Por ANTONIO J. SÁNCHEZ LÓPEZ
En un artículo anterior, proporcionaba algunos rasgos básicos de la consolidación de la posición divergente de Andalucía respecto a España y avanzaba posibles interpretaciones de las persistentes diferencias sociales y económicas. Este segundo artículo va a rastrear las medidas que han ido probándose en el pasado inmediato para poner remedio a esas distancias y va a señalar algunas posibles iniciativas alternativas.
Andalucía: campo de experiencias
El afianzamiento de las divergencias entre Andalucía y España han sido advertidas por múltiples observadores e instituciones desde hace más de un siglo y han sido muchos los intentos que han tratado de corregirlas, interviniendo sobre sus estructuras sociales, sobre su economía y sobre las condiciones de vida de sus residentes1. Los diferentes posicionamientos ideológicos de quienes han intervenido, sus capacidades analíticas, sus recursos y sus competencias han determinado los rasgos de esas medidas.
La mayor parte de estas iniciativas se han movido en marcos político-económico “ortodoxos”2: Captación de grandes inversores extranjeros para implantaciones industriales (y, más modernamente, para la atracción de servicios TIC) interesados por los “bajos costes salariales”, la disponibilidad de personal cualificado o por el valor de las localizaciones; Implantación de grandes empresas públicas nacionales3; Asunción por el sector público de empresas privadas4; Animación del aprovechamiento de recursos “endógenos”; Activación de planes de desarrollo rural, programas operativos integrados…; Establecimiento de “Polos de Desarrollo”5, “distritos” industriales, Zonas Francas, Zonas de Urgente Reindustrialización; Promoción del “emprendimiento” a través de incentivos y de redes de expertos de apoyo; Construcción de reflexiones de alcance regional o subregional (primera y segunda modernización, …) más o menos participativas6; Inversión pública en activos fijos (viviendas, centros de enseñanza, de ocio, de salud, infraestructuras…); Ejecución de equipamientos para “catalizar la innovación” (complejos de I+D, parques tecnológicos, centros tecnológicos, incubadoras…)…
Otra parte de esas iniciativas se han desenvuelto en marcos más “heterodoxos”, con unos propósitos de cambios más profundos: ahí están por ejemplo los planteamientos de quienes alentaron la adscripción de Andalucía desde los años setenta al “autonomismo”7 más o menos8 radical, soñando que ello permitiría lo que ahora denominaríamos “empoderarnos”, para constituirnos “mágicamente” en la California de Europa, la Finlandia del Sur…, autonomismos que ahora parecen reverdecer9. Dentro de estos modelos cabe diferenciar entre quienes se decantan por aprovechar esa autonomía para activar intervenciones públicas más o menos masivas, y los de quienes ven en el autonomismo el ámbito para liberar “fuerzas contenidas” por las restricciones de rígidos modos nacionales de intervención.
Años noventa: pérdida de rumbo
El balance de las intervenciones habidas hasta los años setenta no es muy alentador, como reflejan las evaluaciones y estudios que sobre ellos se han realizado. Tras esos años se establecieron las bases de algunas iniciativas que aportaron esperanzas de romper con el “maleficio” de la desigualdad: expansión de la educación, construcción de un sistema público de salud accesible, despliegue de herramientas básicas de “protección” social, cualificación de las infraestructuras de conectividad de la región y de los hábitats urbanos…
Tras esa etapa el rumbo ha cambiado y la mayoría de las iniciativas institucionales (públicas y privadas) desplegadas desde fines de los noventa se han saldado en fracasos, bien porque ni siquiera pasaran del estado de “buenas intenciones”, carentes de un soporte financiero y normativo efectivo; bien porque han concentrado su acción en la inversión en activos fijos muy parcialmente empleados; bien porque se han basado en premisas infundadas (“éramos ricos”; el “progreso es imparable”; “tenemos el mejor sistema del mundo”….).
La mayoría de las iniciativas institucionales (públicas y privadas) desplegadas desde fines de los noventa se han saldado en fracasos, bien porque ni siquiera pasaran del estado de “buenas intenciones”, carentes de un soporte financiero y normativo efectivo; bien porque han concentrado su acción en la inversión en activos fijos muy parcialmente empleados
Una importante manifestación, y a la par explicación, de parte de eso fracasos cabe reconocerla en la progresiva desatención que han ido recibiendo los grandes retos sociales: desigualdad, pobreza, ignorancia, y sus manifestaciones más intensas -fracaso escolar, abandono del marco educativo, desempleo de larga duración, deterioro de entornos urbanos y residenciales, ausencia de I+D efectiva, envejecimiento, descuido de las personas mayores, desintegración de los inmigrantes…Esos retos, que no se resuelven mediante significativas inversiones en infraestructuras y equipamientos, que deben afrontarse mediante otros instrumentos: acciones discriminantes de choque, vertebradas y focalizadas, marcos reguladores idóneos y habilitación de gasto corriente para soportar los servicios y/u operaciones que se precisan…; han sido desatendidos.
Quisiera resaltar por su trascendencia otra de las manifestaciones más relevantes de este largo período, a la que no suele prestársele la atención debida: el agostamiento durante él de cualquier afloramiento de un “Tercer Sector”, civil/social, revitalizador; quizás laminado por el predominio durante años de un discurso social exclusivamente orientado hacia el “crecimiento”, hacia la atención al interés individual…reforzado por su exclusión de las estrategias públicas y privadas impulsadas en los últimos treinta años.
En cualquier caso la evaluación detenida y necesaria de las causas de esos fracasos y de sus efectos sociales, económicos e ideológicos está en gran medida por hacer.
