Por FAUSTO MIIGUÉLEZ
El título de este artículo se refiere a una campaña, que he apoyado con mi firma, para conseguir pasar rápidamente del 1,25% del Producto Nacional Bruto dedicado a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), que es donde estábamos en 2019, al 2% que ni siquiera llega a la media de la Unión Europea, que fue del 2,18% en 2018. Estoy de acuerdo en que gran parte del éxito de nuestra economía y de nuestro bienestar depende de subir esta inversión y sobre esto me gustaría reflexionar sobre ello. Interpreto que el “para siempre”, que añade la campaña mencionada, deba ser sólo una cautela para jamás volver a retroceder, como sucedió de 2009 en adelante, cuando ya estábamos en el 1,39%, pero no para detenernos ahí. Por el contrario, esa inversión (que suma la pública y la privada) debería haber llegado en 2020, como mínimo, al 3% en cada país de la Unión, tal como la Comisión Europea propuso solemnemente en 2010, es decir hace 11 años, y todos los países aceptaron, de manera que la media pudiese estar ampliamente por encima del 3%. Vamos con retraso. Estados Unidos estaba en 2018 en el 3,5% y Corea superaba el 4%.
Qué ha pasado hasta ahora en España
Antes de referirme a posibles políticas necesarias para subir el mencionado porcentaje, deberíamos saber de dónde venimos, por realismo. Durante la dictadura y los primeros años de la democracia, la inversión en I+D+i era casi irrelevante comparada con la de los grandes países europeos. En 1982 sólo comportaba el 0,4% del PIB y subía hasta el 0,91% diez años después. Se consigue superar el 1% en 2003, y desde ahí se da el gran salto llegando al 1,39% en 2009. Pero entonces se inicia un retroceso que toca fondo en 2016, con el 1,22%. En 2019 estábamos en el 1,25%, aún muy lejos del pico de 2009. Está claro que la crisis tiene que ver con este retroceso en el que podemos detectar dos factores: necesidad de dedicar gran parte de los recursos al desempleo y los fuertes recortes en todos los ámbitos del gasto público como sanidad, educación y específicamente investigación pública (administración y universidad), obedeciendo al mandato europeo de austeridad, junto con un frenazo en la inversión privada. Pero esta caída no ha sido revertida, ni siquiera una vez finalizada la crisis de 2008. Ha faltado una visión estratégica, que sí tuvieron la mayoría de los países de la Unión que aprovecharon el periodo de la crisis para fortalecerse tecnológicamente. No sólo los que son más ricos, sino también muchos de los que están como nosotros o peor, incrementaron sus inversiones en I+D+i (Italia, Portugal, Grecia, Chequia, Hungría, Polonia y otros). Hay un capítulo que resume muy bien el dramatismo de la política aplicada, que es la inversión en energías renovables (producción de energía y fabricación de paneles solares y de aerogeneradores) donde pasamos de los primeros puestos de la Unión cuando estalla la crisis a quedar a mitad de la tabla en 2016. ¿La explicación? Eliminación de las ayudas a las renovables y gravamen a su uso, recordemos el famoso “impuesto al sol” de 2015 decidido por el gobierno del PP. La mayoría de los países de la Unión apostaron por esas energías con subvenciones y rebajas de impuestos. Y en parte no pequeña sus inversiones tecnológicas fueron dirigidas a ese sector.
De manera que hoy, más de 12 años después del estallido de la gran crisis, no hemos sido capaces de volver al punto de inversión en que estábamos en 2009. Hay muchos indicadores de lo que esto significa para el bienestar del país. Para empezar, tenemos una brecha territorial impresionante, a pesar de que ninguna autonomía llega a la media europea. El País Vasco invierte en 2019 el 1,97% de su PIB en investigación, seguido de Madrid, Navarra, Catalunya y Castilla-León, por encima de la media. Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares están por debajo del 0,70% en dicha inversión, lo que en parte dificulta los avances en estas Comunidades hacia un nivel superior de bienestar. En 2019, en una tendencia que se dispara desde el año 2000, la inversión pública (enseñanza superior y administración) sigue reflejando una pérdida de fuerza en relación a la inversión privada. Esto se relaciona con el factor anteriormente citado, los recortes, pero mientras la inversión privada se ubica allí donde mayor rentabilidad encuentra (territorio, tipo de empresa), la pública debería tener la función de impulso y de reequilibrio. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea que cuando pedía que los países llegaran a invertir el 3% del PIB en 2020, sugería que el 2% debería correr a cuenta de la inversión pública, si la privada se retraía. Y lo dicen también muchos expertos para los cuales de las grandes crisis se puede salir sólo con grandes inversiones del estado que apunten a objetivos claros y que tengan efectos duraderos. Los recortes, no revertidos hasta ahora, han tenido una repercusión especialmente negativa en las universidades, con menos investigación y “fuga de cerebros” a otros países.
