Por JAUME SUAU
“Carajos”, suspiró. “¡Cómo voy a salir de este laberinto!
Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, Madrid, Mondadori, 1989, p.269
El 27 de agosto de 2012, el presidente Juan Manuel Santos comunica en Bogotá el inicio de conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC) para poner fin al conflicto armado más antiguo de Colombia. El acuerdo final de paz, anunciado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, al que llegaron los representantes del gobierno colombiano y el grupo guerrillero, es el fruto de un largo proceso de contactos previos y de negociaciones. Fue tan complejo y plagado de dificultades, que, en algunos momentos, hicieron pensar que la historia se repetiría y que el fracaso de este último intento para encontrar una solución definitiva al conflicto se añadiría a los que anteriormente habían impulsado los presidentes Belisario Betancur (del Partido Conservador), en los años 1982 – 1985; el de Virgilio Barco (del Partido Liberal), con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 1990 – 1992, o el de Andrés Pastrana (del Partido Conservador), en 1999 – 2002. El acuerdo se ratificó en Cartagena de Indias el 26 de septiembre, en un acto que contó con la presencia, entre otras personalidades y políticos de diversos jefes de Estado de América Latina y el Caribe (ALC), el secretario general de la ONU Ban Ki Moon, y el secretario de Estado estadounidense John Kerry.
Las resoluciones más importantes recogidas en dicho acuerdo tienen relación con los derechos de las víctimas del conflicto; el sistema de “justicia transicional” que se aplicaría a los antiguos combatientes y que, entre otras disposiciones, es tolerante con todos los que confiesen los crímenes cometidos; la lucha contra las desigualdades existentes en la Colombia rural y el fomento del desarrollo; la profundización de la democracia nacional; un programa para reemplazar la coca con cultivos legales; los términos de un cese bilateral de hostilidades; el proceso de dejación de armas; las garantías de seguridad para los combatientes de las FARC, una vez terminada la guerra; la adjudicación de 6 escaños en el actual Congreso y de 10 para las dos próximas legislaturas, empezando por el período que se abrirá en el año 2018; la financiación necesaria para que puedan constituir una nueva formación política y, en el campo de los medios de comunicación, habilitar un canal institucional de televisión “orientado a los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica, para la divulgación de sus plataformas políticas” y “abrir nuevas convocatorias para la adjudicación deuna radio comunitaria, con difusión en las zonas que se han visto más afectadas por el conflicto para promover la democratización de la información y del uso del espectro electromagnético disponible”. En definitiva, este pacto debería posibilitar que las FARC dejasen de existir como grupo insurgente para convertirse en un “movimiento político”.
Los acuerdos tenían que ser ratificados por la ciudadanía en un plebiscito. La pregunta era: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?»Su aprobación se enfrentaba a diversos frentes, entre los que destacaba la oposición del antiguo presidente Álvaro Uribe. Finalmente, en el referéndum del 3 de octubre, el electorado se polarizó, pero la victoria fue para los partidarios del “no”, por escaso margen (50,2%, unos 50.000 votos), con una abstención muy elevada, del 62,6%, aunque normal si se analiza el historial de las elecciones colombianas1.
Este desenlace ha generado todo tipo de incertidumbres políticas y plantea interrogantes de difícil respuesta: ¿Por qué no se aprobaron los acuerdos? ¿Cuáles son los obstáculos que se oponen a la consecución de la paz? ¿Qué consecuencias puede tener para el futuro? ¿Se ha perdido una ocasión histórica de poner fin a uno de los conflictos armados que más tiempo llevaba activo en el panorama mundial?
Al margen de las cuestiones relacionadas con este conflicto armado, en los últimos días se ha hecho pública otra noticia, de gran interés para un eventual cese de la violencia en Colombia. El día 11 de octubre, el gobierno colombiano y el ELN, el segundo grupo guerrillero más importante del país, anunciaron que, después de tres años de contactos previos, se iniciarían formalmente negociaciones de paz, que deberían empezar el 27 de octubre en Quito.
Si analizamos detenidamente las noticias expuestas hasta el momento, podemos extraer información muy valiosa para entender la coyuntura que vive actualmente el país y sobre esta base inferir cómo discurrirán los acontecimientos en un futuro próximo y si será posible la paz.
