Por SOFÍA FERNANDES y DAVID RINALDI
La cohesión y el progreso social forman parte de los objetivos de la Unión europea (UE)1. Con esta finalidad -y a pesar de que las políticas sociales son básicamente competencia de los estados- la UE desarrolló, al hilo de la integración europea, una base mínima de instrumentos en el ámbito social (ayuda financiera, legislación europea y mecanismo de coordinación de políticas nacionales) que nos permiten hablar hoy de una «Europa social». Esta última se traduce en un «acervo social2» que, durante decenios, ha respaldado un proceso de convergencia entre los Estados miembros y ha sido fundamental para la consecución simultánea del progreso económico, de una parte, y del progreso social y de cohesión, por otra.
La crisis económica y de deuda pública -así como la respuesta que se ha dado, basada en el ajuste presupuestario—-ha sacado a la luz el desequilibrio entre las dimensiones económica y social del proyecto europeo. Desde el comienzo de la crisis se han notado crecientes desigualdades, tanto en el seno de cada Estado miembro como entre ellos. La UE ha dejado de ser una «máquina de convergencia3».
Si los Estados miembros quieren convencer en el actual contexto de extremado escepticismo e indiferencia hacia Europa, es necesario que Europa aparezca como portadora de bienestar para sus ciudadanos. Por ello, los Estados miembros deben reforzar la dimensión social del proyecto europeo, con un doble objetivo: limitar los potenciales efectos negativos que el mercado único y la globalización producen sobre los modelos sociales nacionales; y promover una convergencia social hacia arriba entre los Estados miembros.
Para alcanzar una «triple A» en la dimensión social, como desea el Presidente de la Comisión europea Jean-Claude Juncker4, la UE debe cambiar de «programa informático»: la dimensión social del proyecto europeo debe ser horizontal y debe por tanto ser tenida en cuenta en el conjunto de las iniciativas y políticas de la Unión.
En este artículo partimos de un breve repaso de la construcción de la Europa social para responder a las siguientes cuestiones: ¿Por qué debe ser reforzada hoy la Europa social? ¿Cómo se pueden diseñar líneas estratégicas para una nueva Europa más social? ¿Cuáles son las iniciativas prioritarias para alcanzar una «triple A» en la dimensión social?
1. Una Europa social de difícil construcción
La construcción de una «Europa social» no era una prioridad al comienzo del proyecto europeo. Los padres fundadores estimaban que el progreso social sería el fruto del progreso económico engendrado por la creación del mercado común. La comunidad económica europea (CEE) debía por ello concentrarse en la apertura económica mientras que los Estados miembros tendrían la responsabilidad del desarrollo de sus estados de bienestar.
La dimensión social no está sin embargo ausente del Tratado de Roma, que previó un poder legislativo para la CEE en ciertos ámbitos sociales considerados necesarios para permitir la libre circulación de trabajadores (como la coordinación de sistemas de seguridad social y de lucha contra las discriminaciones). El Tratado permitió igualmente la creación del Fondo Social Europeo (FSE) destinado a complementar las reconversiones industriales.
Durante los primeros decenios del proyecto europeo esas asignaciones del Tratado se mostraron insuficientes. Sin embargo, a partir de los años 80, este reparto de tareas ha llegado a ser insostenible. La propuesta del objetivo 92 para la puesta en marcha del mercado único suscitó temores por las consecuencias sociales destructivas de la profundización de la integración económica europea.
A fin de neutralizar esos potenciales efectos negativos, en 1986, la firma del Acta Única Europea (AUE) introdujo numerosas novedades en el componente social del proyecto europeo: se introdujo la mayoría cualificada en ciertas esferas sociales, se reconoció el diálogo social europeo como un procedimiento en la gobernanza de la CEE y la promoción de la cohesión económica y social ha llegado a ser uno de los objetivos de la CEE (lo que ha ido acompañado de una fuerte expansión de la política y de los fondos de cohesión a partir de finales de los años 80).