Unas cajas de herramientas obsoletas
En mi opinión durante las últimas décadas los agentes públicos y los privados de Andalucía han reflexionado menos de lo debido sobre qué instrumentos debían emplear para hacer efectivas las políticas y estrategias que se han ido marcando, y qué políticas construir para el logro de sus metas.
Reconocer los rasgos y cualidades de los instrumentos de intervención que podían utilizar, evaluar cuáles eran los instrumentos más acordes en cada ocasión…no ha sido una tarea habitual. Escasamente familiarizados acaso con la potencia de las “cajas de herramientas” de las políticas regionales, educativas, sociales… en el mundo, la búsqueda y elección de los útiles a emplear en Andalucía se ha circunscrito a echar mano de manera “automática” a un abanico muy restringido de instrumentos, en demasiados casos “obsoletos”. Además, en pocas ocasiones se ha reconocido adecuadamente el perfil y las causas de los problemas y retos a confrontar. El resultado ha sido una escasa eficacia de la acción pública y privada10 a la hora de atender los retos existentes, que poco parecido guardan y guardaban a los de hace diez, veinte y treinta años.
Buena parte de las causas de ese singular comportamiento cabe referirlas a las más que modestas capacidades de buena parte de los líderes regionales, conformadores de los cuerpos legislativos y directivos, de las organizaciones sindicales y empresariales, de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación. Otras causas, relacionadas con ello, se deben a un cierto “aislamiento” de lo que se hace “fuera” de Andalucía en esas materias, “fronteras cognitivas” reforzadas por la vida autonómica. Y otras causas aún se deben al olvido sistemático del seguimiento y evaluación de cuanto se llevaba a cabo11.
El entorno propicio para la activación de los remedios
Conocemos el final deseable: una sociedad y una economía donde la cooperación, la “compasión”, la empatía, el conocimiento…sirvan de tractores de su bienestar y su convivencia; con una participación activa en España, Europa y el Mundo; una sociedad con pleno empleo, con unas rentas satisfactorias, con unos niveles educativos elevados, más allá de la pobreza y la exclusión.
Para avanzar en esa utópica dirección y aplicar cualquiera de los remedios reseñados se precisa un entorno adecuado, donde las instituciones públicas (lo regional, lo subregional –provincias y ayuntamientos- y la administración general del Estado) redefinan su papel y determinen un marco común de trabajo, capaz de interesarse de modo efectivo por el tratamiento de los problemas existentes, comenzando por su reconocimiento12, rehuyendo la tan manida autocomplacencia y/o el victimismo, y donde los ciudadanos integremos en nuestras metas personales –y en nuestros modos de interacción en el ámbito público- las de ese utópico rumbo13.
Hoy ese entorno no se halla en Andalucía. Establecer un entorno diferente del que tenemos ahora, más acorde con los retos que se han señalado, no será tarea fácil, e incluso parece -y acaso lo sea- tarea imposible. Demasiados elementos a definir con acierto, demasiados obstáculos a remover, demasiado esfuerzo y trabajo a volcar hacia lo colectivo en detrimento de las urgencias personales… Construir ese entorno requiere dibujar con precisión sus rasgos, que muy poco tendrán previsiblemente que ver con los ya ensayados: rasgos de la institución educativa, de las instituciones orientadas a la satisfacción de los “pilares” de la “vida buena” (salud, empleo, atención a los dependientes…), de las familias, de las instituciones constructoras/alimentadoras de “valores”…
Aunque quizás pueda estar marcado por el “pensamiento mágico”, voluntarista e ilusorio, al que me refería en el artículo anterior, apunto aquí algunos de los posibles componentes de ese entorno:
- Instituciones más próximas a los ciudadanos: procedimientos de elección de los representantes (listas abiertas; circunscripciones más acotadas…), alcances temporales y competenciales de sus mandatos, selección adecuada de las personas que se ocupan de la gestión de esas instituciones…
- Instituciones más “sabias” en sus formas de trabajo: reconocimiento riguroso de las características y causas de las circunstancias sobre las que se desea intervenir; definición clara y acertada de sus prioridades (educación, salud, remediación de la pobreza…deben estar en primera fila), en línea con las “necesidades” efectivas de la sociedad; ordenación de sus recursos (personales, patrimoniales y financieros) hacia la atención a esas prioridades…
- Instituciones más eficaces y eficientes: selección adecuada de los “instrumentos” a emplear para la consecución de sus objetivos (instrumentos de contrastada solvencia, seleccionados a través de una detenida exploración del utillaje empleado en el mundo -en especial en otras CCAA y otras regiones europeas- ); empleo adecuado de los recursos disponibles; generación de los recursos precisos; cuidado en la implementación efectiva de los instrumentos elegidos (gestión, promoción, evaluación…); remodelación y adecuación de la función pública hacia un modelo de servicio público en perpetuo ajuste a las necesidades….
- Sistemas fiscales más eficaces (laminando cuanto de “negro y sumergido”, lícito e ilícito, hay aún en la economía andaluza) y eficientes en la obtención de recursos, en la asignación de los recursos entre las instituciones y políticas, en la dilución de la polaridad social…
- Sistemas de medios de comunicación constructores de convivencia y sociedad.
Un trabajo extenso, desde la insatisfacción respecto a lo que hay y desde la incertidumbre y la duda sobre la bondad de lo que podría implantarse.