Para empezar, vale la pena subrayar que, a pesar de los contratiempos inmediatos, existe voluntad real de conseguir la paz, tanto por parte del campo gubernamental y de la dirección de los dos grupos insurgentes, como por amplias capas de la población colombiana, como mínimo la que se pronunció por el “sí”. Existe, por tanto, una base sólida para continuar avanzando en la lucha por la consecución de la paz. El presidente Santos y los líderes de las FARC han manifestado su deseo de no interrumpir el proceso y continuar negociando hasta alcanzar un acuerdo que pueda ser aceptado por la mayoría de colombianos. Con toda seguridad, podrán apoyarse en el deseo de poner fin a la violencia de una parte considerable de la población2. No debemos olvidar que las movilizaciones de la sociedad civil para poner fin a los conflictos armados, las resistencias a la violencia y a la opresión, han estado presentes en la vida colombiana y no pueden despreciarse, o marginarse, cuando se reconstruye la vida del país desde el fin de La Violencia, en los años centrales del siglo XX. Como en todos los conflictos armados, guerra y paz son indisociables, dos caras de una misma moneda. Ha habido siempre3, con intensidad variable, una presión desde abajo para poner fin a la violencia. Es un activo que permite mantener viva la esperanza.
Vale la pena subrayar que, a pesar de los contratiempos inmediatos, existe voluntad real de conseguir la paz, tanto por parte del campo gubernamental y de la dirección de los dos grupos insurgentes, como por amplias capas de la población colombiana, como mínimo la que se pronunció por el “sí”. Existe, por tanto, una base sólida para continuar avanzando en la lucha por la consecución de la paz
Ahora bien, en el mejor de los casos, la resolución de los dos contenciosos que nos hemos ocupado hasta aquí (FARC y ELN), no supondría la desaparición de la conflictividad y de la violencia. Colombia padece, desde hace mucho tiempo, una multiplicidad de formas de violencia, que cubren la totalidad del territorio, aunque de forma desigual, y que alcanzan niveles de alta intensidad. Como después veremos, todas ellas están relacionadas y se han retroalimentado en los últimos años. Pero, la violencia relacionada con los grupos rebeldes (de todo el espectro político e ideológico) ha jugado un papel decisivo. Por tanto, empezaremos abordando cuestiones relacionadas con el origen y la evolución de los conflictos que han protagonizado las FARC-EP y el ELN. Nos interesaremos por las causas que los provocaron; por el contexto histórico en que surgieron;por las razones que ayuden a entender por qué han perdurado tanto tiempo, por las consecuencias que han tenido, sobre el país y sobre la población y por qué ahora se ha abierto la vía del pacto y la negociación. El objetivo es investigar dónde residen los principales escollos que pueden frenar, o incluso impedir, el proceso de paz, y, una vez detectados, sugerir qué actuaciones y políticas deberían seguirse, a nuestro entender, para que éste llegue a buen puerto.
El origen de los principales grupos guerrilleros colombianos se remonta a los años sesenta del siglo veinte, una vez finalizado el período conocido como La Violencia. Es entonces cuando aparecen el ELN y las FARC. El EPL(Ejército Popular de Liberación), rama armada del Partido comunista colombiano marxista-leninista (PCC-ML), empezó a operar en torno a 1967. A éstos se añadieron el M-19 (Movimiento 19 de Abril), que surge en 1973 y el movimiento de base indígena Quintín Lame, que inició sus actividades a principios de la década de 1980, restringido a la región del Cauca, como también lo hizo el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), que inicia su andadura a partir de una disidencia del EPL, en territorio caribeño. Con la llegada de la Guerra Fría a la región, ALC y, dentro de ella, Colombia, se vieron inmersas en la lógica del enfrentamiento bipolar. La conflictividad armada del país siguió una evolución muy parecida a la del conjunto de su área geopolítica4. Si exceptuamos los casos de Cuba y de Nicaragua, todos los movimientos revolucionarios fracasaron en sus intentos de subvertir el orden social y político. La década de los setenta fue especialmente negativa para los movimientos de lucha armada, a causa de las disensiones internas y por la represión incitada por Estados Unidos y aplicada por los regímenes latinoamericanos aliados con Washington. A principios de los años ochenta se produjo una auténtica eclosión de las guerrillas, bajo el impulso que supuso la victoria sandinista en Nicaragua, en 1979. En el Salvador, Guatemala y Colombia, los grupos armados retomaron la ofensiva; en Perú, apareció Sendero Luminoso. La contundente respuesta represiva de los regímenes, la presión creciente de Estados Unidos y el fin del enfrentamiento bipolar, provocaron la progresiva erosión y marginalización de la contestación armada y abrieron la vía a la negociación y a la pacificación. Por lo que se refiere a la persistencia de los conflictos armados en los últimos años, los cambios han sido más lentos en América del Sur (Colombia y Perú). En la actualidad, tan sólo quedaba activo el foco colombiano, aunque los grupos rebeldes (FARC y ELP) se habían debilitado considerablemente, como después veremos. Una vez más, se evidencia la especificidad y la autonomía de los conflictos armados y las guerras, que no pueden explicarse exclusivamente en función de las presiones internacionales.
Colombia, por tanto, es un caso excepcional en el conjunto de ALC, por haber mantenido activos unos conflictos cuando en el resto de Estados han prácticamente desaparecido. Es el único país en que la guerrilla es un fenómeno ininterrumpido desde 19485. ¿Por qué? ¿Qué razones pueden explicar la perpetuación de este tipo de violencia?