La dinámica iniciada por el AUE se vio continuada con la adopción en 1989 de la Carta europea de derechos sociales fundamentales y la adopción del Protocolo social de Maastricht en 1992 (pronto incluido en el Tratado de Ámsterdam en 1997) que reforzó de forma notable el papel de los interlocutores sociales europeos.
Existe en realidad una «Europa social»; pero esta no es suficiente frente a los retos con los que hoy se enfrenta
Desde mitad de los años 90 hasta finales de la década del 2000 las preocupaciones sociales y de empleo siguieron estando en la agenda europea. Un nuevo instrumento de intervención de la UE en el ámbito social -más allá del instrumento legislativo y de la ayuda financiera asignada los Estados miembros- se ha puesto en marcha. Relativo a aquellas cuestiones sobre las cuales la UE no puede legislar, los Estados miembros se comprometieron a una coordinación (no vinculante) de sus políticas nacionales a través de el «método abierto de coordinación». Además, ante los crecientes desafíos con los que se encontraron los estados de bienestar nacionales, la UE asumió un papel más proactivo: sus intervenciones no estuvieron destinadas únicamente a proteger los modelos sociales nacionales frente a los eventuales efectos negativos de la integración económica, sino también a ser un catalizador de reformas nacionales en el ámbito social, a fin de garantizar la sostenibilidad y reforzar la eficacia de los modelos sociales nacionales. La estrategia europea por el empleo (1997) y la Estrategia de Lisboa (2000) son los dos principales ejemplos de este compromiso de la UE.
Más recientemente, para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis, la UE presentó nuevas iniciativas en el ámbito social, principalmente iniciativas a favor del empleo -como por ejemplo la «Garantía Juvenil» destinada a reducir el paro juvenil- y de la movilidad de los trabajadores o incluso de inversión social.
Existe en realidad una «Europa social»; pero esta no es suficiente frente a los retos con los que hoy se enfrenta.
2. ¿Por qué la Europa social debe hoy ser reforzada?
Tres argumentos de peso justifican la necesidad de reforzar en estos tiempos el rostro social de Europa.
En primer lugar, la crisis económica de los últimos años ha tenido fuertes consecuencias sociales en numerosos Estados miembros (principalmente el aumento del paro y de la tasa de pobreza así como la puesta en cuestión de los derechos sociales) y ha alimentado una divergencia económica y social entre los estados miembros. Como resultado de su estrategia de gestión de la crisis, la UE en otro tiempo sinónimo de prosperidad es percibida hoy como portadora de austeridad. Es necesario compensar los efectos de la crisis y aquellos derivados de las políticas nacionales de austeridad mediante una acción más voluntaria a nivel europeo a favor del crecimiento sostenible, del empleo y de la inversión social. La búsqueda de un nuevo equilibrio entre crecimiento económico, ajuste presupuestario y progreso social parece no solo necesaria sino urgente. Como dijo Jacques Delors: «Si la elaboración de políticas europeas compromete la cohesión y sacrifica las normas sociales, el proyecto europeo no tiene posibilidad alguna de recibir el apoyo de los ciudadanos europeos5».
