Por JORDI BORJA
1. El mundo se urbaniza, la ciudad se dispersa, la ciudadanía se atomiza
El mundo urbano se tribaliza, la hecatombe de Kingali nos acosa1, las desigualdades y las exclusiones se convierten en bombas de relojería. Las conferencias internacionales nos advierten retóricamente que el territorio no puede soportar el calentamiento del planeta, la contaminación del aire, el despilfarro del agua, del suelo y de las energías no renovables, la destrucción o la banalización de los paisajes, el incrementalismo institucional fuente de la opacidad, la ineficiencia y la corrupción de muchos gobiernos y agencias o empresas de servicios. Y se lamentan de la pobreza, del hábitat degradado o informal, de la miseria infantil, de la desocupación, de la inseguridad y de la violencia, especialmente de género. Como los tribunos de la plebe, denuncian pero sin criticar las causas y mecanismos que crean estas situaciones, sin concretar los actores responsables que por acción y por omisión hacen de la ciudad un lugar de desposesión y exclusión. La urbanización extensiva y especulativa es la disolución de la ciudad y la ciudadanía.
Las ciudades compactas y complejas devienen centros gentrificados, reductos selectivos de grupos privilegiados. O, lo que fueron espacios populares, de poblaciones mezcladas o marcados por grandes infraestructuras (puertos, aeropuertos, gran industria) se reconvierten en enclaves, de oficinas, comercios y “gente bien”. A veces de mal llamados grandes proyectos urbanos. O se privatizan zonas, calles y plazas, y se fabrican “barrios cerrados”. Es el grado máximo de alienación urbana, de desposesión de la mayoría ciudadana.
En las periferias se desarrolla la no-ciudad, la urbanización sin ciudad. Es la urbanización difusa y fragmentada, segregadora, rompedora de los lazos sociales y culturales. La mixtura propia de la ciudad es sustituida por la guetización. La cultura ciudadana deviene tribu o individuos atomizados. Son los territorios de la especulación, de los conjuntos más o menos ricos encerrados como en una fortaleza, y de los conjuntos sociales o informales excluidos de la ciudad2.
La urbanización extensiva y especulativa es la disolución de la ciudad y la ciudadanía
Son los pobres, las poblaciones de bajos ingresos, los que más necesitan de la ciudad. No tienen ni espacio ni interlocutor para reivindicar y negociar. Las poblaciones pobres con salario miserable, los desocupados y los inmigrantes, los informales mal o poco integrados en colectivos sociales. Todos ellos son los más excluidos de la ciudad, con escasas posibilidades de escalar a la condición ciudadana. La injusticia espacial es un plus que se añade a la injusticia y marginación social, cultural, económica. La política se miserabiliza, la ciudadanía no existe si no es colectiva y plural. Los ciudadanos existen con los otros, son conciudadanos. En nuestros continentes, América y Europa, pensamos que todo tiende a ser ciudad. Pero cuando todo es ciudad, nada es ciudad. Y cuando no hay ciudad no hay ciudadanía. Y en nombre de la democracia ésta se pierde, excluye… y debe confrontarse con el marco político y económico existente. El auge de las ciudades, o en realidad de la urbanización, ha dado lugar a procesos de desdemocratización, que ha empezado con la regresión de los derechos sociales. La urbanización ha contribuido a pervertir la democracia.
2. Los males de la ciudad no son producto de la fatalidad, No lo es la sostenibilidad del territorio y del planeta. Tampoco son producto de la desigualdad social, de la injusticia espacial y de la pobreza creciente en las regiones urbanizadas. Hay causas y agentes en gran parte globalizados responsables. Las organizaciones internacionales no representan a los pueblos, sino a los gobiernos y a las multinacionales. No asumen el rol que se les atribuyó cuando se crearon.
A las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, por su responsabilidad ante los pueblos y ante el planeta, les corresponde no solo denunciar los males del mundo, también las causas y los que las promueven. Sin embargo son legitimadores. Habitat exalta la competitividad de ciudades y territorios, que genera exclusiones e insostenibilidad. No se hace ninguna crítica a la financiaciarización de la urbanización, lo cual conlleva una economía especulativa, depredadora y que acentúa las desigualdades. Se recupera un concepto de la biología, la resiliencia, para culpabilizar a los pobres, los desposeídos y los excluidos por no saber reaccionar ante la vida. Así se justifica la gradual demolición del “welfare state”. Se privatizan los servicios de naturaleza pública o de interés general, la vivienda es ante todo mercancía, el suelo es objeto de especulación exponencial y se olvida “la función social de la propiedad” aunque se haga una vaga referencia a ella. El World Bank, pariente de NN.UU, favorece la urbanización expansiva y difusa como indicador principal de desarrollo económico (Informe de 2009, en plena crisis financiera-especulativa). Los tratados internacionales, como el TTIP que está en proceso de aprobación y ejecución, admiten que se reducirá la masa salarial y se culminará la privatización de servicios básicos con un gran aumento de las tarifas de los mismos, desde el agua hasta los transportes, desde la vivienda hasta la energía. Estamos en una época de regresión social, de acentuación de las desigualdades y de complicidad y debilidad de los Estados.