Todos los conflictos armados de ALC cuyo origen y evolución acabamos de exponer, surgieron por motivos sociales, políticos y por divergencias ideológicas y no por cuestiones étnicas o religiosas y las causas del malestar social son anteriores al estallido de la Guerra Fría. ¿Cuáles son las raíces de este “malestar”? Un factor clave es la persistencia de un orden social injusto; un régimen político excluyente y un Estado débil y represivo. A nivel político y social, la naturaleza de muchos de los regímenes políticos se han caracterizado por el predominio de Estados débiles, tanto en términos de capacidad de recaudación fiscal y reguladora, como por su incapacidad de ejercer el monopolio de la violencia dentro de sus fronteras y por una tardía, lenta e insuficiente extensión de la ciudadanía social y por una limitada incorporación de las mayorías populares6. En estas sociedades, la exclusión y las desigualdades sociales, han sido y son muy acentuadas. En este sentido, destacan, en especial, la fuerte polarización de la estructura de la propiedad de la tierra -factor productivo básico, durante muchos años-, y, en muchos casos, la estratificación étnica. No es extraño, por tanto, que las élites dominantes, carentes de legitimidad social y política, se hayan visto forzadas a recurrir a la fuerza para conservar el poder y sus privilegios, y que la persistencia de unos órdenes tan injustos, hayan favorecido la violencia política y social, la violación generalizada de los derechos fundamentales, lo cual ha hecho de ALC una de las áreas geopolíticas más violentas del mundo.
Colombia es un caso excepcional en el conjunto de ALC, por haber mantenido activos unos conflictos cuando en el resto de Estados han prácticamente desaparecido. Es el único país en que la guerrilla es un fenómeno ininterrumpido desde 1948
Colombia no es una excepción. Es contra el régimen imperante en Colombia, que presentaba muchas de las características antes señaladas, que se levantan las FARC, un grupo guerrillero, de orientación marxista-leninista y de base campesina. En su Declaración programática de 1964, denunciaban, entre otras muchas cosas, las imperfecciones del sistema político, las estructuras oligárquicas, el comportamiento de las élites, el monopolio del poder político por las dos formaciones que se lo repartían (liberales y conservadores), después del pacto alcanzado en el Frente Nacional (1957), las desigualdades sociales y exigían una reforma agraria integral. Si nos fijamos en el contenido del acuerdo ratificado en Cartagena de Indias el 26 de septiembre, antes comentado, podremos constatar que recoge muchas de las denuncias que aparecían en la Declaración de 1964, o en el Manifiesto de Simacota, del 7 de enero del 1965, del ELN. Entre otras, la necesidad de suprimir las desigualdades existentes en la Colombia rural, el fomento del desarrollo y la profundización de la democracia nacional. Que el acuerdo aluda a estos problemas tan sólo puede interpretarse en el sentido de que éstos han persistido hasta la actualidad, aunque hayan variado su gravedad y naturaleza.
Por ejemplo, Colombia, a pesar de los logros de los últimos años, es, todavía, una sociedad con fuertes desigualdades sociales7. Por lo que se refiere al “problema agrario”, es el segundo país con una polarización más intensa, después de Brasil. Vale la pena recordar que una de las causas que provocó La Violencia fue la reacción de los terratenientes a la denominada “Ley de Tierras” (ley núm. 200), cuyo objetivo era solucionar los conflictos agrarios de la época, que venían de tiempo atrás, mediante la concesión de títulos de propiedad a los que ocupaban las tierras8. En los últimos años, el problema, en lugar de atenuarse se ha agravado, hasta el punto de que puede afirmarse que se ha producido una auténtica “contrarreforma agraria”9: un 1,5% de propietarios concentra, en la actualidad, el 52% de las tierras. El anterior presidente de Colombia, Álvaro Uribe, una de las cabezas más visibles de la actual ofensiva conservadora que se opone a los acuerdos de paz con las FARC, representa el sector rural conservador contrario a cualquier reforma en la estructura de la propiedad de las tierras y a introducir cambios importantes que modifiquen el actual sistema político, que ha garantizado, como hemos visto, los privilegios de que han gozado las élites tradicionales. En consecuencia y previendo la resistencia que ofrecerán estos colectivos privilegiados, que detentan parcelas decisivas del poder local y regional, el Estado debe ser consciente de la necesidad de garantizar la seguridad de los guerrilleros cuando se reincorporen a la vida civil. El fantasma de lo acaecido después de la creación por las FARC, en 1984, de la Unión Patriótica y que concluyó con el asesinato de unos 4.000 activistas de la guerrilla por parte de grupos de extrema derecha y miembros de las fuerzas armadas, persiste como amenaza constante que puede poner en peligro la implementación de los acuerdos de paz. Diversas informaciones coinciden en denunciar que, en los últimos años, cuando ya se habían iniciado las negociaciones entre las FARC y los representantes del gobierno, los asesinatos de líderes sociales han aumentado.
