.
Al introducir una dimensión más democrática en las estructuras de la economía y resituar el papel de los trabajadores en la empresa, más allá de la ampliación del alcance y de la práctica de la negociación colectiva, se incorporan a la agenda política propuestas de cambio estructural del sistema productivo que permiten combatir y corregir las desigualdades primarias, las que se dirimen en el conflicto entre capital y trabajo.
La cuestión más relevante para generar sociedades más equitativas y libres no es la forma de distribuir los bienes y servicios producidos, si a través del mercado o fruto de la planificación centralizada, sino la propiedad de las empresas. Y el instrumento más útil para ello es la creación de sólidos espacios de “capital colectivo” en las empresas (propiedad colectiva de acciones por los trabajadores), ya que ello ensancha la base de la democracia en ellas y, por tanto, moderniza la economía y la sociedad.
En España hay que recordar que tenemos importantes experiencias de participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas públicas desde hace tres décadas, a partir del acuerdo firmado en 1993 entre CCOO, UGT y el Instituto Nacional de Industria-Teneo que aún está vigente. Pero no así en el sector privado, más allá del mundo cooperativo en el que tiene una gran importancia el Grupo Mondragón.
No obstante, merece la pena recordar que, en 2002 Ramón Jauregui, entonces diputado del PSOE, presentó ante el Congreso de los Diputados una desarrollada Proposición de Ley que regulaba el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en las empresas. Al finalizar la legislatura la propuesta declinó sin llegar al pleno y no volvió a presentarse.
En la misma línea han tenido lugar varias iniciativas parlamentarias planteadas por Unidas-Podemos (UP) en este periodo legislativo. En 2021 Roberto Uriarte, diputado de UP, presentó varias enmiendas a la Ley de Sociedades, cuya reforma se estaba discutiendo en el Congreso de los diputados, para fomentar la entrada de los trabajadores en el accionariado de las empresas cotizadas. Asimismo, a principios del presente año presentó una Proposición No de Ley (PNL) que planteaba el impulso de una legislación sobre la participación de los trabajadores en la gestión de las grandes empresas. Tampoco hay que olvidar que en 2018 se aprobaron por unanimidad en el parlamento vasco y navarro sendas PNLs sobre el “modelo inclusivo participativo de empresa”.
Por último, el 27 de abril de este año la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz y su homólogo alemán, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Hubertus Heil, firmaron una Declaración de Intenciones que profundiza y fortalece la cooperación bilateral en materia sociolaboral, y en la que se “reitera el interés tanto por parte de España como por parte de Alemania de (…) intercambiar experiencias en torno a la democratización en la toma de decisiones de las empresas”.
Por todo ello, en la Plataforma por la Democracia Económica (PxDE) hemos considerado que este era el momento para pedir la colaboración de significadas personas vinculadas al derecho del trabajo, al derecho mercantil, a la economía, la tecnología, el sindicalismo y la política, para que pusieran en común sus reflexiones sobre la participación de los trabajadores en las empresas desde sus respectivos ámbitos de estudio y/o acción política y social. Y fruto de ello es este libro colectivo ¿Una empresa de todos?, impulsado por la Plataforma, y en cuya edición ha colaborado FEVECTA (Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado), cuya coordinación ha recaído en José Ángel Moreno Izquierdo y en mí.
En este libro ha participado Ignacio Muro, que aporta una sólida y excelente introducción que nos conduce a una conclusión fundamental: “La convergencia de esfuerzos de Estados emprendedores hacia la transformación digital y medioambiental nos coloca en un entorno cambiante, de alta movilidad tecnológica, en el que el valor de una compañía dependerá cada vez mas de su capacidad para capitalizar su conocimiento interno, su inteligencia colectiva“. Carlos García de Andoain nos ofrece una reflexión sobre la perspectiva ética y antropológica de la cooperación. Asimismo, otros artículos hacen una valoración de las experiencias más avanzadas y conocidas en la Unión Europea (Gómez Gordillo, Sánchez Pachón, Otxoa-Errarte), y particularmente de la experiencia alemana (Sara Lafuente). Se hace también presente la experiencia española que supone el Grupo Mondragón (Marcos de Castro).
De especial actualidad y complejidad es la contribución de Gema Galdón y Héctor Ortega sobre digitalización y participación del trabajo. Ya que nos señalan con contundencia que la digitalización y la gestión algorítmica deshumanizada hacen más perentoria y urgente la participación de los trabajadores para evitar retrocesos en derechos básicos de las personas y prevenir el hecho de que la aplicación generalizada de sistemas automatizados en las empresas, finalmente, generan una gestión muy ineficiente.
