Por Antonio Baylos
Alfred Eisenstaedt. Desfile del dia la Victoria en Times Square. 1945
A Jose Luis López Bulla, que dice las cosas mucho mejor y más claramente
El proverbio latino “facta, non verba”, suele ser el preferido para desmontar los discursos políticos en los que las promesas y los compromisos de futuro no tienen asidero real ni se corresponden con la práctica de gobierno que se ha llevado a cabo. Es (o debería ser) una exigencia de la ciudadanía que la política se manifieste en hechos, no palabras, una reivindicación de la realidad de la existencia de las personas y de las dificultades que éstas encuentran para lograr una vida decente, un trabajo digno, un trato igualitario. Porque la política sirve (o debería servir) justamente para eso, cambiar las cosas y garantizar la seguridad y la igualdad de las personas.
Han sucedido tremendos hechos que han trastornado la cotidianeidad de manera completa, provocando además situaciones extremadamente críticas para la convivencia que comprometían la salud y el nivel de renta de la mayoría de la población. La respuesta a estos graves momentos ha atendido especialmente a las situaciones de vulnerabilidad que la crisis agravaba, pero además se ha avanzado en un ambicioso programa de reformas que en su inmensa mayoría han sido generadas desde un acuerdo social tripartito entre el empresariado, los sindicatos y el poder público, mientras eran denunciadas como nefastas por los partidos de conservadores. Los resultados del “escudo social” progresivamente armado durante el estado de alarma son hechos evidentes ya documentados, pero posiblemente donde más recorrido ha tenido la evolución de un largo proceso de modificaciones normativas ha sido en la regulación de las relaciones de trabajo: desde los incrementos del salario mínimo, a la regulación del trabajo a distancia y de las relaciones de trabajo al servicio de las plataformas digitales, o los planes de igualdad y la transparencia retributiva, además de la fundamental herramienta de contención del empleo de los ERTE y el veto sobre los despidos. No es sólo una apreciación en clave interna. La Comisión Europea acaba de asegurar que los ERTE amortiguaron el impacto de la crisis de la Covid en el mercado laboral y «abrieron el camino para una rápida recuperación». Una realidad que contrasta con las políticas adoptadas en el ciclo de la crisis de 2008-2013 en donde “la caída en el número de puestos de trabajo (-15,8%) fue casi el doble de la caída del PIB (-8,5%)», afirman las recomendaciones del semestre europeo hechas públicas en mayo del 2022. Hechos, no palabras.
la política sirve (o debería servir) justamente para eso, cambiar las cosas y garantizar la seguridad y la igualdad de las personas.
La vertiente internacional de los derechos laborales, en donde se produce la intersección entre la protección del trabajo y el reconocimiento de los derechos humanos, es otro de los aspectos que se han desarrollado de manera ejemplar en estos años. No sólo la ratificación de la Carta Social Europea revisada y del protocolo de reclamaciones colectivas, una reivindicación importante del movimiento sindical, sino también la ratificación de importantes instrumentos normativos de la Organización Internacional del Trabajo. En el inicio de la conferencia anual de la OIT, la ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, ratificó en presencia del director General de la OIT, Guy Ryder, los convenios correspondientes al trabajo a domicilio y sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo (Convenios 177 y 190) y se apresta a modificar la regulación del trabajo doméstico para poder ratificar a su vez el importante convenio de la OIT 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Impulsando una imagen muy positiva en el plano internacional, ha propuesto a su vez en la sede de la OIT, presentando con el director General la guía para inclusión de las personas LGTBIQ+ en el mundo laboral. un instrumento jurídico para la igualdad real y efectiva en el trabajo de estas personas «que blinde sus derechos laborales y de protección social en todo el mundo».
La Comisión Europea acaba de asegurar que los ERTE amortiguaron el impacto de la crisis de la Covid en el mercado laboral y «abrieron el camino para una rápida recuperación».
Pero sin duda el elemento más determinante del cambio legislativo lo ha supuesto el RDL 32/2021 de reforma laboral, que ha incorporado elementos cruciales para una nueva configuración del sistema laboral de la etapa post-covid, ahora de nuevo atravesada por las turbulencias de la guerra en Ucrania. El informe de la Comisión Europea resume los efectos que sobre la economía tienen estas reformas: las reformas laborales planteadas en el Plan de Recuperación “permiten avanzar hacia unas condiciones de trabajo más justas, reduciendo la segmentación al limitar el uso de contratos temporales, mejorando la negociación colectiva, potenciando la recualificación y la empleabilidad gracias a las políticas activas de empleo y al Mecanismo RED cerrando la brecha salarial de género, protegiendo a los repartidores de plataformas digitales y a quienes realizan actividades subcontratadas”. De esta manera, las políticas desplegadas a través de la reforma laboral «tienen el potencial para lograr aumentos duraderos en la productividad y en el crecimiento potencial» y para reducir el desempleo.