Si nos fijamos en el contenido del acuerdo ratificado en Cartagena de Indias el 26 de septiembre podremos constatar que recoge muchas de las denuncias que aparecían en la Declaración de 1964. Por ejemplo, la necesidad de suprimir las desigualdades existentes en la Colombia rural, el fomento del desarrollo y la profundización de la democracia nacional
En el terreno político, vale la pena señalar que, desde hace tiempo, se ha roto la tradición bipartidista, como dejó entrever el triunfo de Álvaro Uribe, disidente del Partido Liberal, en las elecciones presidenciales del 24 de mayo de 2002 sobre Horacio Serpa Uribe, el candidato de esta formación política (el primero con un 53,04 % de los votos y el segundo con un 31,72 %). Ha nacido una izquierda democrática, por ejemplo, el Polo democrático independiente. El monopolio de poder y la exclusión que había caracterizado a Colombia durante quinquenios, han quedado atrás. Con todo, la atonía electoral, las elevadas tasas de abstención en la mayoría de elecciones, ponen claramente de manifiesto que ha existido durante mucho tiempo un divorcio entre la fachada democrática y la realidad cotidiana de la población y que, por ello, un sector importante de la ciudadanía vive al margen del sistema político del país. Las instituciones necesitan cambios significativos. En consecuencia, la paz y la erradicación de la violencia dependerán en el futuro, en buena medida, de la capacidad de mejorarlas para proveer mayor equidad, eficacia, justicia y seguridad, para luchar contra la corrupción y para evitar que vuelva a imperar la impunidad generalizada de la que se han beneficiado los criminales de todo tipo durante muchos años.
Altos niveles de violencia. Los conflictos armados que se han mantenido activos se han caracterizado por su intensidad y por las graves consecuencias que han tenido sobre la población civil: unos 220.000 muertos entre 1958 y 2012, de los que el 81,5% eran civiles, unos 40.000 secuestros, 25.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados internos10. Unos conflictos de tan larga duración son los más difíciles de erradicar, por eso los procesos de negociación son tan difíciles y complejos. Esta es, precisamente, una de les claves de la historia colombiana: la no resolución de los antagonismos y la no conciliación de los contrincantes. En definitiva, unos conflictos que se perpetúan, que terminan degradando a los combatientes y evidencian el fracaso del Estado colombiano por erradicar la insurgencia y la incapacidad de ésta para llegar al poder.
La implementación de los acuerdos de paz plantea dudas sobre aspectos importantes, que en gran medida pueden considerarse herencia o legado de un estado de guerra que se ha perpetuado en el tiempo. Unos conflictos de tanta gravedad, que han condicionado buena parte de la vida política y que tanta repercusión han tenido en la población colombiana, especialmente en la rural, ¿no continuarán generando violencia en los próximos años, después de poner fin a la lucha armada? Por ejemplo, ¿cómo van a ser capaces las FARC de llevar a cabo la transición de un movimiento armado a un movimiento político y social?11 ¿Qué sucederá cuando los desplazados y los desposeídos de sus tierras regresen a sus antiguos hogares y se encuentren con que sus tierras están ocupadas? Las autoridades deberán prever estas situaciones y evitar que estallen nuevas formas de violencia, que, en este caso, vendrían provocadas por las lógicas de los enfrentamientos del pasado reciente.
Los conflictos armados que se han mantenido activos se han caracterizado por su intensidad y por las graves consecuencias que han tenido sobre la población civil:unos 220.000 muertos entre 1958 y 2012, de los que el 81,5% eran civiles, unos 40.000 secuestros, 25.000 desaparecidos y más de 6 millones de desplazados internos
Ahora bien, como hemos indicado anteriormente, la violencia en Colombia es multiforme y no se reduce a la que se relaciona directamente con la conflictividad armada. Tenemos que añadirle la que provoca la delincuencia común, el crimen organizado y muy especialmente el narcotráfico. Cuando nacen las guerrillas, en los años sesenta, después del fin de La Violencia, la problemática de la droga es irrelevante. No han aparecido, todavía, los paramilitares, que cobrarán protagonismo decisivo en los años 1980 (AUC), con los hermanos Castaño. Son los continuadores de los grupos de autodefensa, los “pájaros” y los “chulavitas”. La extensión de la economía ilegal vinculada a la droga (marihuana, cocaína12, heroína) es clave para entender la dinámica seguida por el conflicto colombiano. Por una parte, la droga tiene un peso cada vez mayor en la economía colombiana13 y los narcotraficantes consiguen controlar esferas importantes de la vida política y judicial del país (“parapolítica”). Por otra, la larga duración de los conflictos ha ido diluyendo las fronteras entre la violencia política y la “gran delincuencia”. En las economías de guerra de los grupos insurgentes, los mecanismos de financiación vinculados a la droga van ganando terreno con el paso del tiempo, aunque de forma desigual14. Esto ha llevado a pensar a muchos analistas que las guerrillas actuales no son actores políticos, sino simples delincuentes y que, en consecuencia, no hay problema político que resolver.
