Por: Jorge Afarian
La lucha por el hallazgo de asbesto en el transporte subterráneo de Buenos Aires se enmarca dentro de una larga serie de reclamos por cuestiones de salud en esta cuestión, originados desde los mismos inicios de la actividad, a principios del siglo XX. Sin embargo, el conflicto por el asbesto va mucho más allá de las condiciones laborales o de salud estrictamente laboral, sino que también afecta al público usuario del transporte.
El conflicto por el asbesto va mucho más allá de las condiciones laborales o de salud estrictamente laboral, sino que también afecta al público usuario del transporte.
El asbesto (o amianto) es un mineral que se presenta mediante fibras altamente flexibles que poseen un alto grado de resistencia a la combustión, y por ello es utilizado para la fabricación de revestimientos, aislantes, tejidos, electrodomésticos, materiales para la construcción de edificios1 y vestimenta a prueba de fuego (como las utilizadas por los bomberos o en las refinerías).
Una de las características más salientes del asbesto es que sus fibras se descomponen con facilidad. La unión de dichas fibras no presenta mayores dificultades, pero si se rompen o se desprenden, su inhalación puede producir graves afecciones a los pulmones, desde engrosamiento de pleura, placas pleurales y asbestosis hasta cáncer de pulmón y mesotelioma, éste último un tipo de cáncer directamente vinculado con el contacto con el asbesto. El asbesto es una sustancia prohibida en la mayor parte del mundo, y en Argentina lo está desde el año 2001, a partir de diversas resoluciones del Ministerio de Salud o del Ministerio de Trabajo argentinos.
Más allá de las prohibiciones, el asbesto se encuentra en el transporte subterráneo desde hace décadas. Las variedades más utilizadas en el mundo son el amianto blanco (delgadas y con forma de serpentinas), el asbesto marrón y el azul (fibras rectas, largas y puntiagudas). Ésta última variante es una de las más dañinas para la salud, ya que se pueden incrustar fácilmente en el organismo y alojarse allí, principalmente en los pulmones. El amianto azul es el que más abunda en el transporte subterráneo.
Al respecto del conflicto colectivo, a principios de marzo de 2018, y a raíz de la denuncia por parte del sindicato del Metro de Madrid por la muerte de un trabajador por inhalación de asbesto, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizó un paro de actividades. Varias formaciones que integraban la línea B fueron adquiridas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Metro de Madrid, años después de su prohibición expresa, aunque al mismo tiempo ya generaba sospecha respecto de la presencia de asbesto. Sumado a los paros de actividades, el Secretariado de la AGTSyP efectuó varias denuncias ante la Dirección General de Protección del Trabajo y la Secretaría de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la revisión de los coches de la empresa española CAF, principalmente los modelos de trenes N° 5000.
Seguidamente, el sindicato solicitó a la Universidad Nacional del Sur diversos informes sobre el estado de las formaciones en las líneas B, C y E del subterráneo. Los informes, elaborados entre los meses de abril y mayo de 2018 determinaron la presencia de grandes cantidades de asbesto en dichas formaciones.
De allí en más, se siguieron numerosas medidas, denuncias y declaraciones por parte del sindicato, lo que derivó que en diciembre de 2018, la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) reconociese la presencia de piezas con amianto en las formaciones españolas. Aquello trajo aparejado la creación de un “Plan de Gestión Integral de Asbesto de la Red de Subte”, elaborado por una comisión que integra la AGTSyP, Metrovías (empresa concesionaria del servicio del subterráneo, actualmente Emova), SBASE (propietaria del servicio subterráneo y otorgante de la concesión), la Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Posteriormente, a principios de junio de 2019, más de un año después de la denuncia por parte del sindicato, finalmente se retiraron de circulación numerosos trenes de la marca CAF 5000, que circulaban principalmente en la línea B, debido a una peligrosa presencia de amianto en los vagones y piezas. En octubre de 2019, el presidente de SBASE, quien admitió en una nota para la CNN2, que no se habían leído los planos y la composición de los trenes contaminados, lo que confirma aún más la responsabilidad civil (e incluso penal) de los adquirentes de las formaciones.
En noviembre de 2019, junto con todas estas medidas, el sindicato planteó una demanda de amparo ambiental con acción de clase ante la justicia administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta emitió una medida para el retiro del asbesto, que hasta la fecha ha sido cumplida solo parcialmente. Este reclamo fue planteado con la ayuda de los trabajadores de las líneas del subte y diversos profesionales y especialistas, como abogados, médicos, ingenieros, psicólogas y especialistas en higiene y seguridad laboral.