Por dónde empezar
Cualquier estrategia de intervención14 debe dirigirse al corazón de las previsibles causas de las marcadas diferencias sociales y económicas que mantiene Andalucía respecto a España…y a Europa:
- La relativamente baja capacitación/cualificación de los andaluces
- La desigualdad socioeconómica
- Las restricciones en el acceso de los andaluces a los recursos de capital, habida cuenta los modestos medios patrimoniales de la mayoría, la débil movilidad social existente, y la “estanqueidad” de los entornos sociales en que se generan las imbricaciones relacionales.
Y debe dirigirse de manera preferente a las cuestiones en que se materializa de modo sobresaliente la insatisfacción ciudadana por el modo en que el Estado las atiende15: la salud, la dependencia, la atención al desempleo, la educación…, insatisfacción con dispares manifestaciones en el territorio.
Cualquier estrategia de intervención debe dirigirse al corazón de las previsibles causas de las marcadas diferencias sociales y económicas que mantiene Andalucía respecto a España…y a Europa: baja capacitación/cualificación de los andaluces, desigualdad socioeconómica y restricciones en el acceso de los andaluces a los recursos de capital
Pretender tener la “varita mágica”, la “pócima” con la que resolver la compleja situación actual y contar aquí sus soluciones virtuosas sería de una arrogancia majadera. Los párrafos siguientes sólo se limitan anticipar algunas consideraciones en los campos e instrumentos con los que puedo estar más familiarizado, con el doble propósito de resaltar la convicción de que es posible para Andalucía otra posición que la que ahora mantiene, de que no cabe ni tiene sentido alguno la opción de “tirar la toalla”, y señalar que para hacer posible esa otra posición debemos multiplicar los diálogos de todos los andaluces, tratando de entender ¿qué nos ocurre?, ¿por qué? y ¿qué remedio cabe a ello?. Las reflexiones que siguen recorren algunos senderos de ese extenso ámbito.
Las políticas sociales
Ante la constatación de las diferencias entre la sociedad y la economía andaluza y la española entiendo que no cabe la renuncia desesperanzada a cualquier acción correctora, al igual que tampoco sería de recibo creer que “la mano invisible” (la un tanto vetusta del “mercado” o la de una “invisible” autonomía) remedie la actual situación social de Andalucía, marcada por una profunda desigualdad y por una precariedad de los instrumentos que atienden las necesidades sociales más apremiantes.
Por ello, parece razonable centrar la atención en construir una activa y eficaz política que atienda los grandes “campos sociales”, a los que el Estado debe dar una respuesta efectiva, limitando la desigualdad, propiciando la igualdad. Las intervenciones públicas, por complejas que sean, convendría acaso que se centraran en cinco grandes líneas, sobre las que cabe construir un futuro mejor: la educación, la salud, la dependencia, el fomento efectivo de la natalidad16 y la atención directa a “la pobreza”, esa mezcla de calamidades con personalidad propia que aconseja una estrategia específica, más allá de las que puedan activarse para atender las casuísticas singulares. Estos marcos de actuación seguirán siendo los prioritarios en la gestión de la crisis que el coronavirus está provocando y que ha puesto de manifiesto con total crudeza cómo, en buena parte de esos ámbitos, “el rey estaba desnudo”.
Las políticas sociales –en particular a escala regional- deben pasar a ser ámbitos de acción preferente de las políticas públicas. La mayoría de las que se hallan en curso requieren importantes modificaciones para asegurar su eficacia y/o para reorientar sus metas hacia las cuestiones más relevantes; otras están prácticamente inéditas, como las que han de orientarse hacia las personas mayores (desde las que auxilien la habilitación de adecuadas soluciones habitacionales hasta las que aseguren el fortalecimiento de la medicina geriátrica, la cualificación y servicios de cuidadores, la utilización de alimentos adecuados…) o hacia la articulación entre las políticas de salud y de dependencia.
En todos estos ámbitos, la organización de algunos de los agentes en torno a figuras jurídicas tipo “Empresas sociales” o similares puede contribuir a hallar fórmulas atractivas de dinamización y actuación.
Más complejidad obviamente tiene la intervención sobre la desigualdad, sobre la concentración de la riqueza, comenzando por cuanto impida que los recursos públicos la animen o sostengan (como ocurre con la vehiculación de los subsidios agrarios hacia la gran agricultura), continuando con cuanto fuerce el afloramiento de la riqueza a efectos de maximización de los ingresos fiscales (renta, patrimonio, IVA…) y la gradación de las vías impositivas ordinarias (incluyendo sucesiones) conforme a las magnitudes de las rentas y el patrimonio, sin olvidar las que incidan en la concentración de la propiedad inmobiliaria, con actuaciones que han de escalar el ámbito regional (tipo la SAFER17 francesa o similares para la tierra agraria o actuaciones análogas sobre suelos residenciales) y el ámbito nacional (medidas antimonopolio de las grandes plataformas comerciales y de gestión de información…). Es un campo en el que se pone claramente de manifiesto la limitación de la perspectiva autonómica –más bien expuesta a una carrera desbocada de “dumping” fiscal- y la conveniencia de abordar estas cuestiones a través de instrumentos construidos al menos a nivel estatal, cuando no europeos.
El estímulo de la iniciativa económica
Pero ninguna de las intervenciones sobre la situación social tendrá resultados estables para el bienestar de las personas y la competitividad de Andalucía si no se subvierte el estado de la economía andaluza: más y mejor actividad, un mercado más sofisticado…. mayor capacidad de empleo. La afección del coronavirus a sectores claves de la economía andaluza, marcados por su bajo valor añadido pero también por su capacidad ocupacional y su relevancia agregada, y condenados a pasar años muy malos en el futuro, hace más urgente que nunca esta “subversión”.