Son los pobres, las poblaciones de bajos ingresos, los que más necesitan de la ciudad. Ni espacio ni interlocutor tienen para reivindicar y negociar
Las grandes Conferencias internacionales organizan regularmente “cumbres” sobre la pobreza, el medio ambiente o los asentamientos sin viviendas dignas ni servicios básicos. Sin otro resultado que declaraciones retóricas, debidamente controladas por los gobiernos y las multinacionales y sin resultado alguno efectivo. Habitat 1 y 2 han sido un ejemplo de manual, como ha demostrado Michael Cohen3. Ni tan solo ha habido el mínimo seguimiento de las resoluciones de cada conferencia. Habitat 3 ha pretendido abrirse a las ciudades y a las organizaciones sociales en el proceso preparatorio, pero siempre que ha podido ha impuesto modelos organizativos basados en reunir personajes muy dispares, cada uno con su historia, y a la hora de redactar resoluciones se evitan conceptos polémicos, como el derecho de propiedad o la influencia del sistema financiero global sobre el ámbito local. O se muestran reticencias ante “el derecho a la ciudad”. El resultado no va más allá de expresar buenos deseos sin fijar objetivos políticos reductores de desigualdades ni cuestionar las normas y los mecanismos económicos que generan malestar social e insostenibilidad del territorio. En resumen: las conferencias internacionales son una farsa.
3. Los poderes económicos hacen la política. Los políticos se ponen al servicio de la economía
Las ciudades no se mueren. En cada época de cambio se anuncia su crepúsculo, su desaparición, diluidas en la urbanización fragmentada y segregadora. Hay propuestas urbanísticas que proponen urbanización sin ciudad, y no es una utopía, se encuentra en la realidad hoy, en las periferias. Pero las ciudades perviven, en parte se mueren pero también reviven, también las cualifican las periferias. Jane Jacobs adivinó la dialéctica de las ciudades que viven, mueren y reviven. Una agonía en su sentido originario, una lucha por la vida4. Las ciudades reviven porque son el producto más complejo que ha construido la humanidad. La diversidad y la densidad de los habitantes y sus múltiples relaciones hacen de las ciudades el ámbito de la creatividad, la libertad y la cooperación; no hay democracia sin ciudad. Las ciudades tienden a reducir las desigualdades y a generar solidaridades. El desarrollo económico es en gran parte debido a las ciudades. El 70 o el 80 % del PIB en nuestros continentes se produce en las regiones altamente urbanizadas. Pero las dinámicas económicas son a la vez hijas de la ciudad y destructoras de la misma. La economía urbana es hoy la principal fuente de acumulación de capital y en gran parte esta acumulación va vinculada a la especulación y a la apropiación de las rentas de posición. Lo cual se confronta con la reducción de la masa salarial y de los servicios y equipamientos vinculados a la reproducción social, es decir la vivienda, los servicios básicos, el agua, la energía, el entorno, el espacio público, los transportes, la educación y la sanidad, etc. Esta misma economía es la principal causa también de la insostenibilidad de las regiones urbanas y del planeta. Sin intervenir en los procesos de acumulación de capital no es posible acabar con la pobreza, la exclusión y la desposesión de la ciudadanía. Las ciudades se estructuran sobre la base de la contradicción entre la acumulación de capital y la reproducción social.
Las grandes Conferencias internacionales organizan regularmente “cumbres” sobre la pobreza, el medio ambiente o los asentamientos sin viviendas dignas ni servicios básicos. Sin otro resultado que declaraciones retóricas, debidamente controladas por los gobiernos y las multinacionales y sin resultado alguno efectivo
La globalización financiera, la economía especulativa, la mercantilización de las sociedades, las políticas desreguladoras y privatizadoras, el ansia del lucro inmediato, las ideologías del miedo y la obsesión clasista y securizante, la debilidad de los gobiernos locales, el uso perverso de las modernas tecnologías (como las trampas de las smart cities) y las complicidades de los profesionales, todo ello ha ido creando un monstruo de lo que fue y aún es el mayor producto humano y colectivo, el más complejo y portador de progreso, la ciudad. Las conferencias y las organizaciones internacionales denuncian las situaciones, hacen declaraciones anunciando múltiples compromisos, como la “nueva agenda urbana” destinada a ser aprobada por Habitat 35. Una extensa lista de compromisos y reconocimientos, con lenguaje retórico, que ni se precisan ni se sabe quién los asume. ¿Los gobernantes nacionales o locales? ¿Las empresas multinacionales? La ética de los profesionales? En realidad nadie, un brindis al sol. Los gobiernos nacionales y las uniones entre Estados, por complicidad o por impotencia frente a las lógicas del capitalismo financiero y especulativo, se pliegan a las dinámicas económicas dominantes. Y los gobiernos locales están atados por el marco político y jurídico y también el financiero. De nada sirven los tratados internacionales, como la Carta de derechos humanos. ¿La función social de la propiedad del suelo, recogida también en la nueva agenda urbana de Habitat y que está inscrita en diversa constituciones, ha sido tenido en cuenta para yugular la especulación?
