Apuntes para un proceso de reencuentro federal

Download PDF

Por JULIÁN SÁNCHEZ-VIZCAÍNO

loyd Burroughs, cotton sharecropper. Hale County, Alabama-Walker Evans 1936 [Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection]

Loyd Burroughs, cotton sharecropper. Hale County, Alabama-Walker Evans 1936 [Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection]

1.- PRIMERA APROXIMACIÓN: EL FACTOR DE LEGITIMIDAD

Jordi Solé Tura, en su obra imprescindible “Autonomías, federalismo y autodeterminación”, pone de relieve el significado fluctuante de estos conceptos y la necesidad de contemplar los diferentes contextos históricos y políticos en los que han estado presentes para poder entender con precisión su funcionalidad específica en cada momento.

En los últimos tiempos en España se ha hablado mucho de ellos. No siempre en el marco de una deliberación pública acompañada de argumentos. El dogmatismo y la falta de análisis de contexto que ha presidido la interpretación de estos términos ha contribuido en gran medida a la intensificación de los conflictos territoriales y la polarización social, con grave daño para nuestra convivencia.

No es acertado, por lo tanto, sugerir orientaciones o escenarios para la rearticulación territorial/federal de España, ni valorar la plausibilidad de las propuestas que se formulen al respecto, sin examinar, aunque sea de forma muy breve y esquemática, las nuevas realidades que enmarcan cualquier intento de reforma. Más adelante se hará un recuento de estos condicionantes, pero antes es necesaria una reflexión sobre la legitimidad para llevarla a cabo.

En este sentido, será muy diferente iniciar un proceso con un estado de opinión favorable del cual emane su legitimidad, que una reforma sostenida en acuerdos superestructurales entre partidos, cuyalegitimidad dependería del grado de adhesión social y política que obtengan posteriormente las modificaciones que se pongan en marcha.

La importancia del factor de legitimidad, clave de bóveda de cualquier proceso de reforma territorial, se percibe con nitidez al examinar las circunstancias que rodearon la aprobación del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Desde esta perspectiva, sectores de la opinión pública invocan que la propuesta de un nuevo Estatuto no era una reivindicación que gozara del impulso mayoritario de los partidos catalanes, y recuerdan que no estaba en la agenda de prioridades de la entonces hegemónica CiU. Tampoco cabe valorar satisfactoriamente la forma en la que se materializó el proceso que culminó con su aprobación.

Tanto el desencuentro entre los actores que promovieron la reforma (tripartito) y la derecha española,cuando tras la negociación final Zapatero/Mas el PP impugnó ante el Tribunal Constitucional el texto aprobado por el Congreso; como la inhibición de una parte muy importante de la sociedad catalana en el referéndum de ratificación, con escasa participación y llamamiento al voto en contra de ERC, fueron antecedentes de la situación creada tras la sentencia del órgano jurisdiccional. Si bien esta última no debe ser apreciada, a mi juicio, como única causa determinante de la deriva unilateralista del nacionalismo catalán, sí es sin duda una de sus fuentes directas y proyecta sus efectos en la actual encrucijada político-territorial de nuestro país.

El vigente Estatuto de Cataluña se nos presenta, así las cosas, como un instrumento normativo que en lugar de constituir una referencia legitimadora fundamental del orden político (no única) en esta Comunidad Autónoma, no ha contado con el inequívoco apoyo de la ciudadanía catalana ni en su fase de aprobación, ni en la de su aplicación efectiva tras la declaración de inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos por el máximo intérprete de la Constitución.


Un cambio del actual ordenamiento territorial, sustancial y viable, requiere una gran legitimación, que sólo podrá darse si al acuerdo básico entre partidos se le suman otros puntos de conexión en el seno de la sociedad civil, desde la diversidad y pluralidad que la constituyen


No deben repetirse los mismos errores en un futuro proceso de reforma constitucional. Fijemos la mirada en otros momentos históricos en los que el alto grado de legitimidad de los cambios, tanto en su fase de configuración como de aplicación, dio luz a escenarios de convivencia y de normalidad democrática de largo alcance.