Como resultado de su estrategia de gestión de la crisis, la UE en otro tiempo sinónimo de prosperidad es percibida hoy como portadora de austeridad. Es necesario compensar los efectos de la crisis y aquellos derivados de las políticas nacionales de austeridad mediante una acción más voluntaria a nivel europeo a favor del crecimiento sostenible, del empleo y de la inversión social
Además, una Europa más social es igualmente indispensable para compensar los efectos de la profundización del mercado único. Efectivamente, las cuatro libertades de circulación -de personas, de bienes, de servicios y de capitales- que introduce el mercado único pueden conducir a los Estados europeos a una competencia social y fiscal. Ahora bien, esta intensificación de la competencia intraeuropea podría ocasionar una «nivelación a la baja» que haría de los Estados miembros cuyas normas sociales son las menos protectoras los más competitivos en términos de costes. Este riesgo se ha acentuado con la ampliación de la UE a la Europa central y oriental, lo que se ha traducido en mayores divergencias en términos de niveles de vida y de normas sociales entre los Estados miembros de la UE. De esta manera, los actuales esfuerzos de la Comisión europea de cara a profundizar el mercado único (especialmente en el ámbito de la informática y de la energía) deben acompañarse de iniciativas que garanticen que una mayor integración no socave los fundamentos de los modelos sociales nacionales. Se hace necesario un nuevo compromiso a imagen de aquel que se tuvo en los años ochenta, cuando la política y los fondos de cohesión fueron reforzados para compensar la puesta en marcha del mercado único.
Finalmente, los Estados miembros se enfrentan a desafíos comunes y a transformaciones sociales que afectan a sus mercados de trabajo y, de manera más general, al futuro mismo de sus modelos sociales6. El envejecimiento de la población cuestiona la equidad intergeneracional y la sostenibilidad a largo plazo de los Estados de bienestar; el cambio tecnológico y la transformación digital hacen necesaria una puesta al día de las competencias de las empresas y de la mano de obra europea; el fenómeno migratorio y la globalización exigen un enfoque común a nivel europeo firmemente centrado en los compromisos sociales.
El envejecimiento de la población cuestiona la equidad intergeneracional y la sostenibilidad a largo plazo de los Estados de bienestar; el cambio tecnológico y la transformación digital hacen necesaria una puesta al día de las competencias de las empresas y de la mano de obra europea; el fenómeno migratorio y la globalización exigen un enfoque común a nivel europeo firmemente centrado en los compromisos sociales
3. ¿Qué estrategia para una Europa social «triple A»?
En su discurso en el parlamento europeo previo a la votación sobre el colegio de comisarios, en 2014, Jean-Claude Juncker sostenía querer una Europa social «triple A»7. La principal iniciativa lanzada después por la Comisión para llegar a ese objetivo es la idea de un «base mínima europea de derechos sociales», que se apoyará en el acervo social de la UE y lo completará. Según la Comisión, parece lógico que esa base mínima se convertirá en un cuadro de referencia que permitirá evaluar los resultados sociales y los logros en materia de empleo de los Estados miembros, dirigir los procesos de reformas a escala nacional y marcar la dirección que hay que seguir para restablecer la convergencia en la zona euro.
Esta iniciativa es efectivamente bienvenida y tiene el mérito de devolver los derechos sociales al debate político europeo y de promover amplias consultas y un diálogo social. Sin embargo, antes que aportar verdaderos avances en el terreno de los derechos sociales existe el riesgo de que esa base mínima se limite a compilar normas sociales ya existentes en el derecho europeo o en otras disposiciones internacionales8.
Este «base mínima europea de derechos sociales» será de esta forma más o menos útil según el grado de ambición y según el compromiso de los Estados miembros que, de momento, no parecen considerar como prioritaria esta iniciativa de la Comisión. Sea lo que sea, estamos convencidos de que esta iniciativa no será suficiente por sí sola para que la UE social obtenga una Triple A. Más allá de las cuestiones problemáticas ligadas al valor jurídico de esa base mínima y al carácter voluntario previsto para los países no miembros de la zona euro, existe un problema principal que tiene que ver con el enfoque de la Comisión.
La misión social de la Unión no puede limitarse a la construcción de un pilar social; debe preferentemente expresarse en todos los ámbitos de actividad de la Unión como una verdadera política horizontal. Lo cual lleva, al final, a poner en práctica una cláusula introducida en el Tratado de Lisboa y que hasta hoy ha quedado en letra muerta. Se trata de la «cláusula social horizontal», prevista en el artículo 9 del TFUE, que estipula que todas las políticas y las acciones de la Unión deben ser definidas teniendo en cuenta exigencias ligadas a la promoción de un alto nivel de empleo, a la garantía de una protección social adecuada, a la lucha contra la exclusión social así como de un elevado nivel de educación, de formación y de protección de la salud humana.