4. La complicidad de los profesionales y del entorno social
La reorientación de los procesos urbanos requiere disponer de medios político-jurídicos y financieros y de instrumentos técnicos… Pero primero saber qué es lo que se quiere conseguir. Y esto lo saben los ciudadanos activos y organizados y una minoría de los políticos y profesionales que dialogan con ellos. Los políticos locales, los funcionarios, los profesionales y los expertos han sido con demasiada frecuencia cómplices de las políticas públicas y privadas que han generado las dinámicas perversas que se producen en los territorios urbanos. Unos por considerar que es su deber, otros por indiferencia respecto a quién sirve lo que se haga, y otros por complicidad activa. Hay que recuperar los valores propios de los profesionales y académicos. De nada serviría denunciar al conjunto de esta extenso colectivo de expertos. Debemos contribuir a que se universalicen los valores y los objetivos democráticos y humanistas que los organismos internacionales han traicionado, por acción o por omisión. Cada ciudad tiene su especificidad, “es única” en su propiedad, su historia y su memoria, sus culturas y sus demandas, su morfología y sus potencialidades, sus urgencias y sus aspiraciones. Sin embargo hay objetivos que son propios de todas las ciudades, por lo menos en los continentes más urbanizados como son América y Europa. Unos objetivos que se plantearán en cada caso en forma diferente para obtener resultados similares. No hay urbanismo válido si no contribuye a reducir las desigualdades sociales y espaciales y contribuye decisivamente a la sostenibilidad. En consecuencia hay que ubicar las viviendas populares en el tejido urbano más equipado, pues son quienes más necesitan de los medios de la ciudad. Promover la mixtura social y funcional de cada zona de la ciudad y normar que cada proyecto urbano garantice la mezcla social y de actividades. Formalizar los asentamientos informales conjuntamente con sus ocupantes e integrarlos en el tejido ciudadano. Es el derecho al lugar. Cada zona de la ciudad debe poseer una centralidad potente, atractiva y reconocida. Conviene orientar el crecimiento urbano hacia la densificación de la ciudad existente, o en su continuidad. Las regiones metropolitanas o altamente urbanizadas deben estructurarse como redes de ciudades con un sistema de movilidad colectiva e intersticios no urbanizados. Hay que reconsiderar el desarrollo económico y subordinarlo a la sostenibilidad. Promover en todos los ámbitos las formas colaborativas, tanto en la gestión de los servicios y equipamientos como en el consumo, en la producción y en las iniciativas culturales y políticas.
En resumen, las políticas urbanas deben ser metaurbanas. Reducir las desigualdades e injusticias en el territorio y garantizar la sostenibilidad de la vida y las actividades urbanas es su responsabilidad, aunque esto no depende solo del urbanismo y de la ordenación del territorio. Si no se conquistan los medios adecuados, no se pueden vencer los obstáculos que se oponen a ello. De nada sirven las declaraciones que expresan buenas intenciones y nada más. Los profesionales, los académicos y los funcionarios deben establecer conexiones múltiples con la sociedad activa, con los movimientos sociales y con los gobiernos locales implicados en servir a las poblaciones. Y poner su capacidad instrumental a su servicio.