En la medida cautelar, la jueza a cargo del expediente ordenó inspecciones y toma de muestras a todas las flotas de la red sospechosas de contener piezas con asbesto y la prohibición de intervenir formaciones e instalaciones fijas pasibles de contener el material.
Ordenó que los trabajadores afectados por la suspensión de tareas fuesen reubicados en otros puestos acordes y sin peligros. A su vez, dispuso que SBASE y Metrovías informaran del listado de trabajadores que han desempeñado tareas en el ámbito del subterráneo, en el período de 40 años previos a la promoción de la demanda con su correspondiente hoja de ruta laboral, además de los actuales y los que por cualquier causa hayan cesado.
La resolución judicial, además, indica la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, en cabeza de SBASE, debido a que tenía conocimiento de que los trenes CAF 5000 contenían asbesto, ya que tal información constaba en los manuales de los trenes entregados por el Metro de Madrid, “evidenciando la escasa o nula sensibilidad en materia de ambiente”.
El sindicato y los/as trabajadores/as de talleres, tráfico, instalaciones fijas, entre otras secciones del subterráneo, continuaron con las jornadas de agitación e informativas en las estaciones cuyo objetivo eran los/las usuarios/as, para poner en conocimiento de la presencia de este mineral cancerígeno en los trenes.
Luego, en septiembre de 2021, la jueza a cargo del expediente judicial autorizó a los/las usuarios/as del subterráneo que se consideren con derecho al reclamo a la salud o medio ambiente, a sumarse al amparo ambiental con acción de clase presentado por el sindicato. El sindicato y los/as trabajadores/as de talleres, tráfico, instalaciones fijas, entre otras secciones del subterráneo, continuaron con las jornadas de agitación e informativas en las estaciones cuyo objetivo eran los/las usuarios/as, para poner en conocimiento de la presencia de este mineral cancerígeno en los trenes, y de la posibilidad de que ellos y ellas puedan presentarse como posibles afectados/as por la negligencia empresarial y estatal.
Desde el comienzo de los reclamos para la eliminación del asbesto en el subterráneo, 4 compañeros del subte han fallecido a raíz de distintos cánceres relacionados con este mineral, y 79 son los que se encuentran afectados/as con enfermedades de distinta gravedad (principalmente engrosamiento pleural y asbestosis). Cabe agregar que en éste último grupo también podemos hallar las personas que trabajaban en comercios dentro del ámbito del subterráneo3.
A partir de un extenso trabajo de campo realizado por quien escribe, los testimonios de los trabajadores y dirigentes gremiales aportaron una visión del conflicto más complejo y sistémico, no sólo gremial. Aquí el conflicto colectivo y la salud laboral y pública están profundamente imbricados, hasta el punto que el segundo no podría cumplirse sin el primero. El tema abordado es interesante porque implica el reconocimiento, aún por trabajadores de gran trayectoria gremial y activismo en el lugar de trabajo, de nuevas categorías de conflicto que escapan a las usuales, a los reclamos generales de carácter laboral.
Esto es aún más evidente en el caso de la salud pública, puesto que agrega una pata adicional al problema: el tema ya no es solo de salud laboral, lo que implica una lucha por el trabajo decente y digno de los/las trabajadores/as, sino que el potencial afectado también es el público en general, por lo que el sindicato se erige en un representante extra-laboral, que posee injerencia e interés más allá de su zona de influencia y representación, que es el trabajo en el subterráneo.
En este sentido, el asbesto se encuentra en otro nivel, tiene la potencialidad de modificar la forma de reclamar por parte de los/las trabajadores/as, porque puede afectar sus vidas y las de los usuarios/as del transporte. Nuevas formas de reclamo implican nuevas formas de conflicto, mediante la concientización de las personas potencialmente afectadas, el planteamiento de demandas más fuertes ante la justicia y la administración, entre otras cuestiones de importancia.
El conflicto por el asbesto, como brevemente mencionamos más arriba, es una problemática estrictamente relacionada con la salud no sólo laboral, sino pública. Por lo tanto excede la mera cuestión patrimonial-reparatoria proveniente de la normativa en riesgos laborales, e incluso excede el mero reclamo gremial. Es en estos casos donde puede observarse más nítidamente la multiplicidad de vínculos entre trabajo, salud y medio ambiente, sumado a que es necesaria la participación de los/las trabajadores/as en las decisiones y el control que hacen a las condiciones de trabajo.
