Por LLUÍS RODRÍGUEZ ALGANS
Una de las cuestiones que creo suscita más interés en el debate de la renovación sindical, se refiere a la mirada respecto de la capacidad de las organizaciones sindicales de favorecer el cambio socioeconómico. El sindicalismo puede y debe influir en la determinación de las políticas económicas, industriales y laborales, a la vez que puede y debe promover procesos de democratización en las empresas y la economía como parte de esa lucha de clases, de esa lucha de poder entre el trabajo y el capital o su eslabón dirigente, por el control de los medios de producción y la distribución de los excedentes económicos. Asimismo, esa lucha puede y debe permitir avanzar en los pasos necesarios para la transformación del modelo económico capitalista imperante en otro socialista autogestionario que sea más eficiente, justo y democrático.
En esa clave, vale la pena mirar los puntos en común entre el sindicalismo, la economía social y la orientación de cambio económico autogestionario que ambos instrumentos y movimientos pueden promover.
El análisis de las interrelaciones entre sindicalismo y economía social debe empezar por remarcar la importancia de la economía social a la hora de prefigurar la economía que necesitamos la clase trabajadora, a la vez que comienza a establecer esas alternativas hoy mismo. Una transformación real y profunda del sistema económico capitalista por otro autogestionario necesariamente pasará por el impulso de muchas experiencias concretas y por la integración de estas sustentadas en experiencias previas de cooperativismo y economía social1.
El sindicalismo puede y debe influir en la determinación de las políticas económicas, industriales y laborales, a la vez que puede y debe promover procesos de democratización en las empresas y la economía
Más allá de los grandes relatos, el cooperativismo y la economía social en relación con el movimiento sindical, ha sido una forma de generar autoocupación, ya sea en contextos de crisis empresarial con despido colectivo o cierre de empresa, ya sea en contextos de desempleo masivo donde la patronal castiga la militancia sindical y la autoocupación se torna en alternativa imprescindible.
Asimismo, la economía social se puede orientar a apoyar las luchas sindicales, cómo el caso de la cooperativa de finanzas Coop57 ejerciendo como caja de resistencia para la huelga2 en apoyo, entre otros, del conflicto de las empresas subcontratadas por Telefónica; un conflicto con una acción sindical diferente a la habitual tanto por los actores cómo los contenidos reivindicativos y los métodos de lucha3.
A la inversa, el sindicalismo es clave para la economía social al sostener unos valores y prácticas que hacen de contrapeso a la dinámica que se genera por su inserción en una economía capitalista: la negociación colectiva de referencia permite una guía de mínimos en lo concreto de las relaciones laborales y las condiciones de empleo en la economía social. Sucede lo mismo con la disputa por el salario social, indirecto -sanidad, educación- y diferido -pensiones, subsidio de desempleo, etc.- que afecta a toda la clase trabajadora incluidas cooperativistas o participantes de la economía social. El sindicalismo cómo organización de masas incide en ese ámbito en apoyo a las redes de economía social y transformadora.
Por último, desde una perspectiva de transformación social no todas las empresas pueden ser cooperativizadas o transformadas en modelos de economía social a corto plazo (por su tamaño, por las relaciones de poder social interno o de mercado externo imperantes, etc.), por lo que se requiere de un fuerte sindicalismo de contrapoder con capacidad de ejercer un control sindical y económico en toda la estructura empresarial y productiva para reorientar el modelo económico y social.
Sindicalismo de contrapoder y economía social
La acción sindical cotidiana, la de las secciones sindicales en los procesos de negociación colectiva, tiene mucho de los valores y fundamentos de la economía social y cooperativa.
Un poder sindical como herramienta democratizadora de una empresa o sector, es la antesala de futuros modelos de economía social y democracia económica
Los procesos de militancia sindical orientados a la expansión de derechos sociolaborales se cimientan en una adecuada recopilación de información económico-financiera, productiva y laboral de las empresas para sustentar los procesos negociadores, en una colectivización entre las plantillas de las reivindicaciones dirigidas a los empresarios y la patronal, así como en la articulación de fórmulas solidarias de acción colectiva y huelga indefinida con apoyo de cajas de resistencias que son, sin lugar a dudas, un mecanismo financiero colectivo de solidaridad sindical4. Un poder sindical como herramienta democratizadora de una empresa o sector, es la antesala de futuros modelos de economía social y democracia económica.
