Por Steven FORTI
En España se está afirmando el neomunicipalismo, un movimiento heredero de los “Indignados” y basado en la idea de partir de las ciudades, mediante procesos populares y de confluencia, para romper el histórico bipartidismo PP-PSOE. El ejemplo más acabado es el de Barcelona. Pero el objetivo del movimiento es proyectarse más allá, para afrontar los grandes desafíos globales: el cambio climático, la movilidad, el problema de la vivienda, la desigualdad, la inmigración. Por esa razón se intenta articular una red europea de ciudades rebeldes.
El 24 de mayo de 2015, en diversas ciudades españolas unas listas cívicas surgidas desde abajo vencieron en las elecciones municipales. En Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Pamplona, Santiago de Compostela, La Coruña, Badalona, los ciudadanos irrumpieron de verdad en las instituciones, con proyectos de ruptura respecto del pasado. Fueron experiencias diversas en contextos urbanos diversos. Grandes metrópolis y pequeñas capitales de provincia. Pero con un punto en común: cambiar España y acabar con cuarenta años de bipartidismo PP-PSOE, a partir de la participación de la ciudadanía y de una relación estrechísima con los movimientos sociales presentes en el territorio. Han pasado casi dos años desde aquel día y el impulso neomunicipalista, después de obtener resultados importantes en las ciudades que gobierna, mira ya más allá del municipalismo.
El neomunicipalismo es hijo del movimiento del 15M, de los “Indignados” que ocuparon las plazas españolas en mayo de 2011. La reacción a la gran crisis, que estaba destruyendo, con las contrarreformas del gobierno Zapatero y luego del gobierno Rajoy, el frágil estado del bienestar español, fue masiva y permitió la politización de una nueva generación que en los años de la burbuja inmobiliaria vegetaba por lo general en la apatía política. El trienio 2011-2013 fue el de las grandes manifestaciones, de las Mareas en defensa de la sanidad y de la educación pública, del arraigo de los Indignados en los barrios de las ciudades, de la lucha contra los desahucios llevada a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona, era portavoz. El desempleo había llegado a niveles semejantes a los de los dramáticos récords griegos (27%), las familias que habían perdido su hogar eran más de 500 mil; los jóvenes que emigraban, cerca de 100 mil al año. El sistema español, nacido con la transición de la dictadura franquista a la democracia, se había cortocircuitado: no se trataba solo de una crisis económica y de sus trágicas consecuencias sobre la población, sino de una crisis social, política, institucional, territorial y cultural.
Participación, transparencia y confluencia
En este contexto nació el impulso neomunicipalista. Y el caso de Barcelona fue sin duda el más emblemático. En los meses en los que en Madrid un grupo de jóvenes profesores universitarios lanzaba Podemos con el objetivo de presentarse a las elecciones europeas de mayo de 2014, en la capital catalana una docena de activistas que ya llevaban sobre sus espaldas las luchas de los primeros años Dosmil, en los que Génova, el movimiento antiglobalización y la experiencia de los dissobedienti italianos habían sido referencias constantes, entendieron que el desafío debía tener lugar en el nivel local. El objetivo no era el Parlamento europeo y tampoco el español o el catalán, sino la ciudad de Barcelona.
En junio de 2014 se presenta un manifiesto, Guanyem Barcelona, con el que se invita a la ciudadanía a participar. Se cuenta con poco más de dos meses de tiempo para recoger 30 mil firmas. Si no se consiguen, no se hará nada. No están presentes los partidos, no aparecen las fatídicas cuotas. Son meses de asambleas públicas en todos los barrios de la ciudad, en las que se escucha a las personas, sobre todo a las más golpeadas por la crisis y por las políticas de austeridad. Se recogen muchas más firmas y mucho antes del plazo previsto. Da comienzo así un proyecto que hoy es una sólida realidad que gobierna la segunda ciudad de España y que pasará a llamarse Barcelona en Comú.
El resto es historia bien conocida. Empieza el delicado y fatigoso trabajo de construir una confluencia con las formaciones políticas de la izquierda catalana que deciden sumarse al proyecto: Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podemos, Equo, Procès Constituent. En una confluencia no se decide mediante cuotas como en una coalición, sino según la lógica “una persona un voto”. No es fácil, pero se consigue: nace un sujeto político nuevo en todo y por todo, un espacio donde las reglas son distintas. Desde el principio se procede a la elaboración de un código ético, mediante el cual se limitan mandatos y retribuciones, y de un programa, construido en contacto con la ciudadanía. Al final, y solo como última etapa, se confecciona una lista con una candidata que nadie pone en discusión: Ada Colau. Todo ello, conviene recordarlo, mediante procesos de votación, bien presencial o bien on-line, gestionados por una sociedad que, a diferencia del italiano Movimento 5 Stelle, no tiene relación con los vértices políticos de la formación.
