Por Rodrigo Araya Gómez
Introducción
El 11 de marzo del año 2023 se cumplió un año desde que Gabriel Boric asumió la presidencia de la República de Chile. Tal acontecimiento nos motiva a ensayar un breve cuadro interpretativo sobre la trayectoria de su gobierno y los desafíos que tiene por delante.
Boric asumió la presidencia después de ganar en segunda vuelta con el 55% de los votos al candidato ultraderechista José Antonio Kast, personaje que reunió en torno suyo a todo el espectro de fuerzas conservadoras incluyendo figuras con reconocida adhesión a la pasada dictadura pinochetista.
Boric asumió la presidencia después de ganar en segunda vuelta con el 55% de los votos al candidato ultraderechista José Antonio Kast, personaje que reunió en torno suyo a todo el espectro de fuerzas conservadoras incluyendo figuras con reconocida adhesión a la pasada dictadura pinochetista. El nuevo presidente asumió el gobierno con sus juveniles 35 años de edad, siendo el más joven en la historia chilena pero con una trayectoria política de más de diez años desde el movimiento estudiantil universitario a las lides parlamentarias. Por otra parte, el primer gabinete tuvo un componente paritario y con predominio de integrantes de la alianza gobernante Apruebo Dignidad compuesta por el Partido Comunista y el Frente Amplio y, en segunda línea, personas pertenecientes a la alianza Socialismo Democrático compuesta por partidos de la desaparecida Concertación, coalición que gobernó el país durante gran parte de los últimos 30 años desde el retorno de la democracia. Las figuras fuertes del gabinete fueron la doctora independiente cercana al Frente Amplio Izquia Siches, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo del PC y Giorgio Jackson, ministro Secretario General de la presidencia, militante de Revolución Democrática.
Ahora bien, el gobierno comenzó su labor en un escenario nacional e internacional complejo, en el primer caso por una crisis económica expresada en la subida de precios de los bienes de primera necesidad provocada en parte por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania a fines de febrero de 2022, aunque también por los efectos de la pandemia del Covid-19 que ralentizó el crecimiento de la economía chilena.
La sensación de crisis se vio amplificada por un cúmulo de noticias que daban cuenta de una delincuencia desatada, una inmigración ilegal descontrolada y de hechos de violencia en la región de la Araucanía, problemas heredados de gobiernos anteriores, pero que casi inmediatamente fueron atribuidos como responsabilidad del gobierno de Boric.
Junto a ello, el gobierno vio condicionada su acción por carecer de mayoría parlamentaria en ambas cámaras, existiendo una fuerte fragmentación de fuerzas políticas a nivel de la Cámara de Diputados mientras que la oposición conservadora desde el primer minuto desarrolló una fuerte campaña en contra del gobierno auxiliado en esa tarea por la casi totalidad de los medios de comunicación, tanto de prensa escrita como televisiva.
El hecho político fundamental de los primeros meses del gobierno de Boric fue la fase final del proceso constituyente, mediante el cual se entregaría una propuesta constitucional al país al objeto de ser aprobada o rechazada en un plebiscito fijado para el 4 de septiembre del mismo año.
Sin embargo, el hecho político fundamental de los primeros meses del gobierno de Boric fue la fase final del proceso constituyente, mediante el cual se entregaría una propuesta constitucional al país al objeto de ser aprobada o rechazada en un plebiscito fijado para el 4 de septiembre del mismo año. Ante esta coyuntura, el gobierno tuvo una serie de dilemas y desafíos que veremos en el siguiente apartado.
