Por GABRIEL FLORES
La desescalada de la crisis sanitaria puede darnos una perspectiva engañosa para analizar la nueva crisis global desatada por el coronavirus y de sus posibles remedios o salidas. El mundo se ha instalado en una recesión económica muy grave que en 2020 alcanzará, probablemente, una dimensión mayor que la provocada por la crisis financiera global de 2008-2009 y, en el caso particular de España, más profunda que la suma de las dos recesiones sufridas entre 2008 y 2013. Desde comienzos del siglo XX no se conocía en tiempos de paz una crisis con tal capacidad de destrucción económica, salvo la Gran Depresión iniciada en 1929.
Estamos situados en el epicentro de una crisis cargada de incertidumbre de la que desconocemos su duración, impactos a medio plazo y salidas. Mientras no dispongamos de una vacuna o un remedio eficaz contra el Covid-19, cualquier rebrote del coronavirus solo podrá ser controlado parcialmente a través del fortalecimiento del sistema nacional de salud y, sobre todo, mediante un confinamiento estricto que reduzca las interacciones físicas entre los individuos y, como consecuencia, provoque una nueva parálisis económica y sus inevitables efectos destructivos sobre empleos, actividad productiva y tejido empresarial.
Tampoco podemos saber si el resultado de esta crisis será un nuevo modelo capitalista, más regulado por la sociedad y el poder político que la representa, capaz de generar un crecimiento más inclusivo y respetuoso con la naturaleza y las sociedades de las que se nutre y menos injusto y desigual en la distribución de las rentas que genera o, por el contrario, dará lugar a un modelo neoliberal más salvaje que el conocido en las últimas décadas.
Que la actual crisis sea multiforme y muy aguda no implica que pueda ser superada, también podría dar lugar a una prolongada decadencia que cronifique la conflictividad social, el estancamiento económico y la inestabilidad política
Nada está escrito de antemano, pero las corrientes políticas progresistas y de izquierdas, los sindicatos de clase y las redes de colaboración entre movimientos sociales que pugnan por sociedades más inclusivas, democráticas, igualitarias y solidarias tienen opciones de reformar el modelo capitalista neoliberal e impedir que refuerce sus rasgos más depredadores, salvajes y elitistas. No basta con imaginar o soñar otros mundos posibles, se requiere mucho empeño, cooperación y acierto para conseguirlo. Que la actual crisis sea multiforme y muy aguda no implica que pueda ser superada, también podría dar lugar a una prolongada decadencia que cronifique la conflictividad social, el estancamiento económico y la inestabilidad política; tampoco cabe descartar que el mundo sea peor una vez superada la crisis ni que las grandes mayoría sociales y buena parte de los países y naciones del mundo queden desconectados de las fuerzas que determinan el curso de la economía y la historia mundiales o refuercen unas vinculaciones de subordinación y dependencia con los nuevos o viejos imperios que les impidan mejorar sus condiciones de vida o gestionar sus destinos y limiten su soberanía o capacidad de decisión.
Es esa conciencia de un futuro incierto y una posible evolución inquietante de la crisis lo que hacen de la actual situación un buen momento para los sueños y las ensoñaciones, incluidos aquellos que rompen todas las amarras con la realidad y las restricciones que ésta impone. Esos sueños nos dicen mucho de la persona que sueña, de sus deseos, ideologías o inclinaciones previas, pero muy poco o nada del futuro o de lo que hay que hacer para hacerlo presente.
Entre sueños, pesadillas, dudas e incertidumbres, el Gobierno de coalición progresista estaba obligado a tomar decisiones, al igual que los partidos políticos, los agentes económicos y sociales y la mayoría de los individuos y hogares. Y esas acciones y decisiones se han tenido que someter a las posibilidades y restricciones que la realidad brinda y a la capacidad de orientarse y captar una realidad tan nueva y cambiante. Puede que una parte de la inquietud que nos acosa surja de ese desencuentro: hay que seguir tomando decisiones sin tener los elementos que permiten saber o tener una idea aproximada de qué opción puede ser más acertada. La lucha por la vida y la lucha política siguen, por mucho que lo incierto y las incertidumbres ocupen un gran espacio, tanto en el mundo real como en nuestras cabezas.
