Por LAURA PENNACCHI
Le Monde tiene razón al afirmar que la idea de una “renta básica universal” (RBU) o “renta de ciudadanía”, que en estos tiempos de populismo desbordado está reapareciendo en Italia y Francia, es “una falsa buena idea”. La teoría (una renta universal incondicional garantizada para todos los ciudadanos de una comunidad dada) plantea problemas enormes de costos –estamos hablando de cientos de miles de millones de euros– frente a la suma mucho más limitada que exigirían “planes para la creación directa de empleos para jóvenes y mujeres”, inspirados en el “derecho universal al trabajo” –en un “trabajo de ciudadanía”– y en el New Deal de Roosevelt.
Unos costos tan ingentes hacen que la primera solución sea simplemente impracticable, y la segunda mucho más creíble; lo bastante para decantar la elección, aun sin contar con el hecho de que la idea de una “renta básica universal” también suscita problemas morales y culturales muy importantes. No podemos ignorar el hecho de que uno de los primeros defensores de una “renta básica incondicional” fue Milton Friedman, el monetarista precursor del neoliberalismo, que formuló una versión de la misma basada en una reducción drástica del gasto público y los impuestos, con una red de seguridad muy precaria para los más débiles, una especie de “impuesto negativo sobre la renta”. Pero también algunos teóricos situados en posiciones de izquierda han acabado por asumir la imagen de un estado del bienestar “de mínimos”, que es en definitiva lo que significa una “renta básica”. Es el caso en particular de las versiones más coherentes, como las que proponen absorber todas las transferencias existentes (incluidas las pensiones y los subsidios por discapacidad) y reducir los servicios públicos a cero, supuestamente para disponer de ese modo (parcial o totalmente) de recursos adicionales para financiarla.
Algunos teóricos situados en posiciones de izquierda han acabado por asumir la imagen de un estado del bienestar “de mínimos”, que es en definitiva lo que significa una “renta básica”
En el fondo de toda esta cuestión se detecta una extraña resistencia, incluso desde la izquierda, a reconocer las implicaciones más profundas de la crisis permanente que estalló en 2007/2008, como si estas fueran ajenas a un análisis político-estructural del neoliberalismo y de su resultado más devastador: esa misma crisis permanente. La justificación de una “renta universal” toma a menudo la forma de “bueno, de todas maneras no hay empleo, y tampoco va a haberlo en el futuro, o lo que vendrá serán nada más empleos basura”. Sin embargo, esta justificación convierte a la “renta de ciudadanía” en una especie de aceptación resignada de la realidad tal como es, una actitud que paradójicamente sanciona y legitima el statu quo.
El resultado es que nadie parece sentir la necesidad de reclamar cambios más profundos, y se esgrime una justificación prefabricada para que el sector público se desprenda de más y más responsabilidades, al modo como cualquier administrador encuentra más fácil hacer un desembolso en metálico que pelear con los problemas de mantenimiento, reconstrucción y fortalecimiento de un tejido social amplio, complejo y estructurado. Las sociedades occidentales aparecerían así como destinadas a convertirse en “sociedades sin empleo”, y sus ciudadanos serían compensados financieramente con formas de “renta de ciudadanía”, colocando la “renta” por delante del “empleo”.
Apenas si aparecen intentos, desde esta perspectiva, para combinar un análisis de los cambios con una observación de los elementos estructurales del funcionamiento de la acumulación y la producción, en la destructiva versión neoliberal del sistema capitalista. No se llega más allá de una consideración de las desigualdades como un problema simplemente de distribución y de redistribución, para ser tratado ex post, como si no existiera además uno de asignación, que necesariamente ha de resolverse ex ante porque concierne al funcionamiento de esos elementos estructurales.