El resultado final de esta articulación de violencias es que el país se convirtió en uno de los más violentos del mundo. Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia en el año 2002, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes era mucho más elevada que la del resto de países de su área geopolítica15: Colombia (con 28.837 homicidios, 70,2%), Honduras (56,0%), El Salvador (47,3%), Jamaica (39,8%), Brasil (32,3%), Guatemala (30,8%)16. Desde entonces, las tasas han bajado, pero continúan en niveles altos. Los costos económicos son muy elevados. La violencia sobre los bienes y las personas representa una destrucción y transferencia de recursos que equivalía en 1997 al 24,7% del PIB17. La violencia y el crimen constituyen, además, una grave amenaza para el régimen político, puesto que la delincuencia y la criminalidad organizada desvirtúan la democracia y disgregan el tejido social18. Pero, tal vez, la consecuencia más negativa sea de orden cultural. Con el paso del tiempo se ha ido generando una “cultura de la violencia”, han arraigado unos valores, una manera de entender el mundo, una mentalidad, que la valora positivamente, que la presenta como una vía natural de expresión social y política y que coadyuva a reproducirla19. En consecuencia, la lucha contra esta lacra es una tarea a largo plazo y debe incluir estrategias educativas orientadas a deslegitimizarla. Además, y, especialmente en las comunidades que se han visto fuertemente afectadas por la violencia que han desplegado los actores armados, las autoridades deberían intentar inculcar en las futuras generaciones los beneficios de la paz.
Condicionantes geográficos. Baja densidad demográfica y fuerte concentración de la población urbana. La geografía ha tenido una gran influencia en la vida económica, social y política de Colombia, y, sin lugar a dudas, ha coadyuvado al mantenimiento de la violencia y de la criminalidad. Se trata de un territorio extenso -1,138,910 km2-, con dos fachadas marítimas, montañoso y selvático. Es la región andina más fragmentada y compartimentada. Las comunicaciones son difíciles y los costos del transporte muy elevados. Invita al aislamiento regional, dificulta la integración y la cohesión nacional, económica y política, y favorece la proliferación de actividades ilegales de todo tipo. Ayuda a la persistencia de grupos rebeldes y hace muy difícil el control militar del territorio por parte de las fuerzas armadas colombianas. Desde el punto de vista demográfico, el país ha presentado siempre unas muy bajas densidades. La población se concentra en escasos núcleos de población, los valles y las costas. En el resto, en las zonas de colonización, en las extensas áreas de muy baja ocupación del territorio, la insurgencia ha dispuesto siempre de espacio vital. Es imprescindible, por tanto, que el Estado complete el control de todo el país y que subministre los servicios sociales básicos que necesitan las poblaciones.
Las paradojas colombianas. Ha sido moneda común en ambientes urbanos, que los conflictos armados son “periféricos”, “secundarios”, en la vida del país, ya que éste muestra, desde hace tiempo, estabilidad “democrática” y un funcionamiento relativamente bueno de la economía.
Estabilidad económica. Muchos analistas han puesto de relieve el buen funcionamiento tradicional de la economía, que, por regla general, ha crecido, aunque de forma modesta, a pesar de los conflictos armados internos, de una violencia social transversal y de los importantes desajustes sociales y políticos estructurales que ha padecido Colombia. Incluso durante la Violencia, la producción de café aumentó en torno al 6% en las regiones más afectadas por la guerra civil y las plantaciones agrícolas y las explotaciones ganaderas se desarrollaron en muchas áreas del país. Por otra parte, la colombiana fue una de les pocas economías de ALC que escapó a la crisis de la deuda de los años 198020.
Estabilidad política. Colombia ha sido una democracia formal relativamente estable en medio de los regímenes dictatoriales sudamericanos, a pesar de sus innegables limitaciones, y la omnipresencia de la violencia en las relaciones sociales y políticas21. Conservó la misma constitución entre 1886 y 1991 y los dictadores militares han sido la excepción22. En los años sesenta y setenta del pasado siglo, escapó a la plaga de golpes de Estado militares que ensangrentaron el continente, junto con Costa Rica, Méjico y Venezuela. El Estado ha conseguido sobrevivir a pesar de las amenazas provenientes de ambos extremos del espectro político.
¿Por qué se ha llegado al actual proceso de negociación?