5. Hay que asumir los medios para remover los obstáculos que se oponen a los objetivos de hacer ciudad para todos los ciudadanos
No basta con la voluntad política, el apoyo social o los instrumentos técnicos propios de las políticas urbanas. Entre estos obstáculos muy comunes en nuestras ciudades cabe citar en primer lugar el suelo. Sin control público o social del uso y del precio del suelo no puede haber una ciudad justa. Hay que distinguir titularidad de la propiedad y uso. El precio del suelo debe ser equivalente al valor rústico o un poco superior (máximo el 20%). Mediante el planeamiento y la fiscalidad se puede yugular la especulación del suelo urbanizable o urbano y movilizarlo para usos de interés general, sea vivienda, equipamientos o espacio público. En muchos países conviene modificar la constitución o el código civil con el fin de priorizar el carácter de “bien común” y que la judicatura lo tenga en cuenta. La financiación urbana, sea suelo, vivienda, infraestructuras, etc, está ahora en manos de un sistema financiero globalizado, de capitales volantes y orientados para obtener beneficios a corto plazo y sin ningún respeto por las necesidades sociales y los impactos ambientales. Hay que recuperar y desarrollar la financiación pública, la banca ética, el cooperativismo, la gestión cívica, etc. El sector financiero privado debe aportar un alto porcentaje de sus recursos destinados a un determinado territorio e invertirlos en objetivos de carácter social y de sostenibilidad definidos por el sector público, como la vivienda social o las energías renovables. Los gobiernos locales no corresponden en muchos casos a los ámbitos reales actuales. Es el caso de las ciudades metropolitanas. Hay que simplificar y reducir el exceso de instituciones, agencias, entes autónomos, etc., y definir competencias y funciones. Y, sobre todo, unificar la fiscalidad y la gestión de recursos. Lo cual supone un gobierno y una asamblea electiva de ámbito metropolitano. Sin ello es imposible desarrollar políticas públicas que sean coherentes, transparentes y redistributivas. Lo servicios básicos como son la gestión ambiental, el agua, la energía, los transportes, el acceso a las tecnologías y los contenidos de información y comunicación, etc., no pueden ser de carácter lucrativo6. Las empresas multinacionales vinculadas al capital financiero global tienden a monopolizar estos servicios, lo que en la práctica supone una enorme reducción del “salario indirecto”, pues lo que antes era un servicio accesible a todos pasa a ser un coste que sectores importantes de la población no pueden asumir. Lo cual ha producido una tendencia a recuperar estos servicios por parte de los gobiernos locales, una “remunicipalización”. La vivienda es un bien básico que es a la vez individual (grupo familiar) y colectivo (barrio, convivencia, mixtura social y cultural). Las políticas de vivienda, públicas o privadas, tienden a segregar socialmente los conjuntos de vivienda. Las viviendas sociales se ubican fuera del tejido urbano físico y cívico. O si arraigaron en el lugar y este deviene interesante para operaciones lucrativas, se las desplaza a las periferias. El objetivo es casi siempre especulativo. El derecho a la vivienda es tan fundamental como el acceso a la educación o la sanidad. Un derecho que incluye el lugar reconocido, la heterogeneidad o mezcla social, el espacio público y la inserción en la vida ciudadana.6. Nada se ha perdido cuando se asume que todo está perdido (Cortázar).
La creciente desigualdad social en el territorio, la exclusión económica y cultural de amplios sectores populares y medianos (o ex medianos) y el desgobierno democrático y la involución represiva institucional, han dado lugar a una escandalosa “injusticia espacial”7. Todo ello no solo supone una regresión directa de las condiciones de vida de una gran parte de la población, también empobrece la calidad de la vida urbana de todos. A ello se añade la insostenibilidad de los procesos urbanos dominantes, tanto los que resultan de los costes ambientales como sociales. La desposesión cultural de la ciudad genera una alienación cívica. A ello se añade la desposesión respecto a instituciones a la vez complejas, opacas, poco representativas y muchas veces impotentes, una alienación política acentuada por las instituciones que cada vez son más dependientes de las entidades financieras y de las empresas de obras y de servicios, en lugar de articularse con los colectivos ciudadanos. Y si todo parece perdido, nada se ha perdido.
La reacción social y ciudadana se ha expresado en forma creciente. Se han reforzado o han aparecido y multiplicado los movimientos y organizaciones de jóvenes, de sectores socio-profesionales, culturales, sindicales y sobre todo vecinales. El progreso y la innovación lo representan hoy las clases populares y medias ciudadanas, en su doble dimensión, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa8. Colectivos de expertos optan por trabajar con los movimientos ciudadanos o populares, y no con los gobiernos sometidos a la lógica del capital. La recuperación de la ciudad, y por ende de la ciudadanía, se forja en la movilización y organización de los ciudadanos. Son estos los que se confrontan en el ámbito local con los actores globales disolventes de la ciudadanía: el sistema financiero y las multinacionales de obras y servicios.
Los organismos internacionales y los gobiernos de los Estados tienden a actuar como cómplices de estas fuerzas globales, bien sea por debilidad o por interés. Pero cuando se expresa la ciudadanía en ámbitos nacionales o internacionales, estas mismas instituciones aceptan el discurso y proponen fórmulas de mediación, aunque no ponen en cuestión el modus operandi de los actores globales. Los gobiernos locales, si bien en muchos casos actúan en sintonía con los gobiernos estatales y los actores globales, también son sensibles a la presión ciudadana, y actualmente empieza a ser frecuente que aparezcan nuevas candidaturas surgidas de la ciudadanía activa. El marco político-jurídico los limita, pero se encuentran vías para incidir en los procesos urbanos, aunque tienden a actuar más sobre los efectos que sobre las causas. Para ello son necesarias la imaginación para innovar y la audacia para actuar. Son las virtudes de las movilizaciones cívicas y de las organizaciones sociales, vecinales, clasistas o culturales, que acumulan conocimientos críticos y alternativos. Las dinámicas sociales colectivas se manifiestan en tres dimensiones distintas que hay que tener en cuenta. Las demandas o necesidades concretas, con frecuencia concretan la reivindicación y la legitiman como derecho. Pronto descubren que casi siempre sus demandas son colectivas y son interdependientes con otras. La segunda dimensión es política, se plantean acciones, proyectos, programas o intervenciones públicas o de los entes públicos o privados que son considerados como responsables. Exigen ser partícipes, no se conforman con la representación electoral. Exigen sentirse representados en las instituciones y ser escuchados en todo lo que les afecta o interesa. Y hay una tercera dimensión presente en todos los movimientos ciudadanos: expresan, de forma explícita o como aspiración latente, el deseo de avanzar hacia una sociedad justa, una vida digna y feliz y un progreso basado en la libertad y la igualdad para todos. Cuando parece que todo está perdido, nada está perdido. Es la voluntad ciudadana.