Un potencial que se manifiesta en la realidad de los hechos. Los datos de abril que se conocieron a primeros de mayo de este año son concluyentes. El primero, el descenso del paro registrado: El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de abril, ha descendido en 86.260 parados en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -2,77%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.022.503. Respecto de hace un año, abril de 2021, el paro interanual ha descendido en 888.125 personas. Por vez primera, el 29 de abril se ha superado la cifra de veinte millones de personas afiliadas a la Seguridad Social – 20.098.119 en concreto – lo que indica un crecimiento de afiliación por encima de inmediatamente antes de la pandemia en febrero de 2020.
Sin duda el elemento más determinante del cambio legislativo lo ha supuesto el RDL 32/2021 de reforma laboral, que ha incorporado elementos cruciales para una nueva configuración del sistema laboral de la etapa post-covid
Con ser estos datos muy reveladores, lo más llamativo es el cambio espectacular que han sufrido las estadísticas de las contrataciones iniciales, en donde jamás la contratación por tiempo indeterminado superaba el 10% del conjunto de los contratos celebrados. Por el contrario, en abril de 2022 se han registrado 698.646 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 48,18% de todos los contratos. Supone un incremento de 534.566 (325,80%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.767.836 contratos por tiempo indefinido hasta abril de 2022, representan un ascenso de 1.139.943 (181,55%) sobre el mismo periodo del año 2021. Es decir, que los contratos indefinidos representan casi la mitad del total de las contrataciones iniciales en este mes, uno de cada dos contratos realizados, lo que constituye un vuelco en la tendencia arraigada de nuestro mercado de trabajo confirmando por el contrario la tensión hacia la reducción de la temporalidad que denota una aceleración creciente mes a mes (En diciembre de 2021, previamente a la Reforma Laboral, los contratos indefinidos supusieron el 10% del total. Subieron hasta el 15% en enero, en febrero hasta el 22%, en marzo al 31 por ciento y en abril superan el 48%).
De estos contratos por tiempo indefinido, el 41% se han celebrado a tiempo completo, mientras que el 59% de los mismos lo ha hecho a tiempo parcial, una opción que no es prácticamente nunca producto de la opción voluntaria de las personas que trabajan. Y entre ellos el 26,5% de estos de contratos indefinidos lo han sido por conversión de contratos temporales de origen de obra o servicio determinado (una modalidad derogada por la reforma laboral) o eventuales por circunstancias de la producción, en una proporción de 40/60 entre ambos. Y la estacionalidad de la economía en los sectores intensivos en mano de obra (como la hostelería de manera emblemática), hace que el peso del contrato fijo discontinuo sea muy importante, casi un 30% de los contratos indefinidos.
Los contratos indefinidos representan casi la mitad del total de las contrataciones iniciales en este mes, uno de cada dos contratos realizados, lo que constituye un vuelco en la tendencia arraigada de nuestro mercado de trabajo
En cuanto a los contratos temporales, además de un exiguo número de contratos formativos, el grueso de los mismos reposa sobre el contrato temporal por circunstancias de la producción, que supone el 73% del total de los contratos a término, mientras que el de sustitución alcanza un 14,6% de este conjunto. Es también importante comprobar que se aprecia en los contratos firmados en el inicio de 2022 un descenso del número de contratos de muy corta duración, tras la introducción de un nuevo desincentivo que incrementa la cotización de este. Los contratos de menos de 7 días han pasado de ser el 75,8% del total de los firmados en el mes de abril en los ejercicios previos a la pandemia a representar el 28%. Además, se constata la mayor supervivencia de los contratos: mientras que en años anteriores sólo el 8,4% de los contratos firmados desde el inicio del ejercicio seguían vigentes en marzo, ahora ese porcentaje llega al 46,7%. Esta tendencia a la reducción de los contratos de muy corta duración tras el desincentivo introducido en la reforma laboral se está acentuando a medida que avanzan los meses del año 2022.
Son cifras muy concluyentes que permiten hablar en efecto de un cambo de patrón, puesto de manifiesto fundamentalmente en la celebración de 700.000 contratos de trabajo indefinidos, casi el 50% de las contrataciones iniciales, unido al incremento en la afiliación y la reducción del desempleo. Es cierto que, aun siendo muy buen resultado, la situación del empleo tiene que seguir evolucionando hacia cotas más altas especialmente en lo que se refiere a la calidad del empleo. Tres millones de parados es una cifra alta todavía, aunque bordear el 13% de tasa de paro suponga exactamente la mitad del número de desempleados que se generó en 2013 y 2014 como directa consecuencia del ajuste de empleo que se produjo en virtud de las políticas de austeridad. La litigiosidad actual pasa por la confrontación sobre el salario y la lucha contra la carestía de la vida debida a la inflación provocada por la guerra y la crisis energética y de suministros que esta ha causado a las naciones europeas. Pero ello no puede empañar lo irrebatible del hecho de la extensión de las garantías de empleo que el RDL 32/2021 ha puesto en marcha, lo que posibilitará una nueva forma de enfocar la administración de la relación de trabajo a partir de la forma-tipo de encuadramiento del contrato indefinido, con las garantías que la estabilidad en el empleo puede generar.