Un cambio del actual ordenamiento territorial, sustancial y viable, requiere una gran legitimación, que sólo podrá darse si al acuerdo básico entre partidos se le suman otros puntos de conexión en el seno de la sociedad civil, desde la diversidad y pluralidad que la constituyen. Para ello, es indispensable un verdadero reencuentro político, social y cultural sobre aspectos fundamentales de nuestra vida en común. 

Sin embargo, las condiciones actuales hacen hoy mucho más complejo y difícil el logro de acuerdos y las amplias coincidencias imprescindibles para el éxito de un proceso de recomposición del orden territorial. Sobre todo si se los compara con los incentivos que existían en el periodo de la transición del franquismo a la democracia y que permitieron allanar el camino para la proclamación de la Constitución del 78 y los primeros Estatutos de Autonomía.

A continuación se anotan algunos de los perfiles más relevantes del nuevo contexto, para sobre esta base argumentar las propuestas concretas que estimamos posibles y necesarias.

2.-EL CONTEXTO GLOBAL

– Vivimos un tiempo de grandes transformaciones del Estado, tanto en su concepción como en su percepción. La era de las tecnologías de la información y las comunicaciones lleva consigo la modificación de las estructuras sobre las cuales se fundamentó el Estado en el pasado y es causa de que en nuestro tiempo este adopte nuevas formas organizativas y de producción de sentido (Vallespín).

– El Estado no es lo que era y la soberanía tampoco. El solo hecho de que el Brexit sea tan largo y difícil y sin un final claro demuestra lo compleja que es la idea de la soberanía en el mundo actual. Cada Estado miembro de la UE tiene más “soberanía neta” (Giddens) como miembro de la UE de la que tendría actuando de forma individual. Sin embargo, la integración europea está puesta en cuestión y los proyectos para articular su futuro se relacionan con tendencias contradictorias.

– La fase actual del capitalismo global responde a la lógica de una financiarización que está limitando muy notablemente la capacidad de actuación estatal, por cuanto los mercados financieros imponen a los gobiernos restricciones que afectan de forma crucial a la política económica en todas sus dimensiones. La crisis financiera mundial y sus consecuencias son, en otro orden de cosas, la base de algunos de los cambios profundos en las condiciones de vida y trabajo que se han producido durante esta última década. En muchos países occidentales, y en España en particular, la crisis ha supuesto un gran retroceso para las clases medias y trabajadoras: el desempleo aumenta, la precariedad se extiende, los salarios reales se han estancado, la vivienda no es accesible y las desigualdades se han vuelto más extremas.

– La distribución territorial del poder tiende a reconstruirse conforme a las nuevas prioridades impuestas por los intereses hegemónicos y el capitalismo financiero global: si el papel homogeneizador del Estado social fue sustituido por el fortalecimiento territorial de los poderes regionales, estimulados a competir entre sí y a conseguir las mejores condiciones de las inversiones económicas en el propio territorio, pugnando por la titularidad y ejercicio de competencias, a ello se le superpone ahora la carrera por la captura de los recursos económicos que condicionan directamente el ejercicio del poder (García Herrera).

– Se ha tejido un sistema-mundo de ciudades en cuya cúspide se sitúan grandes metrópolis globales (en torno a un centenar) que actúan como nodos clave de las redes de información y comunicación. Desde estas metrópolis/red se articulan inmensos y en ocasiones distantes espacios de extracción, producción y consumo integrados con los mercados financieros y comerciales internacionales, expandiendo patrones de desarrollo cada vez menos asentados en los sistemas territoriales, naturales y socioculturales de cada lugar.

– Se ha producido una significativa fractura social entre una población urbana, globalista, interconectada, abierta al cambio tecnológico y que ocupa trabajos simbólicamente relevantes, y la muy distinta de las periferias, ya sean de la ciudad o del mundo rural. En las grandes metrópolis se concentra una nueva burguesía, jugadores globales abiertos a la diversidad, que está fortaleciendo su propio poder económico y cultural. Enfrente están las clases medias en descenso, las subalternas que viven en la inestabilidad continua, los habitantes de las ciudades pequeñas, de los barrios periféricos en las grandes ciudades, el mundo rural, y en medio, jubilados y funcionarios (Esteban Hernández).