Al intentar analizar esta crisis económica, me centraré exclusivamente en tres aspectos que, en mi opinión, son claves para aproximarse a lo que está ocurriendo y tratar de definir una estrategia progresista de superación de la crisis que responda a los intereses y necesidades de la mayoría social: primero, la grave situación económica que estamos sufriendo y las dos fases, de contención y de reactivación, que serán necesarias para superarla; segundo, la importancia de Europa y de las políticas comunitarias en la superación de la recesión de la economía española y la pugna existente entre los gobiernos, poderes económicos y fuerzas políticas y sociales de la UE que defienden nuevas políticas de mutualización de riesgos, costes, financiación e inversiones modernizadoras y los anclados en un retorno lo más rápido posible a las viejas, fracasadas e injustas políticas de austeridad; y tercero, la apuesta por la desestabilización política de una oposición derechista abanderada por Casado y Abascal que considera que es el momento de aprovechar la crisis sanitaria y la recesión para aumentar la crispación social e impedir la gobernabilidad, con el objetivo de echar a Sánchez e Iglesias, acabar con la inédita experiencia de un Gobierno de coalición progresista y recuperar la hegemonía política y electoral para las derechas, aunque sea a costa de arruinar el país y la convivencia.
1. Las dos etapas para superar la crisis económica
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus obligó a paralizar la actividad económica mundial, trastocando el mundo conocido y el conjunto de las relaciones humanas, tanto las de índole económico, social, cultural, institucional o geopolítico como las que mantenemos con la naturaleza a la que hemos emponzoñado y amputado en la biodiversidad que le servía de sostén y equilibrio. Lo original y realmente excepcional de esta crisis económica han sido los factores que la han provocado: el coronavirus y el consiguiente e imprescindible confinamiento. Esos desencadenantes son las principales novedades respecto a los desequilibrios financieros, enfrentamientos bélicos, exceso de oferta o debilidad de la demanda que provocaron la inmensa mayoría de las crisis globales anteriores.
España afronta la nueva crisis con una economía frágil y desequilibrada que ha sido duramente golpeada en varios de sus pilares fundamentales (turismo o industria de automoción, entre los más importantes), un escenario político crispado y una sociedad en la que la desigualdad, la precariedad y la pobreza han consolidado su presencia.
Lo original y realmente excepcional de esta crisis económica han sido los factores que la han provocado: el coronavirus y el consiguiente e imprescindible confinamiento. Esos desencadenantes son las principales novedades respecto a los desequilibrios financieros, enfrentamientos bélicos, exceso de oferta o debilidad de la demanda que provocaron la inmensa mayoría de las crisis globales anteriores
Los datos provisionales del primer trimestre del año señalan una caída sin parangón del 5,2% del PIB respecto al último trimestre del año 2019. Todas las estimaciones económicas de este año 2020 dan cuenta de la intensa recesión en la que se han adentrado las economías española, europea y mundial y de su enorme capacidad para destruir empleos, actividades económicas y tejido empresarial. El segundo trimestre de 2020 confirmará pronto el volumen del inédito descalabro, pese a la ligera mejora que producirá el desconfinamiento progresivo que ha permitido en el mes de mayo un crecimiento mensual de la afiliación a la seguridad social de casi 200.000 empleos, una desaceleración del crecimiento del paro registrado que aumenta a un menor ritmo del 0,7%, y la vuelta al trabajo de cerca de 400 mil trabajadores de los más de 3,4 millones afectados por los ERTE.
Las últimas previsiones para la economía española, hechas públicas por la Comisión Europea el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las realizadas poco antes por el Gobierno de España, apuntan a un histórico retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo de alrededor del 19% (solo la griega sería más alta), un déficit público cercano al 10% (fruto del aumento del gasto público y la caída de la recaudación tributaria) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB, lo que implica unas necesidades de nueva financiación de entre 120.000 y 130.000 millones de euros. Pésimas estimaciones, a pesar de estar asociadas a un escenario central que descarta nuevos rebrotes descontrolados del coronavirus que, en caso de producirse, las empeorarían dramáticamente.
¿Para qué sirven esas estimaciones para el año 2020? Para muy poco, ya que no pueden incorporar variables decisivas como el grado de control de la pandemia, la existencia o no de remedios médicos eficaces o posibles nuevos rebrotes agudos; sin embargo, permiten hacerse una idea aproximada del calibre de la recesión anual, muy superior a la suma de los dos episodios recesivos sufridos por la economía española entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2013.
