Por ANTONIO J. SÁNCHEZ
No puedo darte un solo céntimo, amigo mío; pero pídeme todas las promesas que quieras y te complaceré gustoso.
Cuentos de Yehá nº 3161
Cuando en mayo de este año el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Presidente de la Junta, planteó crear una Comisión sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía a causa de la Pandemia de la Covid-19 se suscitó una fuerte polémica al asignar su presidencia a Vox, un partido que ha cuestionado las Autonomías. El rechazo a la asignación a Vox de la presidencia de la Comisión por el PSOE y Podemos tuvo como inmediata consecuencia su autoexclusión de la misma, decisión probablemente no muy coherente con la propia naturaleza del trabajo de un parlamentario.
El pasado tres de septiembre dicha Comisión aprobó su dictamen que se ha aprobado íntegramente en el Pleno del Parlamento de Andalucía del 24 de septiembre.
Un lector ingenuo, como debe ser mi caso, acudió al texto con la esperanza de conocer como interpretaba una institución tan relevante y respetable como un Parlamento autonómico lo que está sucediendo a raíz de la pandemia y qué medidas sugería, y me he encontrado con un texto que poco dice de ello, pero que dice mucho, desgraciadamente, de la calidad del trabajo de una institución tan importante y de su enfoque (más bien su desenfoque) del marco institucional de una región.
Un dictamen de “Ínfima Calidad”
Empecemos por lo más fácil: la lectura de las propuestas deja un sabor acongojante por la ínfima calidad del ejercicio, que previsiblemente no recibiría el aprobado de ningún profesor de economía o de ciencia política, y ni siquiera de bachiller, y que tampoco le hubiera sido aceptado a ninguna consultora.
El llamado Dictamen contiene ni más ni menos que 563 medidas, un ejercicio estratégico sin duda; medidas duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas…, signo de que no han recibido el menor filtro; versando sobre tantos asuntos, tantos que el propio texto reconoce su carácter “abigarrado”, que va desde la protección al toro bravo o la llamada al Ejército para atender a la industria, hasta la revisión integral del sistema tributario español; muchas de ellas contradictorias; heterogéneas en su alcance y detalle; en no pocos casos contrarias a leyes, tales como las de Contratación Pública o las relativas a Ayudas de Estado; y en algunos casos simplemente incomprensibles, risibles o retóricas…
La lectura de las propuestas deja un sabor acongojante por la ínfima calidad del ejercicio, que previsiblemente no recibiría el aprobado de ningún profesor de economía o de ciencia política, y ni siquiera de bachiller, y que tampoco le hubiera sido aceptado a ninguna consultora
Entre las deficiencias que podríamos denominar “técnicas” más notables cabe resaltar las que se desprenden de:
- Las contradicciones derivadas de reclamar constantemente una bajada de impuestos y contención del déficit a la par que solicitar la adopción de medidas que requieren un mayor gasto público, atemperadas ocasionalmente acotando ambas a los momentos en que sea posible.
- Las igualmente contradictorias peticiones de reclamar una y otra vez la “desburocratización” y la par diversas llamadas a la implantación de un control más estricto de las tareas públicas, extremos difícilmente conciliables.
- Y, lo más importante, las medidas nada tienen que ver ni con el seguimiento de la actuación del ejecutivo sobre la COVID 19, ni con recomendaciones para la mejora de su actuación en ese campo, ni sobre nada que prevenga o corrija sus impactos2. La naturaleza de la relación de medidas más tiene que ver con una hoja de ruta, un programa de gobierno (con pretensiones de inspirar al de Andalucía, al de España e incluso a los de otras regiones y hasta a la Unión Europea), que con el encargo que había recibido.
Desde la perspectiva de sus contenidos, la pertinencia de los mismos, su coherencia e incluso su forma el trabajo de la Comisión es simplemente un texto “delirante”, que casi nadie que apreciara las instituciones desearía atribuir a un Parlamento de la región más grande de España, más propios de las infantiles y apresuradas cartas a los Reyes Magos que todos conocemos.
Una imagen de la institución parlamentaria próxima a unas Cortes corporativistas
Pero la inquietud avanza con la imagen del Estado que se desprende de la lectura del Preámbulo. En él se hacen unas declaraciones solemnes sobre la finalidad y el valor del trabajo de la Comisión, y se apresura a neutralizar el posible cuestionamiento de su trabajo bajo dos singulares argumentos.
La innecesaridad de la ideología para definir el bien común
Los redactores del Dictamen explicitan su rechazo a que en un asunto tan relevante como la Recuperación Económica y Social de Andalucía entren en juego “discrepancias ideológicas” que puedan criticarlo (“boicotearlo”). La naturaleza y el papel de las ideologías quedarían confinadas con ello a un mundo al margen de la práctica política. ¿Comienza a sonar a algo conocido, verdad?