Además de las razones que han ido apareciendo a lo largo de la exposición anterior, podemos hacer hincapié en las que siguen;
Primera, las fuerzas armadas se han profesionalizado y disponen de más y mejor ayuda material y logística de los Estados Unidos. Los hechos del 11 de Septiembre de 2001 favorecieron la colaboración entre gobiernos contra grupos considerados narco-guerrillas terroristas. En consecuencia, están mucho mejor preparadas, por lo que tienen más capacidad para enfrentarse a los grupos insurgentes. Esto, que en principio puede ser considerado un factor positivo, puede resultar negativo, en la medida que lleve a pensar a algunos políticos que existe ahora la “solución militar” de los conflictos armados.
Segunda, Colombia ha experimentado cambios sociales y económicos importantes en los últimos años, asociados al progreso de la industrialización, de la urbanización y de la expansión del sector de servicios. En muchos aspectos, la situación de una parte considerable del país ha mejorado de manera notable, en especial en el acceso a los servicios públicos y en la calidad de los mismos. A pesar de la violencia, de las fuertes desigualdades, de la exclusión social, que han imperado en la sociedad colombiana desde tiempo atrás, y de la criminalidad organizada, con el narcotráfico en primera línea, ésta ha destacado por la mejora constante de sus indicadores de desarrollo humano (IDH del PNUD)23. Estos cambios tienen consecuencias políticas e ideológicas. Explican, en parte, como trataremos a continuación, el debilitamiento de las FARC y del ELN. Ayudan, además, a entender el ascenso de nuevas élites, de sectores de las clases medias urbanas, no vinculados con los intereses de la oligarquía terrateniente, partidarios de poner fin a los enfrentamientos tradicionales, con los que sintoniza el presidente Santos.
Tercera, los grupos insurgentes, en general, han perdido terreno y el apoyo de amplias capas de la sociedad. Las FARC padecen un aislamiento creciente, especialmente respecto del mundo urbano en rápido proceso de desarrollo en los últimos años. Ya en noviembre de 1992, un grupo de intelectuales pedía a las FARC que abandonasen la lucha armada y entrasen en el juego político (Carta de intelectuales colombianos a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar).
“Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerlo de buen corazón será también una victoria política.”
La progresiva reducción de sus efectivos es una prueba evidente de este proceso, aunque continúan siendo una fuerza notable. Los retrocesos militares que sufrieron durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010) y la pérdida de líderes de gran peso dentro de la organización (Raúl Reyes, Manuel Marulanda, Alfonso Cano), no comportaron su derrota en el campo de batalla. A finales de la década de 1990 y principios del nuevo milenio, sus miembros ascendían a unos 17.000-20.000 hombres, reagrupados en unos 60 frentes y 7 bloques regionales. En la actualidad, aunque los cómputos varían, los milicianos no superarían los 7.000, más unos 8.000 civiles que integrarían la red de apoyo.
Su pérdida reciente de peso, no ha impedido que las FARC continuaran teniendo una presencia relevante en el territorio. Por tanto, cuando cesen sus actividades se creará un vació de poder en las zonas que antes ocupaban. Las fuerzas armadas deberán evitar que otros grupos militares activos (BACRIM, “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico”…) intenten controlarlas.Si no lo consiguen, la continuación de la violencia estará garantizada.
Para completar el elenco de factores internos del Estado y de la sociedad colombiana que pueden favorecer el actual proceso de paz, podemos añadir algunos elementos del marco geopolítico regional. La progresiva mejora de las relaciones entre Washington y La Habana. La pérdida de capacidad de presión y de injerencia de Venezuela, a causa de los problemas que sufre el actual régimen y que contrastan con la época de Hugo Chávez..
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Jaume Suau. Doctor en Filosofía y Letras (Sección de Historia Moderna), por la Universidad de Barcelona. Analista histórico del tiempo presente y especialista en investigación en la docencia de la historia contemporánea. Desde hace años investiga históricamente los conflictos armados y las guerras actuales. Último tema de análisis, los conflictos de Colombia.