También existen previsiones de reactivación económica en 2021 que sirven para menos aún, porque la incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre los muy diferentes escenarios que pueden concretarse para entonces hacen que cualquier ejercicio de previsión tenga mucho de invención. No obstante, permiten barruntar que, en el mejor de los casos, con una pandemia bajo control, sin que se produzca el estallido de ninguna de las crisis potenciales al acecho y contando con las políticas de estímulo fiscal y monetario que están utilizando todos los países capitalistas desarrollados de la OCDE y, en el caso de las economías europeas y española, la definitiva aprobación del fondo de recuperación económica de la UE que negocia la Comisión Europea, el aumento de la actividad económica tardará al menos 2 años en recuperar el nivel anterior a la crisis del coronavirus, tras una destrucción de factores productivos y una desorganización de los abastecimientos y las cadenas de valor que supondrán una pérdida de crecimiento potencial que solo podría recuperarse al cabo de muchos años.
Las tareas de la próxima etapa, las de impulsar la reactivación económica, serán mucho más complejas y exigentes que las desarrolladas para contener la catástrofe y limitar los impactos más destructivos de la crisis, porque en el caso de la economía española esa reactivación no puede limitarse simplemente a reconstruir el tejido productivo y empresarial o el mercado laboral preexistentes, las especializaciones productivas previas o el modelo de crecimiento dañado, sino que es obligado impulsar y orientar los nuevos factores, tendencias y fuerzas que acabarán generando las actividades, relaciones económicas, industrias, modelos de crecimiento y empleos del futuro.
No se trata tanto de reconstruir la economía como de modernizar las estructuras productivas, reducir el consumo intensivo de materiales y energía, elevar el nivel de gama de la oferta y, como consecuencia, multiplicar los empleos decentes y los salarios dignos.
Las tareas de la próxima etapa, las de impulsar la reactivación económica, serán mucho más complejas y exigentes que las desarrolladas para contener la catástrofe y limitar los impactos más destructivos de la crisis
Conviene subrayar una diferencia que resulta decisiva para entender bien los distintos tiempos, afanes y etapas de la acción política. Hasta ahora y en los próximos meses, en la actual fase de contención de la crisis económica, se trata de controlar la pandemia, reforzar la sanidad pública para estar en condiciones de superar un nuevo arreón del covid-19 el próximo otoño, proporcionar financiación a las empresas más golpeadas por la crisis para que sus problemas de liquidez no produzcan situaciones de insolvencia o quiebra y reforzar un escudo social que proteja a los hogares y personas vulnerables que han perdido sus medios de vida.
A finales de este año o principios de 2021 comenzará la etapa o la parte más difícil de superar la recesión, para lo que será aún más importante que en la fase anterior la cooperación de Europa con los países del sur de la eurozona cuyas economías y sociedades hayan sido más duramente golpeadas por la pandemia y no dispongan de la capacidad de financiar unas labores de reactivación que también son imprescindibles para que el mercado único no se estanque o aumente su fragmentación y funcione en buenas condiciones de competencia.
2. Europa es parte de la solución o no hay salida de la crisis
No puede haber una salida de la crisis de la economía española favorable a la mayoría social sin el concurso de la UE. Una afirmación rotunda que no prejuzga si la cooperación y la solidaridad de la UE se producirán efectivamente y con la intensidad que la gravedad de la crisis requiere o si la solidaridad perdurará tras superarse la recesión. No cabe desdeñar posibles escenarios desfavorables para la mayoría social y para el proyecto de unidad europea tras la salida definitiva de esta crisis.
La UE, que con sus políticas de austeridad y devaluación salarial fue entre 2010 y 2014 parte del problema y la principal responsable de la segunda recesión sufrida por las economías del sur de la eurozona, se ha convertido en los últimos meses en parte de una solución temporal, pero parte de la solución. En los próximos meses también será necesario que las políticas y la financiación comunitarias formen parte de una solución a más largo plazo.
La primera reacción de la UE ante la expansión del coronavirus fue de pasividad. Tanto Italia como España fueron abandonadas a su suerte. A las pocas semanas, cuando la epidemia se convirtió en pandemia y parálisis económica global, las instituciones comunitarias se movieron con rapidez y rompieron de hecho con las políticas de austeridad impuestas a partir del año 2010.
El Banco Central Europeo (BCE) garantiza, mediante la compra masiva de deuda pública de los Estados miembros y su monetización, que las primas de riesgo se mantengan en niveles muy bajos y los costes financieros de los Estados miembros más endeudados sean soportables. Tras la aprobación en marzo de 2020 del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) con una capacidad de compra de deuda de 750.000 millones de euros se ha añadido recientemente, el pasado 4 de junio, una recarga de otros 600.000 millones de euros, con los mismos dos objetivos: el real o prioritario, de mantener bajas las tasas de interés de los países del sur de la eurozona, para evitar una crisis de solvencia de los países más endeudados; y el oficial o formal, de evitar los riegos de deflación y elevar y estabilizar los niveles de inflación en niveles cercanos pero por debajo del 2%.