¿Qué hacer?, gobierno de Boric y proceso constituyente
Las fuerzas políticas que respaldaron primero la candidatura presidencial de Gabriel Boric y después accedieron a participar en su gobierno habían adherido en el plebiscito de entrada a la opción por el Apruebo por la opción de cambiar la constitución de 1980. Sin embargo, con relación a la Convención Constitucional, las fuerzas pertenecientes al Socialismo Democrático tenían una mínima presencia salvo el colectivo Socialista, mientras que los partidos vinculados a Apruebo Dignidad lograron tener mayor influencia y relaciones con los sectores independientes, mayoritarios dentro de la Convención. Esta diferencia de posición dentro de la Convención tuvo consecuencias para el gobierno y su postura de salida ante el plebiscito; esto es, porque el gobierno sufrió una serie de presiones respecto a que acciones tomar ante la trayectoria que tomó el proceso, calificada de maximalista y refundacional por los sectores partidarios del rechazo, opción que cobró fuerza al sumar a grupos provenientes de la fenecida Concertación, expresados por ejemplo, en las declaraciones del movimiento denominado “amarillos”, el cual utilizó ese término, para expresar unas posición intermedia entre las opciones en disputa.
El gobierno, compuesto en su gran mayoría por partidarios del Apruebo optó por incentivar la participación ciudadana y el conocimiento del texto constitucional, tarea en la que destacó la labor de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, quien promovió por ejemplo una campaña para hacer frente a las llamadas fake news, promovidas mayoritariamente por los partidarios del rechazo.
En este sentido, la acción de la Convención Constitucional transcurrió en un carril paralelo al del gobierno, y fue tensionada por los conflictos internos promovidos por los sectores de derecha partidarios tempranamente de la opción de rechazo por su descontento con los contenidos aprobados del texto constitucional y también por las divisiones entre los miembros de la Convención que adherían al Apruebo, distinguiéndose una posición conocida como Apruebo para reformar, defendida por sectores vinculados a la antigua Concertación frente a las posturas que apoyaban el Apruebo sin condiciones, así los puntos en discordia se referían a la propuesta del carácter plurinacional del Estado chileno, el sistema presidencial asimétrico y la propiedad individual de los fondos de pensiones entre materias que generaron polémica en la opinión pública; esas divergencias fueron alimentadas por una desigual cobertura noticiosa sobre la Convención, donde se destacaba de forma mayoritaria los problemas que afrontaban sus partidarios o se daba preferencia en el debate a los críticos del proceso constituyente.
En este clima complejo operó la directiva de la Convención bajo la presidencia de la académica María Elisa Quinteros y la vicepresidencia del médico Gaspar Domínguez, quienes habían reemplazado a la lingüista mapuche Elisa Loncon y el abogado Jaime Bassa respectivamente. La directiva no tuvo la capacidad de establecer una eficaz y coherente política comunicacional que pudiera hacer frente a la poderosa y masiva campaña en favor del rechazo en redes sociales y medios de prensa escrita y de televisión. De este modo, las tendencias en las encuestas fueron evidenciando un progresivo crecimiento de la opción de rechazo, la cual hacía el mes de abril del 2022 alcanzó y superó la opción Apruebo por un margen que osciló entre los 5 a 15 puntos según la encuesta, destacando como los puntos más negativos de la evaluación del proceso constituyente, la conducta e imagen de los partidarios de la Convención y los temores e incertidumbres ante ciertas normas aprobadas1.
La disminución del apoyo a la opción Apruebo implicó una serie de dilemas al gobierno del presidente Boric, porque el cumplimiento y viabilidad del programa de gobierno estaba vinculado a la aprobación de un nuevo texto constitucional de consagración del Estado Social y Democrático de Derecho que consiguiera reemplazar al Estado Subsidiario, eje inspirador de la Constitución de 1980. Esta disyuntiva fue comprendida claramente por los sectores más conservadores del espectro político, quienes jugaron al rechazo al proceso constituyente utilizando todos los medios a su alcance y con una apuesta que apuntaba a un electorado despolitizado o preocupado de temáticas coyunturales que en este contexto acudiría a votar en forma obligatoria a diferencia del plebiscito de entrada donde el sufragio fue voluntario. Así, el gobierno se vio constreñido por unas reglas del juego, derivadas del Acuerdo por la Paz del 15 de Noviembre de 2019, que otorgaban eventualmente al Congreso la implementación de la nueva constitución y que según los críticos del proceso, entregaban poder de veto a los partidos políticos tradicionales, sindicados por algunos sectores como uno de los responsables principales responsables del estallido social.