Desde una reflexión política plenamente actual Toni Ferrer (PSOE), Joan Carles Gallego (Comunes) y Roberto Uriarte (Unidas-Podemos) coinciden en dos puntos muy relevantes:
- La participación de los trabajadores, que se encuentra recogida en el artículo 129.2 de la Constitución Española, no ha sido desarrollada normativamente.
- Es necesario impulsar, mediante el consenso político y el diálogo social, la regulación legal de los derechos de participación de los trabajadores en las empresas que reconoce la Constitución.
Particularmente quiero llamar la atención sobre el texto “Co-determinación y eficiencia económica” que han aportado Vicente Salas y Emilio Huerta al libro. En él ponen el foco en la observación de que en sociedades y economías avanzadas la participación de los trabajadores en la empresa tiene sentido, no solo por razones morales o distributivas, sino por pura eficiencia económica. Para ellos existe un claro vínculo entre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en el gobierno de la empresa y los elevados índices de la productividad y competitividad de una economía, en términos agregados.
Los países de la UE con mayor grado de desarrollo de mecanismos de participación de los trabajadores en la empresa desde hace mucho tiempo (Dinamarca, Finlandia, Austria, Suecia y Alemania) tienen una productividad (PIB por hora trabajada según la OCDE) muy por encima de la media de la zona euro, de la UE-27, de la OCDE, e incluso del G-7 (en este caso excepto Finlandia).
Productividad y competitividad de los países con sistemas con mayor participación de los trabajadores 2020
| Países o grupo de países | Productividad 2020(PIB por hora trabajada en $) | Competitividad según WEF 2019 |
| Dinamarca | 75 | 10 |
| Suecia | 71 | 8 |
| Austria | 70 | 21 |
| Alemania | 68 | 7 |
| Finlandia | 62 | 11 |
| G-7 (2020) | 65 | |
| Area euro (2021) | 60 | |
| UE-27 (2021) | 55 | |
| OCDE (2020) | 54 | |
| España (2021) | 51 | 23 |
Fuente: OCDE.
Asimismo, en 2019 según el Índice Global de Competitividad 4.0 del Foro Económico Mundial de Davos (WEF en sus siglas en inglés) cuatro de estos cinco países estaban entre los once más competitivos del mundo en 2018, y Austria que aparece algo descolgada sigue estando en posiciones elevadas, en el puesto 21. España está en el número 23, y en términos de productividad muy por debajo de todos ellos, de la media del G-7, de la zona euro, de la UE-27 y de la OCDE. Todos estos países, incluida España, están en el grupo de las treinta economías desarrolladas que el World Economic Forum (WEF) define como economías cuya competitividad está “dirigida por la Innovación”, aunque nuestro país está en las posiciones de cola. En estas economías la innovación tecnológica, la globalización y la extensión del sector servicios han convertido al trabajo no cualificado en un factor de producción secundario, cediendo el protagonismo al talento.
En un creciente número de empresas de estos países “dirigidos por la innovación” la mejora de la competitividad depende de la capacidad de su capital organizacional para movilizar el capital humano y convertir, así, muchas ideas innovadoras en servicios y productos de alto valor añadido, en bienes superiores1. Por eso en este tipo de empresas, compuestas esencialmente de capital humano, está plenamente justificado también desde el punto de vista de la eficiencia económica, el incremento del poder de decisión a los trabajadores, ya que su principal preocupación es la maximización del valor de su capital humano.
Asimismo, de forma paralela e interrelacionada en estas economías “dirigidas por la innovación” las empresas están sufriendo transformaciones estructurales de forma que sus activos intangibles (información, conocimiento, creatividad, reputación, confianza, capital humano especifico, capital organizacional, etc.) son cada vez más relevantes para lograr incrementos de productividad, mientras el capital tangible (máquinas, equipos, instalaciones, edificios, terrenos, elementos de transporte) va reduciendo su importancia.
Ya que un número creciente de empresas de estos países son capaces de movilizar a su capital humano para desarrollar innovadoras “tecnologías de comercialización” que crean valor de “obra de arte” para sus productos y servicios, desarrollando una suerte de “neo-artesanado industrial”. De esta forma, gracias también a un reparto más equitativo de la riqueza, en estos países los mercados de bienes superiores se han extendido a multitud de bienes y servicios que consumimos habitualmente: lavadoras, coches, zapatillas, vacaciones, formación, telefonía móvil, ropa, restauración, etc.