1.- En el momento de mayor intensidad de los conflictos armados, 1978-2002, la abstención siempre supero el 50%, exceptuando las elecciones presidenciales de 1998. La media de los años 1958-1986 se situó en 50,44%. Entre 1958 y 2010, tan solo en 5 ocasiones bajó del 50%. En la primera vuelta de 1994 llegó al 66,05%. En las últimas elecciones presidenciales, las del 2014, en que se enfrentaban Juan Manuel Santo, de Unidad Nacional y Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande, llegó al 52,11%.Registraduría Nacional del Estado Civil. Disponible en http://www.registraduria.gov.co/-Historico-de-Resultados,3635-.html; PNUD, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD, Buenos Aires, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2004. Registraduría Nacional del Estado Civil, Histórico de resultados. [^]
2.- “Yo lo único que quiero decir, señor, es esto: queremos paz y tranquilidad para poder trabajar. Ese es nuestro destino. El deseo de todos es luchar hasta que haya alguna expresión que nos diga: haypaz. Esa es mi conversación, señor.” (A.Molano, Los años del tropel. Crónicas de la violencia, Bogotà, El Áncora Editores, 2006 [1985], p.280). [^]
3.- Creacióndentro del Ejércitocolombiano de los Grupos de acción unificada para la liberación de personassecuestradas (GAULA). En 1993 se crea REDEPAZ (Red de iniciativas ciudadanas por la paz). 1995: CCN (Comisión de Conciliación Nacional). convocada el 4 de agosto de 1995 por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, con el propósito de buscar soluciones políticas al conflicto armado colombiano, ser una instancia para acompañar los esfuerzos de paz del país y crear y facilitar vínculos de encuentro entre el gobierno nacional, los movimientos insurgentes y los grupos de autodefensa. 1996: Se constituye el movimiento por la paz Mandato de los Niños por la Paz y la Ruta Pacífica de las Mujeres por la Paz. Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad (1997: iniciativa impulsada per REDEPAZ. 1998: Creació de l’AsambleaPermanente de la Sociedad Civil por la Paz. Aparece REDUNIPAZ (Red de Universidades por la Paz). Consejo Nacional de Paz. Ph.Reveli –Colombie: la paix à mains nues, París, Les Éditions de l’Atelier, 2001-, proporciona un ejemplo de lucha pacífica de 48 comunidades de paz, atrapadas entre las agresiones cruzadas de los paramilitares, las guerrillas y los militares, hostiles a cualquier solución negociada del conflicto. [^]
4.- J.Suau, “América Latina y el Caribe hoy: interrogantes, dudas y expectatives. Pasado, presente y futuro”. Revista Latino-Americana de História, en prensa. [^]
5.- D.Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Mèxic, D.F. et al, Siglo XXI, 1987, vol.I, p.17. [^]
6.- PNUD. El conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003. [^]
7.- La evolución del coeficiente de Gini entre 1980 y 2010 fue: 1980, 0.59; 1991: 0,51; 1994: 0,60; 2002: 0,59 y 2010: 0,56 (uno de los más elevados de ALC, junto con Bolivia, Brasil y Honduras). “GINI index”, Banco Mundial, International Crisis Group. International Crisis Group, Colombia: ¿por fin la paz?, Informe sobre América Latina, núm.45, 25 de setembre de 2012; CEPAL, Panorama social de América Latina 2012. [^]
8.- En 1996, 11.570 propietarios (0,4% del total) de fincas mayores de 500 hectáreas, con un promedio cercano a 2.000 hectáreas, controlaban una extensión de 22,6 millones de hectáreas (45% del total bajo explotación), mientras que 2,2 millones de pequeños propietarios (69%), con parcelas inferiores a 5 hectáreas, poseían 2,2 millones de hectáreas (4,3%), con un promedio de 1 hectárea por familia (PNUD,El conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2003, pp.349-350). [^]
9.- PNUD, Colombia rural: razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotà, PNUD, 2011. [^]
10.- Grupo de Memoria Histórica, !Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Bogotà, Imprenta Nacional, 2013; CODHES, (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), Codhes Informa. Boletín informativo de la Consultoría, nº 77, Bogotá, 15 de febrero de 2011. Según ACNUR, InternalDisplacementMonitoring Centre, Informe del 2015, el total de deplazados por conflictos armados ascendería a 6.494.000 personas, un 13,46% de la población del país. Disponible en http://www.internal-displacement.org/database/country/?iso3=COL. [^]
11.- S.Haspeslagh, “¿Pueden las FARC dedicarse a la política?”, en Postconflicto en Colombia (17), Open democracy, 16 de septiembre de 2016. Disponible en https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta/sophie-haspeslagh/pueden-las-farc-en-colombia-dejar-atr-s-las-armas-y-dedicarse-la. [^]
12.- En 2002 tenía unas 144.800 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, el 69% de toda la región andina (Bolívia, Colombia y Perú), UNODOC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2010 (junio de 2011), p.11. http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia-cocasurvey2010_es.pdf. [^]
13.- Según RicardoRocha, los narcotraficantes colombianos introdujeron en Colombia entre 1982 y 1998 unos dos tercios de sus ingresos netos del exterior: unos 20.000 millones de dólares, un 3,8 % del PIB colombiano de media durante estos años (La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2000, pp.191-194). Las hectáreas dedicadas al cultivo de coca eran en Colombia 37.500 en 1991, 122.500 en 1999 y 144.800 en 2002. La producción de cocaína en Colombia pasó de 230 toneladas métricas en 1995 (el 25% de toda la región andina) a 520 en 1999 (el 68%). En estos momentos, la producción de coca muestra una tendencia al alza, En el año 2014 aumentó aproximadamente un 39% (UNODOC -Oficina de les Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 (junio del 2015)-. Disponible en https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf. [^]
14.- Por tanto, dada la importante presencia de los cultivos ilegales en muchas regiones colombianas, que subministran los medios de subsistencia a muchas familias campesinas, será imprescindible implementar programes orientados a reemplazar la coca con cultivos legales y otras actividades no agrícolas. [^]
15.- United Nations Office on DrugsandCrime 2013. Disponible en http://www.unodc.org/. [^]
16.- Homicidios por 100.000 habitantes en Colombia, 2004-2015:
Instituto de investigación brasileño Igarapé. http://www.igarape.org.br/pt-br/observatorio-de-homicidios/.