A primera vista el dictamen coloca a lo que denomina “ideología” –se supone que los componentes diferenciales de las fuerzas políticas- en la categoría de floreros irrelevantes para detectar y señalar las prioridades sociales y públicas: ¿A qué se dedicarán entonces a partir de ahora ”las ideologías”? ¿Cabe pensar que los comisionados se hallan exentos de ideologías? ¿Para qué estarán entonces en la arena de la política?
Los redactores del Dictamen explicitan su rechazo a que en un asunto tan relevante como la Recuperación Económica y Social de Andalucía entren en juego “discrepancias ideológicas” que puedan criticarlo (“boicotearlo”). La naturaleza y el papel de las ideologías quedarían confinadas con ello a un mundo al margen de la práctica política. ¿Comienza a sonar a algo conocido, verdad?
Y como tal disociación de la representación política y la ideología no puede ser y además es imposible -el mismo Parlamento define a los Grupos Parlamentarios en su web como “agrupaciones de diputados ideológicamente afines que se constituyen con el objetivo de presentar una posición común en los asuntos que se debaten y votan en el Parlamento”-, las propuestas realizadas, cuando se aproximan a lo concreto (no tantas veces) expresan, cómo no, aunque ni siquiera muy bien, los deseos de las ideologías que subyacen a los partidos (Vox, PP y Ciudadanos) que han conformado esa Comisión, que al parecer, para salvar las razonables diferencias que hay entre ellos, ha optado por algo tan simple como poner las propuestas de todos unas tras otra, sin mirar si mantenían alguna coherencia o discrepancia.
Por ello el Dictamen, “sin ideologías”, atiende a los que padecieron en el pasado la polio, a la enseñanza concertada, la caza, la salvaguarda del “pastoreo ancestral”, el toreo (la única “especie animal autóctona” que se cita como objeto de protección), el mantenimiento de los “derechos históricos” de la PAC (frente a los actuales planteamientos de la UE), el garantizar el cumplimiento del objetivo de descarbonización “pero sin excesos”, la dispensación pública de medicamentos desde la medicina privada, la libertad de elección del centro educativo, la transferencia a la región del “profesorado de Religión de Primaria”, la llamada a “implicar a las Fuerzas Armadas en las actividades de la industria”, la petición de eliminar el requisito del conocimiento del idioma de la región en las oposiciones a puestos públicos en algunas comunidades por ser “un verdadero lastre para el mercado laboral”; la mayor atención a los toros en la televisión pública…Como era de esperar ninguna de las casi seiscientas medidas tratan de los problemas asociados a la inmigración (el 10% de la población andaluza), a la pobreza de los trabajadores y de los parados…quizás por considerar que son cuestiones “ideologizadas”.
Toda esa marabunta de aparentes medidas y ausencia de medidas sería risible, si no fuera por la manifiesta carga de polarización y desprecio de la realidad que encierran, y por el profundo desprecio que hacen también a la institución en la que nacen, destinada estatutariamente a fines bien distintos.
La expresión de la unanimidad social
Los redactores del Dictamen legitiman su trabajo en su afirmación de que lo se dice en él lo que la sociedad ”unánimemente demanda”, fundando tal aserto en el hecho de que la Comisión ha oído en comparecencias a 117 instituciones y ha recibido 17 correos de otras tantas instituciones.
Como era de esperar ninguna de las casi seiscientas medidas tratan de los problemas asociados a la inmigración (el 10% de la población andaluza), a la pobreza de los trabajadores y de los parados…quizás por considerar que son cuestiones “ideologizadas”
¿Puede legítimamente un Parlamento prescindir de la voluntad del 46% de la Cámara –entre otras la de su partido mayoritario- y hablar sin sonrojo de una aparente “demanda unánime” de la “sociedad”, que estaría en pro de lo que dice el dictamen? ¿Fundamenta acaso esa “demanda unánime” en las expresiones de interés que haya podido recibir en las comparecencias, sobre cuyo contenido nada se cuenta, y en las que, además de a 27 altos cargos actuales, se ha oído básicamente a corporaciones colegiales y empresariales, tan representativas de la sociedad como la Federación de Caza de Andalucía, la Fundación Toro de Lidia, el director de ABC de Sevilla, el Director de Programas de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León…o Luis Garicano, Manuel Lagares, José Luis Barbero?. ¿O es que la fundamenta exclusivamente en la representación que ostentan entre los tres partidos integrantes de la Comisión por parte del 49,99 % de los votantes en las últimas elecciones, el 27,99% del electorado andaluz?
¿No subyace en la arrogación de la representación de la demanda unánime de la sociedad, ese rancio corporativismo de las Cortes de los sesenta y setenta, tan ajeno al entorno constitucional actual? ¿No les bastaría acaso para dar autoridad a su documento el hecho de estar redactado por un grupo de parlamentarios? ¿El Parlamento necesita buscar su propia autoridad en las opiniones de los comparecientes?