El ineludible estímulo de la iniciativa económica pasa por una profunda modernización de los propios instrumentos empleados para ese estímulo18, que han de articularse sobre recursos efectivos, componerse por proyectos satisfactorios, instrumentarse mediante medios competentes. Más empresas, empresas más consolidadas…; capital riesgo/capital semilla; avales; financiación de proyectos de pymes; cualificación,….son campos donde la modernización de los instrumentos está por hacer, animando una actividad inversora orientada a la creación de un mercado interno competitivo y capaz.
Pero ninguna de las intervenciones sobre la situación social tendrá resultados estables para el bienestar de las personas y la competitividad de Andalucía si no se subvierte el estado de la economía andaluza: más y mejor actividad, un mercado más sofisticado…. mayor capacidad de empleo
Una actualización de los instrumentos, que debe dejar atrás el excesivo énfasis y focalización de la acción pública en medidas generalmente estériles o de efectos efímeros cuando los hay: atracción de inexistentes y fantasmales inversores extranjeros, asignación efectiva de subvenciones tras la realización de las inversiones en sectores y actividades de muy baja relevancia y a menudo sobrados de recursos… Una actualización de los instrumentos que debe ser muy realista al evaluar las condiciones de partida de la economía de la región: mercados públicos y privados poco sofisticados; rentas de situación no competitivas; “perificidad” respecto a los grandes suministradores y mercados; fragilidad de sus recursos de conocimiento….
Una actualización de los instrumentos que ha de ser completada también por un gran esfuerzo selectivo en los focos y circunstancias a los que se dirija la atención y por el desempeño por los operadores subregionales de un papel más relevante, al ser de quienes dependen en gran medida el éxito de las operaciones de implantación, ampliación, consolidación…
El ineludible estímulo a la economía regional, incapaz por el sólo esfuerzo de los agentes privados de generar ocupación y rentas satisfactorias para la cuarta parte de la población de la región, parece razonable que recurra –al menos por un período dilatado- a ponderadas políticas de inversión pública, que incidan directamente en la reducción del desempleo. Existen importantes campos a los que orientar de manera eficaz los recursos disponibles: ahí están los ámbitos de la mejora urbana (vivienda -nueva y rehabilitación-; movilidad; urbanización; hábitats para los mayores…), el ciclo del agua, o la extensión de las energías renovables como posibles ámbitos. Ser ágiles e inteligentes en este campo cobra un especial interés en el marco de la crisis actual.
Este tipo de políticas han de atender inexcusablemente, mediante iniciativas precisas y ponderadas, a la consolidación del tejido empresarial ya existente, preteridas inexplicablemente durante muchos años en pro de los “nuevos emprendedores”,en todos los ámbitos de su actividad: conocimiento, recursos, gobernanza…Ahí están como posibles campos de atención el de la constante cualificación de los medios humanos disponibles (formación a lo largo de la vida…formación profesional…) en la que tanto están haciendo algunas CCAA como la vasca; las medidas para facilitar el acrecentamiento de los recursos propios de las compañías; las actuaciones que faciliten el perfeccionamiento de los recursos humanos responsables de la gobernanza de las compañías; las actuaciones que perfeccionen la gobernanza a través de la extensión de la “cogestión” (integración de representantes de los empleados y de los usuarios en sus órganos de dirección), asunto de interés por múltiples motivos y en particular por el afianzamiento de las sociedades que ello supone, tal como los largos años de experiencias en otros países de Europa ponen de manifiesto…
La atención a consolidar el tejido empresarial ya existente tiene un relieve particular respecto al fomento y fortalecimiento del Tercer Sector (cooperativas, empresas sociales, fundaciones, ONGs…)19, maneras de organización y atención que tanto juego dan hoy en muchos lugares del mundo, fórmulas que –sobre todo en su modalidad cooperativa, hoy bastante difuminada- se han aplicado con demostrada eficacia en algunas zonas andaluzas (agricultura litoral, industria alimentaria, cadenas de distribución…) y que tanto juego pueden dar aún mañana, en consonancia con valores muy asentados en la cultura social de la región.
Si de la intervención desde la fiscalidad y desde otras medidas sobre la concentración de la riqueza cabe esperar mayores recursos fiscales a aplicar a las políticas sociales -y ahora a las de reanimación de la actividad económica-, cabe esperar igualmente de ellas la activación de cambios sociales y culturales profundos que, acaso lentamente, vayan animando la constitución de un tejido de “emprendedores”/empresarios, ajenos a los grupos familiares de poder económico tradicionales, y vayan diluyendo el desconocimiento, el miedo, el “riesgo moral” o las ausencias de recursos (patrimoniales, financieros, relacionales…), que dificultan que esos cambios consoliden.
Impulso decidido al conocimiento
El estímulo económico ha de estar acompañado de manera inexcusable por el fortalecimiento y la valoración del conocimiento.
La atención a la educación –la eliminación del fracaso y el abandono escolar; la vitalización20 de los entornos universitarios (profesores, pero también alumnos; programas docentes; actividades de las universidades…) como agentes activos de “ecosistemas innovadores”; la cualificación efectiva de los más jóvenes; la formación a lo largo de la vida; la habilitación de cuerpos de docentes preparados y motivados…-, son retos, acaso inalcanzables ya, pero que merece la pena perseguir, recurriendo en su caso hasta a medidas discriminantes que favorezcan la cualificación de las personas de menores rentas, que incentiven el aprovechamiento de las oportunidades de las enseñanzas universitarias…La profunda reordenación del sistema educativo tras los indudables logros alcanzados respecto a la situación en que se hallaba la región hace medio siglo, es probablemente uno de los retos más serios que ha de afrontar la región para aspirar a un mejor futuro.