7.- Ciudad y democracia versus Estados y gobiernos: El derecho a la ciudad
El mundo actual, y más concretamente el mundo occidental, América y Europa especialmente, vive un proceso de “desdemocratización” acelerada9. La debilidad y la complicidad de los gobiernos de los Estados respecto a los poderes económicos globales y las políticas neoliberales y desreguladoras, ha conducido a una grave crisis socioeconómica que ha empobrecido a gran parte de los sectores populares y medios y ha generado enormes desigualdades y escandalosos privilegios. Esta realidad explosiva se visibiliza en las ciudades y regiones altamente urbanizadas: “los contrarios chocan brutalmente en el espacio”10. En las últimas décadas se ha añadido un enorme desafío a la humanidad, el que afecta al futuro de nuestro planeta. Es la locura de un desarrollo pervertido y un despilfarro de recursos básicos que degrada las condiciones de vida de población.
La revolución urbana no es un mito, es una posibilidad. Nos enfrentamos en un proceso de “desdemocratización” por parte de los poderes políticos y económicos al que responde un conjunto heterogéneo de resistencias sociales y culturales que de formas diversas cuestionan las instituciones formales y las políticas dominantes
Al creciente malestar de nuestras sociedades urbanas se añade la crisis institucional motivada por la inoperancia y corrupción de los poderes públicos y económicos y por la desafección respecto a los partidos que asumen una representación política con la que no se identifica gran parte de la ciudadanía. La injusticia espacial y el efecto de escala se han multiplicado por las migraciones que se instalan en las periferias informales o formales, por la desocupación en Europa y los ingresos por debajo del nivel de pobreza en América latina. Las políticas de vivienda que acentúan la exclusión, bien por los barrios degradados o criminalizados o bien por las zonas mal y poco urbanizadas y segregadas de la ciudad. Los sectores populares reaccionan y probablemente aumentará la tensión y quizás la violencia, no tanto por la pobreza como por la desigualdad, la ostentación de los ricos, la imagen de las zonas de calidad y de los barrios cerrados, los privilegios y el despilfarro. La revolución urbana no es un mito, es una posibilidad. Nos encontramos ante un proceso de “desdemocratización” por parte de los poderes políticos y económicos al que responde un conjunto heterogéneo de resistencias sociales y culturales que de formas diversas cuestionan las instituciones formales y las políticas dominantes. Son conflictos asimétricos, a veces con violencia expresiva, otros con demandas y reivindicaciones inmediatas, localizadas y legítimas en la conciencia social. Y poco a poco se van creando lazos a nivel de ciudad, incluso de país o región, como sucedió con el Movimiento de Reforma Urbana que se desarrolló inicialmente en Brasil en las últimas décadas del siglo pasado.
8. La “desdemocratización” se expresa mediante la regresión de los “derechos sociales” y de las libertades políticas
Las políticas de vivienda se asignan al sistema financiero local y global y a los promotores constructores privados, los servicios de naturaleza pública o interés general se privatizan, se facilita la especulación del suelo y la urbanización difusa. Las legislaciones represivas y el reforzamiento de la acción policial limitan las libertades y derechos políticos y recuperan el rol de la policía contra manifestantes y huelguistas. La democracia arraigó en el siglo XX por las conquistas sociales. Fue la ampliación de los derechos sociales y las políticas de “welfare state” y los derechos políticos accesibles a todos o a la gran mayoría de los ciudadanos. Ha sido un largo combate de las clases trabajadoras y populares: el acceso real a las elecciones, derecho de huelga, de manifestación y de organización, de contratación colectiva, etc. Medios indispensables para enfrentarse con las políticas públicas y la dominación del poder económico, y ejercer el derecho a la vivienda y al lugar, la protección social, la escuela y la sanidad públicas. Es un conjunto de derechos sociopolíticos interdependientes y de contenidos e instrumentales para conquistarlos, defenderlos y ampliarlos11. La democracia no se conquistó en el marco del Estado liberal decimonónico, oligárquico y censitario. Se consolidó al terminar la segunda guerra mundial12.