Un Parlamento que invade las competencias del Ejecutivo
Prácticamente ninguna de las medidas que pide el Parlamento le da trabajo a sus señorías; pocas proposiciones de leyes saldrán de cuanto reseña. Las más de las medidas –por no decir la totalidad- corresponden al Gobierno de la región y el resto se asignan al Gobierno de la Nación. ¿Saben sus señorías que entre sus competencias no está dictar al Ejecutivo –ni al andaluz ni al español- qué tiene que hacer y cómo hacerlo?
¿Qué tipo de imagen del Parlamento tienen los 58 diputados que han dado su conformidad al dictamen, sobre su papel y sobre el papel de las demás instituciones que componen un sistema democrático? Visto desde la perspectiva de un ciudadano de a pie, parece que el Parlamento está haciéndole al Gobierno su hoja de ruta. ¿Cómo interpretar este ejercicio? ¿Es, como se señala en el propio dictamen, una mera respuesta a una invitación del Presidente de la Junta? ¿Acaso el Presidente de la Junta ignora las funciones específicas de las instituciones parlamentarias? ¿O acaso lo que se ha hecho habría extralimitado con mucho su idea inicial? No tengo una respuesta clara para ello, ya que me costaría creer que fuera fruto de una arrogancia extrema o de una ignorancia supina. Quizás acaso en sus mentes se produce una fusión entre poder legislativo y ejecutivo tal como sucedía en otras épocas en España o en Italia, donde todo era lo mismo, o cómo, desgraciadamente, va abriéndose camino ahora en otros lugares; si así fuera estaríamos de nuevo en un entorno preconstitucional o inconstitucional, lo que desean explícitamente algunas de las “ideologías” que se expresan a través de algunos de las personas y de los grupos políticos que han conformado la Comisión, en particular a lo que se refiere a la configuración de las autonomías.
Un documento inquietante
Además de por cuanto se ha expuesto, que no es poco, el carácter inquietante del Dictamen deviene de algo elemental: su potencia para justificar cualquier ruta que el gobierno andaluz desee seguir, en prácticamente todos sus ámbitos competenciales.
Con este texto el gobierno andaluz puede hacer casi cualquier cosa, por contradictoria o banal que sea, amparándose en la voluntad expresada por el Parlamento. Es cierto que esta voluntad apenas ha trascendido a los medios, quizás por vergüenza ajena, por un pudoroso amparo al Parlamento en tan chocante trance, pero éste va a estar ahí los próximos años para dar un amparo formal a cuanto se haga y se encuadre en él, y da juego para casi cualquier cosa.
Pero además el carácter inquietante se lo da también un claro rebosamiento antidemocrático del texto, y una llamada a la confrontación con otras Autonomías. Un texto en el que tras reclamar la igualdad de los españoles, asigna a Andalucía el enarbolar la preservación de la unidad de España, la preservación de las esencias patrias, se supone que amenazadas por otros españoles como nosotros.
Antes de terminar, una apreciación adicional: sorprende al lector comprobar no sólo la escasa incidencia mediática de un informe parlamentario sobre un asunto de la máxima criticidad, sino el escaso relieve que los partidos –los del gobierno y los de la oposición le han prestado-, bien como si consideraran también al Parlamento regional como algo banal (qué importa lo que diga; de hecho en la presentación y debate parlamentario no estuvo presente ningún miembro del Gobierno), bien por inadvertencia de las cargas de profundidad que contiene, o bien, en el caso de PSOE y Podemos, por no haber encontrado aún el campo donde jugar a la “oposición”.
Un texto muy feo a fin de cuentas, que degrada a una de las instituciones clave en las autonomías, su Parlamento, restándolo todo decoro. No se estaría quizás muy lejos de la realidad si pensáramos que mediante esta actuación la presidencia de la comisión responsable del Dictamen ha procurado llevar al máximo las contradicciones que supone su rechazo de las autonomías, un granito más para ello, encaminando a que el Parlamento de Andalucía contribuya con esta aportación a la deconstrucción del estado autonómico.
_________________
Antonio J. Sánches López. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, en la especialidad de Antropología Americana. Estudios de doctorado en la UAB y en la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en la Administración General del Estado y en la Universidad (hasta comienzo de los ochenta), en la administración autonómica –estructuras agrarias y reforma agraria(hasta fines de los ochenta), en la empresa privada hasta fines de la década pasada–dirección de proyectos y de sociedades en los ámbitos de la consultoría e ingeniería (territorio, movilidad y transporte, inversiones, innovación…), y en la administración autonómica -parques tecnológicos y gestión de bienes y sociedades públicas- hasta comienzos de 2019.
NOTAS
1.- Tomás García Figueras (Recopilador y editor). Cuentos de Yehá. Editorial Padilla. Sevilla. 1989. [^]
2.- El objeto formal de la Comisión acordado en Pleno del Parlamento el día 6 de mayo de 2020 era “el estudio y análisis sobre el desarrollo, control e incidencias de cualquier índole de la pandemia de la COVID-19 en Andalucía y la formulación de propuestas de actuaciones de todo tipo para la recuperación económica y social de Andalucía mientras persista la situación de pandemia y con posterioridad a la misma”. [^]