En este ámbito han de figurar las medidas que potencien la capacitación para la innovación, tanto a través del estímulo y remodelación en su caso de los centros de I+D ya existentes, como del impulso de las iniciativas que, muy arraigadas en el tejido de conocimiento disponible, puedan plantease: centros de fabricación avanzada, centros de formación avanzada, formación del personal en el extranjero, medidas contra la “endogamia” universitaria (tan eficaces en la calidad de los sistemas de I+D de países como Suiza por ejemplo)…Medidas que conviene que sean proyectadas hacia cualificar el “ecosistema regional de I+D” y trabar su conocimiento y su actividad con su aprovechamiento por las actividades productivas y sociales, campos en que la atención pública, más allá de un cierto celo edificatorio construyendo “contenedores” para esas actividades, quizás en horas bajas, está aún por estrenarse de manera efectiva.
La remodelación de los agentes institucionales
Avanzar en todo lo señalado, y en cualquier caso, en todo aquello que otros más competentes puedan ir proponiendo para que Andalucía cambie su escenario operativo, requiere una profunda remodelación de los comportamientos y modos de trabajo de los agentes institucionales (públicos y privados): reorientando su trabajo hacia la prestación efectiva de servicios que el mercado no presta, o no lo hace de forma satisfactoria; minimizando sus gastos de estructura; construyendo sus medidas a través de solventes sistemas de monitoreo de las necesidades, de detección de remedios y de evaluación desapasionada de su actividad…
Una remodelación que requiere una profundo reflexión sobre la propia figura de la Autonomía, que muestra de manera cada vez más palpable sus severas limitaciones para atender las situaciones complejas que afectan a las personas
Un cambio que afecta, más allá de sus modos de trabajo, a sus propias configuraciones institucionales, que han de abrirse a todos aquellos otros planos de la praxis institucional: acentuando el papel de lo local y de lo subregional; homogeneizando sus incentivos y sus herramientas con las comunes a nivel español; disponiendo un marco regulador compartido para todo ello; promoviendo acciones a escala nacional, europea y global….y sumándose de manera sistemática a las que en esos planos ya existen…
Una remodelación que requiere una profundo reflexión sobre la propia figura de la Autonomía21, que muestra de manera cada vez más palpable sus severas limitaciones para atender las situaciones complejas que afectan a las personas (diseñar respuestas, disponer de recursos, habilitar medios…), a la par que su inquietante consolidación en clave exclusiva de aliado/enemigo del Gobierno de la Nación.
Entre esas remodelaciones convendría prestar una particular atención a cuanto facilite una cierta “clusterización” de los agentes económicos, fomentándola, reconociéndola como canal de interlocución preferente desde lo público…Con ella suelen ir atractivas fórmulas de cooperación inter-agentes, que comprenden desde el ámbito tecnológico o comercial hasta el de la cualificación de los recursos…Una “clusterización” que Andalucía ha ignorado en favor de instituciones añejas, útiles acaso para otros propósitos pero escasamente eficaces para impulsar el crecimiento capaz de satisfacer las necesidades de empleo y rentas de la región, obviando las enriquecedoras experiencias que países (como los mismos Estados Unidos), u otras CCAA (País Vasco, Galicia o Cataluña), están teniendo en su uso.
Las pautas sociales: la vida buena
Si hasta hace poco tiempo la expectativa de “vida buena” se saldaba con soluciones que facilitaran la disponibilidad de recursos suficientes para vivir con cierta despreocupación por el futuro, y con la expectativa de que –caso de fallos en las soluciones ordinarias (trabajo, familia…)- concurriría el gobierno para proveerlo, la crisis pasada trajo otro modelo, fundado en el temor y en la expectativa de tener que proveerse por sí mismo de muchos de los “bienes” que antes eran “públicos”, generando con ello un marco social un tanto “darwinista”.
A pesar de la “violencia” con que ha irrumpido la crisis actual, queda mucho por reflexionar sobre cómo inducir el cambio de las pautas sociales de fondo de personas e instituciones sociales, que se hallan (¿se hallaban?) cada vez más orientadas paradójicamente tanto a la dependencia de lo público como a la ausencia de solidaridad, hacia otro modelo, fundado en una mayor solidaridad, en una mayor conciencia de la interdependencia a nivel mundo y en un mayor compromiso con la acción pública.
En este, y en todos los demás campos, la acción en el marco educativo, con una profunda modificación de cuanto se engloba en ese tipo de actividad, y en especial de cuanto afecta a las primeras etapas, es crucial: cualificación y motivación del profesorado, disciplina del sistema, medios auxiliares, métodos…
Las intervenciones en este crítico ámbito dependerán en gran medida de la vida de las organizaciones sociales (asociaciones, ong´s…), que han de entender la relevancia de su misión, acentuando su interacción, adoptando modos de organización y trabajo mucho más efectivos y articulándose de modo más estrecho con los demás agentes efectivos de la sociedad, eludiendo circunscribirse al modelo donante/receptor al que hoy con frecuencia limitan su cooperación.
Hoy. Una nueva crisis
Los párrafos anteriores han sido redactados sustancialmente antes de la llegada del COVID-19. Aunque es muy pronto para señalar con precisión qué efectos va a tener en la sociedad22, y en la economía andaluza en los próximos años, dependientes de cuanto tarde en irse o en ser satisfactoriamente controlado, pueden quizás anticiparse algunas manifestaciones que incidirán necesariamente en la viabilidad de la puesta en marcha de cuanto antes se ha dicho y conformarán algunos de los escenarios en que va a vivirse. Parte de esas manifestaciones se deberán a los impactos de los cambios requeridos por la convivencia con los riesgos de enfermedad; pero otra parte, no debe olvidarse, conviene imputarlas a los efectos de las guerras comerciales que ya se habían emprendido antes de la visita del COVID 19, y que ahora cobran nueva dimensión.