Después de un intenso y acelerado trabajo de las comisiones de la Convención Constitucional, el 4 de julio del 2022 se entregó a la ciudadanía el texto definitivo del proyecto de nueva Constitución.
Después de un intenso y acelerado trabajo de las comisiones de la Convención Constitucional, el 4 de julio del 2022 se entregó a la ciudadanía el texto definitivo del proyecto de nueva Constitución2 en una ceremonia no exenta de polémicas por las dudas de la directiva Convención sobre invitar a los expresidentes de la república, en especial a Sebastián Piñera, ampliamente cuestionado por las violaciones a los DDHH cometidas durante su mandato en el contexto del estallido social.
Al contrario de lo que pensaban los partidarios del Apruebo, la difusión de la propuesta no implicó la disminución de la diferencia a favor de los partidarios del rechazo, así, las encuestas siguieron marcando una clara ventaja para el rechazo.
Al contrario de lo que pensaban los partidarios del Apruebo, la difusión de la propuesta no implicó la disminución de la diferencia a favor de los partidarios del rechazo, así, las encuestas siguieron marcando una clara ventaja para el rechazo, juicio crítico que también se trasladaba al gobierno del presidente Boric, con baja aprobación en las encuestas3. Por lo tanto, el gobierno se vio marcado por el destino del apruebo, en una suerte de crónica de una muerte anunciada, que fue incapaz de frenar, a pesar de la entrevista que dio Boric a un canal de TV donde intentó emplazar a la derecha, mediante la formulación de un Plan B, que significaba darle continuidad al proceso constituyente en caso de una victoria de la opción rechazo, opción defendida por sectores pertenecientes a la antigua Concertación que argumentaron a favor del rechazo para dar una nueva oportunidad a un proceso constituyente que consideraban sectario o en palabras del ex presidente Ricardo Lagos, de carácter partisano4. Por otro lado, fuerzas partidarias del Apruebo firmaron el 11 de agosto un acuerdo por el que asumían el compromiso de reformar disposiciones de la propuesta constitucional que generaban un marco de incertidumbre y temor en amplias capas de la población; medidas que fueron cuestionadas por sectores independientes partidarios del Apruebo por considerarlas una vulneración de la soberanía popular expresada en la propia convención.
De este modo, el acuerdo dividió aún más a los partidarios del Apruebo; sus diferencias se expresaron aun más en el inicio de la campaña final por el plebiscito de salida, instancia que los partidarios del rechazo, lograron aprovechar, difundiendo un efectivo mensaje que puso hincapié en los errores de algunos partidarios de la Convención o en interpretaciones torcidas o interesadas de ciertas normas constitucionales que afectarían los intereses de las clases medias; una propaganda que fue multiplicada y amplificada en los medios de comunicación y redes sociales, mediante un esfuerzo cuantioso en recursos monetarios que los partidarios del Apruebo no supieron o, en otros casos, no tuvieron voluntad de frenar. De este modo, cuando el 4 de septiembre del 2022, la ciudadanía se expresó en las urnas, el rechazo ganó con un 62% de los votos frente a un 38% del apruebo, marcando un punto de quiebre en la trayectoria del gobierno y de las fuerzas de izquierda, cambio que evidenciará un giro trascendental en el proceso político en general.
4S. La venganza de los partidos políticos o el retorno “de los zombis”.
El avasallador triunfo del rechazo provocó un terremoto en el interior del gobierno de Boric identificado, como se ha señalado anteriormente, con la opción del Apruebo. A raíz de la derrota, se produjo un ajuste ministerial que significó un cambio en el equipo político dejando el cargo de ministra del interior la doctora Izquia Siches y el ministro de la secretaría general de la presidencia Giorgio Jackson, que fueron reemplazados por Carolina Tohá y Ana Lya Ugarte, ambas figuras vinculadas a la antigua Concertación. Este cambio en el equipo político, más allá de los nombres y trayectoria de los reemplazantes, puso en evidencia el tema de la disputa por la hegemonía en el gobierno entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, coaliciones que representaban dos visiones entre las fuerzas de izquierda. La primera tiene una visión crítica del legado de los gobiernos de la Concertación (1990-2010) y aspira a recoger el ideario del estallido social, mientras que la segunda que por su composición partidaria se vincula a la mencionada Concertación, al valorar el legado de los gobiernos pertenecientes a la desaparecida coalición de gobierno rechazó aspectos de la derrotada propuesta constitucional.
