Por ADORACIÓN GUAMÁN / LOLA SÁNCHEZ
El acuerdo de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) y su versión canadiense (CETA) está despertando una controversia creciente que confronta tanto a los movimientos sociales con las instituciones estatales y europeas como a las propias instituciones europeas entre sí y con los Estados miembros. Nada hacía prever cuando se negociaba el acuerdo con Canadá en absoluto secreto que la política comercial de la UE, perfectamente diseñada para evitar complicaciones en la adopción de estos acuerdos, iba a ser uno de los varios talones de Aquiles de la (de)construcción europea.
La negociación del TTIP que comenzó oficialmente el 17 de julio de 2013, está recorriendo un sendero cada vez más escarpado. Según afirman los documentos oficiales, la conclusión del acuerdo tiene como finalidad primordial la maximización de los intercambios comerciales entre las dos grandes potencias así como la potenciación de la presencia de inversores extranjeros. No obstante, el contenido del tratado va mucho más allá del contenido habitual de los tratados comerciales, para incluir tres grandes bloques de materias: las reglas relativas al acceso al mercado (eliminación de aranceles y liberalización de servicios); las normas y mecanismos de la llamada “cooperación reguladora”, verdadero corazón del tratado, orientado a acercar las legislaciones y reglamentaciones de EEUU y la UE con una voluntad claramente desregularizadora; y un conjunto de normas comunes de obligado cumplimiento para ambas Partes, entre las que destaca, por su especial impacto sobre el margen de actuación de los poderes públicos, la regulación de la protección a los inversores extranjeros y un mecanismo de solución de controversias inversor-Estado.
Este amplio contenido ha justificado que el TTIP, al igual que el CETA (EU-Canadá Comprehensive Economic and TradeAgreement), sea bautizado como un «Tratado de Nueva Generación» cuyo objetivo fundamental es el control o la incidencia en los procesos de formación de las normas a ambos lados del Atlántico.
Como ya es bien sabido, las negociaciones del TTIP avanzan a base de rondas o encuentros donde los equipos de cada parte comparten las ofertas y sus propuestas de textos. Se han realizado hasta este momento trece rondas de negociación y la próxima tendrá lugar en el mes julio en Bruselas. Pese a que se pretendía acabar las negociaciones antes de la finalización del mandato de Obama, que había colocado la adopción de este acuerdo dentro de sus prioridades políticas junto con la consecución del TPP (Tratado Transpacífico) ya firmado el 4 de febrero, todo parece indicar que el grado de consenso respecto del contenido TTIP es todavía insuficiente. Para que se pueda completar su firma quedan todavía muchos escollos por salvar: no hay acuerdo en lo relativo al grado de apertura de los mercados de contratación pública, ni respecto del nivel de protección (o desprotección) de las denominaciones de origen, ni sobre los mecanismos de resolución de controversias inversor-estado (antiguo ISDS y actual ICS) o sobre los niveles de reducción de determinados aranceles.
Estas controversias no deben en ningún caso entenderse como una contraposición entre una UE supuestamente protectora de los derechos de su ciudadanía y unos Estados Unidos con afán liberalizador, en realidad, ambas partes están desarrollando un doble juego, respondiendo a un conjunto de intereses complejos bajo la presión de los grandes lobbies y de las multinacionales, para lo que combinan posturas proteccionistas y afán ultra-liberalizador.
Mientras el TTIP se ralentiza es muy importante tener en cuenta que la firma del CETA se está convirtiendo en un objetivo prioritario para la UE. Ambos tratados tienen una fisonomía similar y objetivos y contenidos comunes. Evidentemente, el ámbito geográfico es distinto pero el grado de integración económica entre los Estados Unidos y Canadá, derivado de la existencia de un acuerdo de comercio que los vincula entre ellos y con México (NAFTA) es altísimo. De hecho, el 81% de las empresas canadienses están vinculadas como filiales a empresas de los estados unidos. Así las cosas, la firma del CETA abriría un gran avenida por la que las empresas norteamericanas podrían aprovechar las ventajas del CETA y adentrarse libremente en la UE.