– En esta división social también aparecen nuevas culturas políticas. Frente a la pérdida de legitimidad de la política y con ella de las formaciones tradicionales, han surgido nuevas opciones. En un contexto de fuerte personalización de la política, se imponen nuevos lenguajes, nuevas formas de liderazgo y la espectacularización de las formas de intervención electoral y comunicativa. También una diversificación de las bases electorales. Desde los jóvenes tecnócratas y profesionales a los jóvenes bohemios de las clases creativas, en las generaciones de 30 y 40 años, que han generado nuevos partidos.

– Se transita hacia un menor peso de la democracia consensual o consociativa en favor de modelos plebiscitarios, mayoritarios y cesaristas. De la democracia como un sistema que incorpora en mayor o menor medida a todos los partidos políticos representativos en las tareas ejecutivas o legislativas en función de su peso específico, con gran importancia de la integración de los minoritarios y el consenso, se evoluciona hacia regímenes “decisionistas” donde la regla de mayoría limita el juego político a la dinámica gobierno-oposición. Sin embargo, esta tendencia contrasta con realidades cada vez más atomizadas en sistemas multipartidistas que requieren gobiernos de coalición.

– Las migraciones nos han llevado a vivir en sociedades más plurales y complejas. Los miedos sobre la inmigración y la reivindicación de preservar las identidades nacionales ante el multiculturalismo son ideas-fuerza del populismo de derechas. El territorio, entendido como unidad muy cohesionada cultural, identitaria e institucionalmente, tiene que competir duro frente a otros territorios para alcanzar saldos comerciales positivos y atraer inversiones (Fernández Steinko). 

– La aceleración de la revolución digital es hoy el cambio más relevante que afecta a nuestras sociedades. En casi todos los Estados europeos la manufactura está en fuerte declive, y la principal razón no es la deslocalización sino la automatización, que se ha acelerado en los últimos años por la economía digital, además de venir acompañada por un incremento de la inestabilidad económica. Estos cambios señalan inexorablemente nuevos retos para las organizaciones sindicales y obreras.

– Los procesos de digitalización configuran un nuevo modo de representación del mundo y un nuevo espacio público, nuevas formas de sociabilidad y de intercambios simbólicos. Por tanto, nuevas adscripciones identitarias que estructuran los imaginarios personales y sociales. Las identidades sociales que se fueron conformando en la sociedad industrial o las que perviven de las sociedades tradicionales: territoriales, lingüísticas, corporativas, de clase social, coexisten con las nuevas. Las sociedades predigitales que se caracterizaron por ser culturas letradas–atadas al territorio, a la lengua o a las tradiciones- dan paso a nuevas culturas que permiten a las personas construir nuevas formas de expresar la identidad y esto se manifiesta especialmente en la juventud.

– El mundo se enfrenta a una crisis ecológica sin precedentes. La gran escasez de materias primas, de energía, de tierras y de espacio ambiental impiden mantener el ritmo de la economía actual, imposible de extender a todos los países del Sur y dejarlo en herencia a las generaciones futuras. El modo de producción y de consumo no tiene en cuenta los límites físicos del planeta, tal y como se hace patente en la huella ecológica: si todas las personas de este mundo consumieran como la ciudadanía española, necesitaríamos tres planetas. Mientras tanto, la humanidad ya supera en un 50% su capacidad de regenerar los recursos naturales que utilizamos y asimilar los residuos que desechamos.

3.- LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

Los problemas que deben ser resueltos en el futuro para hacer realidad un nuevo proyecto de país guardan relación directa con los ya enunciados, pero esto tiende a olvidarse por la preferencia general de los actores políticos hacia los enfoques jurídicos o de marcado carácter politicista. No enfrentamos únicamente en España un problema técnico o competencial en el desarrollo de la Constitución y el Estado autonómico. La fractura social y cívica, que va más allá de la situación creada en Cataluña, no se explica únicamente desde el análisis histórico o sociológico.