Las políticas neoliberales han deslegitimado la democracia representativa y el Estado de derecho. Las clases populares y en parte las clases medias no se sienten representadas. Lo cual conlleva un reforzamiento de las políticas represivas, en muchos casos de carácter “preventivo”, ante la posibilidad de que se desarrollen múltiples formas de desobediencia civil en defensa de derechos legítimos. La desdemocratización ha dado lugar de una ofensiva ideológica basada en la atomización social y el individualismo, el miedo y la inseguridad, la naturalización de las políticas económicas y la supuesta “inexistencia” de alternativas políticas13 y la mitificación del Estado de derecho. Pero como es bien sabido que “el Derecho primero libera y luego oprime”. Los derechos legitimados en la sociedad y en muchos casos en las Constituciones y tratados internacionales14 no se materializan en las leyes, en la judicatura, en las políticas públicas y en la fuerza de las reglas y las prácticas mercantilizadotas. El marco político-jurídico niega e impide el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. El ámbito del conflicto es hoy es en el espacio urbano, es el espacio de la acumulación de capital frente a la producción y reproducción social. La democracia arraigada en la ciudad se enfrenta con la institucionalidad expresada por el Estado de derecho. Frente a un Derecho pervertido desde las ciudades se opone el “derecho a la ciudad”.
9. El derecho a la ciudad no es un catálogo de derechos
Su enumeración puede ser interminable y en consecuencia puede parecer poco efectiva. Sin embargo se multiplican los catálogos lo cual es positivo pues cumplen una función legitimadora y influyen en la orientación de las políticas públicas. Asumir estos derechos supone la interdependencia de los mismos y cuestionar los obstáculos que lo impiden. Lo cual no tienen en cuenta los gobiernos nacionales y locales. El catálogo del derecho a la ciudad resulta puede resultar inoperante. La prueba es que incluso en encuentros de Habitat y otros organismos internacionales empieza a emerger el derecho a la ciudad para maquillar su discurso y darle un tinte progresista y procurar ganarse el aplauso de los gobiernos de las ciudades y de las organizaciones sociales15.
El derecho a la ciudad, tal como ha sido expuesto por sus principales teóricos y por los líderes sociales16, no disimula su vocación de promover una transformación radical de la ciudad y de la organización del territorio. Cuestiona el derecho de propiedad, no acepta la gestión privada de los bienes comunes y de los servicios de interés común, se opone al productivismo a costa del medio ambiente y de los recursos básicos, propone una democracia deliberativa y limitativa de las instituciones de representación en favor de formas de gobierno y gestión cívicas, prioriza los objetivos de igualdad y libertad, de reconocimiento por igual de todos los habitantes de un territorio, etc. Pero la vocación de cambio, de alternativa y de voluntad de modificar los marcos jurídicos, políticos y económicos en favor de los valores y objetivos de libertad e igualdad, es propio de la democracia.
El derecho a la ciudad se confronta con el actual proceso de desdemocratización, es un derecho para contribuir a la redemocratización. No se trata de un retorno al pasado, es posicionarse en un momento histórico que requiere nuevos derechos y más efectivos. El derecho a la ciudad pretende ser uno de los instrumentos para reconstruir la democracia desde las ciudades. En resumen el derecho a la ciudad es un horizonte, lo que nos “ayuda a caminar” (como podría decir Eduardo Galeano) y que expresa la aspiración a una sociedad más justa, amable y feliz. Es dudoso que Habitat y Naciones Unidas, siguiendo las consignas de Estados Unidos, asuman “el derecho a la ciudad”, incluso es posible que intenten que se haga alguna referencia a ello.
10. El futuro de las ciudades se confunde con el de la humanidad. Y sin embargo los organismos internacionales, en especial Naciones Unidas, y los gobiernos de los Estados han fracasado o se han desinteresado de la disolución de las ciudades, sumergidas por la urbanización sin ciudad.
Las Naciones Unidas olvidaron desde el inicio que no eran las naciones, el pueblo en acción, sino los Estados y sus gobiernos, ni tan solo los parlamentos están presentes. Los pueblos quedaron fuera y la burocracia internacional esta sometida a los intereses conservadores de los gobiernos. Los pueblos y sus territorios, hoy en su mayor parte urbanizados, tienen algunas posibilidades de hacer sentir voz pero no tienen voto. Los pueblos están atomizados por la democracia de base representativa mediante el voto de los individuos . Las ciudades son en cambio agregadoras, o como dijo Dahrendorf la democracia liberal és frígida, la ciudad es cálida. Hay una relación directa entre los gobiernos locales y la ciudadanía actíva organizada. En Foros o Conferencias los representantes de las ciudades pueden expresarse mediante portavoces reales. Se hacen escuchar aunque sea desde posiciones marginales. Habitat, tímidamente, ha abierto algunas puertas a los representantes directos de las ciudades y a las organizaciones sociales y culturales. Pero no deja de ser teatro, puro teatro. Cada uno cuenta su historia, se les escucha mezclados con funcionarios, políticos, representantes empresariales disfrazados de expertos. Habitat pretende imponer la diversidad, gentes de colores distintos, viejos y jóvenes, del campo y de la ciudad. Foros, conferencias, seminarios, “thematics meeting”, poupurris donde lo concreto y lo abstracto, la experiencia local y el discurso burocrático, un puzzle que se convierte en resoluciones preventivamente censuradas o maquilladas por funcionarios ejercitando de esbirros.