El avasallador triunfo del rechazo provocó un terremoto en el interior del gobierno de Boric. La derrota del Apruebo implicó un retraimiento de las fuerzas progresistas en general y de los movimientos sociales que habían apoyado la propuesta de nueva constitución, retroceso político que también envolvió al gobierno, obligado a adaptarse a la nueva coyuntura política pero sin definir con claridad una hoja de ruta.
La derrota del Apruebo implicó un retraimiento de las fuerzas progresistas en general y de los movimientos sociales que habían apoyado la propuesta de nueva constitución, retroceso político que también envolvió al gobierno, obligado a adaptarse a la nueva coyuntura política pero sin definir con claridad una hoja de ruta. En este sentido, la iniciativa política quedó en manos de la derecha y fuerzas afines en el congreso, al autoatribuirse los méritos en el triunfo de la opción contraria a la nueva constitución, que iniciaron una larga negociación para volver a impulsar el proceso constituyente, teniendo como contrapartes al gobierno y los partidos políticos asociados al Apruebo.
El cambio de escenario político puso en duda el efectivo cumplimiento del programa de gobierno de Boric, en especial dos de las propuestas legislativas más emblemáticas, la reforma tributaria y la reforma del sistema de pensiones, puesto que el oficialismo carece de mayoría en ambas cámaras y dependen de la voluntad negociadora de la derecha. Esta incertidumbre se ha visto estimulada por la debilidad del gobierno y de la propia figura presidencial, cuestionada en diversas encuestas respecto a aspectos de la personalidad del presidente como la autoridad, liderazgo y capacidad de resolver los problemas del país.
En el fondo, la tensión que ha cruzado al gobierno y las fuerzas que lo apoyan se refiere a la disputa por la hegemonía entre las fuerzas de izquierda sobre qué fuerza política es capaz de liderar el gobierno y darle el necesario soporte programático y de gestión. En este sentido el Socialismo Democrático ha reivindicado su experiencia en la gestión gubernamental al contrario de los cuadros del Frente Amplio carentes en su gran mayoría de trayectoria en la gestión pública. Este dilema central se expresó en las negociaciones para retomar el proceso constituyente; una negociación en la que la derecha buscó imponer sus términos, de manera que el diseño del proceso estuviese lo más alejado de la experiencia anterior mientras que, desde el oficialismo, la apertura a aceptar las condiciones de la derecha dependía, en última instancia, del papel de Boric y de su capacidad o no de poder arbitrar las diferencias existentes entre los sectores que apoyaron el Apruebo.
Así, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado condujeron las conversaciones con el aval del gobierno; se trataba de un diálogo complejo por la multiplicidad de intereses en pugna, pero significativamente sin presión por parte de los movimientos sociales, todavía en estado de introspección por la derrota del Apruebo. Ante la urgencia de lograr un acuerdo por la posibilidad de que el proceso quedase relegado a una discusión ad eternum, el presidente Boric avaló llegar a un acuerdo, aunque fuese contrario a los intereses de sus partidarios, porque “es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo5”, de forma de asegurar la viabilidad de un nuevo proceso constituyente que pusiese fin a la Constitución de 1980.