Durante la dictadura y los primeros años de la democracia, la inversión en I+D+i era casi irrelevante comparada con la de los grandes países europeos (…) Hoy, más de 12 años después del estallido de la gran crisis, no hemos sido capaces de volver al punto de inversión en que estábamos en 2009
Si nos fijamos en el volumen del empleo directo que produce la inversión a la que me estoy refiriendo, en 2019 con 225.124 empleos se ha más que doblado la cifra de 1999. Aun así, el empleo creado en esos 20 años es insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que el factor humano, el conocimiento, es el elemento más potente en ese ámbito económico. Además, en estos 20 años, las empresas han creado más empleo que la administración y la enseñanza superior, lo que refleja una falta de mirada estratégica de todos los gobiernos que se han sucedido. Y, sin salir del tema del empleo, las mujeres siguen en una posición de desventaja respecto a los hombres: eran el 38,5% en 2014 y son el 39,5% en 2019.
De manera que nos enfrentamos a una cuádruple brecha que convendría empezar a cerrar cuanto antes. La primera es una brecha internacional, no sólo estamos lejos de la media de la Unión y de los grandes países, sino que la actuación de los últimos años se asemeja mucho a la parálisis, por tanto, a un proceso de agrandamiento de la brecha. También tenemos la brecha regional. No se trata de que todas las Comunidades estén a la par en esto, puesto que la investigación se desarrolla mejor en un entorno más industrial y tecnológico, pero las diferencias entre las que están arriba y las que están abajo son demasiado grandes; la investigación en la agricultura y en los servicios también es posible. Luego está la brecha sectorial, la inversión pública no está jugando el papel que le tocaría, si pensamos en un proceso de modernización de la estructura productiva, que es lo que muchos expertos están diciendo desde hace 20 años. Por último, tenemos la brecha de género que no hace sino reflejar en un ámbito muy sensible lo que sucede en el mercado de trabajo en general.
Investigación e innovación para un desarrollo económico y social
Una inversión en I+D+i muy superior a la actual debería ser dedicada en los próximos años a afrontar los retos derivados de la imparable transición digital y de la necesaria transición ecológica, en manera inclusiva y social, tal como señala el Plan europeo de recuperación de la Covid-19 a través del instrumento Next Generation UE, que ha guiado la redacción de los planes de recuperación de todos los países tras la pandemia, también de España, y que permitirá impulsar la economía y el empleo. No olvidemos que estamos hablando de dos actuaciones, investigación e innovación, ambas necesarias en el proceso de desarrollo económico y social. La investigación está en manos de los científicos y de los técnicos que, basándose en la acumulación de conocimientos, buscan la mejor respuesta a problemas antiguos o nuevos. La innovación es la respuesta de los actores sociales, primordialmente las empresas, las organizaciones y la administración, que buscan prácticas nuevas para conseguir más eficientemente los objetivos sea de producir o comercializar, mejorar el empleo, mejorar la sanidad o el bienestar. Obviamente, la investigación es un gran impulso para la innovación y viceversa.
Los acontecimientos de los últimos meses nos han sensibilizado sobre la importancia de investigar en sanidad en el propio país, posiblemente cooperativamente con otros países. Si en vez del 1,25% del PIB dedicado a investigación, -menos de 15.000 millones al año entre inversión pública e inversión privada- tuviésemos más del 2%, que es la media de la UE o hasta 3%, que tienen Alemania y otros países, quizá en este momento habría 1 o 2 vacunas contra el covid-19 de patente española en cooperación con otros países. Probablemente diferentes fábricas estarían produciendo vacunas a todo rendimiento en España y en toda la Unión y tendríamos la perspectiva de la vacunación generalizada en pocos meses. Porque esto significaría que habría varios institutos públicos o público-privados de investigación sin problemas económicos para dedicarse intensamente. Todo esto está acompañado con la relocalización de fábricas productoras de medicamentos, ahora deslocalizadas. No estoy abogando por un nacionalismo o europeísmo a ultranza, sino por acercar la sanidad al territorio igual que se ha mantenido, en buena parte, la producción de alimentos. La UE en su conjunto debería tener en el momento actual más del 3% de su PIB global dedicado a la Investigación, Desarrollo e innovación lo que le habría permitido dar un salto cualitativo en la vacunación del covid-19 sea en los países UE que en el mundo.