Desde mayo de 2015 se ha avanzado mucho, pero los obstáculos y las dificultades también han sido muchos. Sobre todo porque gobernar en minoría no es fácil. El sistema político español es distinto del italiano, no hay ballottaggio y la lista vencedora no obtiene la mayoría absoluta en el consejo municipal. Barcelona en Comú cuenta con 11 concejales de un total de 41: para llegar a los 21 que significan la mayoría, el camino es ímprobo, habida cuenta además de que la fragmentación política es notable, con hasta siete formaciones confrontadas no solo en el eje derecha/izquierda, sino además en el de independencia catalana sí/no. En la primavera de 2016, después de una consulta entre los inscritos en Barcelona en Comú, se firma un acuerdo con los socialistas, y estos entran en el gobierno. La mayoría queda aún lejos, pero sin duda es un paso adelante, no exento de dudas y críticas. Con todo, las mayores dificultades radican en el poder real de los municipios en España, después de la recentralización llevada a cabo por los gobiernos del PP en los últimos años con la excusa del despilfarro de las administraciones locales: con la ley Montoro, los municipios, además de verse exprimidos por las políticas de “austericidio”, no pueden ni siquiera gastar en políticas sociales un eventual superávit sobre el presupuesto. Por último, queda la vexata quaestio de la relación entre movimientos e instituciones: el riesgo, siempre presente, de una “institucionalización” del proyecto una vez dentro de palacio.
Dos años de gobierno
Los primeros meses de gobierno fueron difíciles además por la dura campaña de prensa de los grandes mass media. “No son capaces de hacer política. No saben gestionar una administración. No son personas preparadas”, se repetía continuamente. Después de dos años se ha constatado que no era así. Los balances de los gobiernos municipales, no solo el de Barcelona, sino también los de los demás regidos por listas neomunicipalistas, no presentan números rojos, como en el pasado. E incluso se ha reducido la deuda creada por las derechas: en Madrid, en solo un año y medio, Manuela Carmena ha reducido en casi 2 mil millones de euros la deuda municipal, sobre los casi 6 mil millones que se había encontrado cuando fue elegida. Las medidas radicales de transparencia, junto a la limitación de los sueldos, ha dado sus frutos. Y al mismo tiempo han crecido las políticas sociales.
En Barcelona se financiaron desde el principio comedores para estudiantes, se han invertido 150 millones de euros en un Plan para los barrios, se han construidos nuevas residencias para mayores y se han remunicipalizado las que habían sido privatizadas, se ha puesto en marcha un plan para reubicar a las familias desahuciadas y un plan de construcción de viviendas populares, además de obligar a los bancos a poner en el mercado los apartamentos de protección oficial desocupados, y de multar a los que se niegan a hacerlo. También se ha presionado a las grandes compañías de agua, luz y gas para evitar que las familias en riesgo de pobreza vean cortados estos servicios durante el invierno. Se ha puesto en marcha la construcción de la primera empresa de energía eléctrica municipal – será la más grande de toda España – que en breve podrá prestar servicio a 20 mil ciudadanos, y de una empresa de pompas fúnebres municipal que reducirá en un 50% aproximadamente los costes respecto de las privadas existentes actualmente.
Se han potenciado los transportes públicos, tanto el metro como el autobús; se están construyendo 62,5 km más de pistas para bicicletas en toda la ciudad, y se ha puesto en marcha el experimento de las superilles – es decir, espacios en los que se prohíbe la circulación de vehículos – con el objetivo de transformar Barcelona en una ciudad ambientalmente sostenible. Se ha trabajado mucho también en el gran problema del turismo y de la consiguiente gentrificación – Barcelona recibe más de 27 millones de turistas al año –, con la aprobación del PEUAT, un plan municipal que prohíbe la construcción de nuevos hoteles en todo el centro de la ciudad, y con una multa de 600 mil euros a AirBnb, que mantiene en su portal de internet anuncios de apartamentos sin licencia. Todo ello siempre con la participación de la ciudadanía: el nuevo Programa de Actuación Municipal (PAM) ha sido elaborado gracias a 430 asambleas en los barrios y a la plataforma web decidim.Barcelona, a través de la cual se han recogido más de 10 mil propuestas hechas por asociaciones activas en la ciudad o por particulares, que han sido votadas por más de 130 mil personas.
Por si eso no bastara, han sido muchas las batallas todavía más directamente políticas que se han entablado: por la clausura de los CIE (centros de internamiento de extranjeros), confrontándose con el gobierno español; por una memoria histórica democrática, recuperando la historia de los vencidos, demasiado a menudo olvidados por las instituciones; por una feminización de la política, que va mucho más allá de las consabidas “cuotas rosas” y contempla todos los ámbitos de la vida, institucional o no. Y también por la cuestión de los refugiados y la acogida en una Europa cada vez más encerrada en su fortaleza, devorada por nacional-populismos xenófobos: en setiembre de 2015 Ada Colau lanzó la propuesta de las Ciudades Refugio, dando paso así a la creación de una red de “ciudades rebeldes” que en toda la geografía española trabaja con prioridades distintas, poniendo en común nuevas experiencias y nuevas prácticas.