Las soluciones deben pasar por un tamiz previo, en el que entren en juego los factores de lucha por el poder, de relaciones de clase y de conductas sociales que van a venir determinadas por el modo en que cada uno de los intereses vaya a buscar su propia salida ante los diferentes escenarios conflictivos que se nos presentan


Con toda seguridad las soluciones deben pasar por un tamiz previo, en el que entren en juego los factores de lucha por el poder, de relaciones de clase y de conductas sociales que van a venir determinadas por el modo en que cada uno de los intereses vaya a buscar su propia salida ante los diferentes escenarios conflictivos que se nos presentan. Anotamos seguidamente, agrupados en varios bloques, algunos de los que consideramos más importantes.

a) La crisis ecológica que sufre nuestro país es cada vez más profunda. El cambio climático puede tener efectos devastadores sobre la costa, por ejemplo en el impacto que tendrá sobre nuestro litoral una subida del nivel del mar, aunque sea de unos pocos centímetros. Uno de nuestros recursos más básicos y escasos es el agua y empiezan a producirse situaciones insostenibles. Se dispone de un modelo agrícola intensivo que está teniendo consecuencias letales sobre la diversidad faunística. Nuestro territorio sufre las consecuencias de varios proyectos extractivos de alto impacto ambiental. En el país del sol y el viento, las energías renovables sufren una marginación política sin comparación. Las ciudades sufren el deterioro causado por el dominio del vehículo privado y casi un tercio de sus habitantes está afectado por una alta tasa de polución. Los incendios forestales y la deforestación constituyen un problema cada vez más grave en la Península Ibérica.

b) Vivimos una crisis de modelo territorial, y por ello también de solidaridad territorial, de enorme calado.

Los indicadores económicos, sociales y demográficos muestran la persistencia de importantes desequilibrios. Los principales ejes económicos se han trasladado desde la cornisa cantábrica hacia las regiones mediterráneas, aunque Madrid sigue manteniendo su importancia económica. En el marco de una clara división territorial de actividades, la distribución del PIB per cápita refleja las asimetrías existentes, que se han acentuado entre las regiones de mayor crecimiento y las que han quedado al margen.

Entre las primeras se sitúan las que concentran actividades industriales altamente productivas, con dotaciones de parques empresariales y tecnológicos, servicios especializados, o aquellas en las que se ha desarrollado la actividad turística, especialmente Cataluña, el País Vasco y Madrid, con sectores como Finanzas, Inmobiliarias y Servicios empresariales, Electrónica, Transporte y Comunicaciones, Químicas, o Material de transporte. Entre las segundas un conjunto de Comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Andalucía, asociadas estrechamente a las actividades que en mayor medida tienen una relación con la extracción y explotación de los recursos naturales, Agricultura, Alimentarias, Pesca, Extracción de productos energéticos, Madera, Minerales no metálicos, Energía eléctrica y Agua, y Construcción.

También cabe identificar una división entre una España más desfavorecida de pueblos pequeños y zonas rurales, y otra más adinerada en las ciudades y territorios industrializados. Los habitantes de ciudades más grandes tienen más recursos económicos que los de municipios más pequeños, en general con menor renta disponible y mayores tasas de paro. Los municipios más pobres se concentran en el extremo sur de la península -Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía- y en Galicia en el norte peninsular, salvo en las capitales de provincia, donde sube la renta media. Por contra, las mayores cotas de riqueza se concentran en la zona centro (Madrid y sus alrededores), la costa catalana, Navarra, Baleares y País Vasco. La España vacía, vaciada o abandonada también está demográficamente envejecida. La despoblación tras los 60 y 70 ha continuado, tanto por la emigración como por la desindustrialización, y lo que más sigue ocupando a esta otra España es el sector agropecuario y el turismo rural.

Waterfront in New Orleans. French market sidewalk scene. Louisiana-Walker Evans 1935  [Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection]

Waterfront in New Orleans. French market sidewalk scene. Louisiana-Walker Evans 1935 [Library of Congress, Prints & Photographs Division, FSA-OWI Collection]

Por su parte, en este mismo patrón se inscribe el crecimiento del parque inmobiliario y el proceso febril de ejecución de grandes infraestructuras como señas de identidad de un modelo que hizo aguas tras la crisis y que está profundamente ligado a la financiarización.

