Por Antonio Martin Artiles
Dmytro Baev. Retrato
La CES acaba de celebrar en Berlín su 15º Congreso, al tiempo que los 50 años de su fundación. La CES nació el 8 y 9 de febrero de 1973, en la “Maison des Huit Heures”, que era la sede de los sindicatos de servicios públicos de la Confederación Belga FGTB (Federación General de Trabajadores de Bélgica). Entonces participaron 17 confederaciones sindicales nacionales, agrupadas en la corriente ideológica socialista. Un año después, en 1974 entraron a formar parte los sindicatos socialcristianos de Bélgica (CSC), de Italia (CISL), Holanda y Austria, entre otros. Posteriormente se incorporaron los sindicatos de orientación comunista, como fue la CGIL italiana y la CGT francesa. Ello abrió las puertas a otros sindicatos de su misma orientación, como CCOO española y la CGTP portuguesa, aunque integraron ya tarde, en los años 90. Los sindicatos de Europa del Este también accedieron en esos mismos años. El crecimiento y extensión de la CES a todos los países europeos ha permitido superar las diferencias ideológicas de los años precedentes, lo que también ha facilitado dar una respuesta unitaria a los grandes desafíos de la integración económica y política europea.
Hoy la CES reclama un apoyo a la paz en Ucrania, a la democracia, los derechos humanos, la justicia económica global y el Estado de Derecho. Igualmente reclama la necesidad de hacer frente a la reforma del marco fiscal europeo para evitar el dumping social, evitar la vuelta a las políticas de austeridad y la devastación de los servicios públicos que pueden debilitar a las instituciones democráticas1.
El lema del Congreso “Por un pacto social razonable” muestra la prioridad estratégica de la CES. Esto es, alcanzar un gran pacto social con la Comisión Europea y con los empresarios (Eurobusiness) ante la perspectiva de la reemergencia de la política de austeridad después de 2024. En efecto, después del fuerte endeudamiento de las arcas públicas derivado de los programas Next Generation y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, los sindicatos europeos prevén que las instituciones comunitarias tendrán la tentación de volver a las políticas de austeridad; como ocurrió entre 2008 y 2015. Los costes de la política de austeridad la acabaron pagando los trabajadores. Por ello, la CES trata ahora de adelantarse y ofrecer la posibilidad de un acuerdo de ámbito supranacional para evitar que los mencionados costes de la austeridad sean lesivos para los trabajadores. Con todo, el escenario económico parece incierto, como se pone de relieve con la entrada en recesión de la economía alemana. No está claro del todo que el camino sea una vuelta a la austeridad cuando ya hay economías estancadas. En cualquier caso, hará falta un gran pacto social de ámbito supranacional para coordinar la salida de la política económica.
Inicialmente el clima político parece diplomáticamente correcto para propiciar el pacto social, si lo comparamos con etapas anteriores de mayor confrontación. De hecho, Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea) y Olaf Scholtz (Canciller Federal de Alemania) asistieron a la inauguración del congreso, donde ha sido elegida Esther Lynch como presidenta. El Congreso se ha celebrado, entre el 22 y 26 de mayo en Berlín. La presidenta del DGB, principal sindicato alemán, Yasmin Fahimi dió la bienvenida a los congresistas. Han asistido 600 congresistas de 93 organizaciones sindicales nacionales de 41 países y 10 federaciones sindicales sectoriales europeas.
1. Hacia un Pacto Social Europeo por el empleo y la inversión.
La coordinación de la política macroeconómica ha sido un objetivo tradicional en los anteriores congresos de la CES. La coordinación macroeconómica es una condición asociada a la política redistributiva para reducir las desigualdades sociales. Históricamente la CES ha venido apostando por un Modelo Social Europeo basado en la idea de “economía coordinada”, pactada con los empresarios, sindicatos e instituciones europeas. Esta política tiene una orientación neokeynesiana.
La propuesta de la CES refleja algunas demandas históricas, como un mayor protagonismo nacional de las reformas. La necesidad de políticas fiscales de ajuste diferenciadas entre países, la abolición de la regla rígida del 1/20 de consolidación de la deuda/PIB, así como el criterio del déficit estructural. La necesidad de flexibilizar la ratio del 60% de deuda/PIB, la posibilidad de aplicar cláusulas de escape a países individuales y una reforma inmediata del PEC (Pacto de Estabilidad y Crecimiento). El PEC impone un límite del déficit público del 3% y del 60% del PIB en la deuda pública. Por cierto, la deuda pública española es de 113,2% del PIB, el doble del límite mencionado. Pero la Comisión europea ha decidido poner fin a la “fiesta” de la expansión del gasto y ha avisado a los Estados miembros que deberán apretarse el cinturón a partir de 2024. La CES teme que se vuelva a las perniciosas reglas fiscales, como ya ocurrió en 2008. La política de austeridad puede comportar un riesgo, como ya se demostró entre 2008 y 2015. Llegó entonces a provocar una ruptura entre los países del sur y del norte de Europa. Además, la política de austeridad mostró ser errónea como reconoció posteriormente el Fondo Monetario Internacional.