De este modo a fines del año 2022, las distintas fuerzas políticas llegaron a un nuevo acuerdo constitucional marcado por la experiencia anterior, calificada de fracaso, de modo que se establecieron una serie de mecanismos de control o de regulación de la actividad política en torno al nuevo proceso constituyente6. Así, se fijaron 12 bordes o líneas programáticas mínimas que deben ser incluidas en el proyecto de constitución, destacando el Estado Social y Democrático de Derechos, el régimen presidencial, los tres poderes del Estado y el carácter unitario del mismo entre otras materias. Junto a ello, se estableció un polémico mecanismo, la llamada comisión de expertos, a elegir entre diputados y senadores según la representatividad de los partidos con presencia en el Congreso, teniendo como objetivo la elaboración de un anteproyecto de nueva constitución. La acción de este comité se complementará con una comisión de admisibilidad cuya tarea es recoger posibles reclamos por violaciones a los bordes programáticos por parte del único organismo elegido por voto popular, el Consejo Constitucional, de 50 miembros, con composición paritaria pero sin escaños reservados para los pueblos originarios.
Este acuerdo fue valorado por el presidente Boric como democrático, saliendo al paso de cuestionamientos por parte de los representantes de los movimientos sociales y de los sectores de izquierda que habían apoyado el Apruebo y que sostuvieron que el nuevo acuerdo imponía en forma velada un tipo de convención mixta, es decir, con participación del parlamento, fórmula rechazada en el plebiscito de entrada del 25 de octubre del 2020. En el fondo los partidos políticos tradicionales recuperaron la capacidad de incidencia en el proceso constituyente, rol del que se habían visto desplazados en el proceso anterior7. Sin embargo, el nuevo proceso, en el momento que se escriben estas líneas, no ha concitado el interés mayoritario de la población ni de los medios de comunicación, más bien ha suscitado una mezcla de sentimiento de apatía y desconfianza respecto del rol de los partidos políticos en el mismo8.
De este modo, el gobierno ha buscado desligarse del nuevo proceso constituyente, preocupado por recuperar el apoyo de sus electores y por mejorar la valoración de la propia figura presidencial. Así, en el reciente verano, en el contexto de una escalada de incendios forestales, Boric salió al terreno y coordinó en primera persona las acciones para enfrentar la emergencia, logrando elevar la percepción positiva de su persona y difundir las iniciativas de su gabinete.
Ahora bien, la misma temporada estival, evidenció las debilidades y fracturas del oficialismo, originadas a partir de las distintas valoraciones del resultado del plebiscito del 4S, el estallido social y el legado de los gobiernos de la Concertación. Este conflicto, expresado por ejemplo en la llamada crisis de los indultos a los presos de la revuelta, terminó por quebrar la posibilidad de conformación de una lista única del oficialismo para enfrentar la elección de convencionales, fijada para el 7 de mayo del presente año, así a pesar de las peticiones del propio presidente de conformar una lista unitaria, algunos sectores denominados de centroizquierda encabezados por el Partido por la Democracia establecieron su propia lista en conjunto con la democracia cristiana, reivindicando el espíritu de la desaparecida Concertación, idea que se expresó en la inclusión como candidatos de antiguas figuras políticas, mientras que el Partido Socialista decidió ir en una misma lista con la coalición Apruebo Dignidad, generando una fractura en el bloque del Socialismo Democrático. Esta división dio cuenta de las debilidades del oficialismo y generó un ambiente de cuestionamiento a las políticas gubernamentales, por lo que fueron in crescendo las voces que demandaban un cambio de gabinete que reflejase la correlación de fuerzas entre los grupos oficialistas; aspecto que analizaremos brevemente en el último apartado del ensayo.
Nuevo gabinete, ¿Un segundo tiempo para el gobierno?
Un año después de iniciado el gobierno Boric, los dilemas a los que se ha enfrentado el presidente, siguen siendo similares, en especial respecto a la disputa por la hegemonía entre las dos coaliciones que integran el oficialismo. De este modo, la vigencia del programa original del gobierno se ha puesto en duda.