Contemplamos así un futuro asociado a la intensificación de una serie de conflictos vinculados al territorio y al abandono de los ecosistemas: desequilibrios entre las distintas zonas del país, escasez de agua, abandono del mundo rural, desabastecimiento energético sostenible, deteriorio ambiental, y desindustrialización.

c) El proyecto de los nacionalismos catalán y vasco se presenta como una forma de romper con la actual estructura territorial, para desprenderse de obligaciones fiscales y aportaciones a la caja común, buscando que se garanticen inversiones estatales, en especial en Cataluña, toda vez que el régimen de concierto económico asegura en Navarra y Euskadi la reinversión social y productiva del excedente. Los supuestos agravios tradicionalmente objeto de denuncia se han magnificado por efecto de la crisis financiera y cristalizan en la conocida frase “España nos roba”. El ajuste en la economía global y financiarizada de las fuerzas sociales y empresariales que han sustentado históricamente el capitalismo catalán parece estar en la base de la fuerte competencia que este despliega con otros vectores económicos del país, entre los que destaca su pugna con Madrid por el liderazgo como centro de captación de inversiones financieras (Arenas Posadas).

d) En la década de los setenta y los ochenta el ingreso en la Europa comunitaria era un objetivo deseado en España por la mayoría, asociado a la homologación democrática del país y a la prosperidad económica. Hoy los efectos profundos de la crisis global se han vivido socialmente como una defraudación de las expectativas del proceso de integración europea. Se ha debilitado el consenso y el sentido de unidad que venía determinado por la implicación cada vez mayor entre España y la UE.La política regional de la Unión Europea, a través de los Fondos Estructurales, para reducir los desequilibrios territoriales, está puesta en cuestión a pesar de haber significado un gran incentivo para el desarrollo de proyectos y de recuperación de rentas.

e) El sistema de partidos ha experimentado una fuerte convulsión. El surgimiento de nuevos actores entra en contradicción con el bipartidismo imperfecto de rasgos consensuales que dominaba la cultura política y parlamentaria. Aparece un nuevo escenario multipartidista en todos los niveles de gobierno, no solo en el sistema político estatal sino también en los subsistemas regionales, que se une a la eclosión de culturas políticas cesaristas y mayoritarias de nuevo cuño. Se ha retroalimentado de este modo una situación de desencuentro y bloqueo institucional, en la que los incentivos a la competición táctica vienen a situar en segundo plano el abordaje de objetivos estratégicos. Esto hace más compleja la solución de asuntos clave para la convivencia como lo es señaladamente la cuestión del modelo de Estado y el conflicto territorial.

f) La idea unitaria de la ciudadanía compartida está afectada por una crisis de la identidad común. La escasez de trabajo y la precariedad del existente vuelven a hacer de la componente lingüística y cultural la base de la segmentación de los mercados de trabajo. Además, la fragmentación de las clases trabajadoras propia de una sociedad postindustrial ha diluido la conciencia de los intereses comunes. La crisis añade a lo anterior otros efectos colaterales: déficit fiscal, desempleo, carestía de la vivienda, y caída de la calidad de vida de las clases medias. Todo este vacío ha sido aprovechado por el ideario nacionalista, convertido en un fenómeno de penetración transversal interclasista que alienta la dicotomía del nosotros frente a ellos (Arenas Posadas).

g) El Estado autonómico ha hecho posible una importante descentralización política, pero presenta un conjunto de problemas y dificultades que se han acentuado en los últimos años. El diseño constitucional no contempla con suficiente claridad la articulación institucional y la cooperación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. La realidad ha puesto de manifiesto una dinámica de relación bilateral en la que cada CCAA ha intentado defender su propio espacio y el Gobierno central el suyo. La deficiente técnica constitucional de distribución de las competencias ha sumado desincentivos a una práctica de falta de colaboración, salvo en casos muy concretos más ligados a la voluntad política existente en cada momento. Tampoco se articula adecuadamente la forma de inserción de la producción normativa europea en nuestro ordenamiento interno. El Senado no representa a los territorios, sino que es una Cámara de segunda lectura con muy poco poder político. Todo ello está en la base del papel desmesurado del Tribunal Constitucional para la resolución de los conflictos de competencias entre el Estado y las CCAA. Por otro lado, la insuficiente regulación constitucional de la financiación autonómica y las inversiones territoriales del Estado genera recurrentes enfrentamientos, tendencia a la competencia fiscal entre comunidades y percepción de la existencia de desigualdades en la provisión de servicios públicos. En último término, la crisis se ha agravado aún más con la aprobación en el Parlamento de Cataluña de leyes claramente contrarias a la Constitución y al Estatuto, incluyendo la declaración unilateral de independencia que llevó a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en 2017.