La existencia de Habitat hasta ahora no se ha justificado. Las Conferencias cada 20 años y los Foros Urbanos más frecuentes han permitido encuentros más propios de una feria popular repetitiva que de un espacio de debate, resoluciones y seguimiento de los compromisos. No ha tenido efectos visibles ni resultados prácticos. Al contrario, los expertos fichados por Habitat suavizan cualquier declaración que pudiera despertara el sopor de los diplomáticos gubernamentales y aún así éstos vigilan siempre que se multipliquen las suficientes precauciones para que los textos oficiales sean insípidos, neutros, que no puedan parecer algo impertinentes para algún gobierno susceptible. Es decir, perfectamente inútiles. De poco servirán añadir algunas sillas testimoniales al Consejo de Administración para que algunos alcaldes o directivos de ongs potentes ocupen algunas sillas. Serán una minoría y heterogénea, con poco peso numérico y que se neutralizaran entre ellos mismos. Ya hemos podido comprobar el resultado, nulo, de los foros y conferencias, encuentros temáticos de Habitat, O cuando Habitat recurre a la “sociedad civil” aparecen engendros como la Campaña Urbana Mundial que con mucho dinero y muchas reuniones, con 26 “grandes pensadores” delante y grandes empresas detrás17. El resultado ha sido un documento infantil titulado “La ciudad que necesitamos. Hacia un nuevo paradigma urbano”. Palabras angelicales dirigidas a los Reyes Magos para olvidar los problemas reales y los actores destructores de la ciudad y de la ciudadanía.
Habitat no nos representa. Se trata de reconstruir Habitat sin los gobiernos de los Estados. Con los pueblos, las organizaciones y movimientos sociales, con los colectivos profesionales o académicos críticos y alternativos y con los gobiernos de las ciudades con vocación de hacer ciudad y de promover los derechos ciudadanos de todos. Si hay gentes sin derechos no hay derechos de nadie, hay privilegios y hay excluidos. Son las gentes sin derechos o con derechos limitados conjuntamente con las fuerzas ciudadanas activas los que pueden hacer posible la ciudad democrática.
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Este texto redactado por Jordi Borja es base para el Manifiesto del Foro Alternativo en paralelo a la Conferencia de Naciones Unidas-Habitat, que se celebra en Quito del 17 al 20 de octubre.
Jordi Borja. De 1968 a 1972 fue profesor de sociología urbana en la Universidad de Barcelona y, de 1972 a 1984, de geografía urbana e instituciones territoriales en la Universidad Autónoma de Barcelona.profesor de la Universidad Abierta de Cataluña y director del Master en Gestión Urbana en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesor en las universidades de París, Roma, Nueva York, México y Buenos Aires y codirector de la Asesoría de Planes Estratégicos de Rio de Janeiro, Bogotá y Medellín. Ha colaborado en numerosas publicaciones como L’Avenç, L’Espill, Mientras Tanto y El País, entre otras. Desde el 22 de diciembre de 2012, Jordi Borja es Presidente del Observatorio DESC de Barcelona sobre Derechos económicos, sociales y culturales. [de Wikipedia]
1.- Kigali, la capital ruandesa, dividida en compartimentos estancos, unos ocupados por hutus y otros por tustsis. El resultado fue una masacre masiva primero de tutsis por parte de los hutus y luego éstos a su vez fueron decimados por los tutsis. [^]
2.- La injusticia espacial se hace más visible y acentúa las desigualdades y exclusiones debido al “efecto escala”, muy estudiado por los geógrafos. Las periferias hasta mediados del siglo XX crecieron en los límites de la ciudad compacta. A partir de la difusión del automóvil, el afán especulativo del suelo vinculado a la financiarización del territorio y la política de alejamiento a los sectores populares de la ciudad y el bajo coste de la vivienda “social”, todo ello ha producido conjuntos de nivel bajo o medio en territorios urbanizados sin ciudad. Ver la obra la última obra de Bernardo Secchi, La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres (2013 en italiano, 2015 en castellano). Ver también Las ciudades, una ecuación imposible (2012), de M.Belil, J.Borja y M.Corti (eds). [^]
3.- Artículo de M.Cohen: From Habitat II to Pachamama: a growing agenda and diminishing exoectations for Habitat III, Environment and Urbanization, 2015. [^]
4.- Muerte y vida de las grandes ciudades, Jane Jacobs (1961). También es interesante, actual y poco conocida la obra de J.L.Sert Can our cities survive?, escrita en 1942 a partir de las resoluciones de CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna). [^]