Un año después de iniciado el gobierno Boric, los dilemas a los que se ha enfrentado el presidente, siguen siendo similares, en especial respecto a la disputa por la hegemonía entre las dos coaliciones que integran el oficialismo. De este modo, la vigencia del programa original del gobierno se ha puesto en duda, debido a la idea del giro conservador experimentado por la sociedad chilena expresado en el triunfo del rechazo y alimentado, a su vez, por sectores políticos cercanos al oficialismo como el Partido por la Democracia, formación que incluso ha reivindicado la marca Concertación como símbolo de un intento de construcción de una nueva mayoría social moderada y alejada de los populismos.
En medio de estos conflictos, el presidente resolvió realizar un cambio de gabinete, que al contrario de lo que esperaban sus críticos, no implicó el desmantelamiento del equipo político, sino cambios en los llamados ministerios sectoriales y una mayor participación de personeros del Socialismo Democrático a nivel de ministerios y subsecretarías. De este modo, la disputa por la hegemonía no estaría resuelta, con el consiguiente riesgo de la continuidad de las presiones al presidente, el cual mantiene una posición debilitada en la estructura de poder al haber ligado su gobierno al anterior proceso constitucional. Así, en la perspectiva de romper el estado de encapsulamiento en el que se encontraría el gobierno, se ha puesto el énfasis en la gestión y resolución de los problemas urgentes de la gente, dejando de lado algunos de los principales ejes de la campaña presidencial.
la promesa de un gobierno transformador, que fuese el punto de inicio de la superación del neoliberalismo, queda en entredicho, al igual que el presidente Boric; su figura ha oscilado entre el pragmatismo y la defensa de ciertas convicciones, así como de recuerdos de una promesa de cambio que, sin embargo, corren el riesgo de ser llevadas por el viento.
De este modo. este relato conservador ha permeado el oficialismo, planteándose la idea de modificar el programa y a la vez reconducir los objetivos del gobierno en el corto y mediano plazo. Así, la promesa de un gobierno transformador, que fuese el punto de inicio de la superación del neoliberalismo, queda en entredicho, al igual que el presidente Boric; su figura ha oscilado entre el pragmatismo y la defensa de ciertas convicciones, así como de recuerdos de una promesa de cambio que, sin embargo, corren el riesgo de ser llevadas por el viento. Política realista, ad hoc a la situación de gobierno de minoría, pero también fuente de desconfianza y desafección hacia la actividad política.
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Rodrigo Araya Gómez. Historiador chileno. Profesor Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha publicado, entre otros: Organizaciones Sindicales en Chile. De la resistencia a la política de los consensos: 1983-1994, Ediciones Universidad Finis Terrae (2015); Movimiento sindical en dictadura: Fuentes para una historia del sindicalismo en Chile, 1973-1990, Universidad Alberto Hurtado (2015).
NOTAS
- Véase por ejemplo las encuestas de Pulso Ciudadano; la de abril de 2022 dio un 36% a favor del rechazo y un 32 % a favor del apruebo. En mayo de 2022 la misma encuesta estableció un 27% a favor del apruebo y un 45% a favor del rechazo. En las ediciones mensuales posteriores de la misma encuesta se mantuvo la tendencia favorable al rechazo que, en el informe de agosto llegó a un 56% frente a un 44% de la opción apruebo. Los informes completos en https://chile.activasite.com/?s&tipo_de_estudio=pulso-ciudadano.
- El texto de la propuesta de nueva constitución se puede revisar en la página www.chileconvencion.cl.
- En la encuesta Tú Influyes de julio de 2022, un 49 % de los encuestados desaprobaban la gestión del presidente Boric y un 36% la aprobaba.
- La Tercera, 2 de mayo de 2022.
- Véase declaraciones en www.radio.uchile. 7 diciembre de 2022.
- El texto del acuerdo se puede revisar en la página del senado. https://www.senado.cl/noticias/proceso-constituyente/acuerdo-por-chile-definen-consejo-constitucional-comite-de-expertos-e.
- Una visión crítica sobre el nuevo proceso constitucional en entrevista al historiador Gabriel Salazar en https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109889.
- Véase informe de encuesta Pulso Ciudadano donde un 54,8 % de la población tiene poca confianza en el nuevo proceso constituyente. https://chile.activasite.com/pulso-ciudadano/.
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