Con estos acuerdos se profundiza en un objetivo mayor: la recolocación del Poder, un cambio de lugar de toma de decisiones que afectan a nuestra vida diaria para reducir la implicación de la ciudadanía y de sus representantes en las mismas
Utilizando las discrepancias y con la atención mediática centrada en el TTIP a modo de cortina de humo, la Comisión Europea y el Consejo centran sus esfuerzos en aprobar un procedimiento rápido para la ratificación del CETA, cuyo contenido ya está cerrado. Pero no parece haber acuerdo en cuanto al camino a seguir para adoptar este tratado y este puede ser uno de los momentos cruciales que marcará su futuro. El día 5 de julio, previsiblemente, el colegio de Comisarios adoptará una decisión acerca de si el CETA es o no un tratado mixto, es decir, si sobre el mismo deben o no pronunciarse los Estados miembros. Todo parece indicar que la Comisión apuesta por mantener el control férreo sobre el texto y no dejar que los parlamentos estatales, o incluso la ciudadanía mediante referéndums allí donde sea posible, se pronuncien. Sin embargo el Consejo puede no seguir la recomendación de la Comisión y cada vez más Estados miembros apuestan por debatir el CETA en el ámbito interno, evitando cargar así con el peso político de una decisión cada vez más contestada.
Pero más allá de la importancia del contenido de ambos acuerdos y de los problemas que está planteando el procedimiento para su aprobación, lo que queremos remarcar en estas páginas es que con ellos se profundiza en un objetivo mayor: la recolocación del Poder, un cambio de lugar de toma de decisiones que afectan a nuestra vida diaria para reducir la implicación de la ciudadanía y de sus representantes en las mismas. Así, consideramos que el problema no son estos acuerdos en sí, sino el haber llegado a una situación en la que estos acuerdos puedan ser adoptados de espaldas a la ciudadanía de los Estados miembros, aprovechando un entramado jurídico/político fabricado para permitir la completa separación entre los lugares donde se toman las decisiones y los instrumentos de participación de las personas que habitamos en la UE, una desconexión entre política y personas para profundizar en el vínculo entre política y mercados.
Esta subversión de la democracia no es, evidentemente, una dinámica nueva o ajena a la Unión Europea, al contrario, se trata de un objetivo impreso en su ADN, que se ha ido ampliando en las distintas fases de la integración económica Europea. Así, expresando la idea de manera esquemática, puede afirmarse que en la primera de las fases, la de creación del mercado interior, se elevaron competencias estatales en materia económica mientras se iban erosionando los modelos sociales estatales para permitir la eliminación de barreras al libre comercio, fundamentalmente de mercancías y posteriormente de servicios y establecimiento de empresas; en la segunda de las fases, la construcción de la Unión Económica y Monetaria, se redujo la capacidad de los Estados miembros para ejecutar su propio modelo social, con criterios de convergencia que ahogaban las políticas sociales mientras favorecían el poder y la movilidad del capital financiero; en la tercera de las fases, la imposición de las medidas de “gobernanza económica”, la excusa de la crisis permitió situar las políticas de austeridad como vector de funcionamiento de la economía de los 28 e incluso ir más allá de lo permitido por el ordenamiento jurídico de la UE para firmar Tratados “al margen” (TECG y MEDE), produciendo un desbordamiento neoliberal de las instituciones de la UE y la imposición autoritaria de medidas antisociales a países como Grecia, Chipre, Irlanda o España.