Sin ánimo profético quizás puedan avanzarse las siguientes manifestaciones, todas incisivas, algunas generadoras quizás de nuevos retos y oportunidades:
- Reducción sustancial de la disponibilidad de recursos públicos en los próximos dos/tres años. Que abre paradójicamente la oportunidad a una mejor reasignación del gasto público y a una profunda reforma de la organización de los entes públicos que operan en la región: coordinación, distribución competencial más efectiva…
- Afloramiento de campos urgentes de acción pública, infraatendidos hasta ahora: equipamientos y servicios para mayores, atención sanitaria primaria, reordenación de los modos de trabajo en la educación, gestión hospitalaria…
- Afloramiento igualmente de la necesidad de un modelo de gobernanza regional/nacional/europeo más integrado, cohesionado y “templado”, tanto para un acertado afinamiento de la tarea prescriptora como para el más eficaz empleo de los recursos operativos y de financiación que están al alcance de los actores públicos.
- Caída sustancial del empleo en el sector HORECA (hostelería23, restauración, cafetería) y en el ocio/turismo (además de en cuantas actividades logísticas, industriales y de servicios están asociadas a ambos), con una incidencia especial no tanto en el turismo rural o de playa (en buena parte fundado en el uso del parque de segundas residencias), como en el de alta rotación (cruceros, turismo cultural…). Caída igualmente sustancial del empleo en el comercio, en los servicios personales (tan frecuentemente desempeñados en formas fiscalmente “ocultas”), en la construcción, y en las actividades de otros sectores conexas a ellos. Caídas que, por sus causas, básicamente la reducción sustancial de la demanda que los anima, tienen difícil tratamiento mediante medidas sustentadoras de su actividad.
- Necesidades de remodelación de los modelos de negocio de múltiples actividades: expansión del teletrabajo, reorganización de espacios productivos, reconstrucción de cadenas de suministro y cadenas logísticas, reordenación de sus mercados…con los consiguientes requerimientos de inversión, financiación, reestructuración de sus deudas anteriores…
- Activación de intensos procesos migratorios de los jóvenes andaluces (y acaso de los no tan jóvenes) hacia otros países europeos, básicamente Alemania y Reino Unido.
- Contracción de los salarios e ingresos, caída de las rentas familiares y del consumo, con cuantos efectos tiene ello sobre el tejido de servicios de la región y sobre la calidad de vida de las personas. Una contracción con especial relevancia e incidencia en los espacios y grupos ocupados en las actividades de servicios de menor valor añadido.
- Inmersión de parte de las actividades que ahora sufran esos impactos, fortaleciendo el ennegrecimiento de una economía que nunca fue muy blanca.
Hasta donde me atrevería a señalar, todas estas manifestaciones que causarán severos daños a personas y empresas, y, algunas, abrirán oportunidades y acelerarán algunos ajustes imprescindibles, no sólo mantienen la conveniencia de activar la mayoría de las iniciativas que se señalaban en los primeros apartados, sino que urgen su adopción. Inversión pública selectiva; apoyo a los proyectos empresariales que mayor impacto a medio/largo puedan tener en términos de empleo…; despliegue de las medidas sociales que mayor efecto tengan en el sostenimiento de las personas y empresas más expuestas a la pobreza o a la ruina…; reordenación del modo de hacer de los agentes públicos y privados, todo en ello en un clima mediático que exhorte y anime al uso honrado de los recursos que puedan movilizarse.
Hoy es especialmente importante que todas las instituciones, privadas y públicas, repiensen sus caminos, elijan bien los senderos por los que caminar y los recorran pronta, conjunta y ágilmente
Algunas de las iniciativas pueden ser básicas para construir un mejor futuro; otras son imprescindibles como medidas de “choque” para contener la sangría de personas y pobreza que va a darse de inmediato. Todas, y las que muchos otros agentes e instituciones puedan aportar, deberían ser ponderadas por quienes tienen en sus manos la responsabilidad inmediata de afrontar la muy compleja situación en que vivimos.
Hoy es especialmente importante que todas las instituciones, privadas y públicas, repiensen sus caminos, elijan bien los senderos por los que caminar y los recorran pronta, conjunta y ágilmente: son muchos y muy inmediatos los retos. Y que todas ellas articulen muy estrechamente sus acciones con cuantas se diseñan y financian en Europa y el Gobierno de España.
Si así hacemos, es previsible que en pocos años se hallan restañado las heridas ahora abiertas y tengamos una Andalucía mejor; si no lo hacemos y nos empeñamos en el frentismo y en el lamento, no sólo habremos desperdiciado una oportunidad para nuestro posicionamiento, sino que habremos prolongado cruelmente la zozobra de muchas personas, que sólo verán en su marcha de la región un futuro mejor.
Las instituciones –la Junta en primer lugar, las AALL, la AGE, las organizaciones empresariales y sindicales, las organizaciones civiles, las grandes corporaciones, las entidades financieras…- deben optar pues entre administrar una opción “darwinista” (susceptible de conformar una región con pocos jóvenes dinámicos, con cuatro quintas partes de la población actual, envejecida, estancada y más pobre que el resto de España por muchos años) o construir una sociedad más abierta, más cualificada, más justa24. En sus manos está. Trabajar conjuntadamente es el único camino para transitar por la segunda vía.