Existe también cierta correlación entre las prisas de los entusiastas de la “renta de ciudadanía” por alabar los logros políticos de los “treinta años gloriosos” (rápidamente descartados como un “paréntesis” excepcional de crecimiento) y sus inadecuados intentos de excusar al neoliberalismo que vino a continuación de la responsabilidad de generar la actual explosión de desigualdad. Los problemas de asignación y de estructura se están haciendo más y más apremiantes; y los instrumentos monetarios, que son típicamente indiferenciados, superestructurales y genéricos –y la “renta de ciudadanía” es uno de ellos– no pueden abordarlos de forma adecuada, a pesar de lo cual son ofrecidos como el único instrumento para resolver una multitud de problemas cuyo tratamiento exigiría en realidad políticas complejas y orientadas a objetivos prácticos.
Antes que en construir un “welfare para un no-pleno-empleo”, la prioridad absoluta debería recaer en la creación de puestos de trabajo, eliminando el ostracismo en el que se tiene al objetivo del “pleno empleo y buen empleo”
La misma noción de lo que es un empleo requiere una clarificación conceptual y cultural. El escamoteo efectuado desde posiciones de izquierda –apoyamos tanto una “renta de ciudadanía” como el “pleno empleo”– es un engaño que deja todos los problemas sin resolver. Resulta realmente chocante que, hoy, solo figuras religiosas –como el papa Francisco, que ha descrito el neoliberalismo como “la economía que mata”– muestren una sensibilidad aguda y persistente hacia la trinidad trabajo/persona/bienestar, e insistan en que el derecho al trabajo es primordial, superior incluso al derecho a la propiedad, y que la relación del trabajador con su tarea afecta no solo a lo que posee, sino a su “ser” mismo. También resulta chocante que nadie invoque a Marx, que, junto a Hegel, vio en el trabajo –en su “ansiedad creativa”– el proceso a través del cual el hombre no solo metaboliza, sino que media –de forma simbólica y de otras maneras– la relación entre él mismo y la naturaleza, se cambia a sí mismo al darse una función autotransformadora, y explora sistemáticamente las dimensiones intelectuales de la conciencia y de la organización de tareas.
Así pues, antes que en construir un “welfare para un no-pleno-empleo”, la prioridad absoluta debería recaer en la creación de puestos de trabajo, eliminando el ostracismo en el que se tiene al objetivo del “pleno empleo y buen empleo”. Necesitamos ser agudamente conscientes de que la injerencia que supone el pleno empleo –me refiero a su “naturaleza revolucionaria”– en el funcionamiento espontáneo del capitalismo, es mayor precisamente cuando el sistema económico no crea empleo de forma natural, y se prepara a sí mismo para una sociedad sin empleo. De forma significativa, el gran economista ya fallecido Tony Atkinson proponía una “renta de participación” –un subsidio monetario que se asignaría sobre la base de una contribución social (trabajos de distintas clases, educación, aprendizaje, etc.)–, y recomendaba que nos tomáramos de nuevo en serio el objetivo del pleno empleo, y presionáramos para que los gobiernos actúen como “dadores de empleo en última instancia”, ofreciendo “empleo público garantizado”.
Pero, al mismo tiempo, sugería también que la “dirección del cambio tecnológico” se identificara a través del compromiso explícito de unas instituciones colectivas diseñadas para incrementar el empleo y no para reducirlo, como ocurre con la automación. Porque así, afirmaba Atkinson, podremos desenmascarar el engaño oculto en las propuestas fantasmagóricas (el planteamiento de formas privadas y locales de “renta de ciudadanía”) de algunos emprendedores de Silicon Valley. Tienen interés en insistir en que la innovación está guiada por la oferta de bienes y servicios (es decir, traduce Atkinson, por las corporations) y no por la demanda y las necesidades de los ciudadanos, y en afirmar que lo que necesitan esos ciudadanos es únicamente capacidad de gasto y poder adquisitivo, es decir, renta, tal vez en la forma de una “renta de ciudadanía”.
[Publicado originalmente en Social Europe, 14.3.2017. Traducción del inglés de Paco Rodríguez de Lecea]
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Laura Pennacchi. Economista y política italiana. Ha sido diputada en tres legislaturas por el Partito Democratico, subsecretaria de Estado para el Tesoro en el gobierno Prodi, y autora, entre otros libros, de Filosofia dei beni communi (2012) y Riforma del capitalismo e democrazia economica (2015).