«Por tanto, la forma de gobierno que elija una empresa, jerárquica o basada en la cooperación y participación de los trabajadores, es una cuestión que tiene gran elevancia para su eficiencia presente y futura. Y, como indican de forma reiterada en sus estudios los catedráticos de economía Vicente Salas y Emilio Huertas, hay una profunda interrelación entre cómo se gobierna una empresa, mediante sistemas más cooperativos o más autoritarios, con mayor o menor poder de decisión de los trabajadores, y la estrategia de competencia que elige, sea por diferenciación e innovación o por eficiencia en el uso de los factores productivos.
Visto desde una perspectiva inversa, como ha puesto de manifiesto el premio Nobel Joseph Stiglitz, un grave peligro para las economías “dirigidas por la innovación” es que algunas actuaciones públicas, como la desregulación laboral para propiciar una devaluación salarial, generen una descapitalización del capital humano, lo que tendrá consecuencias muy graves para su productividad y capacidad competitiva y empobrecerá al conjunto del país. Ante esas medidas muchos trabajadores cualificados emigran a otros países que sí reconocen su valía profesional, como ha pasado en España en la última década.
En este sentido son preocupantes los datos que en 2019 aportaba el propio World Economic Forum (https://es.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019/) para España, si bien es cierto que son datos anteriores a la nueva legislación laboral aprobada en 2022. Así, estábamos en el puesto 61 en cuanto a eficiencia del mercado de trabajo; en el puesto 44 en relación con los derechos de los trabajadores; en el 73 en cuanto al grado de cooperación entre empresarios y sindicatos; y en el 92 en la relación entre salarios y productividad.
Asimismo, los indicadores de Cultura de Gestión Empresarial del WEF (delegación de autoridad, crecimiento de empresas innovadoras, actitud ante el riesgo empresarial) nos situaban en el puesto 85, mostrando el importante déficit organizacional de muchas empresas españolas que está lastrando nuestra competitividad y productividad global.
Como concluye el informe WEF, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa y el contrapeso que ello supone a la concentración de poder en los accionistas, que solo buscan maximizar el valor de la acción, contribuye además a generar mayor confianza dentro de las empresas, a incrementar la satisfacción de los trabajadores, a fomentar la inversión en capital humano específico, a compartir información y delegar poder de decisión en el puesto de trabajo. En definitiva, alentar la democracia en la empresa incrementa los activos intangibles que mejoran la productividad empresarial en economías “dirigidas por la innovación”.
la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa y el contrapeso que ello supone a la concentración de poder en los accionistas, que solo buscan maximizar el valor de la acción, contribuye además a generar mayor confianza dentro de las empresas, a incrementar la satisfacción de los trabajadores, a fomentar la inversión en capital humano específico, a compartir información y delegar poder de decisión en el puesto de trabajo.
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Bruno Estrada López. Economista. Presidente de la Plataforma por la Democracia Económica y coordinador de la Secretaría General de CC.OO. Ha escrito 1968, el año de las revoluciones rotas (Catarata, 2022), 20 razones para que no te roben la historia de España (Catarata, 2019), La Revolución Tranquila (Bomarzo, 2018) y junto a Gabriel Flores y otros autores (eds.), Repensar la economía desde la democracia (Catarata y 1º de Mayo, 2020) y ha participado en el texto Conciencia de clase, historias de las comisiones obreras (Catarata y 1º de Mayo, 2020); y también con otros autores en Qué hacemos con la competitividad (Akal, 2013).
La referencia del texto: José Ángel Moreno Izquierdo y Bruno Estrada López (coords.) (2022) ¿Una empresa de todos? La participación del trabajo en el gobierno corporativo. Madrid, Plataforma por la Democracia Económica y Libros de la Catarata. El contenido on-line del libro ¿Una empresa de todos? se puede descargar en este enlace: https://democraciaeconomicablog.wpcomstaging.com/2022/05/17/quieres-descargarte-en-pdf-una-empresa-todos/
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Los bienes superiores son aquellos en los que su consumo no está limitado por el incremento de su precio, ya los consumidores aceptan que el precio es la señal más potente sobre su calidad, que las más de las veces es intangible (valorización de marca, diferenciación de producto).
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