5.- “Los compromisos y reconocimientos, los haremos y los apoyaremos…” están expuestos ampliamente, a lo largo de todo el documento. Los compromisos principalmente desde el punto 25 hasta el 83, una tercera parte del documento. La implementación se deja en manos de los gobiernos con un lenguaje suficientemente laxo. A pesar de lo cual probablemente será recortado. De momento se excluye el concepto de “derecho a la ciudad”. [^]
6.- El presidente de la multinacional Nesle declaró recientemente “No existe el derecho al agua, es un producto que hay que comprarlo”. Sin comentarios. [^]
7.- Concepto que utiliza el urbanista italiano Bernardo Secchi en su último libro, publicado poco antes de su muerte (2013, versión en castellano en 2015). [^]
8.- Las clases trabajadoras las entendemos en un sentido más amplio que en la época de la sociedad industrial. Si hay acumulación de capital mediante la especulación urbana, la privatización de los servicios de interés general o por medio de la construcción de obras públicas y de vivienda y la localización de negocios todo ello afecta negativamente los salarios reales y los medios de reproducción social. Por lo tanto hay explotación socio-económica y alienación política-cultural. [^]
9.- Veánse los textos recientes de E.Balibar. Una selección de artículos en castellano en “Ciudadanía” (editada por A.Hidalgo, Córdoba, Argentina, 2013. El proceso de desdemocratización se inició en el último cuarto de siglo pasado. En América latina y en Europa hubo reacciones sociales y políticas que dieron lugar a gobiernos progresistas especialmente en las grandes ciudades. Pero las “nuevas políticas” actuaron sobre los efectos de las políticas neoliberales pero no sobre los factores causales. [^]
10.- Una cita de un verso de Schiller, con permiso. [^]
11.- Ver el análisis histórico de Eric Hobsbawm en “La clase obrera y los derechos humanos”, en “El mundo del trabajo. Estudios sobre la formación y evolución de la clase obrera”, Editorial Crítica, 1987. [^]
12.- La democracia política se consolidó en Europa y Estados Unidos y en menor grado en América latina sobre la base del “welfare state”, que se desarrolló principalmente después de la segunda guerra mundial. Fue como resultado de las políticas “keynesianas”, el miedo al comunismo y la fuerza sociopolítica de las clases trabajadoras. [^]
13.- La expresión caricaturesca de ello es la teoría del “fin de la historia”. El hecho que en el escenario politico institucional no haya alternativas potentes en muchos Estados no significa en la sociedad si que se forjan movimientos socio-políticos que en América latina y en algunos países europeos han emergido tambien en sel sistema político institucional. Pero hay que reconocer que a la hora de gobernar les resulta más viable actuar sobre los síntomas que sobre las causas. [^]
14.- Como la Carta de derechos humanos de Naciones Unidas (1948) y otras Cartas de derechos posteriores. [^]
15.- Los gobiernos estatales, en especial el de EE.UU, probablemente impedirán que se debata y menos aún que se apruebe “el derecho a la ciudad” en Habitat 3. Una prueba más de la imbecilidad de la mayoría de gobernantes. [^]
16.- La formulación del derecho a la ciudad no solo es propia de teóricos políticos y académicos como de Lefebvre a Harvey, el grupo de académicos radicales de New York (Peter Marcuse, Neil Smith, Tom Angotti, etc), o académicos progresistas latinoamericanos como la Red de Clacso que coordinó Fernando Carrión. También ha emergido una amplia The Global Platform for the Right to the City. También han formulado el derecho a la ciudad como concepto instrumental de transformación social y política intelectuales-activistas vinculados a los movimientos populares urbanos y a las experiencias políticas avanzadas como los líderes del Movimiento de Reforma Urbana de Brasil (que incluye el grupo Polis, Raquel Rolnik, etc), Enrique Ortiz-HIC y Alicia Ziccardi, México), Ana Sugranyes (HIC y SUR) y Alfredo Rodríguez, SUR,Chile), J.Borja y el equipo DESC que lideró Ada Colau, hoy alcaldesa de Barcelona), etc. [^]
17.- La Campaña Urbana Mundial (WUC) irrumpió en el plácido archipiélago de Habitat/Naciones Unidas en 2014. Movilizaron decenas de “grandes pensadores urbanos” (vocabulario WUC) con el apoyo de grandes empresas y ongs amigas. En el 2015 elaboraron el “nuevo paradigma urbano” con el título “La ciudad que necesitamos”, un himno a la retórica vacía de contenido. Este documento fue aprobado y difundido en el Encuentro de Praga de marzo 2016. Un texto propio de IKEA reelaborado para Disneylandia. [^]