La misión social de la Unión no puede limitarse a la construcción de un pilar social; debe preferentemente expresarse en todos los ámbitos de actividad de la Unión como una verdadera política horizontal
Para reforzar la dimensión social del proyecto europeo, hace falta ante todo que la Comisión tome conciencia de que los objetivos de pleno empleo, como los de progreso, los de justicia y los de cohesión social deben ser propuestos por el conjunto del colegio de comisarios y no únicamente por el comisario responsable de empleo y asuntos sociales. La dimensión social debe ser necesariamente horizontal, lo que quiere decir que debe ser integrada en todas las iniciativas europeas puesto que las políticas sociales están inevitablemente afectadas por las políticas seguidas en otros ámbitos, especialmente la política presupuestaria9 o las políticas de liberalización del mercado, pero también las iniciativas ligadas al establecimiento de un mercado único digital o de la energía10.
4. Prioridades de acción: convergencia, movilidad, capital humano.
En esta última parte trazamos líneas directrices para aquellas iniciativas que, presentando el “cómo” arriba descrito, pueden llevar a la Unión hacia una triple A social a la que tiene que aspirar.
Las iniciativas deben inscribirse en torno a tres prioridades: 1) establecer una arquitectura de la UEM y de la UE que garantice la convergencia socio-económica, 2) lanzar las bases de un auténtico mercado europeo de trabajo que favorezca una movilidad equitativa, 3) apoyar las políticas de inversión social y de capital humano para una sociedad a la vez más productiva e inclusiva11.
4.1. Reestablecer una convergencia socio-económica.
Frente al aumento en potencia del populismo y del euroescepticismo, alimentado por el crecimiento de las desigualdades y de las divergencias, el restablecimiento de la convergencia socio-económica debería convertirse en la prioridad número uno de la UE, tanto desde un punto de vista económico como social y político.
En ese contexto, una aplicación directa del principio de horizontalidad de la dimensión social de la UE podría ser particularmente eficaz en lo que respecta a la vigilancia presupuestaria y macroeconómica. Es imperativo reconciliar los objetivos sociales y macroeconómicos, y ello debe pasar por una reforma del «Semestre europeo». Este reequilibrio del Semestre europeo implica especialmente que en el seno de la UE se preste una mayor atención a los desequilibrios sociales. El cuadro de indicadores sociales, en el marco de la vigilancia macroeconómica, debe ser más operativo y tomado en mayor consideración. Se deben desarrollar verdaderos análisis de impacto social. El Eurogrupo no debería estar compuesto solo por los «ministros de Finanzas» sino también por otros responsables, por ejemplo «ministros de Empleo», a fin de que los aspectos sociales y de empleo sean tomados en mayor consideración en los debates de la zona euro.
Además, completar la UE12 a través de la creación de un mecanismo de estabilización automática es también condición necesaria para lograr que los choques coyunturales no se conviertan en desequilibrios estructurales con fuertes consecuencias sociales, como ha ocurrido en el caso de la crisis en la zona euro.
Finalmente, mientras que el Informe de los cinco presidentes13 esboza la creación de unas «Autoridades nacionales de competitividad» a fin de contribuir a la convergencia en el mercado de trabajo, es esencial que esas autoridades integren, junto con la promoción de la competitividad y de la productividad, preocupaciones sociales, como la calidad del empleo y las condiciones de trabajo. Todo ello ilustra, una vez más, la necesidad de tener una dimensión social de la UE que sea tenida en cuenta dentro del conjunto de sus iniciativas.