La responsabilidad de estos homicidios era, en agosto del año 2000, la siguiente: “pequeña” delincuencia, 30%; crimen organizado, 25%; efectos del alcohol, 25%; guerrillas, 13% y grupos de autodefensa, 7%. Los responsables de las masacres, son: los grupos de autodefensa, 45%; delincuentes comunes, 38%; FARC, 14 % y ELN, 3%. Los secuestros son perpetrados por las guerrillas, 1625, delincuentes comunes, 1305 y grupos de autodefensa, 261.Ministerio de Justicia, Bogotá. Disponible en https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-indicadores/indicadores-criminalidad.html.
La violencia no se reparte de forma homogénea por todo el territorio colombiano. Mientras que, en el año 2010, unos departamentos, como Guaviare (101,6%), Arauca (95,7%) o el Valle del Cauca (77,7%), o ciudades como Palmira (99,1%), Cali (82,8%) o Cúcuta (52,6%), presentaban índices muy altos, Guainía (2,6%), Vaupés (4,8%) o Boyacá (8,9%) y núcleos urbanos como Floridablanca (9,6%), Sinalejo (19,1%) o Bogotá (23,7%), por el contrario, los mostraban relativamente bajos. [^]
17.- J.L.Rondoño; R.Guerrero, Violencia en América Latina: Epidemiología y costos. Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo. 1999. Disponible en http://www.utp.edu.co/~porlapaz/docs/violencia/pxp2.pdf (doc. de trabajo R-375). [^]
18.- J.S.Tulchin; H.Frühling; H.Golding, (edits), CrimeandViolence in LatinAmerica: CitizenSecurity, Democracy, andthe State. Washington, D.C., Woodrow Wilson CenterPress, 2003. [^]
19.- Dos ejemplos para ilustrar hasta qué punto la violencia impregna la vida cotidiana de la Sociedad colombiana. El primero, Colombia se sitúa en la parte alta de la tabla de países de la región donde hay más violación de los derechos humanos de personas de este colectivo, junto con Honduras en donde los casos superan los 100 y Brasil, con 300. El estudio, respaldado por Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, señala que desde el año 2011, cuando se reportaron 119 casos, no se tenía una cifra tan alta de asesinatos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/13/colombia/1476363052_773671.html. El segundo, las letras de la música tradicional, carrilera. La canción “La cuchilla”, del grupo Aterciopilados:
En una cantina lo encontré,
en una cantina lo perdí,
y hoy voy de cantina en cantina,
buscando al ingrato que me abandonó.
Coro
Si no me querés, te corto la cara
con una cuchilla de esas de afeitar,
el día de la boda
te doy puñaladas, te arranco el ombligo
y mato tu mamá.
Borracho yo lo he de encontrar,
borracho y tirado en un andén,
borrachotoiticogomitao,
al pie de una rocola,
cantando su desdén.
Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=j8bFJ4cXkV0. [^]
20.- Tasas de variación media anual del PIB por habitante (en dólares a precios constantes del 2000):
CEPAL, América Latina y el Caribe. Series históricas de estadísticas económicas 1950-2008, Cuaderno núm.37 http://www.eclac.cl/deype/cuaderno37
Incluso en el momento álgido del último ciclo de violencia que ha padecido el país, entre los años 2000 y 2003, las tasas de crecimiento anual del PIB colombiano fueron del 4,4%, 1,7%, 2,5% i 3,9%, respectivamente. En los últimos años, la economía ha crecido: 0,5%, en 2009, 2,8%, 2010, 5,5%, en 2011, 3%, 2012, 3,9% en 2013, 3,4% en 2014 y 2,1% en 2015. Datos del Banco Mundial [http://data.worldbank.org/] i de la CEPAL, América Latina y el Caribe. Series históricas, cuaderno núm.37 http://www.eclac.cl/deype/cuaderno37. [^]
21.- D.Pécaut, Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Méjico, D.F. et al, Siglo XXI, 1987, vol.I, p.15. [^]
22.- Gustavo Rojas Pinilla y la Junta general de gobierno que siguió, en los años cincuenta del siglo XX. [^]
23.- Indicadores de desarrollo humano (IDH, PNUD):
PNUD, Colombia rural: razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, Bogotá, PNUD, 2011; PNUD, Human Development Report 2015. Work for Human Development, PNUD, New York, 2015. [^]