_________________
Antonio J. Sánches López. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, en la especialidad de Antropología Americana. Estudios de doctorado en la UAB y en la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en la Administración General del Estado y en la Universidad (hasta comienzo de los ochenta), en la administración autonómica –estructuras agrarias y reforma agraria(hasta fines de los ochenta), en la empresa privada hasta fines de la década pasada–dirección de proyectos y de sociedades en los ámbitos de la consultoría e ingeniería (territorio, movilidad y transporte, inversiones, innovación…), y en la administración autonómica -parques tecnológicos y gestión de bienes y sociedades públicas- hasta comienzos de 2019.
NOTAS
1.- Cfr. la tesis doctoral de Mª Ángeles Sánchez Domínguez, publicada con el nombre Instrumentación de la política económica regional en Andalucía, 1946-2000: Fundamentos teóricos y evidencia empírica. Universidad de Granada. 2001, donde se exponen en extenso la mayor parte de los instrumentos experimentados en el período que analiza. [^]
2.- Entre los análisis que se realizan entre los años sesenta y noventa sobre la situación de Andalucía cabría llamar la atención sobre el modesto pero atractivo ensayo de Antonio Santiago Ramos, La actividad y el espacio industrial en Andalucía, editado por Ágora, en Málaga, en 1991, llamando ya la atención sobre asuntos que sólo muy posteriormente comenzaron a atenderse (clusterización, riesgos ambientales…). [^]
3.- Cfr. el singular caso de ENIRA, analizado pormenorizadamente por Manuel Martín Rodríguez en su trabajo para la Fundación Empresa Pública en 1995, ENIRA: la empresa misteriosa del Plan Jaén. [^]
4.- Cfr. el relevante caso de asunción pública de la empresa Santana, parte de cuya deriva se refleja en la obra de Carmen Rodríguez Guzmán, La gestión de la fuerza de trabajo en Santana Motor: De metalúrgicas Santa Ana al Parque de Proveedores, Diputación Provincial de Jaén, 2012. [^]
5.- Se realizaron en su momento diversos análisis sobre el impacto de estas iniciativas. Cfr. por ejemplo Francis Fourneau, El Impacto del Polo de Desarrollo en la provincia de Huelva (1964-1974), IDR, Sevilla, 1974; José Mª Casado Raigón, La política de acción regional en España. Los polos de desarrollo y especial referencia al caso de Córdoba, IDR, 1977; Mª Ángeles Sánchez Domínguez, “Fundamentos teóricos y efectos económicos del Plan Jaén de 1953”, en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses nº 179, 2001; Vicente José Gallego Simón, El Plan Jaén de 1953 y sus antecedentes, Universidad de Jaén, 2012. [^]
6.- Véase al respecto, fuera del período que estamos considerando, pero de un elevado interés metodológico, la ejemplar iniciativa de la Asamblea Magna Provincial de Jaén, alentada por la Diputación Provincial de Jaén en 1924, en lo que ahora llamaríamos un proceso “bottom-up” para diagnosticar con detalle situación de la provincia, determinar los remedios y alentar su ejecución. Muchas de las cuestiones que se apuntaron por esa Asamblea inspiraron las actuaciones realizadas en pro del desarrollo de Jaén en lo que restó de siglo. (Es descrita con cierto pormenor en la obra de Vicente José Gallego citada anteriormente: páginas 31-54). [^]
7.- En esa corriente se encontraron extraños compañeros de viaje: algunos componentes de la UCD (en especial Manuel Clavero Arévalo), líderes del Partido Comunista de Andalucía (cfr. los rotundos posicionamientos de Antonio Romero en CCOO y en el PCE recogidos en Antonio Romero y Esperanza Peláez, Memorias de Antonio Romero, editorial Almuzara, 2010, respecto a la “construcción nacional de Andalucía”), “andalucistas” del PSA…. Hoy puede revivirse ese extraño maridaje. [^]
8.- Cabe traer a la memoria las tímidas alusiones de José Mª Pemán, a comienzos de los sesenta, en pro de la “descentralización y federación” Cfr. su artículo “El renacer de las regiones”, en Gaceta Ilustrada. Esa manifestación, que se acompañaba de su reconocimiento de la obra de Alfonso Carlos Comín sobre Andalucía, se hace dando calor a una dura conferencia del entonces Presidente de la Diputación de Cádiz, Fernando J. Portillo Scharfhausen, que llevaba como título Andalucía, Pobreza, Riqueza y Desarrollo en un ciclo de Cáritas, editada en 1971. [^]
9.- Dentro de estas vías cabría incluir la reciente tensión “identitaria” fomentado por formaciones políticas de muy dispar pelaje. Esta perspectiva por definición conlleva un proceso de “exclusión”, de diferenciación de otros; Olvida también que cualquier construcción identitaria “efectiva” (no meras construcciones demagógicas o retóricas “nativistas” al uso) resulta de procesos de muchas generaciones, que no pueden darse por salvados en la “breve” etapa autonómica. [^]
10.- Comprendo aquí a las instituciones privadas (sindicatos, organizaciones empresariales, ong’s tanto de base religiosa como laica, corporaciones profesionales..), ya que no es fácil encontrar entre las existentes estrategias e iniciativas adecuadas a los problemas que atienden: valga señalar su gran fragmentación, su desatención a las soluciones más efectivas (fórmulas de impulso de la capacitación y del empleo de los inmigrantes, parados de larga duración, colectivos marginales…; fomento de las “empresas sociales”, de “bancos de tierras”, de “lanzaderas”; formación para el empleo…)… [^]