El BCE prorroga sus programas de compra de deuda pública (y privada) hasta junio de 2021 o hasta que su Consejo de Gobierno juzgue que la pandemia ha acabado, lo que supone una clara reafirmación de la política de compra de activos que lleva a cabo desde 2015 y una confirmación inequívoca de su voluntad de actuar a pesar de los intentos de intromisión en su mandato del Tribunal Constitucional de Alemania. Desde el pasado mes marzo, el BCE ha destinado 37.153 millones de euros a comprar deuda soberana española (lo que representa un 14,4% del total utilizado hasta ese momento, sobrepasando así el límite marcado por la participación española en el capital del BCE, que es de un 11,9%). Sin esas compras por parte del BCE, las tasas de interés de la deuda española se habrían disparado y colocado al Estado español en situación de insolvencia. Gracias a esos programas del BCE se han podido financiar el incremento del déficit público y el aumento del gasto público dedicado a reforzar la sanidad pública, la protección social, la ayuda a empresas y autónomos, las prestaciones por desempleo o los ERTE.
La Comisión Europea aprobó la relajación de las reglas presupuestarias establecidas por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (era la primera vez que se activaba su cláusula de salvaguardia), para evitar las restricciones presupuestarias que durante la Gran Recesión maniataron la capacidad de actuación de los Estados miembros.
Sin esas compras por parte del BCE, las tasas de interés de la deuda española se habrían disparado y colocado al Estado español en situación de insolvencia. Gracias a esos programas del BCE se han podido financiar el incremento del déficit público y el aumento del gasto público
Y a través de una propuesta del Eurogrupo (los ministros de Finanzas de la eurozona) se ha aprobado una notable movilización para el conjunto de la UE de hasta 540.000 millones de euros, que derivan del fondo de rescate denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), pero con una condicionalidad reducida a garantizar que los 240.000 millones son dedicados a gastos sanitarios y reforzar los sistemas nacionales de salud; de préstamos blandos de la Comisión Europeo por otros 100.000 millones para financiar la protección temporal del empleo (en nuestro caso, los ERTE); y de créditos blandos, por un total de 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para garantizar la liquidez a las empresas, especialmente las pymes.
Gracias a esas decisiones de las instituciones comunitarias, el gobierno de coalición progresista entre el PSOE y UP ha completado y asegurado su capacidad de actuación y ha ampliado los márgenes financieros y presupuestarios de los que dispone para afrontar la crisis sanitaria y sus impactos económicos y sociales más negativos durante la primera fase de contención de la pandemia.
Si ya está asegurada la financiación de las tareas relacionadas con el control de la crisis sanitaria y las primeras tareas de limitar su capacidad de destrucción económica, ¿en qué consiste exactamente el conflicto político que tiene que dirimir el Consejo Europeo en las próximas semanas a propósito del fondo de recuperación económica? El problema está en que España y el resto de los países del sur de la eurozona, tras el fuerte aumento del déficit público que está provocando la crisis, no pueden abordar la financiación de las tareas que conlleva la próxima etapa de recuperación económica. De ahí la reclamación de solidaridad a sus socios. Y de ahí, el cambio de postura de Merkel y su acuerdo con Macron el pasado 18 de mayo para abrir la puerta a la propuesta de la Comisión Europea presentada el 27 de mayo por su presidenta, Ursula von der Leyen, al Parlamento Europeo (PE), donde recibió un apoyo claro de los principales grupos políticos europeos a los que se sumaron, entre otros, los gobiernos italiano y español, que se juegan con la financiación que ofrece el plan gran parte de su capacidad de acción para superar la recesión.