Por el contrario, la CES insiste hoy que la política de reforma económica debe ir acompañada de una agenda social y evitar el austericidio. Por ello la CES propone que el proceso de convergencia europea se haga con la guía de otros indicadores sociales y no solo económicos como el Producto Industrial Bruto. Para ello propone: 1º) La consideración de indicadores sociales, como el índice de Gini que mide la desigualdad en los ingresos; la tasa de cobertura de la negociación colectiva; los años de buena salud de los trabajadores; la brecha de género en el mercado de trabajo; 2º) La consideración de indicadores económicos, tales como la participación de adultos en los cursos de formación y aprendizaje; indicadores de calidad de vida, como acceso a la vivienda; acceso a la atención sanitaria; nivel educativo alcanzado; calidad de la educación y otros; 3) La consideración de indicadores medioambientales, tales como la proporción de energías renovables; emisiones de gases; contaminantes atmosféricos e indicadores de biodiversidad, entre otros.
En definitiva, la gobernanza multinivel es condición necesaria para la participación de los trabajadores en el devenir europeo. En pocas palabras, la participación de la CES es necesaria para impulsar el empleo y la mejora de las condiciones de trabajo a medio plazo.
2. Hacia un cambio del paradigma de gobernanza en política económica.
El incremento del salario mínimo ha estado ligado recientemente a la espiral inflacionista. Los salarios nominales han aumentado como repuesta al aumento de la inflación derivada de la Guerra de Ucrania, el encarecimiento de la energía y de los precios de la alimentación y de los precios en general. Por consiguiente, en muchos países los salarios de los trabajadores han perdido poder adquisitivo.
La CES ha celebrado la Directiva de la Unión Europea Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre el establecimiento de un «Adecuado salario mínimo» (Directiva UE 2022/2041 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 sobre los salarios mínimos adecuados en la Unión Europea). El concepto de Salario Mínimo se define como el equivalente al 60% del salario medio en cada país miembro o del 50% de la media de los salarios brutos de cada país. No es un salario mínimo único para todos los países, sino adaptado en base a cuatro criterios: Primero, hay que considerar el poder de compra del salario mínimo teniendo en cuenta el coste de vida en cada país. Segundo, el nivel salarial y su distribución. Tercero, considerar la tasa de crecimiento de los salarios. Cuarto, tener en cuenta la productividad nacional a largo plazo. La CES y los sindicatos europeos han jugado un papel importante en la elaboración de estos criterios de convergencia europea. Prueba de ello son las numerosas movilizaciones sociales llevada a cabo en años anteriores. Nada menos que 24 millones de trabajadores estarán afectados por esta nueva directiva.
Esta directiva subraya la importancia que tiene el salario mínimo para la negociación colectiva, puesto que es una referencia para muchos sectores de actividad donde los sindicatos tienen menor presencia. Por ello, el artículo 42 de dicha directiva añade la necesidad de incrementar la tasa de cobertura y elevarla al 80% para los países de la Unión Europea. Este objetivo debe ser acordado con los actores del Diálogo Social, o sea, con sindicatos y empresarios. Dichos objetivos deberán ser revisados cada cinco años. El artículo 9 de dicha directiva introduce otra novedad: las empresas que contraten con las administraciones públicas deberán cumplir los requerimientos de garantías básicas de los derechos sindicales y los niveles mínimos de los convenios colectivos. El aumento de la tasa de cobertura de la negociación colectiva es importante para la gobernabilidad de precios y salarios, así como para la coordinación de la política macroeconómica. Sin embargo, la tasa de cobertura de la negociación colectiva ha venido retrocediendo en muchos países, especialmente en Alemania, que ha pasado del 70% en el año 2000 a apenas un 52% en el año 2022. España tiene una cobertura superior (80%); pero hay otros países que están muy por debajo (Polonia, Estonia, Lituania, Rumania, etc.), como se muestra en el gráfico 1. Por todo ello, pensar en un gran pacto social europeo implica reforzar el principio de una cláusula jurídica para la extensión de la cobertura de los convenios colectivos.2
3. Salarios Mínimos y negociación colectiva
La Directiva de salarios mínimos y de cobertura de la negociación colectiva marca un cambio de paradigma en la orientación de la política de gobernanza de la Unión Europea. En efecto, este hecho es significativo porque representa un giro en la política liberal de la UE, lo que implica un cambio de concepción: ahora el incremento de los salarios se ha dejado de ver como un obstáculo para el crecimiento económico y se ha pasado a entender como uno de los prerrequisitos institucionales para un desarrollo económico sostenible e inclusivo. Por consiguiente, el acuerdo sobre el salario mínimo a nivel supranacional constituye un hito en la gobernanza de la política económica. Hasta hace poco la política de la Comisión Europea tenía una dirección contraria: descentralizar la negociación colectiva a nivel de empresa para adecuar el comportamiento de los salarios a las condiciones concretas de la productividad en las empresas. Después de décadas marcadas por la descentralización de la negociación colectiva, se ha visto que el resultado de ello ha sido una fuerte dispersión salarial con un aumento de las desigualdades en los ingresos de los trabajadores.