Los acontecimientos de los últimos meses nos han sensibilizado sobre la importancia de investigar en sanidad en el propio país
Cabe referirse también a la industria en general, en la que la digitalización puede crear nuevos puestos de trabajo, algunos buenos y otros precarios, que cabría mejorar, y puede transformar muchos otros empleos incorporando tecnologías y habilidades digitales. Aunque muchos se eliminen a través de la automatización, el balance del empleo podría ser positivo. Investigación e innovación, junto con políticas adecuadas, podrían contribuir a que se vuelvan a fabricar en el país muchos productos que ahora se fabrican fuera, como aerogeneradores y paneles solares, productos sanitarios, productos textiles de calidad, así como productos dedicados a la modernización de la agricultura y a la industria de transformación en ese sector, como señalaré más abajo. Lo que contribuiría a repoblar la España vaciada.
En el ámbito medioambiental, la investigación y la innovación tienen un terreno de desarrollo muy amplio fabricando productos ecológicamente sostenibles, ideando nuevas formas de gestión, formando ecológicamente a los gestores de las PYMES. Podríamos pensar en la producción de energía verde, uso, purificación y gestión de las aguas, principalmente en la agricultura. También en la conservación del medio, principalmente bosques, montañas, mares, ríos y en la protección de la fauna salvaje, en lo que las nuevas tecnologías son importantes. Pensemos en el papel de los drones para detectar el inicio y el eventual desarrollo de incendios y en su extinción en los montes, en hacer el seguimiento de animales que puedan correr riesgo de extinción. También en la limpieza de bosques, lo que disminuiría el riesgo de incendios y garantizaría el mantenimiento de la flora.
En el ámbito medioambiental, la investigación y la innovación tienen un terreno de desarrollo muy amplio fabricando productos ecológicamente sostenibles
Por lo que se refiere a la agricultura, España es una potencia y la temática que nos ocupa tendría grandes repercusiones. En primer lugar, en el incremento de la producción ecológica de una gran parte de los productos agrícolas, donde jugaría un gran papel la innovación, pero también la investigación en plaguicidas compatibles con el cultivo ecológico y en el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, así como en producciones sostenibles a largo plazo. También en la conservación de especies autóctonas. Igualmente cabe referirse al impulso a la fabricación de todo tipo de maquinaria agrícola.
La construcción de vivienda nueva, así como la rehabilitación de vivienda usada, en las que las exigencias medioambientales son fundamentales, constituye una palanca importante en el desarrollo económico de este país. Nuevos materiales, revestimientos, cierres, acristalamientos son otros tantos campos para investigar e innovar consiguiendo más calidad de vida, mejora ambiental, ahorro energético y mayor perdurabilidad de las construcciones.
En el transporte ecológicamente sostenible, la investigación e innovación son capitales. Pensemos en el automóvil eléctrico, en el transporte con energía de hidrógeno verde, en intensificar la utilización del tren para transporte de mercancías. El transporte es uno de los factores más altamente contaminantes, por lo que avanzar en la aplicación de la energía verde a la movilidad no sólo mejorará el entorno, sino que bajará nuestra dependencia energética de otros países.
Investigación e innovación son aplicables también a la modernización de la actividad turística con vistas a competir en calidad con otros países: cabría referirse a la formación de los trabajadores, al mantenimiento de la riqueza cultural y las tradiciones, también de bosques y mares. Aspectos vacacionales ligados al cuidado del cuerpo como talasoterapia y deporte de naturaleza, son alternativas a la mera exposición al sol. Desarrollar cultura gastronómica y facilitar el conocimiento de productos agrícolas pueden ser otros aspectos grandemente atractivos para muchos visitantes. Obviamente, muchos de estos rasgos están ya presentes en el sector, pero convendrá arraigar una fuerte cultura de innovación continuada.
Y así podríamos referirnos a muchos subsectores de nuestra economía, porque la innovación que, por supuesto, aprovecha los avances de la investigación, se basa en habilidades organizativas, de trabajo en equipo, de iniciativa empresarial que requeriría en muchos casos apoyo de las administraciones más cercanas.