Sigue persistiendo una clara oposición al plan de recuperación por parte de los gobiernos de cuatro de los países más ricos y avanzados de la UE -Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia- cuyo objetivo no parece que pueda ser hacer descarrilar un plan que es absolutamente imprescindible para que el mercado único y, por tanto, la UE superen la recesión y funcionen mejor. Sus pretensiones parecen ser otras: en primer lugar, trabar en lo que puedan el alcance de las transferencias previstas en dicho plan (500.000 millones de euros, de los que podrían corresponder a empresas españolas hasta 77.000 millones de euros, a los que acompañan préstamos blandos a largo plazo y bajas tasas de interés por otros 250.000 millones de euros, de los que hasta 63.000 millones podrían corresponder a España); en segundo lugar, dejar claro que tales ayudas son una excepción, no un preludio de nuevas emisiones comunes de deuda pública (ni, menos aún, de mutualización de deuda) encaminadas a constituir una unión permanente de trasferencias; y en tercer lugar, remarcar que el obligado giro respecto a las políticas de austeridad es un mero desvío temporal del cauce central por el que deberá proseguir, tras la recesión, una estrategia de austeridad sustentada en la consolidación fiscal, el ajuste presupuestario y las reformas desreguladoras del mercado laboral.
El previsible acuerdo con estos cuatro países no puede hacerse a costa de que nuestro Gobierno de coalición progresista renuncie a su objetivo común con el resto de países del sur de la eurozona de seguir dejando atrás las políticas de austeridad y llegar a contar con un proyecto de unidad europea que facilite la modernización de nuestras estructuras y especializaciones productivas, la convergencia de rentas o la reducción de la polarización de los mercados laborales y la desigualdad hasta lograr mejores condiciones para competir en el mercado único con una oferta más sofisticada o de mayor gama, en lugar de por la vía de los bajos costes laborales, mayor precariedad y menor presión fiscal sobre las empresas y las rentas del capital.
3. Seguir defendiendo el diálogo y la negociación que reclama la mayoría social
La peculiar e inédita crisis global que sufrimos, a la que hay que añadir las complejidades y particulares debilidades de la economía española, junto a las muchas incertidumbres existentes, son factores que propician la demanda a las instituciones públicas de más protección y la exigencia a los partidos políticos para que, si no quieren participar en la búsqueda de soluciones compartidas, al menos, no se conviertan en factores de ingobernabilidad.
La envergadura de la crisis y lo descomunal de los retos que plantea empujan a la toma de conciencia sobre la necesidad de un diálogo político y social que dote de mayor capacidad de respuesta al conjunto de las instituciones del Estado y proporcione bases más sólidas y estables para la gestión gubernamental de la crisis.
El Gobierno de coalición progresista ha considerado que es en esta situación excepcional cuando más deben primar lo común y el diálogo y la negociación política sin exclusiones en la búsqueda de soluciones que primen los intereses que comparte el conjunto de la ciudadanía para combatir la pandemia y la crisis sanitaria y superar la recesión sin abrir más brechas sociales o dejando desprotegida a la parte más vulnerable de la ciudadanía. No lo consideran así las derechas españolas que defienden que no hay nada en común que proteger ni nada que dialogar y que es ahora, en los momentos álgidos de una crisis global, cuando tienen la ocasión de desestabilizar y dividir al Gobierno de coalición progresista y a sus apoyos políticos y sociales, hasta conseguir echarlo y sustituirlo.
La iniciativa gubernamental de propiciar un diálogo sin exclusiones, explorar acuerdos que refuercen las medidas contra la pandemia y la degradación de la situación económica e impedir que el ruido y la ingobernabilidad tomen asiento, responde al sentir mayoritario de una ciudadanía que reclama más estabilidad política y colaboración entre las fuerzas políticas, sindicales y sociales para contribuir a salir cuanto antes de la crisis y con los menores costes posibles. Nadie puede asegurar que ese camino de diálogo y acuerdos sea transitable ni qué recorrido acabará teniendo, pero era necesario proponerlo e iniciarlo con el objetivo de poder atravesar este grave periodo de crisis en condiciones de proteger a las clases trabajadoras, los sectores más vulnerables y la actividad económica. De no haber tomado esta iniciativa de negociación, el Gobierno Sánchez podría verse batido en pocos meses por la inestabilidad política y el seguro desastre económico que ya se está produciendo.
La envergadura de la crisis y lo descomunal de los retos que plantea empujan a la toma de conciencia sobre la necesidad de un diálogo político y social que dote de mayor capacidad de respuesta al conjunto de las instituciones del Estado y proporcione bases más sólidas y estables para la gestión gubernamental de la crisis
Las posibilidades de lograr un gran pacto de Estado, del tipo de los Pactos de la Moncloa de 1977, son muy reducidas o inexistentes. Sin embargo, no lo son tanto las de promover una dinámica de acuerdos en diferentes ámbitos que den aire a la continuidad del Gobierno progresista y al núcleo de sus políticas de rescate social, ayuda al tejido empresarial y respaldo político y social a las exigencias a nuestros socios de la UE de cambios en las políticas comunitarias y mayor solidaridad.