En cambio, ahora la política favorable al establecimiento del salario mínimo introduce un principio de equidad y fortalece los mecanismos de coordinación de la negociación colectiva, lo que podría contribuir a la reducción de la dispersión salarial y a la reducción de la brecha de género en los salarios. En otras palabras, después de años de políticas neoliberales de flexibilización del empleo y debilitamiento de la negociación colectiva, ahora parece redescubrirse que los sindicatos y una amplia cobertura de la negociación colectiva son necesarios para salir de la crisis, controlar los precios y los salarios. ¡Mejor tarde que nunca! Ahora el problema para los sindicatos es atraer a gente joven que han crecido bajo el paradigma neoliberal e individualista.3
La inflación desatada en los últimos años ha puesto de relieve que, a pesar del aumento de los salarios, éste ha sido insuficiente para hacer frente al aumento del coste de la vida. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo con la inflación. En el gráfico 2 se puede ver como el salario mínimo por hora está por debajo del poder de compra que tienen los salarios mínimos, lo que es evidente en países como Bulgaria, Hungría, Rumania, Letonia, Lituania, Portugal, Polonia, entre otros. Y, solo en algunos pocos países como Luxemburgo, Alemania, Holanda, Bélgica y Francia el salario mínimo estatutario está por encima del equivalente en términos de coste de vida. En España está ligeramente por encima el salario mínimo interprofesional gracias a los notables aumentos introducidos en los últimos años por el actual gobierno. En Europa hay tres grupos de países en función del salario mínimo. El primer grupo lo forman los países del Este de Europa, donde no se llega siquiera a los 1000€ al mes. El segundo grupo no supera los 1.500 euros, aquí está España. Y, el tercer grupo lo forman los países que superan los 1.500 euros, como Alemania con 1.621 euros en 12 pagas; Francia con 1.603 euros al mes; Bélgica con 1.658 euros; Luxemburgo con 2.257 euros.
Gráfico 2. Salario mínimo en la Unión europea
4. Algoritmos e Inteligencia artificial
La preocupación por los efectos de los algoritmos y de la inteligencia artificial en la organización del trabajo también han estado presente en las discusiones del Congreso de la CES. Estas tecnologías ofrecen grandes posibilidades y oportunidades para los puestos de trabajo, entre ellas están la mejora de las condiciones laborales, la eficiencia, la equidad y la seguridad laboral. Pero al mismo tiempo puede entrañar nuevos riesgos, tales como el peligro de deshumanización en los procesos de decisión, su uso como herramienta de recursos humanos, supervisión del trabajo, análisis del comportamiento y de las actitudes de los trabajadores y otros usos en el control social.
La vigilancia masiva puede utilizarse de forma perversa si no se controla y se pacta con los representantes de los trabajadores. La inteligencia artificial puede utilizarse para reconocer sentimientos, juzgar y clasificar a los trabajadores, de modo que se puede deshumanizar la gestión de las relaciones laborales. Ello puede conllevar a convertir la fuerza de trabajo en una mera mercancía. Incluso, estas tecnologías pueden predecir el comportamiento político de los trabajadores, identificar su vinculación sindical y las preferencias con relación a la maternidad. La dimensión de género se debe también incluir en la negociación para establecer los criterios con los cuales se definen los algoritmos.
Otro aspecto de las nuevas tecnologías está ligado al desarrollo del teletrabajo, lo que tiene implicaciones sobre el aislamiento de los trabajadores y la individualización de las relaciones laborales. En definitiva, todo ello hace necesaria la intervención sindical parta la regulación de los algoritmos y la inteligencia artificial. Estos son algunos de los grandes retos para los próximos años.
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Antonio Martín Artiles. Catedrático Emérito. Miembro del Institut d´Estudis del Treball y del Centre d´Estudis Quit, Universitat Autònoma Barcelona.
1. Ver https://www.etuc.org/en/publications
2. Ver ETUC Position on the Reform of the economic governance, toward an EU pact for employment and investments, https://www.etuc.org/en/document/etuc-position-reform-economic-governance-toward-eu-pact-employment-and-investments
3. Ver https://www.etuc.org/en/publication/engaging-young-people-trade-unions
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