4.- LA SENDA FEDERAL: UN TRIPLE REENCUENTRO

 La solución tentativa a un escenario complejo y problemático como el descrito suele buscarse en la puesta en marcha de un proceso de reforma constitucional de matriz federal. Estamos de acuerdo. Pero el sistema federal no consiste únicamente en una estructura jurídica o en unas instituciones, sino que supone también una cultura y unos valores determinados que lo sustenten. El reconocimiento de la solidaridad y la aceptación de las diferencias y la diversidad, así como la lealtad institucional entre los distintos niveles de gobierno son principios básicos para el funcionamiento de una democracia multinivel en una sociedad compleja y plural. Por su parte, el modelo federal debe orientarse hacia un modelo cooperativo y alejarse de las dinámicas del emergente “federalismo global de mercado” (García Herrera) en el que la lógica del pacto y del consenso está ausente por los condicionantes impuestos por el mercado global y la financiarización.

En este sentido, como punto de partida, es necesario definir unos objetivos ampliamente compartidos y un proyecto de país que responda a un diagnóstico común, en los términos expuestos más arriba. Son necesarios, a mi entender, tres procesos diferenciados pero convergentes, que reúnan cada uno de ellos y en el conjunto una extensa base de acuerdo, no solo en cuanto al resultado final sino también en el camino para llevarlo a cabo.


Como punto de partida, es necesario definir unos objetivos ampliamente compartidos y un proyecto de país que responda a un diagnóstico común


Un proceso de reencuentro identitario. El pluralismo cultural y el patriotismo constitucional (Habermas) serían los dos principios básicos del proceso, lo que implica el consenso de todas las partes en torno a la pluralidad lingüística y los derechos de las personas en el uso de sus lenguas. La base popular del federalismo se encuentra en las personas que confiesan tener una identidad dual, que son la mayoría en toda España pero sobre todo en las Comunidades Autónomas con lengua propia. Esta identidad gira singularmente alrededor de las lenguas. La coexistencia de lenguas en España produce comunidades multilingües y sujetos plurilingües. Es imprescindible recuperar el sentimiento de que ninguna de las lenguas que se hablan en España se considere ajena o en desventaja, o lleve consigo una segregación grupal. La condición bilingüe refuerza la identidad dual o compartida que el federalismo necesita.Es necesario por tanto un gran pacto que culmine el reconocimiento y articulación del Estado plurilingüe en España, respetando el bilingüismo dentro de las Comunidades con lengua propia e incorporando en el sistema educativo del resto de las Comunidades la enseñanza de las demás lenguas, así como mejorar el status simbólico de éstas en las instituciones del Estado.

Un proceso de reencuentro en un modelo de solidaridad y cooperación territorial. Un movimiento radicalmente opuesto al capitalismo financiarizado, sostenido en la apuesta por la economía real y en la formulación de las bases para un modelo productivo y territorial con articulación compartida y cooperativa de las inversiones del Estado, estableciendo un plan consolidado que integre las distintas planificaciones regionales. Una perspectiva integral que aporte soluciones sistémicas y por ello sostenibles, desde la visión de una planificación cooperativa y multinivel, no solo regional o local, sin perjuicio del protagonismo que los planes locales y regionales deban asumir en la complementación de los planes generales. Un modelo que integre en igualdad de condiciones a todos los actores sociales implicados y en el que las necesidades de conservación del medio natural y patrimonial no se consideren un medio, sino un fin en sí mismo, junto con la lucha contra las desigualdades sociales y territoriales. Es necesario elevar al debate del nuevo proyecto de país los problemas más básicos y unidos directamente al papel del territorio: el agua, los incendios forestales, la contaminación, la preservación de los ecosistemas, la localización de las actividades productivas y las infraestructuras, la reindustrialización y la reconversión ecológica de la economía, la despoblación, etc.