El desenlace de esta iniciativa y las formas que pueda adoptar están por escribir. Pero hay opciones para abrir una dinámica de acuerdos. De hecho, ya se ha producido un primer e importante resultado positivo con la firma, el pasado 8 de mayo, del Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado por sindicatos, patronales y el Gobierno de España. Gracias a ese acuerdo, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor se prolongarán hasta el 30 de junio y se establece una Comisión de Seguimiento tripartita que podrá proponer nuevas medidas de protección de empleos y empresas, además de negociar una posible nueva prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio. A principios de este mes de mayo, nada menos que medio millón de empresas y cerca de 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras mantenían sus empleos y gran parte de su renta gracias a los ERTE.
Otro paso en la misma dirección ha sido la aprobación y puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que ha conseguido múltiples y muy variados apoyos políticos, económicos y sociales y permitirá mejorar las condiciones de vida de 850.000 hogares o un total de 2,3 millones de personas que no cuentan con rentas suficientes para cubrir sus necesidades esenciales. Hay posibilidades de suscitar amplios apoyos en torno a propuestas que, además de ofrecer mejoras concretas para amplios sectores de la población, permiten que el conjunto de la ciudadanía gane en dignidad, producen mejoras significativas en los niveles de igualdad social y debilitan las pulsiones contrarias al diálogo que han prevalecido hasta ahora entre las derechas políticas y buena parte de sus votantes.
Y algo parecido puede ocurrir con la propuesta de cogobernanza entre instituciones ministeriales, autonómicas y municipales en la gestión de la crisis sanitaria o en las tareas que acarreará la gestión del IMV, lo que permitiría una mayor corresponsabilidad en la toma de decisiones y que las medidas que se aprueben se adecúen mejor a las condiciones particulares de cada Comunidad Autónoma y a las preferencias, dentro de un marco normativo conjunto previamente negociado, que señalen sus respectivas ciudadanías y representantes políticos autonómicos.
El plan de recuperación económica europea presentado por la Comisión Europea se denomina “La UE de la próxima generación” y es un ejemplo práctico de la política democrática basada en la negociación y los acuerdos que intenta construir un futuro aceptable para la mayoría social y la mayoría de los países que forman la UE por parte de todos los poderes e instituciones europeas que pretenden influir en su diseño. Demuestra que la confrontación política no está reñida con el diálogo ni con una negociación que permita alcanzar acuerdos que son considerados aceptables por la mayoría de los partidos políticos y beneficiosos por la mayoría de la sociedad.
El plan de recuperación económica europea presentado por la Comisión Europea se denomina “La UE de la próxima generación” y es un ejemplo práctico de la política democrática basada en la negociación y los acuerdos
El Gobierno de coalición progresista nada pierde con mantener su oferta de diálogo y negociación sin exclusiones ni restricciones de ningún tipo, mientras siga impulsando acuerdos concretos que alimenten las bondades de la negociación por los resultados que consigue y siga tomando medidas progresistas efectivas que consoliden y amplíen los apoyos con los que ya cuenta, porque mejoran las condiciones de vida y trabajo de la mayoría, refuerzan los derechos y libertades, protegen la convivencia y defienden la naturaleza. En esa senda nada pueden perder las fuerzas y las políticas progresistas y de izquierdas. Se hace lo que la situación requiere y si no se hace más de común acuerdo es porque las derechas pretenden objetivos particulares (y, en algunos casos, sectarios) que no coinciden con los de la sociedad y la economía españolas ni responden a las necesidades de la mayoría social.
Puede que la apuesta por el tipo de subpolítica, basada en la confrontación social y la crispación política que lideran Casado y Abascal, siga predominando entre las derechas españolas, pero nada puede erosionar más sus apoyos sociales y electorales que la continuidad y el reforzamiento de las medidas progresistas que cuenten con el apoyo de la mayoría social al tiempo que se sigue ofreciendo el diálogo y la negociación a todas las partes interesadas en superar la crisis en beneficio de la mayoría y sin dejar atrás o en los márgenes a nadie.
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Gabriel Flores. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Investigador del Instituto de Europa Oriental (UCM) y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (UCM). Especialista en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Politécnica de Madrid. El último libro del que ha sido autor o coordinador, junto a Bruno Estrada es “Repensar la economía desde la democracia”. Los Libros de la Catarata, 2020.