La litigiosidad actual pasa por la confrontación sobre el salario y la lucha contra la carestía de la vida debida a la inflación provocada por la guerra y la crisis energética y de suministros
Hechos, no palabras, que indican el acierto de las modificaciones legislativas emprendidas que eliminan el contrato de obra y servicio, refuerzan la causalidad de la eventualidad y da más juego al contrato fijo discontinuo, incluso permitiendo su utilización por las ETTS, a la par que refuerza la capacidad de disuasión de la sanción administrativa ante el incumplimiento de la normativa. Con ello se está consiguiendo afirmar un principio de estabilidad en el empleo que rompe con más de cuarenta años de culto a la temporalidad y se demuestra que eran posibles reformas legislativas que desbarataran un modelo de contratación que incentivaba que el inicio en la relación laboral sólo fuera factible a partir de un contrato a término con enormes dosis de sustitución y de rotación entre las personas trabajadoras.
Y, sin embargo, no parece suficiente. No sólo porque las palabras de algunos nieguen estos hechos, entendiendo que encubren la continuidad de las antiguas realidades – la tesis muy extendida de que la reforma laboral es un mero “maquillaje” – o que apenas nada ha cambiado en realidad. Son comentarios más contrariados que contrarios como los que ha efectuado algún economista de cabecera del Partido Popular al que la existencia de los fijos discontinuos le parece una forma de ocultar la contratación temporal y la reducción del paro un efecto del dopaje de la economía por la creación de puestos de trabajo en el sector público, o, en el otro extremo, del diputado estrella de ERC que recalca el crecimiento de los contratos indefinidos a tiempo parcial y recuerda que el despido no se ha modificado y que por tanto despedir a los contratados por tiempo indeterminado saldrá barato a los empresarios. Otros, más a la izquierda, hablan de una “mutación” de la precariedad como si la reforma laboral hubiera tan sólo propiciado la metamorfosis de un virus endémico no modificable. De alguna manera son la manifestación de quienes votaron en contra de la reforma laboral pero su repetición y propagación en los medios de comunicación no se contextualizan como una autojustificación de su opción política que deforma una apreciación meditada sobre el significado de estos muy buenos resultados sobre el empleo y la contratación laboral. Se emplean con una intención claramente erosionante de la realidad de los hechos que demuestran esos datos estadísticos tan rotundos como convincentes.
se está consiguiendo afirmar un principio de estabilidad en el empleo que rompe con más de cuarenta años de culto a la temporalidad
El hecho no subsiste ante las palabras que lo refutan. Y el mensaje se propaga a través de las palabras. Pero en otros casos no se niega o desvirtúa el hecho, simplemente se ignora. En la mayoría del discurso progresista que vertebra la discusión política que se está desarrollando durante todo este año, y en especial en su manifestación comunicativa, las palabras no reivindican estos hechos como elementos centrales de su argumentación. Las reformas laborales no logran la centralidad del debate público. No se trata, desde luego, de un reflejo teórico en el que la izquierda asume el desplazamiento de la centralidad del trabajo y de los trabajadores a una posición de marginalidad en el proyecto de reformas de la sociedad desde la aceptación de una perspectiva pluriclasista en la que la dimensión del consumo y de la distribución ocupan todas las respuestas posibles a la crisis. Sencillamente lo que sucede es que todo el argumentario progresista se orienta hacia los temas que marcan la actualidad de las informaciones mediáticas, moviéndose en el terreno que delimita el pensamiento conservador y ultraderechista. De esta manera, la visibilidad del cambio que se está produciendo en las relaciones de trabajo como ejemplo de la potencialidad emancipatoria de la política progresista se deja en un segundo plano hasta difuminarse en medio de denuncias de corrupción y críticas a las propuestas de los otros, o al cuaderno de agravios que justamente se exhiben como síntoma de la agresión permanente contra las ideologías del cambio. Se discute en el terreno marcado por el pensamiento dominante y su apabullante hegemonía comunicativa. Y las reformas que se están produciendo, los cambios sobre la regulación del trabajo con derechos quedan fuera de campo.