11.- Ejemplos de ello cabe hallarlos en el persistente recurso a las “subvenciones a término”, empleadas para movilizar inversiones de las pymes y abonadas inexplicablemente al final de las actuaciones, cuando su utilidad para aportar los recursos necesarios era obviamente innecesaria, desdeñándose las exitosas experiencias de otros tipos de incentivos usadas durante decenios en Estados Unidos; en la desatención prestada al empleo de la Compra Pública, Innovadora o no, para activar la demanda y para impulsar modos de prestación de servicios más atentos a los factores humanos que éstos conllevan (salud, atención a mayores, a colectivos marginados…); en el desinterés por vertebrar unos agentes económicos bajo formas “clúster”, más ricas –y menos disciplinadas- que las tradicionales asociaciones corporativas de empresas y de trabajadores; desatención de las ong’s más potentes por la construcción de servicios de empleo efectivos… Ejemplos que cabe reconocer en todos los ámbitos de actuación de unas instituciones, que están reclamando un profundo cambio. [^]
12.- Sería de aplicación al caso la obligada atención requerida para evitar el tan común hacer humano que conduce, como bien expresa George Soros en Mi filosofía, Taurus 2010, a que “la visión que tienen los participantes de cualquier situación es parcial y distorsionada;… [y a que] los puntos de vista falsos conducen a acciones inapropiadas”. [^]
13.- Debates diferenciadores reafirmando supuestas “identidades”, un concepto siempre nebuloso y difuso y casi inasible en el caso andaluz, sólo conllevarían una deriva adicional de las instituciones hacia entornos de autocomplacencia que en poco corregirían las actuales y graves situaciones. [^]
14.- Doy por hecho que todas las intervenciones se ceñirían a las premisas de: articularse sobre recursos efectivos, componerse por proyectos destinados inequívocamente hacia los objetivos identificados, instrumentarse mediante medios competentes. [^]
15.- Entre otras razones para evitar derivas “nativistas” ante la insatisfacción del proceder de un Estado concebido como “nodriza” (cfr. H. Arendt al respecto), que bloquearía incluso la propia modificación de tan nefasta concepción. [^]
16.- El fomento de la natalidad mediante la dilución de las restricciones para asumirla (apoyo a la implantación de formas efectivas de conciliación, facilitación del acceso a la vivienda, protección de la maternidad en la ordenación jurídica de las relaciones laborales…) atendería inquietudes e insatisfacciones profundas de amplias capas de población, y, como no puede ser de otro modo, tendría multitud de afecciones en numerosos planos de la sociedad. [^]
17.- SAFER es una institución francesa que interviene en el mercado de la tierra para evitar su manipulación y uso por personas ajenas al sector, limitando también su concentración. Instituciones con fines similares pero otras formas existen desde hace muchos años en los países germanos. [^]
18.- Parte de los instrumentos de fomento de la actividad económica empleados hasta ahora han mostrado sobradamente su inutilidad, cuando no –como ocurre en la peculiar forma de adscripción de las ayudas agrarias- su carácter pernicioso en tanto que sustentador de las posiciones económicas y sociales más conservadoras. [^]
19.- El Tercer Pilar de la sociedad en palabras del economista Raghuram Rajan en su reciente obra de ese mismo título, al mismo nivel que los otros dos Pilares que él reconoce, el estado y las empresas, en cuyas manos quedan, cada vez más, las tareas de construir y tejer las redes sociales, las comunidades. [^]
20.- Iba a poner “revitalización” pero no encuentro en el pasado reciente ningún entorno de vitalidad al que volver: unas universidades en las que la desatención al estudiante, más allá del mero suministro de clases, parece la pauta generalizada. [^]
21.- En el contexto andaluz es legítimo preguntar para qué sirve ahora un nivel regional, cuando sus capacidades regulatorias y prescriptoras respecto a los retos de fondo son irrelevantes; cuando la eficacia del ámbito regional para el tratamiento de los problemas y la gestión de las actuaciones deja mucho que desear; cuando los agentes públicos con mayor incidencia efectiva en las personas son cada vez más los de ámbito local. Las autoridades regionales han de resolver satisfactoriamente esas inquietudes sobre su misión, probablemente, y entre otras cosas, modificando sustancialmente sus modos de interacción y trabajo con los niveles locales y/o subregionales, a la par que con la Administración General del Estado. [^]
22.- Valga anticipar las siguientes referencias como signos de la magnitud del impacto, todas ellas derivadas de los datos del SEPE de 6 de mayo de 2020 y de la EPA del INE del último trimestre de 2019: el paro registrado ha crecido en Andalucía entre abril de 2020 y el mismo mes de 2019 un 25,57%, hasta comprender a casi un millón de personas. Como en tantos otros campos ese negativo aumento ha sido 4,5 puntos porcentuales más elevado que en el conjunto de España. Ese paro está afectando especialmente a la construcción (con un 42% de sus activos en paro) y a los servicios (con un 25% que, si se descuentan los activos adscritos al sector público, los desempleados representarían probablemente en torno a un 33% del sector privado de servicios). [^]
23.- Exceltur, la patronal del sector turístico evaluaba a fines de abril de 2020 en un 57% la caída del PIB turístico regional de 2020, un sector que ocupa al 10% del empleo regional. [^]
24.- Son muchas las voces de quienes creen advertir en el comportamiento de las personas durante los últimos dos meses indicios consistentes de su mayor propensión a la solidaridad y la empatía y a un cierto cambio en su escala de valores, quizás por la cruda comunicación de los riesgos de muerte a los que estamos expuestos. Si así fuera existe una oportunidad para construir otros modelos sociales, inexistente hasta antes de marzo. [^]