Un proceso de reencuentro constitucional, hacia la reforma de la Constitución en sentido federal. Como se ha señalado en varios foros federalistas, es necesario clarificar el sistema de distribución de competencias, fijando las estatales y dejando las que no lo sean a las unidades territoriales federadas, así como crear espacios institucionales de cooperación y resolución de conflictos. En este sentido, el Senado debe ser transformado en un órgano constitucional de representación de las unidades federadas, contando también con una función de planificación territorial. En materia de Hacienda federal el texto de la Constitución debe contener una regulación más completa que la actual, en la que además de la autonomía financiera y la corresponsabilidad de las unidades federadas en el sistema de ingresos y gastos, se definan los criterios de solidaridad y el modo de cálculo de las transferencias del Estado a las unidades federadas y entes locales. Se debe garantizar en todo caso la Caja única de la Seguridad Social. También la congruencia del propio texto constitucional: no cabe establecer distintos regímenes económico-financieros, ni generalizar los conciertos económicos, mediante disposiciones adicionales que marquen estructuras distintas a la general del modelo, sin perjuicio de las excepciones ya existentes y del perfeccionamiento de estas en relación con la afirmación efectiva del principio de solidaridad.

5.-UN MOVIMIENTO SOCIAL PARA EL CAMBIO

Es obligado definir las fuerzas sociales que pueden desempeñar el protagonismo inicial en la configuración de una masa crítica suficiente para hacer arrancar el proceso. Las etapas del mismo deben formularse no tanto cronológicamente como de forma que permitan una acumulación de consensos compartidos. En mi opinión, el origen del proceso debe surgir de la sociedad civil y no de los partidos, en un primer momento. El soporte más claro es el que pueden aportar los sectores sociales vinculados a la economía productiva. Será por tanto una iniciativa de la España productiva y no de los ámbitos actual y tradicionalmente unidos a la economía especulativa o rentista. Por otra parte, sería muy negativo que se contrapusieran en la iniciativa del proceso la España analógica a la España digital, o las diferencias generacionales a la hora de definir los objetivos a alcanzar. Todos deben participar de una u otra manera.

También contamos con la existencia de fuertes lazos de diverso tipo entre una parte muy numerosa de la población catalana o vasca, mayoritariamente en la clase obrera, con el resto del Estado, las de los barrios de las ciudades y las áreas metropolitanas con las áreas rurales. Igualmente con fuertes vínculos culturales e históricos que hoy se manifiestan en una importante presencia de jóvenes de las distintas Comunidades Autónomas en los foros de creadores y las industrias culturales, muy interconectadas entre sí en un espacio virtual en el que el español es un instrumento clave.


El origen del proceso debe surgir de la sociedad civil y no de los partidos, en un primer momento. El soporte más claro es el que pueden aportar los sectores sociales vinculados a la economía productiva. Será por tanto una iniciativa de la España productiva y no de los ámbitos actual y tradicionalmente unidos a la economía especulativa o rentista


Con ello, y usando todos los medios existentes, lo que incluye evidentemente la reformulación de las formas de comunicación, podrá avanzar el proceso: es necesario un apoyo concertado de sindicatos, movimientos sociales, asociaciones culturales, asociaciones empresariales vinculadas a la economía productiva, autónomos, profesionales, cuadros medios y pequeños empresarios, obreros industriales, agricultores y ganaderos, mundo rural, ecologistas, etc

Porque el desencadenamiento de las pulsiones emocionales nacionalistas de todos los signos, que ha generado tantas tensiones en la sociedad y tan graves presiones sobre los afectos, se percibe muy negativamente por una mayoría de los grupos sociales e intelectuales más conscientes, en todos los territorios de España. Nos unen vínculos muy sólidos, y sobre todo problemas comunes e interconectados a los que hay que hacer frente en conjunto. En consecuencia, debemos luchar por un auténtico derecho a convivir, por unas nuevas pautas de conducta colectiva y una nueva cultura de lo común, pues solo desde lo común podremos encontrar soluciones para nuestros propios problemas particulares.

 

_________________

Julián Sánchez Vizcaíno. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en el Cuerpo Técnico Superior de la Comunidad de Madrid en 1986. Ha sido colaborador en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el campo del análisis de políticas públicas. Fue miembro del área federal de Estado de IU, coordinador del área pública de IU Madrid y responsable de estudios y programas. Actualmente es uno de los promotores de la Asociación ISEGORÍA.