Se produce así una paradoja en el razonamiento que sostiene este discurso progresista que por lo demás es acertado en la crítica ideológica que propone al señalar la incoherencia y el cinismo de la programación social que exhiben las fuerzas de derecha. Se combate ese programa, pero a la vez se le asigna una posición preeminente al concentrar todo el esfuerzo argumentativo en rebatirlo, y el reproche se sitúa en las coordenadas que el proyecto destituyente y restaurador del pensamiento neoliberal plantea.
el argumentario progresista se orienta hacia los temas que marcan la actualidad de las informaciones mediáticas, moviéndose en el terreno que delimita el pensamiento conservador y ultraderechista
No se resaltan los avances evidentes en la vida cotidiana fruto de las reformas laborales como la prueba evidente de que la política sirve para avanzar gradualmente hacia un mundo mejor menos desigual que garantice seguridad en el empleo y una renta salarial suficiente. Esta omisión en el orden de prioridades del argumento político es funcional a los embates del pensamiento conservador y ultraderechista que esconden o niegan estos cambios para situar el centro de la discusión pública que se muestra a la ciudadanía en los puntos que dominan y que corresponden a un debate maximalista de ideologías en las que la palabra libertad se revuelve sobre su propio significado y se arroja sobre la acción política para devolver la realidad y los hechos a la situación de desigualdad extrema y de injusticia.
Hay también falta de pegada, de punch en el énfasis puesto en la discusión. La izquierda política no parte de la centralidad del trabajo a la hora de construir su discurso en positivo, preferentemente se instala en el espacio reivindicativo de la ciudadanía y de los derechos sociales garantizados por el Estado a través de prestaciones sociales de todo tipo (o de la carencia de las mismas) pero no pone en primera línea la existencia del conflicto que se despliega en las relaciones de trabajo y en el espacio de la empresa y en la profunda desigualdad que nace de esta relación. Posiblemente en ese escamoteo del conflicto que se reproduce constantemente en los lugares de trabajo y en el espacio de la empresa hay motivaciones muy diferentes entre las aproximaciones social liberales al terreno electoral y las que proceden de la “nueva política”, pero es posible que esta omisión en la que coinciden unos y otros planteamientos posibilite que la formación de la opinión pública y una buena parte de la ciudadanía escinda la decisión político- electoral que ejercita en las sucesivas convocatorias electorales de la realidad del cambio en sus relaciones materiales de vida.
No se resaltan los avances evidentes en la vida cotidiana fruto de las reformas laborales como la prueba evidente de que la política sirve para avanzar gradualmente hacia un mundo mejor menos desigual que garantice seguridad en el empleo y una renta salarial suficiente.
Los sindicatos son los sujetos sociales que más han valorado, como es lógico, la importancia de este cambio legislativo en el que por otra parte han participado de forma muy decisiva a través de su compromiso en el diálogo social. Pero su voluntario distanciamiento del debate político-electoral sobre la base de una autonomía entendida cada vez más como extrañamiento del juego electoral, y la necesidad de atender a nuevos retos reivindicativos, en este caso la exigencia de un aumento salarial que impida la pérdida de poder adquisitivo a través de la inflación y la necesidad de una gran ofensiva en la negociación colectiva que derribe la resistencia patronal, hace que su incidencia sobre el relato que se maneja en los medios y en la comunicación a la opinión pública sea escasa y, lo que es más llamativo, que apenas permee los discursos de los grupos políticos que se reclaman del acuerdo progresista o de la mayoría de progreso. Existe desde luego un modo de pensar político en el sindicato en el que se asigna un enorme valor a las reformas del marco institucional logradas, pero este modo de pensar no ha sido capaz de insertarse de modo permanente y dirigente en la programación y el discurso de las fuerzas políticas del cambio. Otra paradoja que revela también una cierta debilidad del reformismo sindical.
Y en esas estamos. Se podría concluir por tanto que hay que reivindicar los hechos, desde luego, pero también afirmar las palabras que los explican y los sitúan en el centro del discurso de la transformación social. Demostrar que mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, garantizar derechos individuales y colectivos en el espacio de la empresa, es una pieza esencial en el modelo de sociedad que se quiere ir construyendo con el apoyo de las mayorías sociales interesadas. Un modelo que paulatinamente va cobrando forma en los hechos pero que las palabras deben enseñar y mostrar como prueba de la realización de un compromiso real con la ciudadanía para mejorar sus condiciones de existencia social. Hechos y palabras en una misma dirección.
(Bolonia, 27 mayo 2022)
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Antonio Baylos. Catedrático de derecho del trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha, ha publicado muchos artículos y libros. Destacamos: Derecho del trabajo un modelo para armar (Trotta, 2013); ¿Para qué sirve un sindicato? (Fundación 1º de Mayo y Catarata, 2021); Sindicalismo y derecho sindical (Bomarzo, 2021).