4.2. Garantizar una movilidad equitativa
La libre circulación de personas es uno de los resultados más tangibles del proyecto de integración europea para los ciudadanos. La movilidad intra-europea plantea, sin embargo, un conjunto de desafíos. Por una parte, la tasa de movilidad de la mano de obra en el seno de la UE permanece limitada, cuando una movilidad más fuerte contribuiría a la estabilidad de la zona euro y permitiría resolver el desequilibrio geográfico entre la oferta y la demanda de empleo en el seno de la UE. Por otra parte, es necesario tener en cuenta las dificultades que puede plantear la movilidad intra-europea, tanto para los países de acogida como para los de salida.
La UE debe disponer de una estrategia ambiciosa destinada a crear un verdadero mercado de trabajo europeo basado en una movilidad equitativa. Una movilidad más equitativa implica especialmente dos prioridades.
En primer lugar, es necesario garantizar el respeto de las reglas comunes relativas a la libre circulación de personas. Esto es especialmente importante para los trabajadores desplazados, en lugares donde abundan los fraudes y las situaciones ilegales que crean tensiones en los países de acogida. Hay que reforzar el intercambio de información y la cooperación administrativa entre los países así como pensar en la posibilidad, como ha sugerido el antiguo comisario Michel Barnier, de crear una agencia europea de inspección de trabajo. Aunque el turismo social y el dumping social en Europa son fenómenos muy limitados, es necesario plantear una acción política seria tanto para impedir que esos fenómenos aumenten como para relanzar un relato positivo a favor de la movilidad intra-europea14.
Por otra parte, garantizar una movilidad equitativa implica también tener en cuenta los inconvenientes de la movilidad para los países de salida. Actualmente, numerosos países de acogida se preocupan por el impacto que ejercen en su estado de bienestar los trabajadores migrantes mientras que el impacto de la movilidad sobre el estado de bienestar del país de salida está prácticamente ausente del debate.
La pérdida de trabajadores, generalmente jóvenes y cualificados, constituye ante todo una pérdida de productividad y de competitividad; pero, además, con menos cotizantes, se pone también en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este envite merece, por lo menos, tanta atención como el de los desafíos que la movilidad intra-europea plantea a los países de acogida.
4.3. Apoyar una política de inversión en capital humano
Nadie podrá negar que en numerosos países, a lo largo de los últimos años, los gastos sociales y las conquistas sociales han sido consideradas como variables de ajuste frente a los imperativos presupuestarios y las exigencias de competitividad. En tal contexto, numerosas voces se han pronunciado a favor de un «pacto de inversión social»15 en Europa, destinado tanto a dar una respuesta al impacto de la crisis sobre las políticas y presupuestos sociales como a promover una modernización de los estados de bienestar nacionales. La Comisión por otra parte adoptó en febrero de 2013 un «paquete de inversiones sociales» defendiendo que los datos mostraban que «en los Estados miembros que invierten en el ámbito social, la población está menos expuesta al riesgo de pobreza y exclusión social y goza de un mayor nivel de enseñanza, la situación del empleo es mejor, los déficits son más bajos y el PIB por habitante es más alto»16. Sin embargo, el carácter no obligatorio de las recomendaciones incluidas en el paquete y la falta de apoyo financiero han limitado claramente el impacto de esta iniciativa.
Hace falta una toma de conciencia del valor económico de los «gastos» sociales: de su impacto sobre la productividad gracias a una mano de obra más cualificada y motivada y sobre los ingresos públicos gracias a un mercado de trabajo más inclusivo
Existen hoy diferencias muy importantes entre los Estados miembros en lo que concierne a sus políticas de inversión en capital humano (servicios para la infancia, política de educación, políticas activas de empleo, etc.). En este ámbito, la UE puede y debe aspirar a una convergencia por lo alto entre los países.