Asa Laurell (1978)4, una de las más reconocidas exponentes de la corriente teórica de “medicina social latinoamericana”, analiza las relaciones entre salud y trabajo, principalmente desde la perspectiva de las participación de los/as trabajadores/as. A este respecto, la autora expresa que es preciso estudiar esta relación desde dos dimensiones. Una técnica, desarrollada por los/as expertos/as de “salud ocupacional” y otra conceptual que parte de cómo el trabajo ha sido conceptualizado para ser considerado una categoría “científica”.
Los profesionales de la salud ocupacional han hecho hincapié en el modo en que los riesgos ocupacionales dependen del funcionamiento de la industria capitalista y que, por ello la implementación de soluciones depende más de problemas de poder y capacidad reivindicativa colectiva que de cuestiones meramente “técnicas”.
Concretamente, el proceso de trabajo resume dos características fundamentales: un aspecto esencialmente técnico y otro social. Es decir, mediante el trabajo no sólo se producen bienes y servicios, sino que a través de él se valoriza el capital a través de la plusvalía creada por el trabajo humano, mediante la organización del proceso de trabajo y el aprovechamiento de las tecnologías.
Desde otra visión, el estudio del objeto de trabajo debe tomar en cuenta sus propiedades físicas, químicas y biológicas dado que pueden constituir un riesgo para la salud, pero al mismo tiempo, la transformación de un objeto en un objeto de trabajo está socialmente determinada. No hay que olvidar que bajo el modo de producción capitalista, la conversión de estos objetos puede afectar seriamente la salud, debido a que la ganancia constituye uno de sus fundamentos. Esto demuestra, de acuerdo con Laurell, que el trabajador piensa en sí mismo en los términos del desarrollo capitalista, es decir, como fuerza de trabajo que tiene un precio y no como un ser humano que tiene una vida, lo que se relaciona íntimamente con la capacidad de autopercepción como sujeto de derechos.
Sin embargo, el trabajo en el subterráneo posee aristas propias que repercuten en la salud, y en una organización colectiva eficaz, lo que junto con un conflicto estratégicamente estructurado, posibilitan un nuevo nivel en el reclamo de condiciones dignas de trabajo y de la posibilidad de gozar de un ambiente laboral sano y libre de potenciales riesgos. Vimos cómo el sujeto trabajador y su organización colectiva poseen un indiscutible peso en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, no sólo en el aspecto conflictual, sino también aportando experiencia, saberes y formas de ver el mundo. La “medicina social latinoamericana” es un buen punto de partida para pensar estas categorías.
Los trabajadores asumen un rol activo en la búsqueda de salud colectiva e individual y es un buen ejemplo de cómo la experiencia, el involucramiento y la participación directa en el proceso productivo pueden ir más allá de la lógica económica, buscando atacar la causa de los problemas de salud, en beneficio no sólo las generaciones presentes de trabajadores, sino de las futuras, sumado a los usuarios que utilizan diariamente el servicio.
Más aún, los trabajadores se constituyen como grandes creadores de normas, puesto que a través del conflicto comenzó la eliminación del asbesto en el servicio, se lograron los exámenes médicos para los compañeros y su inclusión en el “Registro de Agentes de Riesgo”, la empresa reconoció y retiró parte de las formaciones con asbesto, y se arribó a un amparo de salud. En otras palabras, los trabajadores asumen un rol activo en la búsqueda de salud colectiva e individual y es un buen ejemplo de cómo la experiencia, el involucramiento y la participación directa en el proceso productivo pueden ir más allá de la lógica económica, buscando atacar la causa de los problemas de salud, en beneficio no sólo las generaciones presentes de trabajadores, sino de las futuras, sumado a los usuarios que utilizan diariamente el servicio.
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Uno de los casos más extremos y proveniente de una tragedia, fueron las enfermedades relacionadas con la inhalación de asbesto luego del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. En la actualidad continúan apareciendo personas afectadas y muertas por el esparcimiento de este mineral tras la catástrofe. Al respecto, ver: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210911-testimonios-11-septiembre-atentados-torres-gemelas-20-a%C3%B1os
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Al respecto, ver: https://www.pagina12.com.ar/225373-asbesto-en-el-subte-la-ciudad-sabia-que-compraba-vagones-con
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El sindicato del subterráneo creó una página web especial con toda la información y reclamos sobre el asbesto desde el comienzo. Puede consultarse aquí: https://asbestoenelsubte.com.ar.
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Laurell, A. (1978), “Proceso de trabajo y salud”. En Cuadernos Políticos, No. 17.
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Jorge Afarian. Abogado y docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Becario de finalización de doctorado (UBA/CONICET).
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