La excusa de la crisis permitió situar las políticas de austeridad como vector de funcionamiento de la economía de los 28 e incluso ir más allá de lo permitido por el ordenamiento jurídico de la UE
Y esta tercera fase no ha acabado. Las llamadas “medidas de gobernanza económica” mediante las que la Comisión y el Consejo de la UE están marcando los procesos de reformas estructurales en los Estados miembros, siguen atando de pies y manos a los parlamentos estatales, con la connivencia de la mayoría de los Gobiernos de la UE. Aunque no ha sido objeto de atención mediática, el pasado 28 de mayo la Comisión Europea publicó el programa de reformas que deben abordar cada uno de los Estados miembros de la UE (excepto Grecia) entre lo que queda del 2016 y 2017, las llamadas “Recomendaciones por País”. Croacia, Francia, Portugal, España y el Reino Unido se encuentran todavía sujetos a un mecanismo específico (procedimiento por déficit excesivo) y deben abordar reformas más contundentes. En concreto, para Portugal y España, la Comisión ha recomendado la corrección del déficit mediante el uso de las reformas estructurales que sean necesarias y la aplicación de todos los recursos extraordinarios a la reducción de la deuda y del déficit. Mientras que Grecia tiene una situación particular porque está sometida a un programa de ajuste macroeconómico. Estas reformas, nunca está de más recordarlo, han significado en múltiples ocasiones un recorte grave de derechos de las mayorías sociales, tal y como ha reconocido el propio Banco Central Europeo, que en uno de sus últimos informes señalaba, respecto de las reformas laborales derivadas de las Recomendaciones por País de la Comisión Europea, que el objetivo de estas reformas ha sido la rebaja salarial y “la reducción de la protección en materia laboral”. El programa publicado el pasado 28 de mayo para España sigue manteniendo la línea de los años anteriores que impone recortes y los justifica mediante el discurso de la austeridad . La UE considera que la regla de la limitación del gasto no ha sido respetada por las administraciones públicas españolas (en ningún nivel), que todavía existe un riesgo palpable de que España no cumpla las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que son necesarias más medidas para garantizar el cumplimiento en 2016 y 2017.
La UE nos exige la corrección duradera del déficit excesivo de aquí al final del 2017, reduciendo el déficit de las finanzas públicas al 3,7 % del PIB en 2016 y al 2,5 % del PIB en 2107. Para ello, el próximo gobierno deberá tomar las medidas estructurales que la UE juzga necesarias y utilizar todos los beneficios imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Parece claro, pues, que gobierne quien gobierne deberá abordar una mayor reducción del gasto público, y por tanto, reducir sus propuestas en materia de gasto social. En realidad esto no supone una novedad respecto de los años anteriores aunque el documento de mayo da un paso más, atreviéndose en esta anualidad a adentrarse en el terreno de la educación para establecer las líneas de reforma de nuestro modelo de enseñanza superior. Pero ni tan siquiera el desarrollo de la tercera fase, con los niveles de pobreza y desigualdad creados, ha sido suficiente para calmar las exigencias del capital financiero, que reclama una mayor desregulación para facilitar los intercambios comerciales, una mayor protección a los inversores extranjeros y una menor capacidad de intervención de las instituciones democráticas en los Estados miembros. Estas tres exigencias se plasman en lo que puede denominarse la cuarta fase de la integración económica supranacional que tiene dos pilares claros. En el ámbito interno se enmarca en el conocido como “Informe de los cinco Presidentes”, una supuesta hoja de ruta hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria. El informa aborda la profundización en las medidas de “gobernanza económica” y otras cuestiones como la creación de los Consejos nacionales de Competitividad en los Estados miembros, entre cuyas funciones está la de ejercer una influencia en los procesos de fijación (reducción) de los salarios.
También en el ámbito interno se apuesta por la puesta en marcha del llamado “REFIT” (Programa de Mejora de la Legislación) basado en la idea de hacer el Derecho «más ligero, más simple y menos costoso». Como demuestran los resultados de 2014 el mecanismo persigue un claro objetivo de desregulación, y su implementación ha retrasando y obstruido el desarrollo de las regulaciones y fortaleciendo el test de competitividad para las normas de la UE. Como señala un informe del Corporate Europe Observatory, la Comisión, siguiendo las indicaciones del programa, descartó la proposición de algunas iniciativas relativas a la salud y seguridad en trabajo, la protección del suelo o el acceso a la justicia ambiental, por sus elevados “costes”.