Crecimiento de I+D+i con políticas de bienestar integral
Si crece la inversión dedicada a investigación significa que se incrementa la riqueza de un país, pero no asegura que esta riqueza llegue a todos o se redistribuya por cauces razonables. Por esto se requiere diseñar políticas de redistribución, de impulso y de apoyo, y aplicarlas. También, garantizar estándares mínimos, regular con medidas fiscales, apoyar las iniciativas científicas del propio país, pues esto no es sólo riqueza, sino también desarrollo intelectual. Porque la investigación no es una fuerza determinista incontrolable. Puede y debe ser regulada, al menos indirectamente, en favor del bienestar de las mayorías, del respeto al medio ambiente (plantas y animales) y de la calidad de vida. La regulación se ha dado desde la primera revolución industrial a través de diversos cauces. Por ejemplo, negociar las condiciones de trabajo que provoca el cambio tecnológico, regular las formas de trabajar, formar los trabajadores de acuerdo a las nuevas exigencias, adecuar el modelo fiscal a mayores beneficios y rentas del trabajo más altas, si eso tiene lugar.
En la revolución digital, más rápida que cualquiera de las que la han precedido, evitar las brechas sociales es un tema clave de justicia social. Y las brechas se están dando. Brecha de género, de edad, de territorio, entre otras ya están presentes. A las dos primeras se les debe combatir con políticas formativas y anti-prejuicios. La tercera ya no admite la excusa de infraestructuras muy costosas para acondicionar un territorio para la actividad productiva. Comunicaciones mejoradas, accesibilidad a internet y voluntad política pueden facilitar muchas actividades en las zonas rurales. Voluntad política e inversiones son los principales remedios contra todas las brechas.
El fortalecimiento del I+D+i el sector público tiene que jugar un papel crucial, si lo que se busca es que el bienestar se generalice a todos los ciudadanos
El motor del cambio debería ser poner la innovación y la tecnología al servicio de la comunidad y al servicio de las PYMES, suponiendo que las grandes empresas ya se arreglan por su cuenta. Se podrían poner muchos ejemplos. El primero en la agricultura: la investigación puede potenciar los monocultivos y los fertilizantes inadecuados para el medio ambiente a largo plazo o puede dirigirse hacia una agricultura que aprecie las especies autóctonas, la rotación, la cercanía entre producción y consumidores y el respeto al medio. Aspectos que son compatibles con la exportación de los productos. Pero se podrían citar otros ejemplos. A lo largo del último año, el de pandemia, y gracias a que ésta ha cambiado muchas pautas de consumo, se ha disparado la tele-compra. Hemos visto cómo Amazon, AliBay, Glovo, las grandes tecnológicas y muchas otras grandes empresas han mantenido o incrementado su volumen de ventas. Por el contrario, han disminuido las ventas de pequeñas librerías, de tiendas de ropa y calzado, de electrodomésticos y un largo etcétera, por la falta de relación telemática con los clientes y de instrumentos logísticos eficientes. Es más, muchos de estos negocios, además de muchos pequeños fabricantes, se han convertido en proveedores de Amazon o AliBay, lo que podría comportar riesgos para su futuro al depender de un solo cliente. Si asumimos que la compra-venta telemática mantendrá en el futuro una cuota importante del mercado, las empresas pequeñas tienen que encontrar nuevos caminos como asociarse entre sí y con un distribuidor, por ejemplo Correos, y competir con las grandes. Ya lo están haciendo algunas, pero el fenómeno podría ir a más. La ventaja de muchas PYMES del comercio es que tienen un local donde enseñar sus productos, especialmente para aquellas personas que no quieren renunciar al placer de “ver, tocar y probar”.
Aunque ya lo he señalado, quiero acabar subrayando que en el fortalecimiento del I+D+i el sector público tiene que jugar un papel crucial, si lo que se busca es que el bienestar se generalice a todos los ciudadanos. Las razones son varias. La empresa pequeña y la micro-empresa tienen pocas posibilidades de invertir en investigación, más bien deben ser apoyadas para aprovecharla. En periodos de crisis, en los que la inversión de las empresas en ese ámbito puede descender, el estado debe compensarlo incrementando la inversión pública; desde 2008 estamos en esa situación y la covid-19 la ha profundizado. Si de lo que se trata es de cambiar a fondo la estructura productiva de este país, reforzando ciertos sectores o ciertas formas de producir y trabajar, se necesita una visión global y políticas con objetivos que sean más viables, lo cual es más fácil si la inversión pública impulsa, coparticipa o cubre los vacíos.
________________
Fausto Miguélez. Catedrático emérito de sociología, UAB. Entre sus obras destacamos como coordinador: Las relaciones de empleo en España (Siglo XXI, 1999); Trabajar en prisión (Icaria, 2010); Crisis, empleo e inmigración en España. Un análisis de las trayectorias laborales (UAB, 2014).