Una acción europea a favor de la inversión social permitiría apoyar un cambio de paradigma en los países donde este cambio no se ha producido. Hace falta una toma de conciencia del valor económico de los «gastos» sociales: de su impacto sobre la productividad gracias a una mano de obra más cualificada y motivada y sobre los ingresos públicos gracias a un mercado de trabajo más inclusivo17.
La Comisión debe promover la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los Estados así como dotar de apoyo técnico a fin de introducir reformas que permitan modernizar los modelos sociales nacionales. La adopción a nivel europeo de la Garantía Juvenil —inspirada en una iniciativa similar en Finlandia que ha dado frutos— es un buen ejemplo del tipo de iniciativas que la UE puede promover en su agenda pan-europea para la inversión social.
Este paradigma de inversión social debe también ser tomado en consideración en la asignación de fondos europeos y en la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se debería animar a una reflexión más profunda acerca de la viabilidad de una regla de oro para la inversión social, que permitiría excluir del cálculo del déficit público ciertos gastos sociales.
Conclusión
La Unión ha desarrollado progresivamente un acervo social que, a lo largo de los años, ha sustentado una mejora de los niveles de vida y una convergencia económica y social en el seno de la UE. La crisis económica, la profundización del mercado interior y las profundas transformaciones en el ámbito social como la globalización, la migración, la evolución tecnológica y el envejecimiento de la población exigen ahora una nueva y más fuerte estrategia a nivel europeo a fin de reforzar el perfil social de la Unión. El enfoque de la UE hacia los objetivos sociales no puede limitarse a ser un «pilar», debe tener una dimensión horizontal y convertirse en parte integrante de todas las políticas e iniciativas de la UE, respetando el principio de subsidiaridad. Las acciones políticas concretas para alcanzar la Europa de una «triple A social» no están fuera de alcance pero parece que son políticamente de difícil aceptación en un próximo futuro, a pesar de su necesidad y urgencia. Restablecer la convergencia socio-económica gracias a un semestre europeo más equilibrado, por ejemplo, o un nuevo impulso para una movilidad intra-europea más equitativa, o incluso una estrategia de inversión en capital humano, podrán dotar a Europa las bases para tener éxito en su mandato «social». Los progresos en esa dirección serán lentos puesto que todo ello exige una confianza mutua entre los miembros de la UE y la voluntad de avanzar en la compartición de riesgos. El acervo social de la UE seguirá avanzando seguramente de forma lenta, más lenta de lo que las circunstancias exigen. Un cambio de enfoque, que repose en una dimensión social horizontal, está sin embargo en manos de la Comisión y podría dar sentido a la demanda de la «triple A social» para la UE.
_________________
Sofia Fernandes. Investigadora senior en el Instituto Jacques Delors.
David Rinaldi. Investigador en el CEPS e investigador asociado en el Instituto Jacques Delors.
Este artículo fue publicado en la Revue Politique et Parlamentaire, de abril-junio de 2016, Nº 1079 dedicado al tema «Europa en medio de la tormenta» y se reproduce con el permiso de la revista. La traducción es de Javier Aristu.
NOTAS
1.- Ver el artículo 3 del Tratado de la Unión europea. [^]
2.- Para un reciente balance de los desarrollos del acervo social en Europa, ver Comisión Europea, «The EU Social Acquis», SWD (2016) 50 final, marzo 2016. [^]
3.- F. Vandenbroucke et D. Rinaldi, «Inégalités sociales en Europe – Le défi de la convergence et de la cohésion», Policy Paper n° 147, Institut Jacques Delors, décembre 2015.
