Por BERTA CAO. Feminista. Miembro de la Plataforma 7N de Madrid
Cuando en diciembre de 2014 la Coordinadora Feminista de Valencia nos hizo partícipes, a un grupo de mujeres, de su propuesta para convocar una manifestación estatal que denunciara la violencia machista, la respuesta fue masiva. Hasta tal punto que pasábamos de una herramienta de comunicación virtual a otra incrementándose a diario las solicitudes de participación, tanto por parte de asociaciones feministas como de mujeres a título individual.
La primera reunión, celebrada el 28 de febrero en Madrid, marcó la metodología con la que se iba a trabajar la convocatoria: trabajo desde abajo, asociación a asociación, grupo a grupo, generando una apuesta colectiva por congregar en la cita al mayor número de mujeres posible, siempre manteniendo la independencia habitual del movimiento feminista. Decidió la fecha: el 7 de noviembre, cerca de las elecciones como para evidenciar el papel de los partidos ante esta vergüenza social que son las violencias machistas.
Y desde ahí, día a día, con un Manifiesto que no deja lugar a dudas sobre la necesidad de conjurarnos para lograr que la violencia de género, ese terrorismo machista que asesina, tortura, mutila, incapacita a miles de mujeres en nuestro país, sea cuestión de estado. ¡Qué menos para reconocer el valor de la vida de las mujeres!
Otras reivindicaciones estaban relacionadas con el compromiso político y económico de los gobiernos para trabajar en prevención y erradicación de las violencias machistas, en la asistencia y reparación de las víctimas, o en la eliminación de la custodia compartida impuesta. Y como no puede ser de otra manera la exigencia de la implementación del Convenio de Estambul, adoptado por España en 2013 y que entró en vigor (no en cumplimiento) en agosto de 2014 y que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsable a los Estados si no responden de manera adecuada, como ocurre en nuestro país. También, y esto es muy importante, contempla como delito todas las formas de violencia de género: la violencia psicológica, física, sexual (incluida la violación); la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual, el aborto forzado y la esterilización forzada, con la consiguiente inclusión en los sistemas jurídicos nacionales de estos delitos. Es necesario recordar que la legislación española solo reconoce como violencia de género la que se produce en el ámbito de las relaciones afectivas o de pareja (actual o pasada), y de las formas de violencia señaladas, la única que no estaba recogida en el Código Penal era el matrimonio forzado, que se ha incorporado en la reforma de este mismo año.
Elaboramos una moción para que desde los ayuntamientos los grupos municipales, los partidos políticos, se fueran comprometiendo y retratando. La respuesta fue mayor de la esperada. Más de 100 ayuntamientos, incluyendo todas las grandes ciudades, y algunas diputaciones provinciales, aprobaron mociones o proposiciones en las que se comprometían desde lo simbólico, colgando pancartas contras las violencias machistas, hasta lo real, con el acuerdo de mantenimiento de los recursos profesionales y económicos para fomentar la igualdad y eliminar la violencia, el sexismo, la segregación y todas las formas de discriminación hacia las mujeres, con atención a las discriminaciones múltiples.
Poco a poco iba creciendo el número de asociaciones y plataformas feministas locales, autonómicas o estatales que se unían a la convocatoria, hasta alcanzar las 380; el apoyo internacional, sobre todo europeo y latinoamericano. En España, las organizaciones políticas, sindicales y sociales se adherían al Manifiesto…
Nos empezaron a contar cuántas personas venían, lo caro que salía, las dificultades de transporte, y firmamos un convenio con Renfe para que nos facilitaran una tarifa de descuento, y empezó el recuento de autobuses: 50, 70, 100, 200, 260…
Y venían los líderes, las lideresas de los ayuntamientos del cambio, los candidatos de los partidos del ámbito de la izquierda. Se repetían acciones de sensibilización y divulgación por todo el estado, como la performance “Women in Black” o las instalaciones de “Zapatos Rojos”, y se iluminaron los ayuntamientos y se llenaron las calles de mujeres, cientos de miles de mujeres jóvenes y mayores, solas, en grupos o acompañadas por hombres jóvenes y mayores. Y la marcha del 7N fue y será un hito en la historia del feminismo y su lucha contra las violencias machistas.
Pero el 7N pasó y llegó el 25N, y llegará el 20D.
Sería sencillo señalar que el reto está ahora en que las mujeres y que sus (nuestras) organizaciones feministas sean capaces de mantener el tipo. Pero no. El reto está en los partidos, que en la marcha contra la violencia machista han sabido venir detrás, acompañando y reconociendo nuestro papel protagonista, estén ahora a la altura de la historia e incorporen no sólo a sus programas, que eso es fácil, sino en la agenda política a la mitad de la población, con sus necesidades, capacidades y aportaciones.
Porque la violencia de género no trata sólo de un déficit en las relaciones afectivas. No. Hablamos de construirnos como individuos y como sociedad desde otros parámetros, desde los valores del respeto, de la solidaridad, de la no violencia y de la igualdad. En la militancia, en el trabajo, en la calle y en la cama.