Lo anterior es si cabe más evidente en procesos de reestructuración y crisis empresarial donde la recuperación de empresas para su posterior laboralización o cooperativización se torna una acción estratégica imprescindible para defender las condiciones y niveles de empleo, así como la estructura industrial del país, precisamente cuando los poderes políticos y económicos están promoviendo todo lo contrario. Ahí la práctica sindical previa es imprescindible para acometer con garantías dichas experiencias. Parte de esa oposición y asesoramiento sindical y de los economistas de sindicatos con alternativas a los procesos de reestructuración empresarial, se circunscribe a la búsqueda y evaluación de las condiciones de viabilidad de inversores industriales frente a los financiero-especulativos que permitan recapitalizar las empresas en crisis para mantener o relanzar la producción5, o alternativamente promover la transformación en empresas de economía social como sociedades laborales o cooperativas6. La cuestión, no obstante, no tiene solo una dimensión micro, sino también macro, de modelo social y económico.
Contrapoder sindical y autogestión económica
¿Cómo puede el sindicalismo ayudar a construir otro modelo económico y social? Sin duda el núcleo vertebrador de la acción sindical es la negociación colectiva. Dos ideas al respecto.
Por un lado, la orientación de la política sindical y de los contenidos sustantivos de negociación colectiva hacia objetivos de política económica de altos salarios y pleno empleo. Las dos reivindicaciones clave del movimiento sindical vasco cómo son el salario mínimo de 1.200 euros mensuales y la jornada laboral máxima de 35 horas semanales, se integran para mejorar las condiciones de vida mediante la generación y el reparto del empleo, además de con una política salarial solidaria que deviene también en mecanismo de política industrial7.
Por otro lado, la introducción de contenidos de negociación colectiva instrumentales de control sindical económico en las empresas y sectores, esto es, la promoción de la democracia económica en las empresas capitalistas con una ampliación de los derechos de información consulta y control sindical de los procesos productivos, y de inversión y posterior generación de empleo8. Esta mirada hacia los contenidos instrumentales de la negociación colectiva permite avanzar hacia una mayor capacidad de control de los procesos de inversión, producción y distribución, a la vez que promover precisamente mayores tasas de inversión y generación de empleo9. Asimismo, un mayor control sindical de la producción y de las finanzas empresariales permite limitar el fraude económico, fiscal y a la seguridad social en el que incurren las empresas capitalistas cuyos impactos sociales son demoledores, tal como vienen exponiendo estudios realizados por expertos economistas desde la UPV/EHU para Euskadi, representando alrededor del 17’4% del PIB de la comunidad10.
Euskal Herria tiene un privilegiado potencial, fraguado en décadas de luchas obreras y de construcción de alternativas económicas con un asentado cooperativismo, para la configuración de un potente marco autónomo de economía autogestionaria y de lucha de clases con un fuerte sindicalismo de contrapoder
La participación sindical en aspectos de política económica, industrial o fiscal se ha venido canalizando históricamente mediante el denominado “diálogo social”, es decir los procesos de “concertación social” entre sindicatos, patronales y gobiernos, si bien estos procesos han demostrado limitaciones en cuanto a una efectiva influencia sindical en dichas materias y contraindicaciones en cuanto al aval sindical de políticas públicas neoliberales unido a una dependencia financiera de los propios sindicatos que han entrado en este tipo de procesos de concertación11. Algunas vías de intervención alternativas exploradas por el sindicalismo europeo pasan por incrementar la mencionada participación y control sindical de los procesos productivos, económicos y de inversión en empresas y sectores y, también por la negociación colectiva a todos los niveles; lo que supone, sin duda, un elemento configurador de poder en las relaciones laborales, hacia una nueva democracia industrial con participación de las personas trabajadoras. Su aplicación en el Estado español puede pasar a corto plazo por esa ampliación de los derechos sindicales de información, consulta y participación, vía cambio legislativo en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras o con su reflejo en los contenidos de la negociación colectiva, en materias contables, mercantiles y económicas, productivas, organizativas y laborales12. Con relación a la inversión, como variable clave por determinar el nivel de producción y empleo así cómo su orientación sectorial o de actividad, históricamente la propuesta de implantación de Fondos de Inversión de Asalariados ha sido una vía para influir, desde el sindicalismo, en este elemento de política industrial13. En el ámbito vasco empiezan a elaborarse reflexiones en este sentido por parte de EKAI Center, vinculando relaciones laborales, democracia económica y modelo de desarrollo, con el análisis de algunas experiencias europeas de relaciones laborales, inversiones, desarrollo tecnológico, asignación de ganancias y de formación, abordando especialmente las relaciones laborales de empresa y el desarrollo económico14.