Mientras se impulsan estas líneas de actuación en el ámbito interno, como ya hemos señalado, la política exterior de la UE se orienta a la realización de los acuerdos transatlánticos, un nuevo desbordamiento neoliberal por arriba para alejar la política de la democracia. ¿Se puede parar esta deriva? ¿Es posible hacer mutar a este entramado jurídico/institucional para conseguir que sus instituciones se orienten a la protección y garantía de los derechos de las mayorías sociales?.
También en el ámbito interno se apuesta por la puesta en marcha del llamado “REFIT” (Programa de Mejora de la Legislación) basado en la idea de hacer el Derecho «más ligero, más simple y menos costoso»
Ese es el gran interrogante que tendremos que despejar a través de procesos participativos de formación, debate, crítica y acción popular, impulsados desde fuera y desde dentro de las instituciones. Pero los muros de Europa son gruesos y altos. Contar hacia afuera lo que pasa dentro del Parlamento Europeo, o de la Comisión Europea, es una tarea ardua y difícil, ya que ni siquiera estamos bien informados sobre cómo funciona, ni para qué sirve, ni lo que nuestros representantes votan en las plenarias. Los medios de comunicación tampoco ayudan. Y es este oscurantismo, esta impermeabilidad, lo que ha permitido el secuestro de las políticas, de los políticos, de los funcionarios, de instituciones enteras. Sólo en Bruselas hay más de 25.000 representantes de los lobbies, con tarjetas personales para entrar y salir de los mismos edificios oficiales donde un ciudadano necesita invitación para entrar. Siguen los informes legislativos, estudian las enmiendas que se presentan, hablan con los eurodiputados, se van de cena, les pagan viajes o les prometen un puesto al acabar la legislatura.
Si en nuestro país los casos de puerta giratoria son escandalosos, en las instituciones europeas, especialmente en el Parlamento, no se quedan atrás. Eurodiputados que entran a formar parte de consejos de administración de grandes empresas, sin dejar de ser representantes. Otras veces son consejeros de empresas que se presentan a las elecciones. A veces dejan el cargo, luego vuelven, después pasan a ser comisarios…en una rueda bien engrasada y que les funciona perfectamente porque nadie les vigila. En nuestro país, además, tenemos la nefasta experiencia de haber enviado como europarlamentarios a políticos cuya carrera ya estaba agotada, o a aquellos que tienen deudas con la justicia. El famoso cementerio de elefantes también existe en Bruselas, y estas personas, sin ilusión y sin ganas de dar más a lo público, se dejan seducir por el bienestar que otorga esta institución, o por el mayor aún que puede regalarte una gran empresa. Sólo tienen que presentar enmiendas en su nombre, pero redactadas por estos lobbistas, conocedores de los procedimientos legislativos y de los equilibrios de fuerzas, de modo que el eurodiputado se convierte en correa de transmisión de los intereses de los lobbies, y no de los votantes que le llevaron hasta el escaño. La perversidad del sistema, a veces, hace decaer las fuerzas de quienes intentan hacer funcionar esta máquina en otra dirección. Afortunadamente no son pocos los representantes que desde el Parlamento intentan día a día hacer resonar allí la voz de las personas que confiaron en un programa orientado a cambiar esta UE. Y la lucha contra el TTIP es un ejemplo. Verdes e Izquierda Europea llevan muchas millas en sus espaldas, muchas horas de debates, de estudio, de reading room, de intervenciones y de proyectos con la sola finalidad de dar a conocer lo que aquí está pasando. Y es esta conjunción entre movilización y lucha institucional, entre labor de debate, formación, crítica y alternativas la única vía para conseguir revertir el rapto de Europa.
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Adoración Guamán. Profesora Titular de Universidad del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universitat de València. Autora del libro TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia.
Lola Sánchez. Eurodiputada de Podemos.