Más allá del municipio
El municipio, sin embargo, no es el único objetivo de un proyecto político que mira más allá de los límites de la ciudad. Y esta es la gran fuerza del neomunicipalismo de Barcelona en Comú. El municipio es el primer escalón, un nivel en el que la distancia entre gobernantes y gobernados es menor, en la que el contacto con la ciudadanía y con el tejido asociativo está siempre presente, en el que las batallas que se emprenden tienen un efecto inmediato. Pero es preciso ir más allá. En primer lugar, en lo que respecta al caso de Barcelona, está la realidad catalana; y luego, además, las de España y de Europa. ¿Por qué? Lo ha explicado recientemente Ada Colau: “No es casualidad que el municipalismo esté cada vez más presente. Ha sido un error democrático no considerar a las ciudades como actores políticos. Y se está demostrando que si queremos mejorar y profundizar la democracia, las ciudades no pueden limitarse a administrar, porque debemos afrontar los grandes desafíos globales que nos plantean los Estados: el cambio climático, la movilidad, el problema de la vivienda, la desigualdad, las migraciones… Los grandes desafíos globales tienen lugar en las ciudades, y las ciudades no son tenidas políticamente en cuenta. Los municipios deben contar con más voz y más votos, más capacidad de decisión y más peso político.”
Después de más de un año de reuniones y de encuentros públicos en toda la geografía de Catalunya, nació el pasado 8 de abril un nuevo sujeto político catalán que sigue el modelo de Barcelona en Comú. “La aparición de este espacio político tiene mucho que ver con la crisis política en la que vivimos, nuestra democracia no funciona como debería y muchas personas han decidido implicarse y corresponsabilizarse per mejorar las formas de hacer política”: estas fueron las palabras de Ada Colau el 8 de abril. El nombre del nuevo partido no está aún decidido, probablemente sea Catalunya en Comú o En Comú Podem, que es el nombre de la coalición más votada en las elecciones políticas generales en Catalunya, tanto en diciembre de 2015 como en junio de 2016, cuando obtuvo en el Parlamento de Madrid 12 diputados encabezados por el historiador y activista Xavier Domènech.
Se trata de una confluencia que reúne, a pesar de las dudas y las fricciones con un sector del Podemos catalán, a las mismas formaciones que habían dado vida a Barcelona en Comú, y que ha nacido de un proceso participativo llamado Un País en Comú: un programa y un código ético construidos en contacto con la ciudadanía en un contexto extremadamente complejo como el catalán, con la cuestión de la independencia – defendida por el actual gobierno autonómico – siempre en las primeras páginas de todos los periódicos. Romper el esquema independencia sí/independencia no con un programa centrado en las políticas sociales, en los bienes comunes y en la defensa de un referéndum no será fácil para el nuevo sujeto político lanzado por Ada Colau. Veremos los primeros resultados en otoño, cuando muy probablemente se celebren las elecciones autonómicas anticipadas.
Pero no basta solo el nivel catalán para dar mayor aliento a los municipios “rebeldes”, presionando al gobierno regional y al nacional para modificar leyes y políticas restrictivas. El desafío neomunicipalista mira mucho más allá de los Pirineos. Implica a Europa en primer lugar, pero en realidad implica a todo el mundo. Lo hace con humildad y sin urgencias, siguiendo la máxima “vamos despacio porque vamos lejos”. En el interior de Barcelona en Comú, que es un partido “pesado”, y no “ligero” como Podemos, se ha creado una comisión internacional que trabaja desde hace más de un año en el mapado de los proyectos neomunicipalistas existentes en todo el globo: desde listas cívicas nacidas de abajo que gobiernan algunas ciudades, grandes como Nápoles o la chilena Valparaíso, o pequeñas como la inglesa Frome, hasta proyectos que han dado ya el salto a la política y se encuentran ahora en la oposición municipal, como Coalizione Civica en Bolonia, Buongiorno Livorno o Ciudad Futura en Rosario, Argentina, pasando por movimientos con una agenda municipalista que no han decidido aún presentarse a las elecciones en Italia, Francia, Polonia, Estados Unidos, Alemania, Grecia, Dinamarca y un sinfín de otros países. El objetivo es crear una red municipalista internacional.
Por eso, los próximos días 9-11 de junio se celebrará en Barcelona un encuentro internacional llamado Fearless Cities, ciudades sin miedo, en el que participarán cientos de proyectos neomunicipalistas provenientes de todo el mundo, para compartir prácticas y tejer relaciones con vistas a lo que será el próximo escalón en este planteamiento: devolver la política a las personas, hacerla participativa, promover políticas de acogida, romper las jaulas de las leyes de equilibrio de los presupuestos, esclavas del austericidio. O como ha dicho recientemente Ada Colau: “Considero que el municipalismo es esencial para mejorar nuestra democracia. Este es el siglo de las mujeres y el siglo de las ciudades. Y el lugar mejor para vivir este momento político tan apasionante es el municipalismo, que no significa otra cosa que una administración más próxima a la ciudadanía.”
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Publicado originalmente en MicroMega online, 21 abril 2017. Traducción del italiano, Paco Rodríguez de Lecea.