4.- Se refiere a la norma de evaluación de las políticas económicas por parte de las firmas auditoras. La Triple A es la máxima nota. [^]
5.- Ver el prólogo del informe « Un nouvel élan pour l’Europe sociale », Études & Rapports n° 108, Institut Jacques Delors, février 2016, p. 7. [^]
6.- Para una visión de conjunto sobre los actuales desafíos que afectan al Estado de bienestar en Europa, ver I. Begg, F. Mushövel et R. Niblett, « The Welfare State in Europe: Visions for Reform », Chatham House, Rapport d’introduction du projet Vision Europe, 2015. [^]
7.- Discurso del presidente Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo en la sesión de su investidura: «Me gustaría que Europa tuviera la ‘Triple A social’: la ‘Triple A’ social es tan importante como la ‘Triple A’ económica y financiera», Estrasburgo, 22 octubre 2014. [^]
8.- Sobre este asunto, ver los comentarios de Daniel Seikel, 24 marzo 2016, y Anastasia Poulou, 27 mayo 2016, en www.socialeurope.eu. [^]
9.- Ver B. Vanhercke, J. Zeitlin et A. Zwinkels, «Further Socializing the European Semester: Moving Forward for the ‘Social Triple A’?», Observatoire social européen, diciembre 2015. [^]
10.- Sobre los efectos de la transición digital sobre el mercado de trabajo, ver Roland Berger, «Les classes moyennes face à la transformation digitale – Comment anticiper ? Comment accompagner ?», Think Act, Beyond Mainstream, Octobre 2014, y N. Colin, A. Landier, P. Mohnen et A. Perrot, « Économie numérique », Notas del consejo de análisis económico, n° 26, Conseil d’analyse économique, octubre 2015. Sobre el problema energético, ver por ejemplo, S. Pye, A. Dobbins, C. Baffert, J. Brajković, I. Grgurev, R. De Miglio et P. Deane, «Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector across the EU: analysis of policies and measures», InsightEnergy Policy Report, abril 2015. [^]
11.- Ver D. Rinaldi, «Un nouvel élan pour l’Europe sociale», Études & Rapports n° 108, Institut Jacques Delors, febrero 2016 ; B. Vanhercke, J. Zeitlin et A. Zwinkels, « Further Socializing the European Semester: Moving Forward for the ‘Social Triple A’? », Observatoire social européen, diciembre 2015 para propuestas concretas sobre la reforma del semestre europeo. [^]
12.- Para un análisis de los diferentes escenarios de reforma de la UEM, ver S. Fernandes et K. Maslauskaite, « Renforcer l’UEM : comment maintenir et développer le modèle social européen? », Études et Rapports n° 101, Institut Jacques Delors, noviembre 2013 ; para una revisión de las diferentes opciones del seguro de paro europeo, ver M. Beblavý, G. Marconi et I. Maselli « A European Unemployment Benefits Scheme : The Rationale and the Challenges Ahead », CEPS Special Report, septiembre 2015 ; para una propuesta de transferencias presupuestarias ligadas a las divergencias de producción, ver Henrik Enderlein, Lukas Guttenberg et Jan Spiess, «Une assurance contre les chocs conjoncturels dans la zone euro », Études & Rapports n° 100, Institut Jacques Delors, septiembre 2013. [^]
13.- Informe de los cinco presidentes, Realizar la Unión Económica y Monetaria europea, Comisión Europea, 2015. [^]
14.- Ver S. Fernandes, «L’accès aux prestations sociales pour les citoyens mobiles de l’UE: «tourisme» ou fantasme ?», Policy Paper n° 168, Institut Jacques Delors, juin 2016 et L. Andor, «Fair Mobility in Europe», Social Europe Occasional paper, Fondation Friedrich Ebert, enero 2015. [^]
15.- Ver por ejemplo F. Vandenbroucke, A. Hemerijck y B. Palier, «The EU needs a social investment pact», Opinion paper n°5, Observatoire social européen, mayo 2011. [^]
16.- Comisión europea, «Investissements sociaux: la Commission encourage vivement les États membres à mettre l’accent sur la croissance et la cohésion sociale», IP/13/125, février 2013. [^]
17.- Ver OCDE, «Tous concernés: Pourquoi moins d’inégalité profite à tous», informe OCDE, Paris, 2015 y A. Hemerijck, 2012, op. cit. [^]
