Foto Flickr Mídia NINJA
Tarso Genro (*)
Quien lea la sentencia del juez Sergio Moro que condenó al presidente Lula, sin las pasiones inmediatistas determinadas por la lucha política en curso (de la cual dicha sentencia forma parte), podrá quizás comprender los elogios solidarios de algunos de sus pares corporativos, que circularon con una rapidez extraña, pero difícilmente quedará convencido que esa decisión podría prosperar en un tribunal neutral, sin la utilización de las “razones de excepción” que han pautado – hasta ahora – las acciones penales contra el ex presidente. Falta de fundamentación lógica, método inductivo-analítico en la apreciación de los testimonios sin cotejo de su valor probatorio, selección de la relevancia o la irrelevancia de los hechos según una opción ya tomada en función de la condena, y claro sesgo político. Para no hablar de la masacre mediática, patrocinada de forma consciente por la mayoría de los medios tradicionales, que se vieron elevados, inclusive, a la categoría de acusación “ex oficio”, a través de sus artículos de opinión arbitrarios.
Si se adoptan este método y esta visión procesal-penal, todos los reos que sean el blanco de una delación premiada – me refiero a los acusados de sacar algún provecho de las financiaciones de las empresas concesionarias –, independientemente de las defensas que presenten, deberán ser condenados sin apelación. El motivo es simple: la convicción del magistrado no precisa ya fundamentarse en el proceso, sino que puede emerger de la convicción programada o voluntaria, fuera de autos, luego formada en el espacio de la política y de la controversia partidaria. Esto es válido para cualquier reo, de cualquier partido o de cualquier empresa acusada de corruptora. La señal que está emitiendo el Tribunal Supremo Federal, con todo, no es esa, pues a medida que avanzan los procesos a los protagonistas del golpe y los “defensores” de las reformas, la Corte Suprema vuelve a revalorizar los principios de la presunción de inocencia, la defensa amplia y las formas no excepcionales del proceso legal debido.
Se engañan, sin embargo, quienes piensen que el juez Moro es un diletante en materia jurídica, y que se ha “equivocado” en una sentencia importante. Su elección por el oligopolio de los medios, su condición de primer hombre de leyes que instó al Supremo a cambiar sus interpretaciones históricas en materia de garantías constitucionales – para superponer las necesidades del proceso político a las garantías del estado de derecho (porque el “país tiene prisa” en combatir la corrupción) –, garantizaron a Moro un estatuto político que le permitía dar “jaque mate” al país. Y así lo hizo, porque todas las alternativas que deja su sentencia, o prolongan la crisis, o abren un amplio espacio para la impunidad, o deslegitiman, todavía más, la esfera de la política, si buscan el efecto de la ausencia de Lula en la disputa presidencial de 2018.
Primera hipótesis, “prolongan” la crisis a través de la crisis del poder judicial, porque la sentencia de Moro ve la luz, precisamente, cuando sus métodos de investigación y sus decisiones de mantenimiento de prisiones infinitas, empiezan a ser enmendados por otras instancias, lo que denuncia, de paso, su selectividad. Segunda hipótesis, abre un “amplio espacio de impunidad”, porque la retorsión, eventualmente hecha por el Tribunal Superior de Justicia y por el Supremo – para restablecer las garantías de la presunción de inocencia y del tránsito ante el tribunal para el cumplimiento de las penas – beneficiarán directamente a la próxima generación de reos, acusados o no – originarios del golpismo – que ya están siendo absueltos o incluso no han sido juzgados. Tercera hipótesis, si la sentencia que excluye a Lula fuera simplemente mantenida o agravada, cualquier presidente elegido en 2018 no tendría ninguna legitimidad para gobernar.
Así, cualesquiera que sean las decisiones adoptadas por las instancias superiores (porque todo el proceso ha sido un rosario de excepciones y de selectividades) a partir de ahora – mantener la sentencia, reformarla para absolver a Lula o aumentar la pena – , vendrán a reforzar la crisis política, a disminuir la confianza en el poder judicial, más de lo que ya está disminuida, a agudizar la radicalidad de la confrontación de clases en el país, y a permitir que la agenda nacional siga estando controlada por el oligopolio de los medios. El mismo oligopolio que ha producido la incriminación fascista – en abstracto – de los partidos y de los políticos, colocando en el mismo plano a los honestos, a los que se sirvieron de la tradición irregular de las cajas B, y a los que han vivido y sobrevivido en la escuela de la propina y del crimen.
La sentencia de Moro – escuálida, condenatoria sin pruebas y previamente decidida en la esfera de la difusión de la información – es un “jaque mate” a la República, que no cuenta con una elite política en el Parlamento, capaz de resistir a la descomposición, que especialmente el PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) y el PSDB (Partido da Social Democrácia Brasileira) promueven ahora en nuestra democracia en crisis. Pero la sentencia también es un cheque sin fondos, que paga un servicio a la derecha liberal tutora de las reformas, cuya mayoría en el Congreso puede caer en el patíbulo imprevisíble de los procesos sin ley o por el juicio del pueblo soberano, que ellos han burlado para hacer las reformas, mientras se fingían preocupados por la corrupción. Un “jaque mate”, combinado con un cheque sin fondos, que repite, como farsa, la era berlusconiana en la Italia de las “manos limpias”, que se volvieron más sucias.
oOo.
Tarso Genro ha sido Gobernador del estado de Rio Grande do Sul, alcalde de Porto Alegre, Ministro de Justicia, Ministro de Educación y Ministro de Relaciones Institucionales de Brasil.
Publicado en “Sul21” el 17 julio 2017. Traducción, Pasos a la Izquierda.