En relación con todo lo relatado, Euskal Herria tiene un privilegiado potencial, fraguado en décadas de luchas obreras y de construcción de alternativas económicas con un asentado cooperativismo, para la configuración de un potente marco autónomo de economía autogestionaria y de lucha de clases con un fuerte sindicalismo de contrapoder. En el marco de esa confrontación por el desacuerdo con el funcionamiento del sistema capitalista y como expresión de la conciencia colectiva de la clase trabajadora vasca, es imprescindible dirigirse a una sociedad de personas y pueblos libres articulada mediante un socialismo en el que los medios de producción, de consumo y de cultura, estén en manos y al servicio de las personas trabajadoras, en una auténtica democracia económica. Ello pasa necesariamente por que el movimiento obrero y sindical establezca una fuerte conexión entre la acción sindical y los procesos dirigidos a la socialización de los medios de producción y de consumo, además de una alianza permanente entre la economía social y el sindicalismo de contrapoder.
En palabras del sindicalista irlandés James Connolly en un artículo de 1908 titulado “Sindicalismo industrial y socialismo constructivo”: “a la vez que incrementa el poder de resistencia del trabajador contra los abusos actuales de la clase capitalista, lo familiariza con la idea de que el sindicato que contribuye a construir está destinado a suplantar aquella clase en el control de la industria en donde trabaja”.
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Lluís Rodríguez Algans. Economista y asesor laboral y de políticas públicas en Euskadi. El artículo se publicó por primera vez en el blog Radicales Libres del Diario Público el 3 de octubre de 2017.
NOTAS
1.- Sempere, Joaquim; García, Ernest. ¿Qué papel pueden tener las cooperativas en una transición postcarbono? Reflexiones desde el cooperativismo en Cataluña. Revista de Economía Crítica nº18, 2014. [^]
2.- Oñederra, Unai. Coop57: una herramienta complementaria a la lucha sindical. Comunicación al II Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social UPV/EHU, 2016. [^]
3.- Mera, Igor; Mullner, Jana. Huelga de técnicos autónomos y subcontratas de Telefónica Movistar. Una experiencia exitosa. Viento Sur. 22-6-2016. [^]
4.- Rodríguez, Lluís. Huelgas y cajas de resistencia para revitalizar el sindicato. Radicales Libres, Diario Público. 29-9-2016. [^]
5.- Iriarte, Niko. Negociación colectiva y control sindical. Aspectos laborales y económicos. Lan Harremanak nº35, 2017. [^]
6.- Mata, Héctor; Rodríguez Lluís. Recuperación de empresas y negociación colectiva hacia la autogestión. Intervención en el II Encuentro Euromediterráneo “La economía de los trabajadores y trabajadoras”. Tesalónica, Grecia, 29/10/2016. Ver también nota 5. [^]
7.- Rodríguez, Lluís. Revitalización sindical: el pilar de la negociación colectiva y la política sindical. Radicales Libres, Diario Público. 15-9-2016. [^]
8.- Mata, Héctor. Los derechos de información de la representación de las personas trabajadoras: límites legales y mejora a través de la negociación colectiva. Lan Harremanak nº35, 2017. Ver también nota 7. [^]
9.- Estrada, Bruno (2014). Creación de empleo y modernización de la negociación colectiva. Revista Temas. [^]
10.- Zubiri, Ignacio; Fernández-Macho, Javier; Gallastegui, Mª Carmen. Economía sumergida y fraude fiscal en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Informe del Instituto de Economía Pública UPV/EHU. 2016. [^]
11.- Letamendia, Francisco. Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo. Tecnos, 2009, pp. 41-42; Elorrieta, Joxe. Una mirada sindical contracorriente. Icaria – Fundación Manu Robles-Arangiz, 2017, pp. 182-188. [^]
12.- Véase notas 7 y 8. [^]
13.- Del Rosal, Mario. La democracia económica y los fondos de inversión de los asalariados: posibilidades y contradicciones. Comunicación al II Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social UPV/EHU, 2016. [^]
14.- EKAI Center. Relaciones laborales de empresa y el desarrollo económico. EKAI Center – Gipuzkoa Foru Aldundia. 2016. [^]